lunes 16 de noviembre de 2026

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La ruptura entre Los Chapitos y La Mayiza desató hace dos años una guerra que transformó Culiacán, epicentro histórico del Cártel de Sinaloa. Autos incendiados, transporte suspendido y clases en línea marcaron el inicio de lo que los culichis llaman “narcopandemia”. El saldo: más de tres mil asesinatos y un número similar de desaparecidos o privados de su libertad, según cifras oficiales. La violencia también golpeó la economía, con más de siete mil negocios cerrados y 54 mil empleos perdidos; a su vez, la extorsión y el reclutamiento de jóvenes se disparan sin freno a la vista.

CULIACÁN, Sin.– La tarde del 25 de julio de 2024 miles de sinaloenses dejaron de trabajar para estar atentos al celular. Primero se filtraron rumores. Después la confirmación: Ismael el Mayo Zambada había sido entregado al gobierno estadunidense.

Horas más tarde llegaría otra noticia difícil de procesar: Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder político del Partido Sinaloense y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado.

Nadie se lo imaginaba entonces, pero ese día no sólo cayó un capo histórico y mataron a uno de los políticos más influyentes del estado: se destruyó un orden criminal y abrió una nueva etapa de violencia y fragmentación.

Comenzó también una nueva etapa de las presiones estadunidenses hacia México por la presunta relación entre política y narcotráfico. En la mira quedó el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el morenista a quien acusa de estar relacionado con Los Chapitos, facción que traicionó al Mayo.

Rocha Moya es el primer gobernador en funciones en ser señalado por estos cargos y pedido en extradición por Estados Unidos. Su decisión de solicitar licencia se ha convertido en una protección y lo ha alejado del ojo público, mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se niega a reconocer la acusación formal contra Rocha y otros nueve políticos y funcionarios, incluido el senador morenista Enrique Inzunza, y se ha opuesto a su entrega a Washington.

La licencia de Rocha ha sido tomada en el estado como una simulación, debido a que todo su equipo se mantiene en el gabinete, lo mismo que la violencia y la inseguridad. Además de que el asesinato de Cuén Ojeda, ocurrido en el mismo lugar donde fue secuestrado el Mayo, se mantiene en la impunidad, luego de que la fiscalía sinaloense falseó los hechos al querer hacerlo pasar como un asalto en una gasolinera, en Culiacán.

El epicentro del desastre

Para lo que vendría después de la ruptura en el Cártel de Sinaloa nadie estaba preparado, ni siquiera en Sinaloa… Se inició una nueva etapa de violencia y fragmentación. La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza estaba declarada.

Y sus impactos comenzaron a sentirse en el territorio donde por décadas se construyó el poder del Cártel de Sinaloa: Culiacán.

Aunque después hubo un periodo de tensa calma, los culichis identifican esa fecha del secuestro del capo como el día en que todo cambió: el inicio de una larga “narcopandemia” que estalló oficialmente el 9 de septiembre, pero de la que nadie se atreve a dar un pronóstico sobre su final.

A diferencia de otros conflictos en que la violencia se concentraba en la zona rural, la guerra entre los hijos del Chapo y del Mayo mostró desde el principio el objetivo de desquiciar la vida en la zona urbana de Culiacán.

Las escenas daban cuenta del caos. Autos incendiados bloqueaban las avenidas. Largas columnas de humo negro sobresalían a simple vista en los principales accesos de la ciudad. Vehículos artillados del Ejército aumentaban la tensión. El transporte público fue suspendido. El miedo y la confusión se veía en los rostros de la gente.

A partir de entonces, enfrentamientos y ataques armados han dejado más de tres mil asesinatos, según cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES). Un número similar han sido privadas ilegalmente de su libertad y muchas de ellas continúan desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación.

Las familias han dejado de salir de noche y limitado sus actividades en espacios públicos. Las escuelas han optado por las clases en línea, ante el peligro de quedar en medio del fuego
cruzado.

Negocios con la cortina abajo. En estos dos años, la violencia persistente ha representado un golpe a la economía. La Coparmex calcula en más de 54 mil los empleos perdidos en Sinaloa, entre formales e informales, consecuencia de los más de siete mil negocios forzados a cerrar de manera definitiva.

En el puerto de Mazatlán ni los visitantes se han salvado de ser desaparecidos, lo que ha golpeado al sector turístico e inmobiliario de manera notable.

Aunque Culiacán ha sido el epicentro, la guerra se ha expandido con un mayor foco en las regiones centro y sur, mientras la región norte se ha visto librada de la mayor intensidad de la violencia.

En medio de los enfrentamientos, más de dos mil familias se han visto obligadas a huir de sus comunidades de las zonas serranas de Choix, Badiraguato, Cosalá, Culiacán, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa, de acuerdo con información obtenida por transparencia de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

Muchos de esos lugares lucen como pueblos fantasma, y donde quedan habitantes viven con miedo de los grupos armados ilegales.

