En agosto, las cifras de la violencia en la zona metropolitana de Guadalajara batieron récord: 60 ajusticiamientos y, según la procuraduría estatal, otros tantos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública renunciaron o fueron cambiados de adscripción para protegerlos de las amenazas de las grupos delincuenciales. Tras la muerte de Ignacio Coronel, el 29 de julio, se intensificaron los ataques entre los grupos que intentan apropiarse de la plaza que controlaba el capo sinaloense.
Muerto el capo Ignacio Coronel Villarreal, las diferentes bandas del narco desataron la violencia en su afán por controlar la zona metropolitana y otros municipios jalisciense, lo que provocó que durante agosto se registraran 60 ejecuciones en la entidad, cifra récord si se considera que en todo 2009 hubo sólo 84 ajusticiamientos.
El secretario técnico del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica de Jalisco, Javier Carrasco, comenta que esta situación demuestra que la delincuencia organizada está dispuesta a “imponer su mensaje de miedo a la sociedad”.
En conversación con Proceso Jalisco, el funcionario habla de la urgencia de redefinir las políticas públicas para confrontar al hampa en territorio jalisciense, que ahora utiliza métodos similares a los de Al Qaeda o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Desde junio pasado, el consulado general de Estados Unidos en Guadalajara lanzó la alerta a sus conciudadanos. El 29 de ese mes la institución difundió un escrito en el que comentaba que el municipio de Mazamitla, donde días antes hubo un enfrentamiento entre bandas rivales que se desplazaban en vehículos blindados y portaban armas de grueso calibre, era inseguro para los visitantes extranjeros.
“Los ciudadanos estadunidenses deben de considerar viajar por carreteras durante horas de luz del día; en general las carreteras de cuota son generalmente más seguras. Si es observada una actividad sospechosa o violenta, aléjese de la amenaza y reporte inmediatamente la información específica a la policía local…
“Si usted oye disparos o ve armas, póngase bajo cubierta o tome una acción evasiva. Inmediatamente acuéstese sobre el piso detrás de un objeto sólido o váyase rápidamente si usted está en su vehículo. No intente acercarse a la acción para ver lo qué está pasando. Una vez que usted pueda alejarse sin peligro del incidente, proceda, tan rápido como sea posible, a salir de la escena.”
El 27 de agosto, luego de la detonación de una granada en un antro del municipio de Puerto Vallarta, en el bar Pink Cheladas, donde murió una persona y 15 más resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, el consulado emitió otro comunicado en el que reiteró que podría desatarse la violencia en la zona residencial y la turística por grupos confrontados, incluso mencionó los nombres de antros vallartenses: La Vaquita Parrilla, en la calle de Lázaro Cárdenas; La Mandala, ubicada en el cruce de Calle Central y Margarita Maza de Juárez, y los que se ubican en el área de El Pitillal.
Y aun cuando las investigaciones revelaron que se trató de “un accidente” provocado por uno de los comensales presuntamente vinculado con el tráfico de drogas cuando jugueteaba con el artefacto, el hecho demuestra que muchos ciudadanos andan armados o portan explosivos sin que nadie los controle.
El gobernador Emilio González Márquez; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Luis Carlos Nájera, y el procurador de Justicia, Tomás Coronado, criticaron a la legación porque, dijeron, su acción fue “precipitada”. Y adujeron que no se trató de un choque entre bandas rivales, como se informó al principio, sino un accidente.
Posteriormente, el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, declaró a los medios que dejaran de hablar del granadazo de Vallarta “por el bien de Jalisco”.
Pasmo y terror
Entre los 60 ejecutados durante agosto se encuentra un matrimonio y sus dos hijos, de tres y seis años. Los cuerpos fueron localizados el día 31 en las cajuelas de dos automóviles; también fueron ultimados otros jóvenes. Todos tenían el tiro de gracia.
Y la madrugada del miércoles 1 apareció el cadáver de un joven que, según la SSP, iba a ser colgado de un puente, pero se cayó y murió a causa del golpe que recibió.
La dependencia analiza también el ataque a una docena de policías de diferentes corporaciones, algunos de los cuales perdieron la vida a manos de grupos delincuenciales y otros fueron asesinados por sicarios que “se sintieron traicionados en los acuerdos pactados”. Las autoridades también sostienen que cada vez son más los uniformados que deben renunciar a sus cargos por las amenazas que reciben; otros son asignados en otros municipios para protegerlos, ello sin menoscabar que algunos tienen presuntos nexos con el hampa.
En la mayoría de los homicidios hubo un “uso excesivo de la violencia”, como desmembramiento de cuerpos, incineración de los enemigos, proliferación de narcomensajes o la exhibición de videos en internet de policías que presuntamente ofrecen protección a bandas de narcotraficantes.
