No se pudo lavar la ropa sucia en casa, pero algo se lavó: dinero, según los 300 socios inconformes con las maniobras del presidente de la Cooperativa La Cruz Azul y su círculo. Ahora Guillermo Álvarez deberá responder ante la SIEDO por el cargo de aprobar operaciones con fondos de procedencia ilícita, y sus alfiles por los millonarios beneficios obtenidos a costa de la empresa. La denuncia se sustenta principalmente en la demoledora confesión del extesorero Carlos Terroba Wolf, que con detalles reveló la llamada Operación Europa…
Como consecuencia de los turbios negocios de los directivos de la Cooperativa La Cruz Azul, alrededor de 300 socios demandaron a su presidente, Guillermo Billy Álvarez, por lavado de dinero ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
El viernes 30 habrá una nueva asamblea en La Cruz Azul. El problema, que se ha complicado con la evasión de impuestos de jugadores del equipo de futbol, como Gerardo Torrado, tiene preocupados a estos cooperativistas, que si bien son 300, se les conoce como el Grupo de los 20, porque fueron sólo los que empezaron a exigir transparencia a su directiva.
De hecho, el vicepresidente, Víctor Garcés Rojo, pretende expulsar de la cooperativa a 19 de esos inconformes, a quienes acusó ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje interna “por llevar a cabo labor subversiva y otras violaciones a las bases consecutivas”.
Por su parte, los disidentes, en la demanda de 13 fojas que presentaron ante la SIEDO el viernes 16, denuncian hechos probablemente constitutivos de delito, concretamente operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Piden que, si se comprueba la comisión de ese delito, se ejerza la acción penal contra quien resulte responsable.
Según su documento, un grupo de directivos obtiene fondos de manera ilegal, lo envía al extranjero a través de personas físicas y morales, así como de contactos en los sectores financiero y bancario, a fin de ocultar su origen, localización y destino. Este puente financiero se denomina Operación Europa. Posteriormente, algunas sumas son repatriadas para llevar a cabo operaciones inmobiliarias.
Es el caso del predio Andrómeda, donde está la sede de La Cruz Azul en la Ciudad de México, que la cooperativa compró a sobreprecio en una maniobra realizada por familiares y asesores del director general, Guillermo Álvarez Cuevas, a fin de beneficiarse personalmente en perjuicio de la empresa.
Para ese fin, Garcés Rojo creó la firma Andrómeda Constructores Inmobiliarios, S.A. de C.V., con la participación de su esposa, María Gilda Álvarez Cuevas, –hermana de Guillermo y Alfredo, el gerente comercial– y de cinco asesores de la dirección: Jesús Rafael González Callado, Fernando Luis Arista, Roberto Guízar, José Besil Bardawil y Carlos Javier Terroba Wolf (Proceso 1736).
En forma similar se adquirió en León, Guanajuato, el desarrollo habitacional Torres de la Cañada, que consta de dos torres en condominio con 28 departamentos en seis niveles.
Para esas operaciones los directivos “aprovechan actos industriales, comerciales, contratos de seguro y reaseguro, actividades hoteleras y deportivas, así como contratos de compraventa de inmuebles. En esta trama actúan deliberadamente personas físicas y morales, y se utilizan empresas off shore. El grupo de personas físicas incluye empresarios, contadores, arquitectos, abogados y notarios públicos, entre otros”.
Se menciona entre los involucrados al director de la cooperativa, Guillermo Álvarez Cuevas; Víctor Manuel Garcés Rojo, quien ha sido director jurídico; Ángel Junquera, socio de la firma de abogados Junquera, Sepúlveda, Bugeda y Damián, S.C.; y José Besil Bardawil, socio de la firma de contadores Valera Topete y Asociados.
Se señala también a Carlos Terroba Wolf, operador con representación legal de las empresas off shore Lummar H. Corporation y Blue Eagle Re., domiciliadas en las Islas Vírgenes y en Houston, Texas; David Cohen, socio de Cohen, Espinoza, Zebadúa, Abogados; y Luis Ticó Rosell, socio del bufete Ticó y Luna Lucio.
