Consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Castillo advierte que existen condiciones que podrían poner en duda la legitimidad y confiabilidad del proceso electoral que culminará en 2027. En contraste con la mayoría de consejeros dentro del INE, para quienes todo está listo, Castillo denuncia trampas de partidos que burlan sus propias leyes, recortes presupuestales y una falta de acción firme del organismo electoral. Alerta que esta situación podría deslegitimar al INE y abrir la puerta a una reforma profunda que ponga en riesgo su autonomía.
En disonancia con las voces mayoritarias en el Instituto Nacional Electoral (INE), que sostienen que el organismo está “listo” para organizar el proceso que incluye la elección del próximo 6 de junio de 2027 para renovar más 21 mil cargos –incluyendo 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas–, el consejero Arturo Castillo Loza considera que todas las condiciones están reunidas para que se cuestionen “la legitimidad o la confiabilidad de la elección”.
De acuerdo con el consejero, los partidos políticos, la Cámara de Diputados y el propio INE han evidenciado su “irresponsabilidad” en reiteradas ocasiones y han configurado un “escenario perfecto para una elección cuestionada”: los partidos hacen trampas y burlan sus propias leyes, los legisladores obligan al INE a asumir más responsabilidades, pero le quitan recursos; mientras el INE, controlado por su presidenta Guadalupe Taddei Zavala, ha preferido “claudicar” en lugar de asumir su rol de árbitro del juego electoral.
A dos meses de la final del Mundial de Futbol, y en una larga entrevista con
Proceso, Arturo Castillo utiliza una metáfora pambolera para explicar la situación que atraviesa el país en materia electoral:
“Es como estar viendo un partido donde los jugadores hacen trampas y nadie marca los fuera de lugar ni las faltas. ¿El que ganó realmente ganó? Ésa sería la duda”.
El riesgo, abunda, no se limita en que se cuestionen los resultados de la elección de 2027, sino que permee la idea que el INE ya no puede organizar elecciones confiables, lo cual llevaría a “abrir la puerta a una reforma del INE desde sus cimientos, que podría incluso cuestionar su naturaleza autónoma, los mecanismos de nombramientos o sus atribuciones, es decir, el modelo entero”.
En la sesión del Consejo General del 10 de septiembre último, que marcó el arranque del proceso electoral, Arturo Castillo lanzó fuertes advertencias sobre el rumbo peligroso al que se encaminan las elecciones. “Generé ruido y ésa era la intención, porque creo que son riesgos reales y porque creo que todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo”, dice el consejero, quien observa que “fue notorio el desacuerdo por parte de la presidenta Taddei” hacia su intervención.
Un par de horas antes de su intervención, Taddei protagonizó la ceremonia de inauguración del proceso electoral en la explanada del INE. El acto, muy protocolar, causó extrañamiento entre los observadores debido a la presencia de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien se sentó en la primera fila de invitados en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Detractores del INE y voces de la oposición denunciaron un gesto que, según ellos, refleja la cercanía de Taddei con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
“No creo que sea una invitación a que la Segob controle las elecciones”, opina Castillo, quien inmediatamente agrega:
“Sin embargo, creo que hubo unos errores: primero, ¿por qué la pusieron en primera fila y a los representantes de los demás poderes atrás? Y segundo, quizá faltó tacto político en un país como el nuestro, donde la intervención histórica del Ejecutivo federal y del PRI en las elecciones ha sido tan cuestionada”.
¿Cuáles son las trampas de Morena?
Entre los focos rojos del proceso entrante, el consejero apunta a las campañas adelantadas, una práctica que Morena inauguró en 2023, bajo el impulso del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien puso a competir a los seis aspirantes a la candidatura presidencial –las “corcholatas”– meses antes del inicio formal del periodo de precampaña.
En aquel entonces el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no frenaron las campañas adelantadas, y después de ver que sus impugnaciones eran bateadas, los partidos de oposición imitaron a Morena y organizaron sus propios procesos internos adelantados para designar a su candidata presidencial. Con este precedente, varios políticos de Morena –incluyendo a Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de López Obrador– lanzaron campañas anticipadas meses antes del arranque formal del proceso electoral, y aspirantes a cargos de elección popular de la oposición hicieron lo propio.
