Hace casi tres meses que el aparato de ecosonografía de la Clínica Ayala del Seguro Social (número 45), ubicada entre las calles San Felipe y Frías de esta ciudad, dejó de funcionar. Desde entonces, innumerables derechohabientes no han podido someterse a los análisis que requieren, incluso los que padecen alguna tumoración que puede ser cancerígena. Frente a esta situación, las otras clínicas del IMSS que cuentan con el equipo están saturadas, por lo que al menos 15 pacientes han acudido a hospitales o consultorios privados para atenderse; otros han tenido que conformarse con que su médico les reprograme la consulta para mejores tiempos, aun cuando su enfermedad sea avanzada. Estos hechos demuestran que el discurso del presidente Felipe Calderón sobre la cada vez mayor cobertura de salud es sólo eso: discurso.
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Desde que los panistas arribaron al poder, entre los funcionarios y políticos de alto rango se convirtió en moda –de pésimo gusto, por cierto– darse bonos y aumentarse los salarios a su antojo. Lo singular de este caso es que algunos de esos puestos deberían ser prácticamente honorarios, como los de los presidentes de comisiones, institutos electorales o de derechos humanos; otros más podrían tener una paga mínima que no rebasara la justa medianía que pregonaba el benemérito Benito Juárez. Hoy, por las condiciones de subdesarrollo, desempleo y pobreza en que subsiste el grueso de la población con sus precarios emolumentos, los elevados sueldos del funcionariato sólo hieren a la sociedad. Son los casos del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Jesús Álvarez Cibrián, quien los últimos tres años se aumentó sus percepciones en 40%. Su argumento fue que cuando él llegó a la comisión hacía cinco años que no había incremento alguno. Hoy gana 123 mil 259 pesos brutos cada mes. Sin embargo, el ombudsman se queda corto con respecto al presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Tomás Figueroa Padilla, quien tiene un salario mensual de 182 mil pesos; incluso gana 38 mil pesos más que el propio gobernador Emilio González Márquez, aunque su trabajo sea mínimo o prácticamente nulo cuando no hay elecciones, como ahora.
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A casi dos meses de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco desalojaran violentamente de la playa de Tenacatita a comerciantes, pescadores y campesinos con derechos agrarios, para dar paso a la inmobiliaria Rodenas –que se dice la dueña de los terrenos tras casi 20 años de disputas legales– para hacer del lugar un gran desarrollo turístico, los moradores de El Rebalsito, que es el poblado más próximo, lamentan que no se les deje siquiera acercarse a la arena y al mar que les ha pertenecido por decenios. Para algunos resulta sospechoso que haya tanto esmero de la policía en cuidar el lugar. Recuerdan que esa zona marítima no deja de ser interesante para ciertos desembarques, toda vez que el puerto de Manzanillo está cada vez más caliente.
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En la Secretaría de Vialidad y Transporte hay malestar desde hace tres semanas, cuando uno de los integrantes del equipo de acrobacia murió y otro quedó herido en un accidente en la carretera libre hacia Zacatecas, entidad a la que se dirigían para participar en una exhibición. Por norma, cuando se desplazan, sus motocicletas son montadas en una plataforma y ellos viajan en un vehículo, pero esa vez violaron la norma y conducían sus propias unidades. Los compañeros del acróbata fallecido se quejan porque, dicen, un comandante del que sólo saben es hermano de Felipe Prado Trejo, mejor conocido como el 02, hizo las cosas al aventón.
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De manera sospechosa, dos de los 23 sujetos detenidos por la Policía Municipal de Tlajomulco, el domingo 12, por presunta pederastia (Proceso Jalisco 306), quedaron en libertad. Ello pese a que fueron encontrados en total flagrancia y a que los vecinos de Colinas del Roble afirman en una carta que frecuentemente ocurrían esas raras fiestas en su colonia. l
