Apenas se posicionó en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y recuperó la mayoría en el Congreso estatal, el PRI desempolvó las viejas prácticas para beneficiar a los militantes que le son fieles al partido. Proceso Jalisco investigó en las páginas de Transparencia del Poder Legislativo y los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara, que controla ese partido, y detectó que son decenas los funcionarios priistas que cobran jugosos estipendios en las nóminas de ambas instancias.
Al recuperar la mayoría en el Congreso local y las alcaldías metropolitanas, el PRI actualizó también la vieja práctica del dobleteo. Hoy, son varios los diputados de ese partido que cobran simultáneamente en el recinto legislativo y en los ayuntamientos gobernados por sus correligionarios, según detectó Proceso Jalisco al cotejar las nóminas en ambas instancias.
Alberto Enrique Mercado González, por ejemplo, aparece en la página de Transparencia del sistema DIF Guadalajara como director administrativo con un sueldo bruto quincenal de 20 mil 681 pesos; además, cobra 16 mil 514 pesos quincenales en la nómina del Congreso, donde se desempeña como auxiliar administrativo en la Dirección de Apoyo. Sin embargo, Mercado casi nunca acude a su segundo empleo, aseguran al reportero trabajadores del Legislativo.
Otro caso es el de Ernesto Meza Tejeda, quien tiene un sueldo bruto quincenal de 12 mil pesos como asesor del diputado Luis Córdoba. Además, aparece en el directorio de funcionarios del ayuntamiento de Tlaquepaque como titular de la Dirección de Actas y Acuerdos. Su salario quincenal es de 11 mil 747 pesos, de acuerdo con la segunda quincena de mayo, la última disponible en la página de Transparencia del ayuntamiento gobernado por Miguel Castro.
El diputado Córdoba y el alcalde Castro forman parte del grupo de Alfredo El Güero Barba, quien ya fue alcalde en Tlaquepaque y hoy es uno de los líderes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
Sergio Alberto Padilla Pérez aparece en las nóminas del Congreso y de la administración de Zapopan, presidida por Héctor Vielma Ordóñez. En la primera se le menciona como asesor de diputados y está adscrito a la Dirección de Apoyo, con un sueldo bruto de 7 mil 585 pesos quincenales; en la segunda, según la página de Transparencia del ayuntamiento, aparece como recaudador fiscal y percibe 4 mil 380 pesos quincenales. Su último cheque corresponde al 15 de julio de este año.
Compañeros suyos en el PRI aseguran que Padilla Pérez, suplente de la regidora priista de Guadalajara, Gloria Judith Rojas, se embolsa otros 17 mil 500 pesos al mes por la asesoría jurídica que brinda a los Servicios de Salud zapopanos. El dato, sin embargo, no aparece en la página de Transparencia.
Osvaldo Verdín Martínez, otro de los dobleteros, tiene un sueldo bruto de 12 mil 264 pesos en el Congreso, donde es asesor de diputados A y está adscrito a la Dirección de Apoyo. También aparece en el ayuntamiento de Guadalajara, al frente del cual está el también priista Jorge Aristóteles Sandoval, como colaborador “A 1” de la Secretaría General, con la plaza laboral S12100066.
En el ayuntamiento, sus percepciones variaron cada quincena. De acuerdo con la página de Transparencia consultada por el reportero, el 30 de junio último cobró 3 mil 48 pesos; del 15 de abril al 15 de junio sus emolumentos fueron de 5 mil 715 brutos por quincena; el 31 de marzo su pago fue de sólo 6 mil 27 pesos, y el del 28 de febrero de 22 mil 610.
Los asesores
Entre los priistas que fueron habilitados por sus correligionarios abundan los asesores, tanto en el Legislativo como en los ayuntamientos metropolitanos.
Juan Antonio Parra Cruz se desempeña como tal en el Congreso local, según el código 10809, y su sueldo es de 10 mil 328 pesos cada quincena.
Además, en el ayuntamiento de Guadalajara es “asesor EXC” del secretario general Roberto López Lara, con plaza laboral B1210000, y cobra 22 mil 777 pesos quincenales desde el 15 de enero de este año. Parra Cruz fue asesor de Aristóteles Sandoval cuando éste fue diputado.
