domingo 15 de noviembre de 2026

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En la Ciudad de México se ha creado un amplio mercado ilegal de bienes inmuebles con información filtrada desde las oficinas de gobierno. Localizan propiedades vulnerables y recurren a la fuerza, documentos apócrifos y juicios simulados para apoderarse de ellas. De acuerdo con el SESNSP, entre enero y julio de 2026 se denunciaron dos mil 323 despojos en la capital del país –casi 11 al día–, sólo detrás del Estado de México. Expertos como Rodrigo Peña exponen que el caldo de cultivo es la crisis de vivienda y la especulación. La FGJCDMX prometió nuevas agencias, pero aún no tienen fecha ni presupuesto.

En la Ciudad de México las llamadas “mafias del despojo” han convertido la vivienda en un negocio sostenido por la especulación, corrupción e impunidad: localizan inmuebles, identifican a propietarios u ocupantes vulnerables y recurren a la fuerza, documentos apócrifos y procedimientos judiciales para apoderarse de ellos. El fenómeno opera en medio de una crisis de acceso a la vivienda y sobre un universo de propiedades sin certeza jurídica que el Gobierno capitalino no ha dimensionado.
Como una especie de caja de Pandora, la mediatización, en junio de 2026, del caso de despojo en un inmueble de la calle Cerrada de Matías Romero 18, en la colonia Del Valle Centro, de la alcaldía Benito Juárez, colocó el despojo en el centro de la agenda pública y abrió paso a decenas de denuncias que hasta entonces permanecían aisladas.
Conforme las víctimas y vecinos expusieron sus expedientes, la dimensión del delito se amplió: a las ocupaciones por la fuerza se sumaron señalamientos sobre inmuebles vigilados, documentos apócrifos, actos jurídicos simulados, juicios y la posible intervención de notarías, actuarios, mediadores y trabajadores registrales.
Los casos que alcanzaron exposición pública representan solo una parte del fenómeno. Entre ellos, Proceso encontró y documentó dos que ilustran cómo un arrendador casi fue despojado por la fuerza de su departamento en renta en la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc; mientras que, en la colonia Anáhuac, de Miguel Hidalgo, otro propietario fue víctima de un fraude mediante contratos hechizos y notarías fantasmas.
De acuerdo con el Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), correspondiente a enero-julio de 2026, la Ciudad de México registró dos mil 323 presuntos delitos de despojo: un promedio de 332 al mes y casi 11 al día.
La capital ocupa el segundo lugar nacional, sólo detrás del Estado de México, que acumuló dos mil 841. Juntas, ambas entidades concentraron cinco mil 164 registros, equivalentes a 30% del total del país.
“Lo que está enfrentando ahora la ciudad no sólo es que hay delitos de despojo, sino que esto se está dando ya en un contexto de crimen organizado, de mafias inmobiliarias organizadas, de la misma manera en la que existe el delito de homicidio”, explica Carla Escoffié en entrevista con Proceso, especialista en derecho a la vivienda.
La autora del libro País sin techo agregó: “Hay que entenderlo como algo sistemático que, por un lado, implica la participación de varias personas organizadas para cometerlos con fines muy claros. Y, por otro lado, toda una serie de factores institucionales, legales y políticos que permiten que estén operando con impunidad”.
Para ella, las llamadas mafias inmobiliarias no responden a un modelo único ni tienen una dimensión fija. Algunas pueden estar integradas por cinco personas que se organizan con la complicidad de funcionarios de bajo nivel, como actuarios judiciales, trabajadores de notarías o empleados del Registro Público de la Propiedad; otras pueden reunir a decenas de operadores e involucrar a políticos de alto nivel. Su capacidad no depende únicamente de quienes ejecutan la ocupación, sino del acceso a información, documentos y procedimientos que pueden dar apariencia de legalidad a la apropiación del inmueble.
“Lo que sí podemos encontrar como patrones comunes es que la forma de operar deja en claro que tenían muy bien mapeado el inmueble y a las personas, el perfil de las personas que los ocupaban, porque vemos que hay patrones que se repiten en cuanto a las víctimas, en su mayoría adultos mayores, personas que pertenecen a un grupo históricamente excluido, justamente porque se le ve como personas más vulnerables y que van a tener menos posibilidades de ser defendidas o de defenderse por sí mismas”, expone la especialista.
Rodrigo Peña, experto en seguridad y director regional del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, detalla que las redes criminales no producen la crisis de vivienda, pero pueden capitalizarla.
La falta de acceso, las oportunidades limitadas, la ausencia de regulación del uso del suelo y su concentración crean un mercado en el que tomar el control de una propiedad puede generar ganancias: “¿Por qué es rentable la generación de redes que miran estos despojos? Porque hay una crisis gigantesca de falta de acceso a vivienda”.
Peña distingue entre las ocupaciones que pueden tener una finalidad de habitación o usufructo y los casos de colonias como la Del Valle, así como de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde el valor de los inmuebles introduce un interés económico más claro. En esos territorios la lógica del despojo es la del negocio y por ello requiere articulaciones más complejas.
El fenómeno se sostiene, según Escoffié, sobre tres condiciones que se alimentan entre sí:

