La cadena de quejas es larga en Nuevo León: la seguridad pública es prácticamente inexistente, los homicidios y secuestros van a la alza, los tiroteos entre bandas criminales son casi cotidianos y los bloqueos de vialidades impiden la labor de las policías. Rodrigo Medina, el mandatario estatal, responde siempre que la inseguridad es un problema nacional, no local.
MONTERREY, NL.- Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador priista de Nuevo León, es el coordinador de la Comisión de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Pero en su entidad nada más no puede con el problema de la inseguridad…
La policía del estado está fuera de control. Los uniformados han llegado al grado de negarse a acudir a llamados de auxilio en situaciones críticas. Y no van por temor o, de plano, por órdenes de los capos, según acusan algunos políticos de oposición.
Los homicidios van a la alza: sólo en el primer semestre de 2010 hubo 386 homicidios dolosos y en todo 2009 se contabilizaron 267.
Además, ninguna estrategia ha sido capaz de contener los narcobloqueos: los sicarios despojan a automovilistas de sus coches y los usan como barricadas para impedir que los persigan las fuerzas federales.
Ante los reclamos por la inseguridad, Rodrigo Medina se ha escudado en el mismo argumento desde que llegó al gobierno: la inseguridad es un problema nacional.
Pero el de Nuevo León es, quizá, el gobernador más fogueado en asuntos de seguridad pública: fue delegado del Instituto Nacional de Migración y como diputado federal a la LX Legislatura presidió la Comisión de Seguridad Pública.
El mandatario anterior, Natividad González Parás, lo preparó para que fuera su sucesor. En el gobierno estatal lo hizo subsecretario de Asuntos Religiosos y luego secretario técnico del Comité de Inteligencia y Seguridad. Después lo convirtió en secretario general de Gobierno.
No obstante, en ninguna posición ha dado buenos resultados.
Transcurridos los primeros 10 meses de su mandato, la delincuencia organizada florece en el estado frente a una fuerza estatal que parece carente de estrategia.
El sociólogo Miguel Reyes González, de la Universidad de Monterrey, señala que no se ve por ningún lado la supuesta experiencia de Medina en el área de seguridad que presume en su currículum. “Medina es farol de la Conago, oscuridad en su estado”.
No hay policía
La madrugada del lunes 19, bandas rivales del crimen organizado se enfrentaron a tiros en la residencial colonia Valle de las Brisas, en el sur de Monterrey. A pocas cuadras de ahí está el flamante edificio del C5 (Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicación y Cómputo, la oficina estratégica del estado para combatir a la delincuencia).
Los aterrorizados vecinos narran que el tiroteo duró más de una hora. Cuentan que la refriega se inició a las cuatro de la mañana en la calle Puerto Loreto. Pasadas las cinco los disparos continuaban. Media hora después cesaron los balazos.
En la calle quedó muerto un hombre de unos 30 años. Había más de mil casquillos percutidos de diferentes calibres. Una casa en el cruce de Puerto Loreto y Puerto Marqués quedó con la fachada destruida por centenares de impactos.
Para escapar, los pistoleros recurrieron a los bloqueos. Varios de ellos detuvieron su carrera y despojaron a camioneros y automovilistas de sus vehículos para formar barricadas en las avenidas Lázaro Cárdenas, Garza Sada y Revolución, que conducen al centro de la ciudad.
Todos los sicarios pudieron escapar.
Cuando comenzó la actual administración en la entidad se incrementaron los enfrentamientos entre grupos criminales. El gobierno del estado creó el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) con efectivos ministeriales, de Seguridad Pública del estado, de la Policía Federal y del Ejército. Su misión era responder a estas contingencias.
El lunes 19 el GRI llegó a Valle de las Brisas dos horas después de que empezara el tiroteo.
Se repitió la historia del año pasado: el 13 de agosto de 2009 hombres armados atacaron durante una hora y media un domicilio en Cerro de Pasco, colonia Cumbres Oro. Ninguna autoridad se presentó.
Seguridad Pública del estado dijo en ese entonces que sancionaría a los policías que desacataron el llamado de auxilio. Pero no ocurrió nada.
A raíz de esa balacera se promulgó una ley para tipificar como delito la desatención a los llamados de ayuda de la ciudadanía. El pasado 29 de junio, el Congreso local aprobó una reforma al Código Penal para castigar hasta con 13 años de cárcel a los uniformados que desoigan órdenes para acudir a hechos conflictivos.
Los regiomontanos esperaban que en los policías que no fueron a Valle de las Brisas se estrenara la nueva ley, pero resulta que el gobierno de Nuevo León no la había publicado aún en el Periódico Oficial. Lo hizo el miércoles 21, dos días después de la balacera.
Los uniformados que titubearon sólo serán objeto de una sanción administrativa. Siete ya fueron sancionados.
Luego de la balacera del lunes 19, Medina reconoció que Nuevo León está rebasado por la capacidad de fuego de los criminales. Y le pidió refuerzos al gobierno federal.