“Desde finales de marzo advertí que varios partidos políticos estaban haciendo procesos políticos anticipados y que era necesario emitir lineamientos para vigilarlos de cerca y fiscalizarlos de manera anticipada, porque si se acreditaran actos anticipados de campaña, los recursos utilizados en ellos tendrían que contabilizarse en los topes de gastos de campaña”, dice Castillo.
En el Consejo General, Castillo propuso lineamientos para regular esta práctica y que el INE pudiera fiscalizar los recursos erogados en las actividades adelantadas, pero la mayoría del Consejo General bateó sus iniciativas. “Casi todos los partidos guardaron silencio ante la inacción del árbitro”, deplora el consejero, quien denuncia que “en los seis meses que transcurrieron ya claudicamos a vigilar de manera adecuada y eficaz el cumplimiento de la normativa en lo que respecta a los tiempos electorales”.
El consejero también señala que, a raíz de una reforma impulsada por el PRI en 2013, el INE tiene la obligación de vigilar que los actores políticos no se ataquen con calumnias, una práctica a la que los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, han recurrido constantemente en el clima de polarización que impera en la discusión pública. La ley llevó al organismo electoral a analizar –y a veces castigar– el lenguaje utilizado en las campañas, lo que abrió la puerta a una lluvia de críticas, pues sus detractores lo acusan de ser un organismo de censura, mermando su credibilidad.
El caso reciente más sonado vino de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, partido que impulsó la reforma de 2013: a raíz de una medida cautelar del INE que le ordenó bajar spots donde tachaba a Morena de “narcopartido” y “narcogobierno”, el político campechano acusó al INE de censura, e incluso viajó a Estados Unidos a intentar un procedimiento contra los tres consejeros del INE que aprobaron la resolución.
Castillo rechaza la acusación contra el INE, pues recuerda que Morena denunció a la senadora panista Lilly Téllez por las mismas declaraciones de “narcopartido”, pero el árbitro electoral no la sancionó porque las expresó desde la tribuna del Congreso, donde goza de inmunidad parlamentaria. “Alejandro Moreno hizo sus manifestaciones en un contexto completamente ajeno al debate parlamentario”, añade.
Aparte de las trampas de los partidos durante las campañas, Arturo Castillo anticipa un nuevo conflicto poselectoral, derivado de la sobrerrepresentación legislativa, es decir, del juego que se dará con el reparto de las diputaciones plurinominales, el cual permite al partido dominante, mediante sus alianzas con partidos más pequeños, conseguir un número de legisladores mucho mayor a la proporción de votos que obtuvo, y que Morena llevó a su punto extremo en 2024, cuando acaparó 74.6% de curules pese a haber ganado 54% de votos.
“La sobrerrepresentación legislativa está prevista en la Constitución desde 1997 y todos los partidos políticos que han tenido mayoría en el Congreso desde esa fecha y hasta hoy han mantenido la sobrerrepresentación legislativa, que es una fuente de conflicto político poselectoral, porque privilegia fuertemente al partido que tiene mayoría y castiga muy fuerte a los partidos minoritarios”, dice.
Castillo denuncia que el Congreso de la Unión aumentó de manera sustancial el número de responsabilidades del INE y al mismo tiempo le impuso recortes sustanciales a su presupuesto, incluyendo el recorte de 40% de recursos para 2025, año de las elecciones judiciales. “Ante la falta de presupuesto tuvimos que instalar la mitad de las casillas, contratar a la mitad de los supervisores y capacitadores, funcionarios de mesa”, recuerda.
De hecho, el INE arrastra, en el proceso electoral entrante, el descrédito de la elección judicial de 2025, cuya tasa de participación alcanzó menos de 13% y estuvo manchada por el reparto de “acordeones”, atribuidos a partidos –especialmente Morena– que indicaban por cuales candidatos votar. En aquel entonces Castillo formó parte del grupo de consejeros que determinó declarar la invalidez de la elección por culpa de los acordeones, pero su iniciativa fue tumbada por el grupo de consejeros encabezado por Guadalupe Taddei.
El INE de Taddei
–Hay señalamientos de que el grupo de Guadalupe Taddei favorece a Morena y al oficialismo. ¿Lo ve así? –se le pregunta a Castillo.
