En La Laguna, la sociedad, el gobierno y la clase empresarial se quejan porque, dicen, el presidente Felipe Calderón dejó fuera de su estrategia contra el crimen organizado a ese territorio que hoy se disputan Los Zetas y el cártel de Sinaloa. En lo que va del año, 600 civiles han caído a causa de la violencia en Torreón y su zona conurbada. Hoy, los ataques dejaron de ser selectivos y se desatan incluso en fiestas privadas, como el del domingo 18, donde murieron 17 personas.
TORREÓN, COAH.- La guerra del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado no llegó a la comarca lagunera… Aun cuando esta región se halla desbordada por la delincuencia y la violencia asociada al narcotráfico, está al margen de la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado.
Inútiles han resultado las súplicas que, desde hace meses, la ciudadanía, los gobernadores de Durango y Coahuila, así como los presidentes municipales de las dos entidades, legisladores y el empresariado lagunero hacen al gobierno federal para detener las muertes de civiles que ya sobrepasan los 600 en lo que va del año. Ellos exigen la presencia de las llamadas Fuerzas Armadas Permanentes (FAP) para que pongan orden en la zona.
El domingo 18, alrededor de la una de la madrugada, tres vehículos llegaron a la Quinta Italia Inn, en la periferia de Torreón, donde Carlos Antonio Mota Méndez celebraba su cumpleaños 31 en compañía de varios amigos.
Cinco hombres armados descendieron de las unidades y comenzaron a disparar a los asistentes, incluidos los músicos de la banda Ríos que amenizaban el convivio. El saldo fue de 17 muertos, incluidos el festejado y su hermano Héctor José; otros tantos quedaron heridos. Minutos después los agresores huyeron hacia Gómez Palacio, Durango.
Los otros muertos fueron los músicos Héctor y Alejandro Rivas Ríos; los estudiantes Enrique González Hernández, Diego Aguilar García, Sara Liliana Mejía Sarmiento y Emmanuel Alejandro Ruiz Orona; y María Fernanda Natalia Máynez San Juan, Ricardo Reyes Encinas, Luis Jesús Silva Muñoz, Estefanía Jáquez Álvarez, Diana Itzel del Castillo Maciel, Ricardo Esteban Santacruz Esquivel, Ana Karen Ornelas Vera, Juan Jesús García González y Andrés Isaías Robles Arredondo, amigos del festejado. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que aparentemente Carlos Antonio no tenía vínculos con actividades delictivas ni con los narcos.
El viernes 23 por la mañana, policías estatales de Coahuila y agentes de la PF llegaron al Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio, Durango, y detuvieron a la directora Margarita Rojas Rodríguez y a varios custodios por su presunta participación en el ataque a la Quinta Italia Inn.
Una agente del la FGE asegura a Proceso que en el ataque del domingo 18 de julio participaron cuatro custodios y un interno que era operador del cartel de Sinaloa.
Desde la noche del jueves 22 en el sitio elblogdelnarco.com un video muestra cuando un grupo de encapuchados, al parecer de Los Zetas, interroga a un presunto policía municipal de Lerdo, Durango, identificado como Rodolfo Nájera, quien declaró que el ataque a la Quinta Italia Inn fue ordenado por Gabriel Daniel, alias Delta, preso en el penal de Gómez Palacio, a quien, a decir del interrogado, todas las noches se le permitía salir a la calle.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, en lo que va de 2010 se han registrado 210 ejecuciones en Torreón y 400 muertes violentas en la zona conurbada, que incluye la ciudad de Matamoros y las duranguenses de Gómez Palacio y Lerdo. De ese total, 44 personas murieron en ataques similares al del domingo 18.
Los hechos de sangre no han cesado desde 2006 en la comarca lagunera, cuyo límite entre Coahuila y Durango lo marca el cauce del río Nazas. Desde entonces, Los Zetas, otrora aliados del cártel del Golfo que hoy controlan la primera entidad, enfrentan a sus rivales de Sinaloa, que aún dominan Durango.
El día siguiente al ataque del comando a la Quinta Italia Inn, el lunes 19, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, declaró que si las autoridades de la comarca lagunera hacían una petición formal, serían enviados elementos de la Policía Federal (PF).
La actitud de Blake contrasta con la de su antecesor, Fernando Gómez Mont, quien luego de una matanza similar en La Laguna y pese a los reclamos ciudadanos declaró que “la prioridad era Ciudad Juárez” (Proceso 1751).