“El caldo de cultivo acá es especulación inmobiliaria, corrupción e impunidad. Esos tres elementos son los que generan que germinen estas mafias inmobiliarias. Y, por supuesto, cuando hablamos de esta especulación estamos hablando de uno de los elementos que se dan en esta crisis de vivienda”.
Esa combinación permite que el despojo avance por vías distintas mediante diferentes modus operandi.

Colonia Roma: invasión y cambio de chapas

Javier González, abogado especializado en propiedad inmobiliaria en el despacho Bravo Manzo Abogados, identifica dos modalidades del delito en la capital mexicana. La primera es directa: grupos que ingresan por la fuerza, desplazan a los habitantes o aprovechan que el inmueble permanece vacío para tomar posesión. Cambian las cerraduras, retiran las pertenencias y comienzan a introducir otros objetos para establecerse en el espacio.
Una mujer, que solicitó que se reserve su identidad, comparte en esta revista que a finales de julio último fue víctima de esta modalidad en el departamento que rentaba en la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc.
Había viajado a Amecameca, Estado de México, para visitar a su madre cuando recibió una llamada del arrendador, quien también era su vecino: quería saber por qué había cambiado las chapas y modificado el acceso sin avisarle.
Ella no había cambiado nada. Mientras estaba fuera, un grupo de hombres ocupó la vivienda. Perdió una parte importante de sus pertenencias, incluyendo toda su ropa y artículos personales.
El arrendador solicitó la intervención de la policía, pero le indicaron que debía presentar una denuncia; entonces recordó que podía ingresar al inmueble invadido saltándose desde su propio departamento. Al entrar encontró las cámaras de seguridad desmontadas, ropa “como para niños” y productos de limpieza.
Los ocupantes regresaron cuando todavía se encontraba dentro. Al verlo, hicieron una llamada y el arrendador alcanzó a escuchar: “No es que no lo dejemos entrar, ya está adentro”. Después se retiraron antes de la llegada de las autoridades.
Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), pero al cierre de esta publicación la mujer y el propietario no habían recibido una resolución. Ambos calificaron la actuación institucional como “insuficiente”.

