lunes 16 de noviembre de 2026

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Comunidades indígenas y campesinas del Totonacapan denuncian que el fracking ya opera en la cuenca Tampico-Misantla desde hace más de dos décadas, sin transparencia sobre pozos intervenidos, sustancias inyectadas ni consumo de agua, que puede llegar a 29 millones de litros por pozo. Pemex reconoció el uso de esta técnica en al menos 20 campos petroleros del norte de Veracruz. Frente al anuncio de Sheinbaum de explorar gas en yacimientos no convencionales, los pobladores tienen una exigencia: antes de perforar un nuevo pozo, el Estado y las empresas deben responder por los territorios que ya contaminaron.

XALAPA, Ver.- Desde la carretera, los pozos, tanques y contenedores petroleros distribuidos en Papantla y municipios al norte de Veracruz parecen operar sin anomalías.

Sin embargo, al observarlos con una cámara óptica de imágenes de gas comienzan a aparecer plumas oscuras que salen de las instalaciones y se desplazan hacia el ambiente. Se trata de gases altamente contaminantes a la atmósfera y la salud.

“Uno no ve nada, cree que el contenedor está ahí y que no representa un problema, pero con la cámara especial aparecen los gases que están saliendo”, explica Patricia Rodríguez, integrante de la organización ambiental internacional Earthworks.

Rodríguez dice que estas emisiones liberan directamente metano y compuestos orgánicos volátiles como benceno, tolueno, propano y butano. El benceno es cancerígeno, mientras que la exposición continua a esta mezcla de gases puede representar un riesgo para las personas que viven cerca de pozos, tanques y otras instalaciones petroleras.

Esta contaminación se suma a una larga lista de afectaciones ambientales y de salud por derrames y contaminación que han dejado más de 70 años de exploración petrolera en la región que forma parte de la cuenca Tampico- Misantla con más de cinco mil 900 pozos petroleros.

Por eso, el reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de explorar gas en pozos no convencionales mediante la fracturación hidráulica, el fracking, prendió de inmediato las alertas de las comunidades y organizaciones ambientales.

La cuenca Tampico-Misantla concentra 60% de los pozos no convencionales asociados a aceite y gas húmedo. Las áreas potenciales, prospectivas y prioritarias se extienden sobre una franja amplia desde el sur de Tamaulipas y la Huasteca potosina e hidalguense, hasta el norte y centro de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla.

Los pozos no convencionales extraen petróleo y gas de yacimientos con rocas tan compactas que el hidrocarburo no fluye naturalmente. Requieren perforación horizontal y fracturación hidráulica (fracking) para crear grietas y extraer el recurso. Cada pozo donde se realiza fracking consume y contamina entre nueve y 29 millones de litros de agua, que son inyectados con sustancias químicas que generan daños a la salud.

Los 22 municipios que forman parte de esta cuenca (12 en el norte de Veracruz, como Papantla, Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Castillo de Teayo) ya conocen los efectos devastadores de la extracción de petróleo: comunidades campesinas e indígenas advierten que el fracking llegaría a un territorio marcado por décadas de explotación petrolera, derrames, pozos abandonados, fugas de gas, olores persistentes y daños ambientales sin remediación.

La Alianza Mexicana contra el Fracking ha iniciado reuniones y recorridos en zonas dañadas por la extracción de hidrocarburos para visibilizar y hacer conscientes a los legisladores federales sobre la amenaza de esta técnica en las comunidades.

En un reciente encuentro con legisladores, Alejandra Jiménez advierte que este territorio ya sufrió daños irreparables: “El fracking no amenaza con llegar al Totonacapan: ya estuvo aquí, dejó daños y las comunidades siguen esperando información, reparación y justicia”.

En esa reunión las comunidades entregaron un pliego petitorio para el gobierno federal que exige la prohibición definitiva del fracking, detener nuevos proyectos extractivos, proteger las fuentes de agua, reparar integralmente los daños, transparentar la información petrolera e instalar una mesa permanente de seguimiento.