El gobernador Medina reitera que el problema de Nuevo León es el mismo de todo el país. “Tenemos una gran preocupación porque hemos visto que el crimen organizado ha escalado en sus capacidades, tanto de fuego como de expresiones delictivas, que ha cometido no únicamente en Nuevo León sino en otros estados de la República. Ya cada vez es más frecuente ver que avientan granadas o, como en Juárez, que hubo un coche-bomba.
“La capacidad de fuego que tienen estas bandas del crimen organizado es (…) mayor de la que tienen las policías (…) por eso es importante que avancemos muy rápido en la especialización de los cuerpos locales (…) o que se incremente el número (…) de personal del Ejército mexicano y de la Policía Federal con esas capacidades para hacerle frente a estas bandas criminales.”
Frente a los reclamos de inacción de las fuerzas del orden, Luis Carlos Treviño Berchelmann, secretario de Seguridad Pública afirmó que sus policías sí estuvieron prestos a la acción durante esa fatídica madrugada del 19 de julio y que, incluso, su intervención hizo huir a los maleantes.
Agregó que efectivos de la BOMM (Base de Operación Mixta Móvil, integrada por soldados y policías federales y estatales) recibieron un reporte a las 04:43 pero uno de los bloqueos les impidió llegar al lugar del tiroteo.
“Estaba viendo en vivo (una transmisión por televisión) a las cinco y media de la mañana, que pasa el vehículo blanco y empieza la persecución de la BOMM (…) al llegar la BOMM cesó la balacera, precisamente cesan los tipos estos que estaban atacando esta vivienda, (porque) ven la presencia de este grupo”, dijo.
Los vecinos siguen sin aceptar su versión.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado tiene registrados en el primer semestre de este año 386 homicidios dolosos, que contrastan con los 267 de todo el año anterior. De 2007 a la fecha, el pasado junio ha sido el mes más violento, con 102 asesinatos.
Medina está rebasado
Nombrado coordinador de seguridad de la Conago, el 7 de diciembre de 2009, según la página web de esa instancia, el mandatario de Nuevo León tiene una agenda temática en la que destaca el estudio de programas de seguridad pública vigentes; estudio y propuestas en materia de seguridad pública y procuración y administración de justicia.
También se incluyen en esa agenda mecanismos de captación, distribución y optimización de recursos, coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, prevención del delito y participación ciudadana, coordinación con organismos y entidades dedicados al estudio e investigación de la seguridad pública y los derechos humanos, y estudio y propuestas en materia penitenciaria y de reinserción social.
El 23 de marzo de este año, en la 38 reunión de la Conago, en Michoacán, Medina leyó el documento en el que se proponía la creación de un mando policial único en cada uno de los 32 estados. Su funcionamiento consistiría en unificar a todas las policías municipales de cada entidad para que trabajen homologadas bajo un mando estatal.
En la entidad la propuesta no ha tenido eco. Ni siquiera ha sido debatida.
Las reformas a la legislación en materia de seguridad parecen ser problemas secundarios frente a otros que enfrentan municipios rurales nuevoleoneses.
César Garza, diputado y presidente de la comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado señala que de los 51 municipios de la entidad, 15 carecen de policías preventivas. En los primeros meses del año han menudeado los asesinatos en despoblado de los uniformados. No hay mucho interés en enrolarse en esas corporaciones.
Seguridad Pública del Estado ha tenido que enviar refuerzos. El Ejército también realiza patrullajes para hacer trabajo preventivo.
Los integrantes de esas corporaciones están pobremente armados y peor preparados. El 9 de junio de 2009, el Consejo de Coordinación de Seguridad Pública del estado determinó que ningún policía municipal puede portar armas largas. La excepción es para quienes hacen trabajo de escolta de funcionarios y guardia en edificios públicos.
Se les quitaron los fusiles al percatarse de que cada vez más de ellos pasaban a engrosar las filas de la delincuencia organizada. Los policías en las rancherías están prácticamente inermes frente a los narcotraficantes.
El sociólogo Reyes González considera que la fuerza del crimen organizado ya no sólo ha rebasado la capacidad del estado, sino la voluntad misma de la fuerza policiaca, como se observó en la balacera de Valle de las Brisas. Parece que hay desinterés del gobernador por atender este problema, dice.
“Si vemos que no se publicó a tiempo la ley para sancionar a policías que no lleguen a una llamada de auxilio, se ve desinterés. Otra muestra de ello es la falta de anuncios. No se sabe públicamente cuáles son las líneas generales estratégicas para organizar la policía, profesionalizarla, purgarla. Parece que el gobernador sigue en campaña, diagnosticando la situación pero sin establecer medidas concretas.”
Frente a la magnitud del problema, Medina no ha enseñado su experiencia en el tema de seguridad, dice el maestro en sociología política por la New School for Social Research, de Nueva York.
