domingo 15 de noviembre de 2026

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Durante la Guerra Cristera el 12º Batallón ocupó un templo en Valle de Juárez, Jalisco, y robó ornamentos eclesiásticos. Se generó un conflicto entre la justicia civil y militar sobre quién debía juzgar el delito. En 1928 la SCJN determinó que el fuero militar no aplicaba, pues los objetos eran propiedad de la nación y el robo no fue un acto de servicio. Este precedente anticipó la limitación del fuero militar en casos de derechos humanos, confirmada décadas después con el caso Radilla Pacheco y la reforma de 2014.

El abuso de militares durante la ocupación de templos católicos por parte del Ejército durante la Guerra Cristera obligó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a determinar qué autoridad era la competente para conocer de los delitos cometidos por los militares dentro de dichos inmuebles.
Hace cien años, el 1 de agosto de 1926, México despertó con la noticia de que miles de templos católicos cerraban sus puertas por decisión del Episcopado Mexicano como protesta pacífica frente a las reformas penales impulsadas por el gobierno del entonces presidente Plutarco Elías Calles.
Las reformas, conocidas como la “Ley Calles”, se trataron de modificaciones al Código Penal Federal que sancionaban drásticamente a ministros de culto y obligaron al registro de sacerdotes ante el gobierno.
Pese a que todo se inició con esa protesta pacífica, el conflicto escaló al punto en que campesinos, rancheros y civiles armados se levantaron en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Durango, Nayarit y Zacatecas para iniciar una guerra civil bajo el lema “Viva Cristo Rey”, que duró tres años y marcó la relación del Estado con la Iglesia católica en el país.
En las postrimerías del conflicto armado llegó a la Corte un caso por delitos cometidos por los militares encargados de reprimir a quienes se oponían a la Ley Calles.
El expediente se abrió por un conflicto competencial entre un juez numerario de Distrito y el juez instructor Militar de Guadalajara, general brigadier Teodoro Cruz.
De acuerdo con el expediente consultado por Proceso, en Valle de Juárez, Jalisco, el 22 de noviembre de 1927, el 12º Batallón de Línea del Ejército decidió ocupar “accidentalmente” el templo del municipio para utilizarlo como fortaleza militar. El Ejército argumentó que las necesidades tácticas del momento así lo ameritaban, pues necesitaba un lugar de defensa y alojamiento para los soldados desplegados para combatir a los “rebeldes”.
Días después, la mañana del 26 de diciembre de 1927, cerca de las 10:00 horas, el jefe de dicho Batallón exigió a los integrantes de la Junta Vecinal del municipio las llaves de los anexos del templo, donde tenían guardados diversos ornamentos eclesiásticos y objetos de culto.
Luego de la ocupación militar, los integrantes de la Junta Vecinal entraron a revisar el lugar y encontraron que los objetos que estaban resguardando habían sido robados, por lo que acudieron a la Oficina Federal de Hacienda de Sayula a denunciar el robo y entregaron un inventario detallado de lo que había en el anexo y que desapareció.

