Martín Esparza, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, se ufana de la “victoria” por haber logrado que los secretarios de Gobernación y del Trabajo entregaran al sindicato la toma de nota, que le da legalidad al movimiento, pero algunos de sus representados se muestran insatisfechos. Uno de ellos, Cayetano Cabrera, quien estuvo 90 días en huelga de hambre, la más prolongada en la historia laboral del país, prefirió irse a su casa por sus propios medios para que su esposa lo atienda. Dijo que aún espera que el gobierno reconozca a la CFE como patrón sustituto.
Luego de mantener un ayuno durante tres meses, el ingeniero electricista Cayetano Cabrera Esteva amagaba con seguir en plantón hasta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fuera nombrada patrón sustituto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y él y sus compañeros fueran recontratados.
Pero sus 13 compañeros huelguistas y el dirigente del SME, Martín Esparza, lo hicieron desistir, tras explicarle que los secretarios de Gobernación, Francisco Blake, y del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, firmaron un documento con el sindicato en el que se comprometen a instalar una mesa de negociación al más alto nivel “para revisar y concretar alternativas de la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro”.
Alrededor de la medianoche del jueves 22, Esparza salió del edificio de la Secretaría de Gobernación tras negociar con Blake que le entregaran la toma de nota al Comité Central del SME en el que las autoridades laborales reconocen la existencia del sindicato. La condición que le pusieron los funcionarios al dirigente electricista fue que se levantara la huelga de hambre iniciada 90 días antes.
Esparza se dirigió al Zócalo y se encerró con los 14 huelguistas para exponerles la situación. Les dijo que el documento que Blake y Lozano Alarcón firmaron es una “victoria” para el sindicato. Luego repitió el mensaje ante los cientos de electricistas que esperaban afuera del campamento instalado frente a Palacio Nacional.
Eran casi las dos de la madrugada cuando Esparza anunció que se levantaba el plantón. Para entonces ya estaban apostadas 18 ambulancias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre la avenida 20 de Noviembre para atender a los ayunantes.
Cuando su dirigente les relató que las autoridades habían prometido entregarle la toma de nota al SME, los electricistas le aplaudieron a su dirigente, quien para celebrar les dijo que en Gobernación habían aceptado analizar la propuesta elaborada por el sindicato para reorganizar una empresa alterna a la CFE a fin de mejorar el servicio eléctrico en la zona centro del país.
Cayetano Cabrera Esteva, el único que cumplió 90 días en huelga de hambre, molesto prefirió salir del plantón por la parte de atrás de la carpa para evitar que le tomaran fotos. Uno de sus compañeros informó que por decisión familiar él prefirió irse a un hospital privado y no al Centro Médico Siglo XXI o a La Raza, como los demás huelguistas.
Cayetano ni siquiera aceptó que lo sacaran en una camilla. Nadie vio cómo ni por dónde se fue. Luego se supo que regresó a su casa de Coacalco, en el Estado de México, donde su esposa Doris, enfermera de profesión, se encargará de su rehabilitación tras el prolongado ayuno.
Él y otros electricistas se inconformaron con su líder porque, dijeron, los tres meses de huelga de hambre no consiguieron su objetivo principal: obligar al gobierno a nombrar a la CFE como patrón sustituto.
–¿Qué le dijo Cayetano? –pregunta la reportera a Esparza.
–Entendió. Pensó que se podrían lograr más cosas, pero entendió que se debe cuidar al movimiento de los electricistas.
Los compromisos
Mientras entraban las camillas por los huelguistas y las luces de las sirenas de las ambulancias iluminaban las carpas, Esparza platicó con Ignacio del Valle, dirigente del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, recién excarcelado, quien le dijo que estaba dispuesto a sumarse al ayuno de los 14 electricistas. Su intención se frustró con el levantamiento de la huelga.
Esparza le comentó al líder atenquense que tomó esa decisión para distender el conflicto. Le explicó también que los problemas con el gobierno federal estaban complicándose, que él sabía que se habían girado 400 averiguaciones previas en contra de miembros del movimiento; incluso le dijo que él mismo ya se había amparado en cinco ocasiones para no ser aprehendido.