En la Anáhuac: contratos hechizos y notarías fantasma

La segunda modalidad descrita por González no requiere derribar una puerta. Comienza con la identificación de inmuebles sin mantenimiento, aparentemente abandonados, intestados o habitados por personas vulnerables. Después, los delincuentes consultan los antecedentes en el Registro Público de la Propiedad para conocer quién aparece como titular y desde cuándo se encuentra inscrito.
“Ya el Registro tuvo su participación en otorgar esta información que es pública, o sea, ahí no hay nada ilegal (…) aquí entra un notario, no vamos a decir nombres, pero bueno, acudes y le dices, sabes qué, quiero que me hagas un contrato de compraventa, en donde, pues, el señor que aparece como titular registral me haya vendido hace más de cinco años”, dice el litigante para reconstruir el modus operandi.
El documento puede convertirse en la base de una demanda; el juicio, en una sentencia, y la sentencia, en una orden de lanzamiento.
En el número 8 de la calle Lago Hielmar, de la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el riesgo de perder la vivienda llegó bajo esa forma: inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
Erick Moreno y Luis Sánchez, abogados del despacho Sánchez Jasso y Abogados, representan a Víctor Ambriz Meza, un médico adulto mayor que ha vivido durante más de 40 años en el inmueble.
De acuerdo con la relatoría de ambos, Ambriz llegó de Jalisco a la ciudad para estudiar medicina y conoció al titular de la propiedad, quien le permitió vivir ahí a cambio de cuidarla. Años después, el hombre le cedió el inmueble como pago de una camioneta nueva y le entregó “un documento firmado”.
Ambriz formó ahí a su familia, se hizo cargo por completo de la vivienda, pagó los servicios y abrió su consultorio, pero nunca regularizó la propiedad. Moreno atribuye la falta del trámite a la carencia de recursos económicos para realizar los trámites, pues la burocracia para obtener seguridad jurídica implica costos de alrededor de 7% del valor total del inmueble.
El conflicto salió a la luz en 2024, cuando sus abogados revisaron los antecedentes del inmueble en el Registro Público de la Propiedad. En el folio encontraron inscrita una sentencia favorable a José Ricardo Macías Albor, resultado de un juicio del que, según la defensa, Ambriz nunca fue notificado.
El médico enfrentaba además otra dificultad: el titular registral que, según los litigantes, le había cedido la propiedad se encuentra desaparecido desde 1974.
La sentencia colocó al hombre ante la posibilidad de perder la casa en la que había vivido y trabajado durante más de cuatro décadas. Sus representantes promovieron un amparo y obtuvieron una suspensión después de cubrir una garantía de 100 mil pesos. La medida ha impedido el lanzamiento, pero no ha resuelto de manera definitiva la propiedad.
Moreno y Sánchez aseguran que al investigar a Macías Albor encontraron su nombre en más de 50 juicios promovidos contra distintas personas para disputarles la posesión de inmuebles. No es la única controversia: también está vinculado con la disputa legal por la propiedad y los derechos de marca de la taquería El Borrego Viudo.
Los abogados dedujeron que su forma de operar consiste en identificar propiedades, indagar entre los vecinos quién las habita y elaborar contratos de compraventa que califican como “hechizos”. Después, los documentos son certificados en notarías que ya no existen y utilizados como base para promover las demandas.
En el juicio por el inmueble de Lago Hielmar, Macías Albor presentó como prueba un contrato de compraventa certificado el 22 de octubre de 2018 en la Notaría Pública número 2 de Tula de Allende, Hidalgo, entonces a cargo de César Vieyra Salgado, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado y exalcalde de Tula.
“Si te pones a investigar sobre esa notaría, que no existe desde 2022-2021, quitaron la patente; obviamente es un documento apócrifo”, expone Moreno.
Al cierre de esta publicación, la propiedad de ese inmueble continúa en disputa.
Bajo presión

