Algunos funcionarios cuestan caros, no por tener habilidades especiales ni por multiplicar la eficiencia de sus áreas, sino al contrario: porque aprovechan su posición para intercambiar favores políticos y sacar ventaja del erario. Documentos obtenidos por Proceso Jalisco indican que este último es el caso del secretario general del Congreso del estado, Carlos Corona, quien se está convirtiendo en un lastre para su propio padrino, el líder de la diputación priista, Roberto Marrufo.
En apenas cinco meses el secretario general del Congreso, Carlos Corona Martín del Campo, ha cometido o permitido diversas anomalías, entre ellas el aumento de la nómina con empleados provenientes de la Universidad de Guadalajara, del PRD y de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), de la que fue líder.
Cuando Corona asumió el cargo, la nómina mensual ascendía a 14 millones 280 mil pesos; ahora ese gasto se eleva a 25 millones 110 mil pesos.
El diputado Héctor Álvarez Contreras, del PAN, afirma que en la nómina del Congreso hasta el “15 de febrero eran 768 empleados, que representaban un costo de 476 mil pesos diarios. El 28 de febrero, a 19 días de estar al frente de la secretaría (Carlos Corona), ya sumaban 776 empleados, que implicaban un gasto de 490 mil pesos. Para la primera quincena de marzo hubo un nuevo incremento, al pasar de 988 a mil 240 empelados. Por tal motivo la nómina llegó a 837 mil pesos diarios, sin sumar impuestos, pensiones patrón, pensiones empleado, IMSS y Sedar”.
En resumen, dice, “el señor Corona despilfarró más de 25 millones en gasto corriente del 9 de febrero al 19 de marzo, y poco más de 65 millones en nómina neta del 15 de febrero al 15 de abril: incrementó el gasto de la nómina en 75% y el (aumento en el) número de empleados fue de 61.88%”.
Una muestra de que mucha gente de la UdeG ingresó a la nómina legislativa se observa en la Sala I, donde despacha la diputada perredista Olga Araceli Gómez Flores, quien todavía cobra sus 12 mil 384 pesos mensuales como profesora e investigadora asociada de la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán.
En su oficina se encuentra el asesor Jesús Carlos Orozco Vera, profesor de asignatura en la misma escuela. También forma parte de este equipo el secretario técnico, Guillermo Tovar Partida, profesor e investigador asociado B del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG.
En 2008, cuando Tovar Partida estaba a cargo de la Coordinación de Finanzas del CUCSH, “se perdió” una chequera con fondos locales y federales por 813 mil 570 pesos. Los cheques fueron cobrados, dejando sin recursos un proyecto de investigación financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En cuanto al auxiliar administrativo de la legisladora, José Daniel López Sandoval, es maestro suplente de la Preparatoria Regional de Ahualulco y presidió el consejo editorial de la revista virtual Directum de la Facultad de Derecho. Y el auxiliar administrativo José Francisco Plascencia Rodríguez imparte clases en el Centro Universitario de Ciencias Económicas (CUCEA).
Héctor González Barajas, asistente de la diputada Gómez Flores, también se desempeña como secretario de Finanzas del PRD estatal; Roberto Carlos Tapia Robles, asistente administrativo, fue representante del partido ante el IFE en las pasadas elecciones.
Por su parte, Francisco Juárez Piña, identificado como integrante de la FEU, al menos hasta marzo cobraba 28 mil pesos al mes y su cargo no aparece en la nómina del Congreso en internet. De él se sabe que en septiembre de 2007 participó en un enfrentamiento contra un grupo de la FEG (Federación de Estudiantes de Guadalajara) en el CUCSH, donde resultó herido.
Sin autorización de la Comisión de Administración ni del Comité de Adquisiciones, Corona compró a sobreprecio –por 8 millones de pesos– un sistema de aire acondicionado que no ha sido instalado en el nuevo edificio del Poder Legislativo en Juárez y Corona. Además, contrató a proveedores que ni siquiera están registrados en el padrón, con lo que violó la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento.
Éste, en su artículo 99, estipula que todos los gastos con cargo al presupuesto deberán comprobarse ante la Secretaría General del Congreso mediante facturas o recibos, que deberán incluirse en un informe trimestral y semestral a la Comisión de Administración del Congreso y publicarse en medios electrónicos. Nada de esto se cumple.
Sin embargo, no fue sino hasta el 27 de julio cuando el coordinador de la diputación priista, Roberto Marrufo Torres, propuso un plan de reordenamiento administrativo en el que pide al secretario general del Congreso que rinda por escrito un informe detallado de su gestión en los seis meses recientes, lo que ya estipula la ley.
El diputado panista Álvarez Contreras expresa que precisamente del jefe de la bancada del PRI depende que prosperen las denuncias contra Corona por sus anomalías administrativas: “Mientras Marrufo no tenga la voluntad para corregir de fondo la situación, vamos a seguir mandando un mal mensaje a la ciudadanía”.
De todas formas, el legislador anunció que el lunes 2 de agosto solicitará a la Auditoría Superior del estado que instaure procedimiento administrativo contra el secretario del Congreso y pedirá su separación del cargo, aunque está conciente de que Corona cuenta con el respaldo de Marrufo, es decir, de la bancada priista, y del diputado del Verde Ecologista Enrique Aubry de Castro, para hacer mayoría.
Funcionario de lujo
Según la Ley Orgánica del Congreso, la Secretaría General debe “coordinar, supervisar y ejecutar las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de las necesidades administrativas y financieras” del Poder Legislativo.