Su demanda es clara: antes de perforar un nuevo pozo, el Estado y las empresas deben responder por los territorios que ya contaminaron.

Territorio dañado sumaría  21 mil nuevos pozos

Alejandra Jiménez, coordinadora general de la Alianza Mexicana contra el Fracking e integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan, advierte que intentar este tipo de exploración es sacrificar un territorio en nombre de la nación.

“Encontramos afectaciones de más de 30 años, de tres meses y otras también de varios años que no han recibido la atención, la reparación ni la remediación. Hay emisiones de gases en pozos, ductos y contenedores, derrames de hidrocarburos sin remediar y cuerpos de agua contaminados que han sido documentados en varios recorridos”, enumera.

En su reciente informe “Fracking sin coordenadas públicas” la organización CartoCrítica advierte que recuperar 10% del recurso prospectivo no convencional en la cuenca petrolera Tampico-Misantla significa alrededor de 21 mil 611 pozos nuevos y una demanda aproximada de mil 620.8 millones de metros cúbicos de agua dulce para recuperar 3.89 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que corresponden a 5.9 años del consumo nacional de petróleo.

Pero esa extracción requeriría una infraestructura extensa de perforación, caminos, ductos, transporte de agua, manejo de residuos y ocupación territorial recurrente.

No se puede hablar de nuevos proyectos de hidrocarburos en esta región mientras no se atiendan todos los incidentes que ha habido, dice Alejandra Jiménez, pues la discusión no se reduce a una técnica de extracción, sino que involucra el futuro del agua, salud, cultivos, la cultura totonaca y la permanencia de las comunidades en su territorio.

“Lo que está en juego es una cultura milenaria, su población y una biodiversidad muy importante”.

“El fracking verde no existe”

En la cuenca Tampico-Misantla se encuentra el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG) –antes paleocanal de Chicontepec–, donde la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos documentó en 2010 la existencia de dos mil pozos, de los cuales al menos mil 713 ya habían sido explorados bajo la técnica de fracturación hidráulica.

CartoCrítica tiene documentado que desde 2022 se inició con la fracturación hidráulica en la región. Pero la información es opaca y se ha transparentado a cuentagotas. En 2019 Pemex informó que había utilizado esta técnica en el pozo Kaneni en el campo Humapa del municipio de Castillo de Teayo. Y también que usó la técnica en otros 19 campos petroleros, entre ellos Miquetla, también en Castillo de Teayo, a unos 72 kilómetros de Papantla.

Alejandra Jiménez cuestiona que la aplicación de esta técnica avanzó sin que las comunidades recibieran información clara sobre los pozos intervenidos, los químicos utilizados, el consumo de agua, las emisiones o los riesgos ambientales y sanitarios. “Veinticuatro años después la gran mayoría de la población de Papantla y de estos municipios sigue sin saber qué es eso del fracking”, afirma.

La ausencia de información también impide que los habitantes identifiquen cuáles pozos fueron fracturados, cuántas veces se realizó el procedimiento, qué sustancias fueron inyectadas y qué relación podría existir entre estas operaciones y los daños registrados en el agua, los suelos y la salud.

José Rafael Flores Hernández, ingeniero petrolero e integrante de CartoCrítica, advierte que sin coordenadas, mapas y datos técnicos las comunidades no pueden conocer la cantidad de pozos proyectados, el volumen de agua necesario, los ductos que serían construidos o las afectaciones a su territorio.

“No tenemos acceso a la información para discutir con las comunidades, que son las que van a sufrir potencialmente las afectaciones de una técnica tan agresiva como es el fracking”.

La última información pública sobre áreas, bloques, campos y recursos no convencionales dejó de actualizarse alrededor de 2018. Desde entonces, buena parte de la información geográfica disponible quedó reducida a referencias amplias por provincia petrolera o desapareción de las fuentes públicas.

Explica que la técnica de fracking ya se probó en el ATG y fue un fracaso productivo. Sin embargo, dejó pozos abandonados y otras instalaciones que continúan liberando gas o petróleo.