Lo que se vivió en las calles y en las comunidades era apenas una muestra de un cambio más profundo. Las reglas que habían mantenido cohesionada a la organización criminal por décadas estaban a punto de cambiar.

Reconfiguración del cártel

“Lo que tenemos hoy ya no se parece nada al antiguo Cártel de Sinaloa”, advierte el historiador Juan Antonio Fernández Velásquez.

En entrevista, afirma que hoy el cártel lo forman dos familias enfrentadas que antes formaban parte de una estructura económica y criminal y ahora protagonizan una guerra de baja intensidad, sin objetivos claros.

“Ese tipo de organización generaba ciertos códigos para mantener el control del territorio, hasta los años setenta y ochenta eran respetados, pero se han roto porque prevalecen los intereses económicos”, apunta Fernández.

Con el paso del tiempo, el sistema criminal ha cambiado de ser sostenido por grupos familiares o clanes a redes criminales con mayor fuerza bélica, creando una mayor fragmentación.

Hasta antes de su captura, el Mayo y sus aliados compartían liderazgo con los hijos del Chapo, quienes desde 2017 asumieron el control de la producción de fentanilo y se convirtieron en objetivo prioritario del gobierno estadunidense.

Además, “se dividen” el territorio de Sinaloa con las facciones de Aureliano Guzmán, el Guano, hermano del Chapo; y la facción liderada por Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, quien opera en el norte del estado.

Un reporte de Crisis International Group, publicado el 7 de julio último, señala que el rompimiento entre las familias Guzmán y Zambada ha reconfigurado el mapa criminal en el
estado.

Los Mayos han conservado territorios en el este y sur de Culiacán y arrebatado otros a sus rivales, como en el municipio de Concordia. Mientras Los Chapitos estarían conservando el dominio en Mazatlán, puerto estratégico para la importación de precursores químicos.

Pero no sólo eso, sino que los enfrentamientos en Sinaloa tienen repercusiones en otros estados, donde cada una de las facciones del Cártel de Sinaloa cuenta con sus brazos armados y disputan algunas regiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación, su rival más poderoso.

El informe expone que los enfrentamientos en Sinaloa abren oportunidades para que el CJNG expanda su presencia en el estado, incluso se habla de una alianza temporal que los hijos del Chapo habrían realizado con esta organización para combatir a los Mayos no nada más en ese estado, sino también en Durango y Zacatecas.

Washington cambió las reglas

La captura del Mayo Zambada, en la que no se descarta una participación del FBI, significa un punto de quiebre en la estrategia contra el narcotráfico, donde la potencia estadunidense deja de lado la cooperación binacional y realiza operaciones sin tomar en cuenta al gobierno mexicano.

El 20 de febrero de 2025 el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró al Cártel de Sinaloa y a otras organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE), con lo que se dio a conocer la campaña oficial para poner fin a las operaciones de “terror” de los cárteles.

Eso elevó el nivel de presiones del presidente Donald Trump para exigir a México resultados contra el narcotráfico.

Jorge Ibarra Martínez, especialista en estudios de América del Norte, aclara que la relación bilateral ha entrado en una fase distinta, que ya no se rige por los principios del liberalismo y la diplomacia.

Ante las complicaciones de Estados Unidos para imponerse frente a potencias como China o Rusia, ha volcado su atención hacia América Latina. Para ello –continúa el investigador– utiliza la “geopolítica del narco”.

“Es una estrategia que consiste en utilizar el problema real del narcotráfico y la corrupción para desestabilizar regiones y gobiernos electos democráticamente, y establecer condiciones ventajosas a sus intereses”, detalla.

La guerra también
cambia

En medio de la contienda entre La Chapiza y La Mayiza, la violencia ha tomado nuevas formas. Una de las que más ha atemorizado a la sociedad es la extorsión.

De julio de 2024 a junio de 2025 al mismo periodo del año siguiente, el número de denuncias se incrementó de 96 a 122, es decir, subieron un 27%, según información de la Fiscalía estatal.

Al inicio de la narcoguerra esa práctica fue asociada al aumento de los desaparecidos. La tragedia fue aprovechada por delincuentes para extorsionar a las familias, pidiéndoles dinero a cambio de información sobre el paradero de sus seres queridos o de supuestamente liberarlos. En la mayoría de las ocasiones es información falsa.

El Colectivo Sabuesos Guerreras fue uno de los que no se cansó de denunciar en sus redes sociales, ante el número de padres y madres desesperados que caían en la estafa.