Corona, quien tomó protesta el 9 de febrero, en menos de dos meses se gastó 22 millones 796 mil 342 pesos. Del 11 al 22 de ese mes erogó 8 millones 19 mil 703 pesos. En marzo fueron 6 millones 599 mil 639 pesos, sin contar los 8 millones 451 mil 388 pesos para la compra de sistemas de aire acondicionado a la empresa Confort Aire.
El diputado Álvarez Contreras especifica que el Congreso pagó 2 millones 784 mil pesos por formas valoradas (formatos oficiales con medidas de seguridad); compró vales de gasolina por 1 millón 100 mil pesos, cuando el pago mensual en promedio de la anterior legislatura fue de 546 mil; por pensión de estacionamiento, 359 mil 45 pesos; por telefonía convencional, 255 mil 220 pesos, y por el servicio de Nextel, 35 mil 769 pesos.
El secretario general también les incrementó el fondo revolvente o caja chica a los directores de área. Por ejemplo, a la titular de Vinculación Ciudadana, Claudia Ugarte Arce, le entregaron tres cheques, dos de ellos fechados el 19 de febrero, por un total de 20 mil 23 pesos, y el tercero, por 5 mil pesos, se emitió tres días después.
Asimismo, al director de Servicios Generales, Humberto Navarro Sánchez, se le dieron dos cheques por 20 mil pesos. Al resto de los titulares de área, de Comunicación Social, Ángel Vázquez; de Apoyo Informático, Alberto Herrera Campos; de Administración, Carlos Trejo Orozco; de Control Presupuestal, Ernesto Díaz Márquez; de Asuntos Jurídicos, Antonio Rocha Santos; de Procesos Legislativos, Francisco Morales Aceves, y hasta el propio Corona, recibieron 5 mil pesos cada uno para su caja chica.
Incluso a la asistente de la Dirección de Administración, María Magali Medina Cuevas, se le entregaron 4 mil pesos mediante el cheque número 3376 por concepto de “gastos a comprobar despensa”.
La “creatividad” de Corona también lo llevó a prescindir del procedimiento de licitación, y para ello le basta dividir los pagos a fin de que no alcancen el monto mínimo marcado en el reglamento. Por eso pagó de manera directa a tres empresas, a cada una de las cuales entregó dos cheques fechados el mismo día.
A Ya te Vieron, S.A. de C.V., le entregó en total 464 mil pesos por un paquete de los programas de radio Tela de juicio y Cuentas claras, con los conductores de Televisa José Antonio Fernández, Claudia Rebeca Reynoso, Miguel Ángel Collado y Francisco Cuevas.
A las otras dos compañías, Comercializadora Euro Marketing y Comercializadora Mabel, les dio respectivamente 551 mil 363 pesos por concepto de equipo de cómputo y 332 mil 639 pesos por asesoría en administración organizacional.
En tanto, a Moving Parts Profesionales le pagó 176 mil 320 pesos por mantenimiento al sistema de red y a Easy Landing Partners 170 mil 760 pesos por asesoría jurídica legal, pese a que el Congreso dispone de su propio departamento jurídico.
De igual forma, se le pagó 157 mil 280 pesos a la empresa Multifuncionales Etc por la “Campaña Legislatura” y a Urban Proyect HH 172 mil 980 pesos por un cálculo estructural.
Ninguna de las 11 compañías seleccionadas para prestar sus servicios al Congreso aparece en el padrón de proveedores, por lo que el diputado Álvarez Contreras sospecha que se trata de empresas fantasma. Por si fuera poco, en marzo la Secretaría General “reembolsó” gastos –que no se especifican– a Carlos Corona (20 mil 406 pesos), al director de Administración, Carlos Trejo Orozco (5 mil 684) y al coordinador del PRD, Raúl Vargas (24 mil 64).
Otros movimientos administrativos no han sido justificados. Carlos Corona gastó, entre febrero y mayo pasados, 2 millones 635 mil pesos en material de limpieza, es decir, casi 2 millones de pesos más de los 717 mil autorizados para 2010. Esto significa que en tan sólo cuatro meses el funcionario autorizó gastar 100 veces más de lo que el Congreso erogó durante 2006 en ese rubro: 269 mil pesos.
A pesar de ese altísimo incremento en el gasto, personal de intendencia del Congreso reveló a este semanario que esos primeros meses no se les proveyó de material de limpieza y los trabajadores tuvieron que poner dinero de su bolsillo para poder laborar. Pero de manera incongruente, dicen, para el aseo del edificio la Secretaría General contrató en ese tiempo a las empresas Nove de Occidente y Llestra de México, a las que se les pagó 321 mil 226 pesos por laborar menos de cuatro meses.
Independientemente de los contratos con las anteriores compañías y del trabajo de los empleados de intendencia, la Secretaría General recurrió a la Constructora La Rioja para darle mantenimiento al edificio. Mediante la Ley de Transparencia, Proceso Jalisco solicitó al Congreso que informara el monto del pago a esta compañía. No hubo respuesta.
El diputado Álvarez Contreras agrega a este despilfarro el hecho de que Corona cuenta con 18 guardaespaldas y dos camionetas para su seguridad personal. Añade que “su oficina es completamente segura puesto que para entrar a su privado se tiene que pasar por una puerta eléctrica, además que desde ahí se puede vigilar mediante las cámaras todo el edificio del Congreso”.
Al cierre de esta edición, el presidente del PRI municipal y regidor tapatío, Eduardo Almaguer, solicitó al Congreso una auditoría a fondo de la administración actual y de la anterior legislatura, al tiempo que demandó la separación de Carlos Corona de la Secretaría General, al menos temporalmente. l