“Si no dábamos este respiro, venía un levantón del plantón con represión. Pasa algo y nos vamos al bote todos; eso querían las autoridades. Por eso los medios de comunicación comenzaron a criminalizar la lucha”, dijo Esparza.
Y le explicó que el gobierno federal distendió la presión al comprometerse a entregar la toma de nota a los 26 miembros del Comité Central del SME.
“Ya con la toma de nota blindamos al movimiento y estamos en condiciones de recuperar Luz y Fuerza del Centro. Así estamos en condiciones de pelearles los contratos de protección. La idea es cambiar el objeto del sindicato. Vamos a capacitar gente, a traerla al movimiento”, relató Esparza.
Al final, sostuvo que el sindicato sobrevive, lo cual permitirá recuperar los casi 100 millones de pesos de recursos sindicales que congeló el gobierno federal.
Rodeado por un grupo de personas que dijeron estar dispuestas a formar una comisión de notables para estar al pendiente del cumplimiento de los acuerdos, su interlocutor le respondió que hoy la correlación de fuerzas es distinta: hay pronunciamientos de organizaciones, de personalidades que evitan que se sepulte este movimiento.
Y Esparza insistió: mientras haya diálogo, los 16 mil 200 electricistas en lucha no aceptarán la liquidación propuesta por la STPS. “Con esto frenamos que se vayan a liquidar”.
También expuso que la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) le advirtió que no debe confiarse, porque el gobierno de Calderón pretende seguir con sus ánimos privatizadores y puede liquidar a la CFE. Pero él los tranquilizó: “Lo que estamos haciendo es evitar las privatizaciones del gobierno por la puerta de atrás”. Apenas susurraba. En esos momentos los electricistas despedían a los huelguistas entre aplausos.
Lo que sigue, insistió Esparza, es “preparar una estrategia de una caravana a Cananea; debemos juntar nuestras luchas. Porque vamos a recuperar Cananea. Necesitamos posicionarnos bien y dar la pelea. Hay que reponernos de este madrazo, porque ya estábamos en la lona y este cambio es importantísimo. El movimiento sigue vivo”.
Alrededor de las tres de la madrugada Esparza se fue del campamento. Sus seguidores lo despidieron con aplausos y consignas: “¡Ni un paso atrás, Martín!”, le gritaron cuando se dirigió a su camioneta Grand Marquis plateada.
“Ahora hay que empezar a organizar a la gente”, dijo antes de marcharse.
La plancha del Zócalo quedó sola. En medio se veían las carpas, que los electricistas comenzaron a desmontar el viernes 23, y basura acumulada sobre la banqueta.
Durante la negociación, Martín Esparza insistió en que se instalara una mesa al más alto nivel en la que estén representantes de las secretarías de Gobernación, del Trabajo y del SME para que juntos definan alternativas de solución al conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Las autoridades pusieron como condición irreductible que se levantara la huelga de manera inmediata y que los 14 huelguistas fueran llevados a hospitales del IMSS para que se restablecieran. En el documento de tres puntos, Gobernación se compromete a que el IMSS vigile e informe a los familiares de los huelguistas sobre el estado de salud de los electricistas y a velar por el cumplimiento del acuerdo.
Según el documento firmado por Blake, Lozano Alarcón y Esparza, la primera reunión se efectuará el lunes 26.
El ayuno, recurso extremo
Aun cuando la huelga de hambre es un recurso utilizado por luchadores sociales desde la década de los ochenta, las del ingeniero Cayetano Cabrera Esteva, egresado del Politécnico, y de su compañero Miguel Ángel Ibarra, han sido las más largas. La primera duró 90 días, la segunda 85.
Histórico fue el ayuno del panista chihuahuense Luis H. Álvarez en 1986, que se prolongó 41 días. Candidato presidencial en 1958, presidente nacional de su partido entre 1987 y 1991, senador, coordinador para el diálogo en Chiapas y actual asesor de Felipe Calderón, Álvarez instaló su campamento en la ciudad de Chihuahua para protestar por un “fraude electoral”. Heberto Castillo lo convenció de levantar su ayuno. Le dijo que la vida había que entregarla en pedazos, no de sopetón.
