El rescate del petróleo

El rescate del petróleo
Miguel Alemán Valdés
Con la autorización expresa del autor, y por cortesía de Editorial Grijalbo, S A, Proceso da a conocer en exclusiva trozos escogidos de un libro en prensa del expresidente Miguel Alemán Valdés en el que éste expone, documentalmente, la lucha de México por su petróleo El capítulo que hoy presentamos parte del anuncio de la expropiación Los recuadros están también entresacados del texto original del libro
Para el jefe del Estado “la actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional que, por conducto de la Suprema Corte, las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones del trabajo”, impuso al Ejecutivo la de “buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente, para el presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante la simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada”
El desafío de las empresas estaba dirigido contra la estructura jurídica y política del estado mexicano; considera el primer magistrado, en consecuencia, “que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias y establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquier índole establecidas en México y que se vieran en conflicto con sus trabajadores, o con la sociedad en que actúan, si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación” La opinión pública nacional entendió de inmediato que la intervención a la cual había sido forzado el gobierno, se enderezaba a impedir —con la prontitud a que estaba obligado nuestro ordenamiento jurídico— que el sistema de derecho de la nación fuese desquiciado por la temeridad de los consorcios extranjeros
En su mensaje el jefe del Estado denuncia a continuación la tarea de deterioro de la economía mexicana desarrollada por los consorcios, con la intención de presionar delictuosamente al gobierno; ese leve propósito no se compadecía con la política conciliatoria del régimen en el problema suscitado por las empresas; en efecto, como lo expresó el presidente Cárdenas, “las compañías petroleras no obstante la actitud de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer a uno de los gerentes de las propias compañías, y que éste no negó, y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas”
Ante la declarada, abierta rebeldía de las empresas, el gobierno mexicano hubiera podido seguir, en la extrema situación en que había sido colocado, los procedimientos judiciales previstos en la ley procesal para casos ordinarios: los de ejecución de sentencia y los de embargo Era innegable que ninguno de los dos garantizaba a la nación, ante el descomunal e insólito reto de los trusts, su defensa integral, en inminente peligro de ser atropellada El presidente Cárdenas lo explica con exacta prolijidad en su mensaje:
“Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente caso, con seguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las compañías petroleras, pues la sustracción de fondos verificada por ellas con antelación al fallo del alto tribunal que las juzgó, impide que el procedimiento sea viable y eficaz; y por otra parte, el embargo sobre la producción o el de las propias instalaciones y aun el de los fondos petroleros implicaría minuciosas diligencias que alargarían una situación que por decoro debe resolverse desde luego, e implicaría también la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían las mismas empresas, seguramente para la marcha normal de la producción, para la colocación inmediata de ésta y para poder coexistir la parte afectada con la que indudablemente quedaría libre y en las propias manos de las empresas”
PROFUNDIDAD HISTORICA DE LA DECISION
De no haber procedido el estado con la rapidez y la firmeza con que lo hace la noche del 18 de marzo de 1938, las consecuencias de un retraso, o de una mínima vacilación acerca de la hondura y extensión de sus obligaciones, hubieran sido desastrosas: habríanse derrumbado las instituciones dentro del desplome global de la estructura histórica de la nación El gobierno conocía el objetivo de los colosos petroleros; sin estridencias ni demagogia, con la tranquila firmeza que otorga la convicción de cumplir con un deber ineludible, el jefe del Estado muestra a los mexicanos lo que habría de ocurrir de soslayar el gobierno su obligación de proteger la normalidad de la vida nacional “Y en esta situación de suyo delicada —expresa el presidente Cárdenas—, el poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustibles para las diversas actividades del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como las de transportes, o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría que ocasionar, en breve tiempo, una situación de crisis incompatible no sólo con nuestro progreso sino con la paz misma de la nación; paralizaría la vida bancaria; la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos; las obras públicas que son de interés general se harían poco menos que imposibles y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del estado, se perdería asimismo el poder político produciéndose el caos” No era otro el plan de los trusts