Es el caso del video de un grupo autodenominado Cártel de Guadalajara, Nueva Generación, en el que se menciona al comandante de la policía de Tonalá, Óscar Ornelas Novo, quien desapareció el pasado 31 de julio, y los presuntos nexos de empleados de la SSP con el crimen organizado.
El video muestra al jefe policiaco y seis personas más sentados sobre el suelo; uno más tiene cercenado un pie y está sentado en una silla. Detrás de ellos hay varios hombres con armas de grueso calibre y el rostro cubierto con pasamontañas que los interrogan. En la grabación Ornelas Novo revela que trabaja para un grupo llamado La Resistencia.
Su labor, dice, consiste en ofrecer apoyo a esa organización en los puntos de venta de droga de las localidades de Santa Paula, Jauja y Puente Grande. Admite también que hace varias semanas participó en un tiroteo en la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, donde fue herido un agente federal y un civil falleció.
Uno de los interrogados menciona a Carlos Medel Campero, empleado del área de Homicidios y Robo de Tráileres en la Procuraduría de Justicia estatal. Según el testimonio, Medel colabora con una persona a la que llama Lupe Vega, quien, afirma, le daba 200 mil pesos cada mes para que le permitiera operar en Tonalá.
Otro más, que se identifica como José Luis Cortés Murillo, dice que él es encargado de la plaza de Tonalá. Comenta que pagaba 400 mil pesos mensuales (a las autoridades) para poder operar, incluso admite: “Me mandaron a un grupo de la guerrilla (sicarios) para que me apoyara”; el propósito era encargarse de los policías que no quisieran chambear para los narcos.
Y sobre los elementos de la SSP, el declarante, a quien sus interrogadores apuntan con un rifle de alto poder, indica que Lupe Vega le pide ayuda para matar gente y asegura que recibe ayuda de un comandante de apellido Lobo, jefe del grupo de los Sigmas en esa dependencia.
También argumenta que La Familia michoacana le prometió apoyo y confiesa que la intención es pegarle a todos los municipios, en especial a Tlajomulco. “Nos van a mandar gente especializada para aventar bombas y acabar con lacras”, dice.
Sospechas
Francisco Gutiérrez Rodríguez, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) especializado en salud mental y lenguaje corporal, comenta que los videos son engañosos y contradictorios.
Videos como el anterior, asegura, tienen un bajo nivel de credibilidad. Lejos de ser naturales, las declaraciones de los detenidos y denuncias son acartonadas, sesgadas:
“Se nota un discurso intelectualizado; se observa estrés al hablar. Da la impresión de que los interrogados están leyendo ante la cámara. Además, los hombres armados están acomodados de menor a mayor, traen arma larga y pistola en la pantorrilla. Se observa que los supuestos sicarios aparentan recibir instrucción policiaca.”
Voces cercanas a la procuraduría del estado aseguran a este reportero que varias de las fotografías de los hombres que aparecen en ese video provienen de los archivos de la dependencia.
La difusión de ese material provocó que al menos nueve agentes del grupo Sigma desaparecieran o presentaran su renuncia. Hasta el jueves 2, la SSP no había informado sobre esos casos. Por su parte, elementos de la procuraduría consultados por Proceso Jalisco detallan que en agosto hubo 30 movimientos de ese tipo, entre renuncias y cambios de plaza.
En tanto, integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social de Jalisco, que durante años no hicieron nada, presentaron al gobernador Emilio González Márquez los resultados de su estudio Ejercicio consultivo del crimen organizado.
En el resumen ejecutivo presentado a González Márquez los autores hacen hincapié en la necesidad de reforzar las medidas de combate a la inseguridad, establecer una estrategia clara y difundir las acciones de la autoridad estatal.
Destacan también que los grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad hacen “uso del miedo como propaganda”; también señalan que en México y en Jalisco las bandas de delincuentes utilizan esquemas similares a los de organizaciones como Al Qaeda o las FARC.
El secretario del consejo, Javier Carrasco, comenta: Es de vital importancia fortalecer el tejido social para contrarrestar los embates del crimen organizado en las nuevas generaciones; también, que uno de los grandes problemas en el ámbito local y nacional es que muchos jóvenes quedan fuera de la propuesta de desarrollo social.
La investigación incluye propuestas para mejorar la estrategia de comunicación entre las autoridades y la población para combatir de manera más eficiente al crimen organizado. “Lo más importante es informar a la población sobre la estrategia, razones y acciones tomadas por el gobierno y sus resultados para generar confianza, credibilidad y apoyo (de la sociedad)”, indica Carrasco. l
