En las profundidades de la Zona Clarion-Clipperton reposan nódulos polimetálicos que producen el llamado “oxígeno oscuro”. La intención de Donald Trump de acelerar permisos de minería submarina, al margen de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, amenaza con destruir estos ecosistemas antes de que exista regulación científica para esta industria. La remoción del fondo marino implicaría la desaparición de las especies que habitan esas profundidades, además de afectar un corredor biológico que conecta con el parque Revillagigedo y la Reserva de la Biosfera del Pacífico.
La intención del presidente Donald Trump de explotar la minería submarina en la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), lo que viola acuerdos internacionales, representa un riesgo potencial para la biodiversidad de la región y para las áreas protegidas mexicanas conectadas con el Pacífico.
A la par del avance en las reuniones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) para discutir el futuro oceánico, la política extractivista unilateral estadunidense amenaza con fracturar el sistema multilateral y devastar ecosistemas formados durante millones de años.
El conflicto comenzó tras la aprobación de una Orden Ejecutiva en abril de 2025, titulada “Desatando los Minerales Críticos y Recursos de las Costas de América”, con la que el magnate republicano instruyó a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) acelerar licencias de exploración y permisos de minería submarina a empresas estadunidenses, fuera del marco de la Organización de las Naciones Unidas.
Esta “vía paralela” ignora la jurisdicción de la ISA sobre la ZCC, un área de seis millones de kilómetros –aproximadamente dos veces el tamaño de México– ubicada entre Hawái y la costa mexicana, considerada patrimonio común de la humanidad bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
En sus profundidades, entre los tres mil 500 y seis mil 500 metros, reposan millones de toneladas de nódulos polimetálicos: rocas de millones de años que contienen níquel, cobre, cobalto y manganeso, metales codiciados para la transición energética y la industria tecnológica.
Bióloga y campañista de Greenpeace México, Viridiana Lázaro explica a Proceso la gravedad del avance estadunidense:
“Estados Unidos está comenzando una vía paralela para dar estos permisos, porque quien los tendría que dar es esta autoridad (ISA). Sin embargo, como Estados Unidos no forma parte de la Convemar, ellos están apresurando estos permisos a empresas estadunidenses que no tendrían por qué estar tomando esas decisiones de manera unilateral”.
Lázaro alerta que eso ocurre mientras el resto de las naciones busca un consenso basado en la investigación científica: “No podemos permitir que acciones unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos autoricen que se comience a minar una zona tan importante, incluso cuando no se han establecido las reglas claras para esta industria”.
México en línea del riesgo
Aunque la Zona Clarion-Clipperton (ZCC) es territorio internacional, se encuentra cerca de la Zona Económica Exclusiva de México. El informe “Fuera de las normas”, elaborado por Greenpeace y el Centro para la Diversidad Biológica (CDB), advierte que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) mexicanas están en la línea directa de riesgo.
Alejandro Olivera, representante del CDB y biólogo marino, detalla la vulnerabilidad del territorio nacional:
“La Zona Clarion-Clipperton colinda con nuestra zona económica y con dos ANP que tenemos. Entonces está prácticamente en la puerta, a un lado de donde se pretende explorar. (…) Y la remoción del fondo submarino es una total destrucción de toda la vida que habita en esas profundidades”.
Además, alerta Olivera, “al extraer nódulos polimetálicos que tardan millones de años en formarse, que producen oxígeno –el llamado oxígeno oscuro–, vendría a darse un impacto irreversible de inmediato”.
Para el especialista, la figura de Trump como “monstruo marino” es literal: “Lo llamamos así porque quieren empezar a explotar lo que ahorita le pertenece a toda la humanidad para un beneficio de Estados Unidos y nada más, querer llegar primero y explotar antes que todos”.
La biodiversidad que conecta a México con el resto del Pacífico incluye especies bajo protección especial en la norma mexicana NOM-059, como la ballena jorobada, el tiburón ballena y la tortuga laúd, las cuales utilizan la ZCC como un corredor biológico esencial.
Viridiana Lázaro advierte sobre la conectividad ecológica:
“Lo que se haga en la ZCC, pese a que son aguas internacionales, definitivamente nos va a afectar a nosotros porque es un corredor biológico que conecta esa zona con las áreas protegidas de México, que es el Parque Nacional Revillagigedo y la Reserva de la Biosfera del Pacífico Mexicano Profundo”.
Olivera explica que para extraer los nódulos se necesita una máquina “que va sobre el fondo, removiendo, dragando, destruyendo todo, y los sube a la superficie por otro mecanismo, a veces ya triturado, donde pueda ser procesado (…) es una destrucción directa”.