Bienes de la nación

Aunque los objetos eran destinados al servicio religioso, las autoridades los consideraron propiedad de la nación.
Por ello, el Ministerio Público federal, adscrito a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), afirmó que no era competente para continuar con la averiguación, sino que debía ser un Ministerio Público militar y, por tanto, un juez del fuero militar quien resolviera el caso.
Sin embargo, el Ministerio Público militar de Guadalajara dijo que tampoco era competente porque los integrantes del 12º Batallón en Línea no habían cometido pillaje, porque no se apoderaron de cosas pertenecientes a particulares valiéndose de su posición como integrantes de las Fuerzas Armadas o del temor causado por la guerra, sino que los bienes pertenecían al templo y, por tanto, eran propiedad de la Federación.
Ante eso, el 26 de marzo de 1928 la PGR envió el caso a la Corte para que los ministros decidieran qué autoridad era la competente.
“El presente caso se trata del delito de robo de objetos pertenecientes a la Nación, por cuanto que se encontraban en las anexidades del templo de Valle de Juárez, Jalisco, apareciendo como presuntos responsables los componentes del 12 Batallón de Línea del Ejército Nacional, que estuvo accidentalmente establecido en aquel lugar, por cuanto a que el día 22 de diciembre del año próximo pasado penetraron a dichos departamentos y tomando en consideración que el delito aparece cometido en los momentos de estar ejerciendo sus funciones aquella corporación militar, en actos propios del servicio, toda vez que el templo y los anexos mencionados venían servir de fortaleza a las tropas de que se trata, por encontrarse en estado de guerra esta entidad federativa, donde actualmente existe un movimiento rebelde en contra del Gobierno de la República (…) es evidente que se trata de un delito que tiene exacta conexión con la disciplina militar”, indicó el Ministerio Público federal.
Es decir, la PGR afirmó que el robo cometido al templo por parte de los militares se trató de un delito de guerra.
“El caso no se trata de un delito de pillaje, por cuanto que el apoderamiento fue de objetos pertenecientes a la Nación y no a particulares, en consecuencia, no puede servir de fundamento el artículo 304 de la Ley Penal Militar para fijar la competencia en los tribunales de este fuero (…) ningún dato autoriza para afirmar que se realizó cuando el jefe del 12 Batallón y los soldados que lo componen estuviesen en actos propios del servicio y porque para los efectos del citado inciso C no pueden confundirse los actos del servicio con el hecho de estar los militares en campaña”, resolvió la Corte por unanimidad de 10 votos.
“El simple hecho de que los militares se encuentren en campaña no autoriza para afirmar que todos los delitos que cometan distintos de los señalados en la Ley Militar estén sujetos al fuero de guerra”.

Pero la Corte determinó que la competencia era del juez numerario de Distrito y, por tanto, la investigación correspondía al Ministerio Público federal, pues consideró que los objetos robados eran propiedad de la nación, lo que eliminaba el fuero militar.

Añadió que para que sea competencia de un tribunal militar, el delito debía tener como consecuencia inmediata un tumulto o desorden en la tropa implicada o se interrumpa o perjudique el servicio militar, pero que, en el caso del robo al templo, no ocurrió nada de eso.
“El caso se trata simplemente de un delito de robo del que deben conocer las autoridades federales por recaer sobre objetos pertenecientes a la Federación”, apuntó en su resolución dictada el 27 de agosto de 1928.

Pero la Corte determinó que la competencia era del juez numerario de Distrito y, por tanto, la investigación correspondía al Ministerio Público federal, pues consideró que los objetos robados eran propiedad de la nación, lo que eliminaba el fuero militar.

Éste fue el punto más alto del conflicto, por lo que el embajador de Estados Unidos en México, Dwight W. Morrow, impulsó una serie de negociaciones entre la jerarquía católica y el gobierno de Emilio Portes Gil.
El 21 de junio de 1929 ambas partes pactaron reabrir los templos y reanudar el culto público. A cambio, la Iglesia exhortó a los combatientes a dejar las armas.
Aunque no hubo reformas a la Constitución ni se derogó la Ley Calles, el gobierno aceptó aplicarlas con mayor flexibilidad.
La guerra dejó decenas de miles de muertos entre militares y civiles, desplazados y crisis económicas en zonas agrícolas del país, pues se trató del conflicto interno más sangriento después de la Revolución mexicana.

Reforma en favor de los derechos humanos

Después de la Guerra Cristera los edificios y templos católicos, así como los bienes dentro de los mismos pertenecieron al Estado mexicano y están bajo la protección del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el Congreso realizó una reforma para determinar que los objetos adquiridos luego de dicho año pertenecen a las asociaciones religiosas correspondientes.
En esa misma década, el fuero militar formó parte del debate público internacional luego de que el Relator contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por el hecho de que el personal militar parecía gozar de cierta inmunidad frente a la justicia civil.
Pero fue hasta noviembre de 2009 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió la sentencia en el caso de la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla Pacheco que causó que, 82 años después del conflicto competencial por el robo de ornamentos eclesiásticos durante la Guerra Cristera, la SCJN se planteó nuevamente los alcances del fuero militar y la competencia de juzgadores castrenses y del fuero común.
En noviembre de 2011, derivado del caso Radilla, la Corte determinó que el fuero militar no podía operar, en ninguna circunstancia, frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, lo que quedó plasmado también en la reforma al Código Penal Militar de 2014.