Las vías legales ordinarias previstas por nuestro sistema procesal para casos que no impliquen perturbación del orden público, resultaban inconvenientes si de veras se pretendía conjurar los azares con que amagó a la vida misma de la República esta situación excepcional; se trata de una emergencia que exige actuar de inmediato para evitarle a la nación daños irreparables El gobierno percibe con absoluta lucidez que está en juego la soberanía misma de México El presidente Cárdenas explica esa noche del 18 de marzo en qué constituye la ruptura de los petroleros con las leyes mexicanas:
“Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, no es simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige Es el interés público de los mexicanos y aun de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le impone autoridades del propio país”
LA UNICA VIA POSIBLE
Ante una situación como la expuesta no le queda al estado mexicano sino un camino, en buena hora previsto por nuestros legisladores: el consecuente procedimiento legal extraordinario de la expropiación por causa de utilidad pública El gobierno, con la serenidad que suele acompañar a la justicia, reconoce esa vía como la única posible, impuesta por las circunstancias El presidente de la República informa a sus compatriotas de los efectos que se hubieran podido derivar de la conjura, y recaba solidaridad y apoyo para la determinación que va a desvanecerlos:
“Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a explicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto, males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país Por las anteriores razones se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto al pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinación”
Analizados con fría objetividad legal, económica y social los hechos que configuraron la situación, se concluye que resultaba imprescindible aplicar a las compañías petroleras la Ley de Expropiación vigente; además, la conducta en México de los consorcios extranjeros dedicados a la explotación de nuestros hidrocarburos configura la triste historia de una oprobiosa cadena de abusos que va de fines del siglo pasado hasta 1938; también esos atropellos explican y justifican ante la opinión mexicana y la justicia internacional la decisión de nuestro gobierno En el manifiesto a la nación del presidente Cárdenas se recuentan, primero en términos generales, los privilegios y exacciones sobre los cuales han erigido las empresas su prosperidad “Para mayor justificación del acto que se anuncia —dice el jefe del Estado—, hagamos breve historia del proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos con que han desarrollado sus actividades Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo Esta afirmación es exagerada Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión ; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla Riqueza potencial de la nación; trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria del petróleo en México”
Para mostrar el comportamiento industrial de los trusts en México sería suficiente citar su política de refinación, que López Portillo y Weber expone en los siguientes términos:
“Al examinar las refinerías que en esa época fueron fundadas en México, observamos desde luego lo siguiente: la mayor parte se construyó en la misma costa del Golfo, teniendo en cuenta nada más la exportación Sólo cinco de las refinerías, construidas antes de 1938, lo fueron con miras no sólo a la exportación, sino también a abastecer el mercado nacional, y en ellas se llevaban a cabo operaciones de refinación primaria y secundaria Sólo tres de ellas disponían de equipo para la refinación desintegradora (cracking) Las construidas con propósitos de exportación, en su enorme mayoría, eran topping plants, evidentemente sólo destinadas a prevenir, en lo posible, accidentes peligrosos en las operaciones de carga, sobre todo en el nefasto e inseguro Puerto Lobos Las que llevaban a cabo verdaderas operaciones de refinación, pero sólo hasta concluir la secundaria, es claro que no fueron completadas con equipo de desintegración, porque se juzgó que su transporte marítimo hasta las plantas desintegradoras instaladas en los Estados Unidos, costaba lo bastante poco para hacer injustificadas tales erogaciones desde el punto de vista, en este caso comprensiblemente egoísta y utilitario, de las compañías”