“Se creía que el uso de esta técnica iba a generar el nuevo Cantarell o la nueva riqueza petrolera del país, pero no fue así. Realmente produjo muy poco, 80 mil barriles en su punto máximo, y hoy podemos comprobar que lo que sí causó fueron daños. Nos encontramos con pozos que están abandonados, pozos que están fugando gas, petróleo y parcelas y comunidades que han sido afectadas históricamente por la industria petrolera”, alerta.

Las organizaciones han advertido que parte de esta infraestructura se encuentra cerca de viviendas, tierras agrícolas, caminos y cuerpos de agua.

Flores Hernández rechaza que el fracturamiento hidráulico pueda desarrollarse sin impactos ambientales y comunitarios. En los últimos meses, explica, se ha utilizado el concepto de “fracking verde” o “fracking sustentable” para plantear la posibilidad de retomar esta técnica mediante nuevas regulaciones, controles o tecnologías.

Sin embargo, el ingeniero petrolero asegura que cualquier proyecto de esta naturaleza genera afectaciones debido al número de pozos necesarios, el uso intensivo de agua, las sustancias químicas, las emisiones y la infraestructura asociada.

Rodolfo Viviano, integrante del colectivo Corason, califica como una “traición al pueblo, a los pueblos indígenas” querer reactivar la explotación con fracking, pues en administraciones anteriores se planteó prohibir esta técnica de extracción.

Señaló que, pese a esos compromisos, el fracking continúa presente en territorios indígenas generando impactos directos en la vida cotidiana de las comunidades: “Nos impacta directamente al agua, cultivos, suelo y aire”.

Afectaciones por décadas

Una cámara FLIR GF320 OGI, equipo empleado para detectar emisiones de gases invisibles a simple vista, detectó emisiones en pozos, tanques y otras instalaciones petroleras de la región de Papantla.

Patricia Rodríguez, integrante de la organización ambiental Earthworks, identificó en un recorrido en junio último emisiones de instalaciones petroleras que, dijo, pueden incluir metano, compuestos orgánicos volátiles y sustancias como benceno, tolueno, propano y butano. En uno de los puntos se detectó la presencia de sulfuro de hidrógeno, conocido como ácido sulfhídrico.

Rodríguez explicó que la cámara utilizada permite observar gases que son invisibles para las personas que viven o transitan cerca de las instalaciones petroleras.

“El metano es 80 veces más potente para el calentamiento global y local que el dióxido de carbono. También hay otros compuestos orgánicos volátiles incluyendo benceno, que es cancerígeno, tolueno, propano y butano”, explica sobre los efectos.

Los impactos por la extracción de hidrocarburo también afectan a familias que dependen de la producción agrícola y representa un riesgo para el agua superficial y subterránea, debido a que los hidrocarburos pueden desplazarse mediante escurrimientos o filtrarse en el subsuelo.

Gloria Domínguez lo padece en cuatro hectáreas de la parcela de su padre que prácticamente quedaron sin producción después de décadas de derrames de los ductos que atraviesan el terreno en la comunidad de Rafael Rosas en Papantla.

“La parcela está totalmente contaminada desde hace varios años. Tiene limones de seis años que no crecen, están amarillos y no producen. Tiene naranja de más de 18 años que está chaparrita, que ya no crece”, lamenta.

Los pobladores señalaron que el daño a las tierras puede permanecer durante años cuando la limpieza se limita a retirar el hidrocarburo visible, sin realizar una remediación profunda del suelo.

De las 662 hectáreas del ejido indígena de Emiliano Zapata en Papantla, 206 pertenecen a Pemex. En ellas hay más de 55 pozos petroleros, además de gasoductos, ductos, líneas, compresoras, un quemador, líneas de alta tensión, tanques de almacenamiento y sistemas de bombeo.