Fernando Quezada Boyzo aparece en la nómina del Poder Legislativo con código 11484 como asesor de diputados A, adscrito a la Dirección de Apoyo, y cobra por ello 12 mil 632 pesos. Pero también gana 11 mil 956 con 59 centavos quincenales en el ayuntamiento tapatío donde, según la página de Transparencia, presta sus servicios como asesor C en la Secretaría General, con la plaza B12100013.
Llama la atención el caso de Quezada Boyzo, quien ahora brinda sus servicios profesionales a los priistas, cuando en 2006 fue representante del PAN ante el IFE durante el proceso electoral.
Cristian Jacob Arteaga es otro ejemplo de los funcionarios que dobletean. Él es secretario técnico en la Sala P, donde despacha el diputado local zapopano Jesús Casillas Romero. Su sueldo es de 18 mil 900 pesos quincenales. Y en el ayuntamiento zapopano, según la nómina de la primera quincena de julio de este año, aparece como auxiliar administrativo de la Tesorería, con una percepción quincenal bruta de 4 mil 467 pesos.
En el mismo gobierno municipal que preside Vielma Ordóñez, María de la Luz González Soto está registrada como asesora en la Dirección Jurídica de lo Contencioso, con un sueldo quincenal de 6 mil 761 pesos. Asimismo, se desempeña como jefa de oficina del Órgano Técnico de Puntos Constitucionales en el Congreso. Ahí se embolsa 17 mil pesos quincenales.
También en Zapopan, Víctor Hugo Quezada Figueroa aparece en la página de Transparencia como subdirector de Juzgados Municipales desde el 16 de noviembre de 2009. Su último pago disponible es el del 30 de junio, según el cual cobró 14 mil 997 pesos. Además, como secretario técnico en la Sala X del Congreso, donde despacha el diputado Luis Córdoba, se allega otros 18 mil 900 pesos.
Caso similar es el de Salvador Fonseca Cabezas, secretario técnico en el Congreso, donde tiene un salario de 15 mil pesos quincenales. En el ayuntamiento de Zapopan se desempeña como verificador de la Dirección de Servicios Públicos para complementar sus entradas. En esta dependencia sus percepciones varían, pero el último cheque disponible fue por 10 mil 450 pesos quincenales.
Jesús Torres Carrillo combina también sus actividades laborales en el Congreso, donde recibe cada quincena 8 mil 347 pesos como “notificador A” en la Dirección de Procesos Legislativos, y en el municipio de Zapopan, donde recibe otros 9 mil 282 pesos como asistente de regidor.
Lo mismo hace Cristian Leopoldo Ortiz Rodríguez: es asesor de regidor en Zapopan donde, según la información de Transparencia, recibió un cheque por 9 mil 282 pesos el 15 de julio, a esa cantidad se suma los 11 mil 413 pesos que cobra como asistente administrativo de la Dirección de Administración del Congreso.
Y Luis Humberto Navarro Sánchez, director de Asuntos Jurídicos en el Congreso, recibe 34 mil pesos cada quincena; además, en la página de Transparencia del ayuntamiento de Guadalajara aparecen cuatro reportes mensuales de “recursos asignados a fondos revolventes” (fechados el 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo y 31 de mayo de 2010), según los cuales en cada ocasión Navarro recibió 40 mil pesos “para la operación de la Dirección de Inspección y Vigilancia”.
Consultado vía telefónica sobre si Navarro trabaja en el ayuntamiento tapatío, un funcionario de Recursos Humanos de Guadalajara, que dijo llamarse Rubén Ruiz, lo negó, pero ante la insistencia del reportero dijo que la información debe solicitarse por escrito.
La nómina de los escándalos
Durante el cotejo de nombres de priistas que laboran en varios lugares de manera simultánea, el reportero detectó más irregularidades, sobre todo en la nómina del Congreso, donde los sueldos no están homologados, lo que hace que algunos trabajadores gocen de privilegios.
En el caso de los asistentes administrativos, los más afortunados cobran, como Dennise Adriana Rea Hernández, 25 mil 980 quincenales; Sergio Vera Padilla, 24 mil 478, y José Alberto Rodríguez Rodríguez, 22 mil 406. Sus otros compañeros ganan en promedio menos de 4 mil pesos.