Con la degradación del conflicto pequeños empresarios y otros gremios se han visto afectados, en este caso en la modalidad de “cobro de piso”. Desde la Coparmex Sinaloa han expresado su preocupación y la presencia de esta práctica, incluso en municipios pequeños, como Cosalá o San Ignacio, como lo ha documentado El Sol de Sinaloa y otros medios locales.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) relaciona estas tendencias con los cambios estructurales de la gobernanza criminal.

“En vez de que haya uno solo que tenga todo el mando, es más fragmentado; le dan cierta libertad o margen de acción a los encargados de las plazas territoriales para que migren a esas actividades de ingreso”, señala Miguel Calderón Quevedo, coordinador del organismo.

Jóvenes en la mira del narco

El costo más alto del conflicto lo pagan los
jóvenes.

Son los hombres en edad productiva, en un rango que va de los 20 a los 34 años, casi la mitad (47.9%) de quienes han sido privados de su libertad o desaparecidos en el contexto de las disputas entre las facciones del crimen y el aumento del reclutamiento forzado.

Tan sólo en estos dos años de conflicto criminal desaparecieron dos mil 931 personas (87% hombres y 13% mujeres). Una cifra que representa 40% del acumulado histórico de siete mil 343, reportado en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Aunque para la fecha actual ya han sido encontradas poco más de mil personas.

Para los colectivos, los números se quedan cortos ante la realidad, debido a la gran cantidad de personas que no presentan denuncia, por miedo o desconfianza en las autoridades. El Colectivo Sabuesos Guerreras señala que son más de seis mil las personas desaparecidas en este periodo.

Micaela González Heras lo ha sufrido en carne propia. Desde 2012 busca a sus hijos Antonio de Jesús y Christian Geovanny Lozoya González, quienes fueron desaparecidos en Culiacán a los 23 y a los 21 años respectivamente, luego de presuntamente haber sido detenidos por servidores públicos.

Como integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda, ve con frustración cómo la ola de inseguridad les ha impedido continuar con su labor, mientras cientos de familias se suman al dolor de no saber dónde están sus hijos.

En lo que va de la guerra, más de 400 adolescentes de entre 15 y 19 años han desaparecido: 383 son hombres y 96 mujeres, según la estadística oficial, como se pudo documentar con la consulta al Registro Nacional del periodo 26 de julio de 2024 hasta el 17 de julio de 2026.

“Consideramos que es porque son mano de trabajo, mano de obra para ellos (grupos delincuenciales); incluso cada vez más baja el nivel de edades, ahora hay mucho menor de edad involucrado”, alertó la madre buscadora.

Para Micaela, otro de los impactos es la disminución del acceso a la justicia, ya que los servicios periciales y forenses resultan insuficientes ante la enorme carga de trabajo, y han empezado a priorizar los cuerpos de reciente ingreso, dejando en rezago los casos de larga data.

Lo que no ha cambiado

Más de 15 mil agentes federales patrullan las calles de Sinaloa. Ejército, Guardia Nacional, Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizan operativos coordinados.

Sin embargo, los criminales siguen asesinando hasta tres veces más que antes de estallar la crisis de inseguridad, y la tendencia es similar con la desaparición de personas y el despojo de vehículos, por decir los delitos de mayor impacto social.

No obstante, los resultados y que el mapa delictivo se ha reconfigurado, lo que sigue igual son las estrategias estatales. Prevalecen las mismas problemáticas ante el abandono de décadas de las instituciones de seguridad y justicia en el estado.

Es la posición del CESP, que pone el dedo en la llaga: la policía estatal cuenta con apenas mil elementos para todo el estado. En tanto, las 20 policías municipales representan el eslabón más débil: una muestra de ello fue la renuncia de casi toda la corporación en el municipio de Escuinapa hace unos meses debido a las presiones criminales.

El Consejo apunta a un déficit de más de 100% en presupuesto. En su conjunto se ejecutan este año alrededor de cuatro mil millones de pesos para la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, el Sistema Penitenciario y el Poder Judicial, cuando se necesitan entre 10 mil y 12 mil millones de pesos.

Por todo ello –señala Miguel Calderón, coordinador del consejo–, existe preocupación de que si estas fuerzas federales se retiran o se dispersan a otros estados, Sinaloa no cuenta con las capacidades ni los recursos para hacer frente al problema por sí mismo.

“Es verdad que ha habido una cantidad importante de decomisos y detenciones, no hay que regatear esos logros al gobierno, pero ¿qué pasa después en las fiscalías?”, cuestiona el entrevistado.

Dos años después, el crimen mutó más rápido que la respuesta de las instituciones. El Mayo es sentenciado a cadena perpetua y el crimen de Cuén sigue sin ser esclarecido. En Sinaloa, en cambio, la guerra sigue imponiendo horarios, desplazando pueblos, desapareciendo jóvenes, golpeando al empleo…