Tras décadas de explotación petrolera, de los tres arroyos de donde se surtían el agua, sólo queda uno. Los otros son inviables por la contaminación de fugas de aceite. El ejemplo es el arroyo Tejones, que tuvo una fuga permanente por más de dos años. Los pobladores cuentan que cada tercer día una pipa extraía hasta dos mil litros de hidrocarburo.

En el ejido Reforma Escolín deben comprar agua de pipas. Cuando Pemex llegó a la zona en busca de más petróleo los manantiales se secaron por las exploraciones con detonaciones de dinamita en varias parcelas.

Entre las parcelas de naranja y maíz de Escolín, Nueva Reforma, Ojital y Rancho Nuevo está el campo Escolín, con más de 200 pozos petroleros.

“Tenemos que comprar agua teniendo manantiales. Díganme si eso no es una burla. Nosotros, siendo pueblos originarios, tenemos que comprar el agua. ¿De dónde viene? De un arroyo contaminado, por supuesto”, advierten.

En Castillo de Teayo se encuentra el campo Miquetla explotado por Operadora de Campos DWF, filial de la mexicana Diavaz. Según la información de la extinta CNH, entre los años 2013 y 2018 se realizaron 387 fracturas hidráulicas en 66 pozos del campo.

Ahí, en marzo de 2025, una fuga de un oleoducto afectó el arroyo Mequetla con cerca de 900 litros de aceite. Pero Pemex documentó que sólo en 2024 ocurrieron siete fugas de hidrocarburos, entre mayo y octubre, sumando dos mil 450 litros de agua-aceite y 400 litros de crudo derramados en el ejido.

Abandono institucional y deuda ambiental

Los pobladores afirmaron que además de la contaminación enfrentan un prolongado abandono institucional. Las familias han presentado quejas, acudido a instalaciones de Pemex y solicitado la intervención de autoridades municipales, estatales y federales, pero aseguran que los daños continúan sin reparación.

“Desde el primer día gritamos y gritamos, pero hay abandono institucional”, denuncian.

Beatriz Torres Beristain, investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, dice que las regiones petroleras enfrentan una deuda social y ambiental acumulada durante décadas por derrames, contaminación con hidrocarburos y daños a comunidades que no han sido reparados.

La académica advierte que el contexto de contaminación acumulada debe considerarse antes de autorizar nuevos proyectos de fracturamiento hidráulico: “Nos parece muy peligroso abrir la puerta al fracking porque no ha habido una solución a estas problemáticas. La entrada del fracking es abrir posibilidades que no estamos siendo capaces de remediar, aun con la explotación convencional de hidrocarburos”.

Si los daños causados por pozos y ductos convencionales no han sido reparados, afirma, no existen garantías de que las instituciones puedan prevenir o atender los impactos de una actividad más intensiva.

José Rafael Flores, de CartoCrítica, coincide en que autorizar una nueva etapa de fracturamiento hidráulico incrementará la presión sobre comunidades que ya conviven con los daños de proyectos anteriores: “En una situación de aprobarse el fracking, sólo se llegaría a intensificar este daño que han estado sufriendo a lo largo de décadas”.

En el análisis de la organización alertan que la discusión pública se concentra en definir si el fracking contribuiría o no a reducir la dependencia energética, pero no dimensionan los costos materiales que supondría emplear la técnica: cuántos pozos implicaría, cuánta agua requeriría, dónde se obtendría esa agua, qué poblaciones quedarían expuestas, qué formas de tenencia de la tierra serían afectadas y qué territorios indígenas, rurales y urbanos se vinculan.

“El problema no es sólo si existen hidrocarburos en el subsuelo y si se pueden extraer, sino que también se deben considerar las condiciones sociales, hídricas y territoriales bajo las cuales ocurriría su extracción”, insiste Rafael.

Fermina Pérez, de la comunidad de El Remolino, en Papantla, sostiene que las consecuencias de la explotación recaen sobre pueblos que producen alimentos y protegen fuentes de agua utilizadas por otras localidades: “Está exterminando a nuestros pueblos, de donde nacemos y mandamos la comida, de donde mandamos agua para las comunidades y para los canales”.