–Lo plantearé de otra forma: especular sobre si son personas que responden o no a Morena es muy delicado y uno tendría que poder probarlo, y esto podría ser complejo. Yo creo que hay una diferencia sustancial en la visión que tenemos sobre el papel que debe tener la institución”, revira.
Y abunda: “Hay consejeros como Martín Faz, Carla Humphrey, en la gran mayoría de los casos, o yo, quienes creemos que la función del árbitro es incomodar y aplicar la norma, le duela a quien le duela. Y me da la impresión de que la visión de algunos de mis colegas está encaminada a que la función del árbitro es simplemente poner la cancha para dejar que los partidos jueguen sin ningún tipo de arbitraje. Y esto es algo que no comparto”.
El equilibrio de fuerzas al interior del Consejo General del INE cambió en marzo último, con la salida de Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera –quienes exhortaron al INE a “seguir resistiendo” contra los embates del poder–, y la entrada de Arturo Chávez, Frida Gómez y Blanca Cruz, quienes habían sido designados por la mayoría legislativa de Morena, en acuerdo con sus aliados del PVEM y del PT.
En la conformación anterior Taddei solía empujar posicionamientos afines al oficialismo, que eran rechazados por la mayoría; al contrario, el bloque disidente solía aprobar acuerdos que eran criticados por Taddei y los representantes del oficialismo. En estos casos los acuerdos eran impugnados –a menudo por Morena– y la Sala Superior del TEPJF los desechaba.
A raíz del cambio en el Consejo General, Guadalupe Taddei pasó a controlar a siete de los 11 votos, lo que le dio el control de los acuerdos que se aprueban en el organismo. Esta mayoría se sumó a las nuevas facultades que Morena otorgó a Taddei en la reforma judicial, que le permite nombrar a los titulares de las áreas estratégicas sin consultar al Consejo General, y refuerza el rol de la Junta General Ejecutiva, que ella controla.
Desde el año pasado Taddei nombró de manera unilateral a 12 personas en cargos clave del INE –incluyendo uno que no tenía el perfil para ello– y se han reportado al menos 836 despidos disfrazados de renuncias. El 9 de septiembre último, en vísperas del arranque del proceso electoral, Claudia Arlett Espino renunció de manera sorpresiva a la Secretaría Ejecutiva del INE –el segundo cargo más importante de la institución– por “motivos de salud”. Horas más tarde Guadalupe Taddei nombró como encargado de despacho a Roberto Félix Gómez, un colaborador suyo desde hace más de 12 años.
“El hecho de que la secretaria ejecutiva haya renunciado antes del inicio del proceso electoral es naturalmente criticable, es delicado, genera suspicacias, dudas y sensación de inestabilidad. La designación de Roberto Félix puede ser una buena salida inmediata, pero me hubiera gustado que Guadalupe Taddei lo discutiera en el colegiado y no lo hizo. Pero vaya, la colegialidad prácticamente ya no existe”, comenta Castillo.
“Desconozco cuál fue la intencionalidad, pero conozco los argumentos que plantearon en la mesa, y en mi opinión, son argumentos no sostenibles”, dice Castillo. En el tema de las boletas planchadas, por ejemplo, “decían que la ley no regula expresamente una boleta planchada como un supuesto de nulidad del voto, pero la ley dice que el ciudadano debe introducir la boleta en la urna, y que los únicos votos que se computan son aquellos extraídos de la urna”.
“Una boleta planchada no puede entrar en la urna, por lo que no tiene más opción que haber sido emitida fuera de procedimiento, y por tanto inválida, entonces no se explica la propuesta que hicieron”.
Sin embargo, lo “más grave”, según Castillo, no es el disenso con la presidenta y sus colegas, sino “una nueva realidad interna en que se nos está bloqueando la información”.
Cuenta dos anécdotas recientes, que “jamás se habían visto en la historia de la institución”, en que la Secretaría Ejecutiva no le respondió solicitudes de información, y en que la directora jurídica le negó expresamente el acceso a un expediente.
En este caso, Castillo y los demás consejeros necesitaban consultar el caso de supuestas denuncias laborales presentadas contra Elizabeth Guadalupe Vega Chávez, quien era propuesta para presidir el instituto electoral de Michoacán, pero como la dirección jurídica les rechazó la consulta, votaron en contra, pues aseveraron que, sin la información, les era imposible determinar el sentido de su voto.