Por su parte José Domingo Lavín presenta una síntesis exacta de la forma como trabajaban las compañías en nuestro país, luego de aclarar que “no guarda diferencia en sus resultados con los obtenidos en los Estados Unidos, en la época de llamada libertad”; escribe Lavín que “puede resumirse así: grandes desperdicios de petróleo y de gas Agotamiento prematuro de los yacimientos explotados sin aplicar las reglas técnicas para conservar las presiones que eviten la emulsificación del agua salada Incendios originados principalmente en los lugares de competencia Excesivo número de perforaciones cuando se descubren pozos en pequeñas propiedades, para disputarse desde límites artificiales de la superficie lo que muchas veces es fuente común en el subsuelo Desperdicio de capitales, que sólo dejaban en el país los salarios y los impuestos, porque todo el abastecimiento de equipo y materiales se hacía del exterior Volúmenes enormes de petróleo abandonados en presas de tierra Oleoductos tendidos para sacar la producción a los puertos, sin plan alguno y establecidos para una competencia absurda entre los dos colosos Invasiones de propiedad, sin respeto alguno y verdaderos robos de petróleo, sobre todo cuando se trataba de propiedades indígenas, de los que desgraciadamente nunca se ocupó el gobierno de México Incumplimiento de los contratos, y graves intentos de paralización del sistema judicial por el cohecho y el miedo”
INICUA SITUACION DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS
La respuesta de las compañías extranjeras durante todos los muchos años de usufructo de ese vasto repertorio de favores legislativos y gubernamentales, ha sido de una mezquindad que se refleja en el trato a sus trabajadores mexicanos; inequidades que han tratado en vano de remediar los tribunales nacionales al refrendar los derechos exigidos en el contrato colectivo presentado el año anterior por el sindicato a la consideración de las compañías Rechazo en flagrante violación de las fracciones XII, XIII y XV del artículo 123 de la Constitución, que establecen, respectivamente: “En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas”, (fracción XII); “Además en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar”, (fracción XIII); y “El patrón estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte para la salud y la vida de los trabajadores la mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes” (fracción XV)
Las condiciones de trabajo a que están tradicionalmente sometidos los trabajadores mexicanos al servicio de las compañías petroleras difícilmente pueden llegar a ser más inicuas, por infrahumanas, en un país libre, democrático y soberano; tampoco más irritantes habida cuenta de la comunidad de que disfrutan, a su lado, los trabajadores extranjeros por la única razón de ostentar la misma nacionalidad que arropa el sentido patronal de superioridad
También López Portillo y Weber pinta con realismo los efectos sociales de la política colonialista de los trusts; relata el ingeniero que solía recorrer las zonas sometidas al influjo de las compañías: “Tampico había sido hasta 1909 un tranquilo y soñoliento pueblo de tierra caliente, cuyas blancas casitas, cubiertas con tejados rojos de dos aguas en violento declive, se erguían en las márgenes del Pánuco en las crestas de una minúscula cadena de colonitas A principios del siglo contaba con una población de unos 10 mil pacíficos habitantes Pero el descubrimiento del petróleo en la Huasteca, región cuya única comunicación con el exterior tenía que hacerse a través de Tampico, provocó en diez años tal afluencia de aventureros que la población del puerto saltó a 60,000, de los cuales las cinco sextas partes se formaban con hombres venidos de todos los rincones de la Tierra En Tampico podían encontrarse hasta tampiqueños Entre estos 60,000 podría haber 40,000 hombres y 10,000 mujeres No era imposible hallar entre ellas algunas honradas El complemento eran los niños”
Refuerza el testimonio anterior José Domingo Lavín con las siguientes palabras: “Los trabajadores que se traían de San Luis, padecían inmediatamente por los ataques palúdicos y morían en gran cantidad, pero siempre había modo de reponerlos, pues desde 1913 hasta 1935 era notable en toda la República la falta de fuentes de trabajo En la práctica muy poca o ninguna era la intervención de las autoridades, y es bien sabido la enorme cantidad de centros de vicio que se toleraban en las pequeñas poblaciones, en los campos y en el mismo puerto de Tampico, donde rápidamente se succionaba a todos los trabajadores y empleados del petróleo los salarios y sueldos que ganaban”
En muchos casos los petroleros ponen en actividad una paraestatal y propia formación represiva para ahogar el descontento de los trabajadores nativos: las “guardias blancas” cometen inumerables delitos en las áreas de los pozos y en las refinerías, en los campamentos y hasta en los poblados vecinos, cebándose en los mexicanos que osan poner en duda el derecho que de antiguo se han abrogado los empresarios extranjeros de aplicar un atroz sistema de terror en flagrante menosprecio de la ley mexicana y con absoluta impunidad Ese 18 de marzo el presidente Cárdenas se lo recuerda a la nación con objetividad y mesura inspiradas en el deseo de no exacerbar los ánimos, de suyo exaltados:
“Examinemos la obra social de las empresas ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento y saneamiento de agua, o un campo deportivo o una planta de luz, aunque fuese a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en beneficio de las empresas ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero; mediocridad e insalubridad para los nacionales Refrigeración y protección contra insectos para los primeros; indiferencia y abandono, médico y medicinas siempre regateados para los segundos; salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros”
SI HAN TENIDO DINERO PARA LA REBELION
El inventario de los abusos y atropellos perpetrados por las grandes empresas trasnacionales del petróleo, su indiferencia y desdén por la salud y la vida de los mexicanos y por el bienestar del país en donde desarrollan sus lucrativas actividades industriales, no queda reducido a lo arriba esbozado por el presidente Cárdenas en su mencionada alocución por la radio Es de público conocimiento en 1938 cómo, cuándo y contra quién y quiénes habían intervenido las compañías, con ofensivo desenfado, en las cuestiones políticas internas del país El jefe del Estado lo recuerda el 18 de marzo:
“Otra contingencia forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales, y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida intervención de las empresas en la política nacional Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas fuertes fracciones rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana y en el istmo de Tehuantepec, durante los años de 1917 a 1920, contra el gobierno constituido Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas posteriores a la que señalamos y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos ambiciones de descontento contra el régimen del país cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas Han tenido dinero, armas y municiones para la rebelión Dinero para la prensa antipatriótica que las defiende Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas; ni voluntad para reconocer una responsabilidad que una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo los escuda contra la dignidad y la soberanía de una nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos recursos naturales y que no pueden obtener, mediante medidas legales, la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones”
INELUDIBLE, UNA MEDIDA DEFINITIVA Y LEGAL
La Revolución Mexicana vuelve a hacerse intérprete de la nación en un momento crucial de nuestra historia Han buscado los consorcios poner en entredicho, esta vez con características de suma e inminente gravedad, la soberanía patria; el derecho a la autodeterminación nacional; los cimientos mismos en que está llamado a fincarse el progreso presente y futuro del país El amago proviene de fuerzas foráneas arrolladoras, dispuestas a llegar a los extremos que les indique su conveniencia de mantener incólume un estatuto colonial de privilegios insolentes y utilidades desmesuradas Los consorcios petroleros han demostrado ya, hasta la saciedad, que nada les importa pasar por encima de nuestras leyes en la protección de sus ventajas, rudamente enfrentadas a la conveniencia pública y el interés social mexicanos Se pretendió imponerle al estado la claudicación total de sus facultades y deberes; así lo define el presidente de la República al decir: “Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en que el país se debate, sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ellas no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busca elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos”
Para asegurar la eficacia de la trascendental providencia en ese momento crítico, el jefe del Ejecutivo solicita de nuevo la solidaridad de todos los mexicanos, y anuncia que se han tomado y se tomarán las medidas conducentes a proteger la normalidad de las actividades del país, íntimamente dependientes del oportuno y suficiente suministro de energéticos El compromiso de salir avantes es conjunto de pueblo y gobierno; así lo entiende el mexicano del campo, de las fábricas, de las aulas, de la calle, sin ninguna distinción de edad, sexo y condición La respuesta nacional es inmediata y caudalosa al llamamiento que hace el presidente Cárdenas en los siguientes términos, parcos y convincentes:
“Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable El gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República, y para ello, sólo pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio gobierno tuviere que dictar”
Se produce un plebiscito arrollador y permanente de respaldo a la expropiación petrolera El país está en pie