La introducción de maquinaria pesada traería consigo ruido y luz que desorientarían a los cetáceos. “Como es sabido, los cetáceos son muy sensibles al ruido, incluso podrían llegar a extraviarse y tener impactos tan importantes que podrían llegar a morir”, expone Lázaro. A eso se suman las “plumas de sedimentos”, nubes de material triturado que pueden viajar kilómetros y asfixiar especies en otras regiones.
“La minería por sí sola es una actividad muy dañina; introducen esta maquinaria que arrasa con todo el fondo marino, lo que tiene consecuencias devastadoras para los organismos que viven ahí”, añade la especialista, enfatizando que las zonas con mayores nódulos polimetálicos son las que tienen mayor diversidad.
De acuerdo con sus cálculos, en la ZCC podría haber alrededor de seis mil 500 especies, de las cuales la mayoría no ha sido identificada.
“Sólo se han identificado cerca de 400 o 500 especies, queda un mundo por descubrir, así como sus funciones biológicas. Se necesita mayor investigación científica, más información que les permita tomar estas decisiones. No existe la seguridad de que estas acciones no van a afectar”, asegura Lázaro.
Lucha legal
Frente a las negociaciones de la ISA la industria minera ha optado por la ofensiva legal. Filiales de la empresa canadiense The Metals Company (TMC) en Estados Unidos han iniciado procedimientos judiciales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para frenar una investigación de la ISA que busca identificar a contratistas que apoyen planes mineros unilaterales ilegales.
Los riesgos de una dualidad de gobernanza oceánica existen. Si Estados Unidos emite licencias fuera de la ISA, se crearía un mercado paralelo que debilitaría los estándares ambientales globales justo cuando el Tratado de Alta Mar (BBNJ, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en enero de 2026, ya había reforzado las acciones de protección marina.
Alejandro Olivera también describe el movimiento de las filiales como un intento de mantener privilegios: “Están peleando sus derechos (…) ellos ya tienen una licencia de exploración y quieren mantener ese privilegio para que, en un futuro, cuando se lleguen a dar más licencias, tengan una prioridad por antigüedad y lleguen primero para ver qué hallan”.
El especialista mantiene dudas ante la posibilidad de que la ISA pueda frenar a Trump: “Estamos hablando de Estados Unidos, que no cree en la Unesco, que no cree en la OMS ni en muchos órganos de la ONU, está totalmente unilateral. En esta cuestión geopolítica es difícil ir en contra de EU porque hay muchos intereses sobre la mesa”.
Ante este panorama, la demanda de Greenpeace y el CDB es una moratoria global que detenga cualquier intento de explotación hasta que la ciencia garantice la protección del entorno submarino. Hasta ahora, más de 40 países se han sumado a esta petición.
“Apenas se van a discutir cuáles son los límites, es decir, hasta dónde podemos avanzar sin perjudicar la biodiversidad irreversiblemente. Aún está la discusión”, afirma Olivera.
La embajada de México en Jamaica –donde se realizan las reuniones de la ISA–, liderada por el embajador Roberto Canseco Martínez, ha expresado anteriormente su apoyo a una moratoria. Sin embargo, Greenpeace insiste en que el país debe asumir un liderazgo más sólido.
“Nuestra solicitud principal a la delegación mexicana es que mantengan su posición en favor de la moratoria, pero que inclusive tengan una posición de liderazgo al respecto”, subraya Viridiana Lázaro.
“No pueden permitir que estos permisos unilaterales avancen cuando no se está considerando a la ISA, cuando aún no se han tomado decisiones; pero tampoco queremos lanzar el mensaje de que se tienen que apurar porque no es así, porque no pueden tomar decisiones apresuradas, sino que deben basarse en la información científica”, añade.
Lázaro reitera que la ISA es la única entidad autorizada para regular las aguas internacionales y las actividades de minería submarina, “entonces tiene todas las facultades para tomar medidas al respecto”.
Sin embargo, las presiones estadunidenses son persistentes y difíciles de confrontar.
Sin certeza de lo que resultará de las negociaciones, las organizaciones ambientales mantienen que las intenciones de Trump podrían desencadenar el inicio de la minería comercial en aguas profundas, así como una competencia internacional por la explotación de los recursos del fondo marino, cuando las únicas víctimas serán los ecosistemas y la humanidad.
“El llamado es principalmente para México y para las delegaciones del mundo, que se apeguen a la moratoria, que la adopten como un argumento sólido de que necesitamos prevención antes de que haya daños irreversibles”, concluye Lázaro.