La denominación de puestos también es caprichosa. Hay de todo: asesores de diputado y de diputado A, y el más genérico, asesores legislativos. Y lo mismo: mientras la mayoría tiene percepciones de 8 mil 841 pesos a la quincena, otros cobran 11 mil 449 o 12 mil 549, pero los privilegiados, como Jesús Carlos Orozco Vera o Gabriel Pérez Pérez, reciben 18 mil 835 pesos.
Por lo que atañe a choferes, también hay distingos. Los “comunes y corrientes” perciben 5 mil pesos quincenales, pero Andrés Pérez Díaz y Adán Abel Aceves Gómez, quienes manejan los vehículos de coordinador priista Roberto Marrufo Torres, ganan 12 mil pesos. ¡Más del doble!
Ante esas escandalosas irregularidades administrativas en el Congreso estatal, varios diputados del PRI piden la cabeza del secretario general de la LIX Legislatura, el también priista Carlos Corona Martín del Campo.
Algunos incluso se han reunido en privado con el presidente estatal del partido, Rafael González Pimienta, para pedirle que remplace al “ahijado” político de Beatriz Paredes; también se quejan del propio Marrufo Torres porque, arguyen, “no ha podido poner orden al caos administrativo”. Además, los panistas José María Martínez y Héctor Álvarez hicieron públicas sus diferencias con Marrufo y piden que sea removido del cargo.
En cinco meses y medio de gestión en la LIX Legislatura se ha destacado no precisamente por su trabajo como diputado, sino por sus desatinos y por su espectacular sueldo, pues gana 115 mil 669 pesos mensuales, contra los 107 mil de sus compañeros.
Otra muestra de ese caos en la nómina es el de las edecanes. El domingo 11, el diario Mural informó, con base en la nómina que el Congreso subió a su página electrónica el viernes 9, que tres de ellas cobran entre 40 mil y 70 mil pesos mensuales, mientras que tres intendentes perciben 30 mil pesos.
Ante el escándalo que provocó la nota periodística, Corona declaró el lunes 12 que hubo “errores” durante la captura de los datos y que “en el programa Excel algunos sueldos se brincaron de celda”. Días después a Corona se le criticó de nuevo por autorizar la elaboración de identificaciones de latón para los diputados “charolas”, como las que usaban los antiguos priistas.
El jueves 15 de julio, encabezados por su coordinador parlamentario, José María Martínez, los diputados panistas cortaron con tijeras las identificaciones y las tiraron a la basura. “Rechazamos regresar a antiguas prácticas priistas”, dijo Martínez, y reiteró que Corona debe ser removido por “engañar a la opinión pública”.
“Exigimos una decisión contundente y un golpe de timón; que se regrese a Corona a sus filas estudiantiles”, expuso el panista, en alusión al pasado de Corona en la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), que incluso llegó a presidir.
Ese mismo día, el diputado panista Héctor Álvarez exigió al pleno del Congreso una auditoría a la gestión de Corona ante la presunción de un mal manejo de la nómina, adquisiciones irregulares de bienes y servicios del Congreso y para saber el manejo de cuentas de uso discrecional que ha hecho el secretario general de la LIX Legislatura durante su gestión. La propuesta fue turnada a la Comisión de Administración para su revisión.
El lunes 19, en rueda de prensa Álvarez reveló que el Congreso pagó 8 millones de pesos por la instalación de aire acondicionado en un edificio del Poder Legislativo ubicado en avenida Juárez. Sin embargo, dijo, en el inmueble no hay nada de ese equipamiento, y mostró a los reporteros una certificación notarial emitida por el fedatario Héctor Martínez.
Horas después, Corona tuvo una encerrona de tres horas con los diputados de su partido, quienes lo cuestionaron por los malos manejos administrativos, entre ellos por gastar 18 millones de pesos en compras no autorizadas por las comisiones de Administración y Adquisiciones, esta última ni siquiera está instalada; también le reprocharon su excesivo protagonismo. Al final le refrendaron su apoyo. l