Por último, se considera implicados a Roberto Guízar Díaz, Guillermo Peredo Merlo, Jesús Rafael González Callado, Fernando Luis Arista Nasar, Victoriano Gutiérrez Valdés y Sergio Barragán Mejía.
En cuanto a las personas morales que intervienen en la Operación Europa, se menciona a la Aseguradora Banorte, Oficina Mexicana de Cooper Gay, la suiza Glassiere y la británica ACE.
Esquema del fraude
Para la obtención ilícita de fondos, el grupo de directivos acusado ante la SIEDO aprovechó la contratación de seguro y reaseguro por la Cooperativa La Cruz Azul. “En ese caso, dados los márgenes de ocultamiento e impunidad con que se llevaron a cabo los actos, siguen una ruta muy lineal”, se indica en la demanda.
Esa operación fue revelada a los socios por Terroba Wolf en la asamblea del 30 de septiembre de 2009, que fue videograbada. Ahí, el extesorero detalló el origen ilegal del dinero entregado a las off shore Lummar H. Corporation y Blue Eagle Re.
Terroba expuso que los riesgos en la producción y comercialización de cemento hacen necesario que la empresa contrate seguros y reaseguros. Al principio la adquisición de pólizas parece normal, pero el contratante, Terroba Wolf, facturaba un sobreprecio de tal manera que el costo del seguro se duplicaba. El pago se realizó en el extranjero y la aseguradora cobró según su cotización, mientras que el resto del dinero se desvió a Lummar H. Corporation y a Blue Eagle Re.
En su confesión grabada, Terroba Wolf presentó un diagrama de esas operaciones, que se reproduce en la demanda. De acuerdo con Terroba Wolf, la maniobra alcanzó un monto de 400 millones de dólares estadunidenses.
Fondeadas las cuentas en las off shore, se hicieron otras transferencias de dinero a cuentas en bancos de Estados Unidos. “En supuestos registros de las operaciones de distribución del dinero entre los miembros del grupo se argumentan actividades que se realizaron en territorio nacional y en los cuales, como se ve, en forma repetida se utiliza la denominación Operación Europa”, sostienen los socios inconformes.
Destaca, por ejemplo, que en tres años se le entregaron a Garcés Rojo 15 millones 558 mil 837 dólares estadunidenses abonados a cuentas del Chase Bank, del Bank of America y del Banco Internacional Santander.
Todos los movimientos fueron documentados y notariados por los implicados, quienes les dieron carácter confidencial –puesto que, en opinión de los disidentes, “ni siquiera confían en ellos mismos”–; el notario 110 del Distrito Federal, Javier Ceballos Lujambio, certificó los papeles correspondientes.
Con la misma dinámica recibieron dinero Fernando Arista Nasar (5 millones 574 mil 220 dólares estadunidenses); Rafael González Callado (3 millones 48 mil 138), Roberto Guízar (3 millones 521 mil 931), José Besil Bardawil (3 millones 350 mil) y Ángel Junquera, en cuyo caso no se precisa el monto.
Esas transferencias eran autorizadas por Guillermo Álvarez y Víctor Manuel Garcés Rojo, como lo expuso Terroba en la asamblea del año pasado, cuya relatoría está certificada por el notario Edmundo Tavera Zarza en el acta 61,428.
En cuanto a la repatriación de dinero, se añade en la demanda, Garcés Rojo y Terroba Wolf transfirieron 2 millones de dólares y 3 millones 800 mil euros para crear la empresa Impulso Inmobiliario León, S.A. de C.V., constituida ante Luis Vázquez, notario público 14 de León:
“Esta empresa construye en la ciudad de León, Guanajuato, un desarrollo habitacional de grandes proporciones que se denomina Torres de la Cañada, que consta de dos torres en condominio con 28 departamentos en seis niveles. Al construirse, de acuerdo con los documentos del Registro Público de esa entidad, la empresa fue administrada por el señor Adrián Eugenio Arrioja Terroba, quien fue sustituido posteriormente por Juan Carlos Terroba Dodero.”