El caso de Cerrada de Matías Romero 18 condensó en dos semanas la crisis del despojo en la Ciudad de México. El 21 de julio un grupo ingresó por la fuerza a la vivienda de la colonia Del Valle Centro y cambió las cerraduras. Del 22 al 24 de julio los habitantes del edificio y la zona bloquearon la avenida Coyoacán y Matías Romero para exigir la recuperación del inmueble.
La actuación institucional se aceleró en medio de las protestas. El 25 de julio la Fiscalía aseguró la propiedad; el 28, un juez ratificó la medida; la noche del 29 fueron aprehendidas Virginia “N” y Diana “N”, y el 4 de agosto ambas quedaron vinculadas a proceso y en prisión preventiva por su probable participación en el despojo. Entre el inicio de los bloqueos y la vinculación transcurrieron sólo 13 días.
Un elemento que amplió las implicaciones del caso fue el perfil de Virginia “N”, a quien la fiscal Bertha Alcalde Luján identificó como mediadora privada certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX). No era funcionaria del Poder Judicial, pero su certificación le permitía formalizar convenios que adquieren fuerza de sentencia y pueden ejecutarse sin atravesar un juicio ordinario.
En un despojo, un convenio simulado puede utilizarse para presentar la ocupación de un inmueble como resultado de un acuerdo válido y exigir su cumplimiento como si ya existiera una sentencia.
Con esas características, la exposición pública del caso de Matías Romero 18 abrió paso a decenas de denuncias. Los afectados llevaron sus expedientes a los medios y a redes sociales; en cuestión de días, la exigencia por recuperar una vivienda se convirtió en un reclamo colectivo que colocó el despojo en el centro de la agenda capitalina.
El 29 de julio la fiscal y el secretario de Gobierno, César Cravioto, recibieron a 61 personas procedentes de diferentes alcaldías, quienes denunciaron presuntos despojos. El delito dejó de aparecer como una suma de conflictos aislados y se convirtió en un problema político que exigía una respuesta del gobierno capitalino.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, no comenzaba de cero. Un año antes, el 29 de julio de 2025, creó el Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos y el 15 de octubre envió al Congreso local una iniciativa para endurecer las penas, la que fue aprobada por el pleno el 13 de noviembre de ese mismo año.
Sin embargo, el caso de la Del Valle evidenció falta de efectividad de ambos mecanismos. Ante la presión, la morenista volvió a colocar su estrategia contra el despojo en el centro de la agenda.
Brugada respondió el 5 de agosto último con una estrategia de seguridad y justicia que se compromete a asegurar y restituir propiedades en 15 días, judicializar los casos en 30 días, enviar policías en menos de tres minutos y ofrecer defensa gratuita mediante una red de 100 abogados.
Para alcanzar esas metas, la titular de la FGJCDMX anunció la creación de dos nuevas agencias —una para judicializar con rapidez y otra para investigar redes, fraudes procesales y actos jurídicos simulados–, un programa emergente para revisar carpetas antiguas y una Unidad de Análisis Criminal destinada a cruzar expedientes e identificar la intervención reiterada de imputados, jueces o notarios.
El despliegue presentado por Alcalde Luján es, hasta el cierre de esta edición, una promesa. Sólo la Unidad de Análisis Criminal está conformada y las agencias no tienen fecha definida de arranque, personal ni presupuesto definidos.
Sobre la respuesta institucional, Carla Escoffié considera que el problema de la estrategia es que reacciona cuando el despojo ya ocurrió, pero no reduce la impunidad ni construye mecanismos de prevención.
“Eso está bien, hay que atender a las víctimas que están, pero no hay una cuestión de prevención. Por allá se plantearon algunas medidas como aumentar las penas por el delito de despojo; eso no va a servir, porque en términos generales, aumentar las penas está comprobado que no elimina o no reduce la comisión de los delitos. Lo que elimina la reducción de los delitos es bajar el índice de impunidad”, dice.

Rodrigo Peña cuestiona que la respuesta haya consistido en agregar estructuras especializadas a un gabinete que ya existía. Para él, esas burocracias adquieren peso en el discurso, pero no necesariamente capacidad para desarticular las redes: “Tiene que ver con una práctica de gobierno que a mí me parece perversa, que es construir burocracias que son muy poderosas en la narrativa, en el discurso, pero que luego ya no tienen el efecto de ningún tipo”.

“Yo sí veo en la incapacidad de la respuesta de las autoridades un reflejo de que no solamente son incapaces, que lo son, sino de la sofisticación de los casos del despojo, y ahí falta mucha investigación que hacer, vinculada a cuál es el papel de las notarías, de las redes clientelares, de redes mafiosas”, concluye el académico.