En territorio lagunero las masacres se intensificaron a partir de febrero de 2009. El día 13, un comando rafagueó el bar La Favorita, donde murieron cuatro personas. Horas después, sicarios de Los Zetas se desplazaron a Gómez Palacio y ejecutaron a varios pushadores (distribuidores de droga).
Al día siguiente, en la funeraria de esa ciudad, donde se velaba a uno de los caídos, un comando irrumpió en el lugar y rafagueó a los dolientes. El saldo fue de cuatro muertos y varios heridos. En respuesta, el 15 de febrero los sinaloenses arribaron al bar Premier, presuntamente controlado por Los Zetas, y acribillaron a 10 personas.
Un año después, el pasado 31 de enero los ajustes de cuentas se avivaron en Torreón. Un comando sinaloense rafagueó los bares ¡Ay Nanita!, El Limbo y El Ferry. Y aunque en este último antro se respondió a los agresores, hubo 10 muertos y 40 heridos, dijo a Proceso el secretario de Seguridad Pública municipal, general Carlos Bibiano Villa Castillo.
La madrugada del 15 de mayo siguiente, otro comando arribó a la capital coahuilense y acribilló a ocho personas y dejó una veintena de heridos durante la inauguración del bar Juana’s VIP. Al mes siguiente, el 26 de junio, otro grupo armado llegó al centro de rehabilitación contra las adicciones Grupo Fuerza para Vivir y asesinó a 11 personas, otros más quedaron heridos.
Con el del domingo 18 a la Quinta Italia Inn suman nueve los ataques a sitios públicos y fiestas. En suma, durante los últimos 17 meses han muerto 64 civiles y 150 han resultado heridos; la mayoría no tenían vínculos con ningún cuerpo de seguridad ni estaban implicados en actividades criminales.
Vuelven los federales
En septiembre de 2008, un convoy de policías federales detuvo a varios narcomenudistas y cuando dos policías municipales intentaron rescatarlos, los arrestaron también. Cuando los uniformados municipales supieron que los federales se llevaban a sus compañeros, abordaron sus patrullas y se desplazaron de Torreón a Matamoros para liberarlos. Y se inició el tiroteo que terminó con un municipal muerto y 35 uniformados presos.
El alcalde torreonense, José Ángel Pérez Hernández, explicó que la balacera la iniciaron los federales. Los policías detenidos quedaron en libertad semanas después. A partir de entonces la presencia de los federales disminuyó de manera paulatina. Y en enero pasado la mayoría de los mil uniformados fueron enviados a Ciudad Juárez, donde se registró la matanza de varios adolescentes en Villas de Salvárcar. Ello pese a que los hechos ocurrieron con minutos de diferencia respecto de los del ataque al bar Ferry.
Hoy, una de las líneas de investigación sobre el ataque a ese antro es que un comando cazaba en ese momento a dos policías federales. Además, las autoridades comentan que a cada matanza en La Laguna la precede un escándalo nacional que opaca su cobertura. Los hechos del bar Juana’s, por ejemplo, ocurrieron horas antes de que se conociera la desaparición del exsenador panista Diego Fernández de Cevallos.
Sólo a partir de la masacre de la Quinta Italia Inn, el comisionado de la PF, Facundo Rosas, decidió enviar a 200 policías a Coahuila para distribuirlos en tres ciudades. Los federales llegaron el miércoles 21. De ellos, 65 se sumaron a los cinco federales y a los 200 militares que ya estaban en Torreón.
Cuando se dirigían al hotel hubo tres ejecuciones. Facundo Rosas asegura que participarán en tareas de disuasión y patrullaje, así como en labores de inteligencia y de combate al narcomenudeo. Su objetivo, dice el funcionario, es “evitar la movilidad de los grupos delictivos”.
La víspera, el dirigente local de la Canacintra, Mario Lozoya, y otros líderes empresariales protestaron porque, arguyeron, ellos habían solicitado mil 500 policías debido “a la magnitud de la violencia”.
Matanzas en serie
A partir del ataque al bar Ferry, grupos que se identifican como antizetas han difundido mensajes electrónicos en el sitio youtube.com para adjudicarse la autoría de esas matanzas. El 2 de febrero último el supuesto cártel México Unido Contra Los Zetas subió un video de 1:41 minutos titulado Eliminando “zetas” de la Comarca Lagunera con un mensaje en el que reivindicó la masacre del Ferry y amagó con exterminar a los integrantes de ese grupo paramilitar:
“Se les advierte que serán eliminados y barridos con acciones como las realizadas este fin de semana en conocidos antros y cantinas de Torreón, todos estos propiedad de los pinches zetas, eso sólo fue una advertencia, la guerra está declarada, y no vamos a parar hasta sacarlos de la Comarca Lagunera o eliminarlos a todos; esto va también para toda la gente pudiente, llámense empresarios, políticos, servidores públicos y sociedad en general.”