Para realizar las operaciones de compraventa se aprovecharon los mecanismos de inscripción del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por lo que Alfredo Álvarez, a nombre del Grupo de los 20, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), donde quedó radicada en el expediente A.P.FAE/A/T2/140/09-12.
La denuncia destaca que esas compraventas de inmuebles se utilizan igual que los seguros: La Cruz Azul paga por ellos un sobreprecio, que después se reparten los directivos señalados.
Billy el bueno, Freddy el malo, y Víctor
El viernes 30, mil 260 socios de La Cruz Azul tienen programada una asamblea para debatir el futuro de la cooperativa, ahora en riesgo por la conducción de Guillermo Álvarez Cuevas y Garcés Rojo.
Los socios entrevistados afirman que exigirán cuentas claras, aunque tendrán que enfrentar la denuncia interna con la que Garcés Rojo los quiere expulsar de la cooperativa.
En un acta presentada ante el Consejo de Vigilancia, los inconformes criticaron a Garcés Rojo y a Billy Álvarez por no haber acatado la inhabilitación del primero como director jurídico, que se decidió en la asamblea del 20 de marzo pasado. Por el contrario, el 18 de junio y ante el notario público Victoriano José Gutiérrez Valdés, Guillermo Álvarez revocó los poderes de su hermano Alfredo, quien era el gerente comercial y ahora carece de facultades para realizar acciones legales en representación de la cementera.
Las fuentes critican que Guillermo defienda más a su cuñado Víctor que a su hermano Alfredo.
En la queja que interpuso el 30 de junio ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje de la cooperativa, a cargo de Héctor Lara y Alfonso Symor, el socio 1596, que es Garcés Rojo, acusa a la disidencia de “falta total de lealtad y probidad para la Cooperativa La Cruz Azul que redundó en un grave desprestigio del nombre de la institución tanto en el ámbito nacional como internacional, así como haber llevado a cabo actos subversivos contra la cooperativa”.
Por este motivo solicita la exclusión de 19 personas, encabezadas por Alfredo Álvarez Cuevas, quien a decir de Garcés creó hace tres años el Grupo de los 20 en cada una de las secciones de La Cruz Azul “con la intención de constituirse en un grupo de gestión que argumentó dolosamente que su interés era conocer a detalle las operaciones de la cooperativa”.
Sin embargo, dice, con el tiempo se revelaron sus verdaderas intenciones: “apoderarse de la administración de la cooperativa” que preside su hermano Guillermo.
Se refiere también a las asambleas realizadas en 2007 y 2008, así como a la del 30 de septiembre de 2009, cuando Terroba Wolf mostró las maniobras de los directivos a 150 cooperativistas. Como éstos entregaron notariados los documentos que avalaban las acusaciones de Terroba hacia la directiva, y especialmente contra Garcés Rojo, éste los acusa de subversión, conducta prevista y sancionada en las bases de la cooperativa.
Garcés dice en su queja que, una vez fotocopiados los documentos que aportó Terroba Wolf, el Grupo de los 20 los repartió entre el resto de los socios con el afán de desprestigiarlo. Y pese a que se había decidido desahogar la información sólo internamente, “advirtiendo el alto riesgo de darle difusión pública por el mal uso que los medios le pudieran dar y el consiguiente daño a la cooperativa”, los 20 decidieron difundirla y se entrevistaron con los reporteros de Proceso y el diario Récord, argumenta el vicepresidente de La Cruz Azul.
Después de citar los reportajes publicados por este semanario, señala que comenzó a divulgarse en la prensa escrita y en la radio la versión sobre la lucha de poder en la cooperativa. Agrega que Alfredo Álvarez presentó la denuncia en la PGJDF sin informarlo a la Dirección General ni a los consejos de Administración y Vigilancia.
Para el firmante, la intención de Alfredo Álvarez y el Grupo de los 20 “es crear dudas entre el personal socio para pretender capitalizar su intención de apoderarse de la administración general”.
Finalmente, indica que el caso de las turbias operaciones financieras de los directivos, incluyéndolo a él, “lamentablemente puede ser consultado en internet”.