“Es una contradicción. Farol de la Conago, oscuridad en su estado. No hay algún aspecto que pueda indicarnos esa experiencia o que esa posición que tiene entre los gobernadores se vea reflejada en su estado. Lo cierto es que la ciudadanía está a merced de lo que hagan los delincuentes comunes.”
Sugiere que el paso del huracán Alex se percibe como un respiro para Medina. La contingencia le ha dado oportunidad de enfocar sus baterías a la reconstrucción, que es su obligación inmediata, permitiéndole distraerse del tema de la seguridad.
Luis Farías, presidente del partido estatal Cruzada Ciudadana, afirma que la ciudadanía está anhelando triunfos de su gobierno, victorias de seguridad pública que no se observan.
“En fechas recientes, el gobierno del estado ha reconocido que lo han rebasado las bandas criminales. Esto es una aceptación de incapacidad que afecta a todos los ciudadanos. Ese reconocimiento es afirmar que no puede con el problema, lo cual es muy grave”, dice Farías.
El también regidor de Monterrey dice que el gobernador ya pidió auxilio al Ejército, pero la violencia no cesa. De continuar así, Nuevo León está en peligro de replicar el problema de Tamaulipas “donde los cárteles dominan abiertamente la vida pública”.
“Nosotros hemos apoyado con marchas y con llamados a la unidad para que la policía se vea sólida. Pero desafortunadamente vemos cómo en estos días las policías estatal y municipal se niegan a aceptar órdenes de su mando para acudir a la balacera de Valle de las Brisas. Esto evidencia que no hay control de las corporaciones, que están infiltradas.”
Además, secuestros y fosas
El diputado federal panista de Nuevo León, Baltazar Martínez, vive un drama familiar por el problema de la inseguridad. El sábado 17, su hermano José Luis fue secuestrado cuando viajaba del municipio de Cerralvo, donde los dos radican, hacia la frontera de Tamaulipas con Texas. No llegó y los captores aún no han establecido contacto.
Martínez Montemayor considera ya insoportable la inseguridad de Nuevo León: “La forma de vida normal, las costumbres, las áreas de descanso y recreo nos han sido robadas y todo esto lastima porque nos roban a nuestros familiares. No responder a esa balacera de más de una hora es como darle un mensaje fatídico a la población de que nuestros sistemas de seguridad, procuración y prevención están siendo operados por el crimen organizado.
“Si los policías no acudieron es porque tienen miedo o porque les avisaron que no se presentaran en alguna parte. Te dejan pensando mil cosas de lo que pasa”, señala.
Pedro Vázquez González, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, defiende a Rodrigo Medina: reitera que el problema de inseguridad es nacional, no exclusivo de la entidad.
Afirma el petista: “Es algo nacional. En Nuevo León se han manifestado también la inseguridad e intranquilidad. Pero es un tema recurrente en el país. No hay espacio seguro, no se puede vivir tranquilo. Esto rebasa al estado de Nuevo León”.
Consideró necesario que haya una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno que han trabajado de manera desorganizada.
Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León durante el gobierno de Natividad González Parás, se ha convertido en activista. En marzo creó una organización ciudadana llamada Red a través de la que canaliza denuncias de ilícitos. La idea es que los ciudadanos no se expongan a represalias si dan la cara en la Procuraduría estatal. Él toma ese riesgo.
El 29 de junio Fasci presentó un informe de actividades. En él implicó directamente a policías estatales y municipales en secuestros.
Informó que ha atendido 400 denuncias. De ellas, 40 (10%) son por privación ilegal de la libertad; de las 40, 31 fueron por secuestro y en 28 de esas hubo participación de policías.
Los policías o agentes de tránsito que cometen estos delitos son municipales de Monterrey, San Nicolás, Guadalupe y Cadereyta.
Actúan de varias maneras. En ocasiones detienen a conductores de vehículos, inventándoles una infracción, y los abordan para sopesar si tienen valor como posibles plagiados. En otras, son ellos quienes directamente los llevan con sus captores.
No hubo investigación sobre el pronunciamiento de Fasci.
Sólo Jorge Fernando Garza Morales, secretario de Seguridad Pública de Monterrey, dijo que si el exfuncionario tiene pruebas, que denuncie ante el Ministerio Público.
Y lo que faltaba: en meses recientes han comenzado a ser descubiertas en el estado fosas utilizadas por narcotraficantes para desaparecer a sus víctimas. Entre el 29 de junio y el 1 de julio, militares descubrieron una finca abandonada en el paraje de Santa Ana, en Juárez, con una decena de cadáveres. El 14 de julio, en la colonia Industrial La Silla, en Guadalupe, el Ejército encontró en un corralón clausurado otra, con cinco cadáveres entambados. Pero el hallazgo mayor ocurrió en Juárez, el jueves 22 al mediodía, en el Fraccionamiento Las Águilas. En un hoyo de 100 metros de diámetro por 10 de profundidad, fueron encontrados por lo menos 38 restos humanos. Se supone que ahí mismo eran ejecutadas las víctimas y sepultadas.