Y advertían: “Dejen de frecuentar los antros, cantinas y clubs nocturnos de Los Zetas, de todos es sabido que dichos lugares son propiedad de: Sergio Villarreal Barragán, El Grande, El Monky Pérez, La Sombra (un expolicía municipal) y El Pinky, este último jefe de Los Zetas”.
Luego de la matanza en el Juana’s VIP apareció un video similar en el mismo sitio electrónico. En esa ocasión, se mencionó que directivos del diario Noticias del Sol de la Laguna y un exreportero gráfico tenían vínculos con Los Zetas. Los aludidos publicaron un comunicado el 17 de mayo, dos días después del ataque a ese bar, para deslindarse del grupo armado.
El secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, sostiene que a partir del ataque al Juana’s VIP la mayoría de los centros nocturnos de la región cerraron y los habitantes del área optaron por realizar eventos privados, como en el caso de la Quinta Italia Inn.
Desde mayo, en elblogdelnarco.com, un sitio electrónico que reproduce noticias sobre el tema, un usuario advirtió que atacarían esa residencia. En la página www.facebook.com/event.php?eid=131342820231711&ref=search de facebook se colocó un mensaje en el que se anunciaba una Party Gaysotototota (aumentativo muy común en la región), que finalmente fue cancelada. Ello permitió que Carlos Antonio Mota rentara de último momento el local para festejar ahí su cumpleaños el domingo 18. La mayoría de los asistentes eran integrantes del equipo de futbol de la localidad.
En sus indagatorias, la Fiscalía General del Estado sostiene que el ataque iba dirigido contra el propietario de establecimiento, Alejandro Bruno Salazar, alias El Güero o El Pollo, a quien, según la dependencia, ya se citó a declarar. Sin embargo, fuentes de la fiscalía aseguran a Proceso que El Güero desapareció, incluso comentan que la camioneta que conducía fue abandonada en otro salón de su propiedad en el conurbado municipio de Matamoros.
Interrogado al respecto, Luna Canales acepta que el vehículo fue localizado, incluso dice que “no tenía huellas de violencia”. Al cierre de esta edición, El Güero continúa desaparecido. Además, en el “parte informativo” rendido por elementos de la Policía Investigadora sobre el caso, al que tuvo acceso este reportero, se menciona que El Güero fue levantado a finales de junio y liberado a los pocos días, aunque no presentó ninguna denuncia.
Es terrorismo
El alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro, calificó los ataques a los bares de Torreón como terrorismo. Y hoy se queja porque, dice, el gobierno federal nada más no envía a las Fuerzas Armadas Permanentes ni incluye a La Laguna de Durango en su estrategia contra el crimen organizado.
Lo mismo asegura el secretario de Gobierno del estado, Armando Luna, quien insiste en que la intención de esos grupos es amedrentar a la población y restar autoridad al gobierno. “Y eso es terrorismo”, remata.
También se queja porque, arguye, ante los asesinatos provocados por las bandas criminales la mayoría de los medios de comunicación locales y los corresponsales nacionales han recibido amenazas. Y enumera varios casos: El Siglo de Torreón, Televisa, El Sol de la Laguna. Además, dice, el año pasado fue asesinado Eliseo Barrón, reportero de Milenio.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) también se ha manifestado contra la violencia. El pasado 18 de junio lanzó una alerta por las nulas condiciones para ejercer el oficio periodístico en la zona lagunera. La organización destacó que Javier Adame, directivo de Noticias de El Sol de la Laguna, recibió una amenaza por teléfono y cuatro días después las instalaciones del diario fueron tiroteadas. La recepcionista resultó herida.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, también se pronunció al respecto. El 27 de junio pasado dijo que los grupos criminales lo tienen todo y nadie los para. “Esos ataques expresan el fracaso del Estado. El crimen organizado muestra así su poderío: decirle a la sociedad que ellos son los dueños y señores de todo; muestra cómo caminamos cada día más hacia un Estado fallido”, sentenció el prelado.