El 15 de diciembre de 1988, el también panista Manuel J. Clouthier hizo su huelga de hambre en demanda de una nueva ley electoral y la revisión de los resultados electorales en cinco estados del país. La dirigente del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, le expresó su respaldo. Ella había protagonizado siete huelgas de hambre en un periodo de 10 años.
Por esas fechas también nueve diputados y el líder del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), Rafael Aguilar Talamantes, ayunaron al pie de la tribuna de la Cámara de Diputados en protesta por las agresiones policiacas infligidas a una legisladora de su partido en Tabasco. Pedían que se destituyera a los policías agresores.
También en 1988, indignado por el fraude electoral de ese año que llevó a Carlos Salinas a Los Pinos, el arquitecto Rodolfo Macías Cabrera estuvo más de 20 días en huelga de hambre como protesta. El 26 de septiembre, el compositor y cantante Marcial Alejandro Romo recurrió a la misma forma de protesta por la falta de voluntad de las autoridades para resolver los problemas laborales en Radio Educación.
Al año siguiente, en mayo, Eduardo Albores Coello mantuvo una jornada de resistencia similar durante 47 días. Al final las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) atendieron su demanda de reinstalar en sus labores a 99 compañeros despedidos. No obstante, tuvo que ser trasladado a un sanatorio particular en estado crítico.
El 24 de junio de 1991, Aulo Cebrián Elizondo dejó de ingerir alimentos para exigir a las autoridades que atendieran su caso. Se le acusaba de haber girado un cheque sin fondos por 93 mil pesos, por lo que fue encarcelado durante 14 años en un penal de Monterrey. Al final se comprobó que el cheque sí era válido.
En octubre de 1994, casi al concluir el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el petrolero Hebraicaz Vázquez se declaró en huelga de hambre en demanda de la democratización del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) encabezado por Carlos Romero Deschamps, quien se benefició con el arresto de Joaquín Hernández Galicia en enero de 1989. Lo acompañaron otros ocho petroleros.
Dos meses después, el 20 de diciembre, la actriz Ofelia Medina realizó un breve ayuno al pie de la Columna de la Independencia, en la Ciudad de México, para pedir que el Ejército saliera de la tierra del poeta Jaime Sabines. La víspera, el obispo Samuel Ruiz hizo lo mismo.
Meses después de que saliera de Los Pinos, Carlos Salinas se sometió a un ayuno a base de agua el 2 de marzo de 1995 por una supuesta “campaña de hostigamiento y falsedades” en su contra. Sólo duró 98 horas. Cuando se le preguntó sobre su protesta, respondió: “Porque creo que es una manera eminentemente moral de sostener principios y convicciones” (Proceso 957).
Joaquín Hernández Galicia, La Quina, hizo lo propio el 22 de mayo de 1995, cinco meses y medio después de que terminó la administración de Salinas, quien lo envió a la cárcel. Su petición era que lo liberaran.
Antes, en 1994, 21 presuntos zapatistas presos en Cerro Hueco, Chiapas, iniciaron una jornada de resistencia para denunciar que los habían aprehendido de manera ilegal. Y el 24 de septiembre de 1996, 64 internos de ese mismo penal que se consideraban “presos políticos” realizaron una segunda huelga de hambre para exigir su liberación.
Éricka Zamora, la estudiante detenida a raíz de la matanza del 6 de junio de 1998 en El Charco, en la Costa Chica de Guerrero, por supuestos vínculos con la guerrilla, específicamente con el ERPI, se puso en huelga de hambre en febrero de 2001 en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde estaba confinada. Ella se quejaba de que la tenían segregada.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervino y logró que 19 días después la trasladaran a la cárcel estatal de Chilpancingo, Guerrero. Como su situación jurídica no avanzaba, en mayo de 2002 inició otro ayuno, que duró 23 días, tras los cuales recuperó su libertad.
