Proceso y el gobierno de Felipe Calderón le solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda presentada por este semanario contra el Estado mexicano por su negativa de darle acceso a los paquetes de la elección presidencial de 2006.
Luego de dos años de que las partes entregaron escritos a la CIDH, tanto la revista como el gobierno calderonista plantearon que han agotado sus argumentos para que la Comisión dictamine sobre la aceptación o rechazo de la demanda.
El pasado 9 de junio, al notificar a los abogados del semanario, Graciela Rodríguez Manzo y Luis Miguel Cano López, sobre la respuesta más reciente del Estado mexicano, el organismo interamericano ya no les requirió nuevos argumentos ante la reiterada insistencia del gobierno federal para que los comisionados rechacen la demanda.
En el último de sus escritos, correspondiente al 14 de mayo pasado, el gobierno de Calderón le pidió a la CIDH que declare “inadmisible e insubsistente” la petición que le hizo Proceso para que admita la demanda y se abra un juicio contra el Estado mexicano por violar el derecho de acceso a la información.
Dos meses antes, Rodríguez Manzo y Cano López también le habían solicitado a la comisión un pronunciamiento para que admitiera la denuncia, con el argumento de que el Estado mexicano violó el derecho a la información protegido por la Constitución Política de México y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
Proceso asegura que la violación se produjo cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negaron el acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006, por considerar que se trataba de un asunto relacionado con la materia electoral y no con el derecho de acceso a la información y transparencia.
La CIDH, que sesionó la semana pasada en su sede en Washington, declarará formalmente el fin de los alegatos de las partes cuando emita su dictamen sobre la admisión o el rechazo de la demanda.
La revista acudió al organismo interamericano en abril de 2008 tras dos años de peticiones a la autoridad electoral y de litigio en la justicia federal de México para acceder a la papelería de esa elección, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le adjudicó a Calderón con una diferencia de apenas 0.56% de los votos.
Uno de los entonces magistrados del TEPJF, José de Jesús Orozco Henríquez, se integró a la CIDH como comisionado en enero de este año, a propuesta de Calderón.
El artículo 17 del Reglamento de la CIDH, en su párrafo segundo, establece que los miembros del organismo deben abstenerse de participar en la discusión, investigación, deliberación y decisión de un asunto cuando fuesen nacionales del Estado demandado o si previamente hubieran participado, bajo cualquier título, en alguna decisión sobre los mismos hechos en que se funda el asunto.
El 2 de junio de 2008, justo a dos años de los comicios, la CIDH le pidió al Estado mexicano que impidiera la destrucción del material electoral en tanto resuelve sobre la admisibilidad de la querella.
El miércoles 14, en sesión extraordinaria, el IFE marcó los lineamientos para la destrucción de los paquetes electorales de la elección intermedia de 2009. En esa misma sesión, el Consejo General del instituto señaló que la documentación de la elección presidencial de 2006 “seguirá bajo resguardo del IFE en 32 bodegas locales”, como acordó en octubre de 2008.
“Lo anterior, al mediar aún recursos legales –nacionales e internacionales– interpuestos por ciudadanos interesados en acceder a las boletas electorales de esos comicios”, indicó el instituto.
Desde que fue presentada la demanda, el gobierno calderonista ha argumentado que la legislación electoral ordena la destrucción de la papelería electoral una vez calificadas las elecciones por el tribunal electoral. (Jorge Carrasco Araizaga) l
