La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de someter la crisis mexicana a la Asamblea General representa un golpe al gobierno de Claudia Sheinbaum. El documento, resultado de 14 años de monitoreo, concluye que en México se cometen desapariciones forzadas de manera sistemática. La presidenta reaccionó acusando un ataque contra su administración, mientras la Cancillería intentó presionar a los expertos para frenar el procedimiento. El temor del gobierno explica experto es que el señalamiento derive en una investigación preliminar de la Corte Penal Internacional de La Haya.
Vista como una luz de esperanza y oportunidad para miles de familias de desaparecidos a fin de alcanzar verdad y justicia, la decisión de los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, de someter la crisis de desaparecidos en México a la Asamblea General de la ONU, ha significado un duro golpe para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que asegura que la resolución “tiene una orientación, que es criticar al gobierno de México”.
El documento, que desató la furia de Sheinbaum, lejos de reflejar casos aislados de desapariciones forzadas o ajenos a los gobiernos de la Cuarta Transformación, es el resultado del monitoreo sobre la situación de México durante los últimos 14 años, del intercambio de comunicaciones entre el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) y el Estado mexicano, y de recibir información de organizaciones y de familiares de víctimas, sin contar con que nuestro país concentra 38% de las Acciones Urgentes tramitadas a escala mundial ante ese órgano, con 819 casos.
Es más, fue precisamente durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador que se dieron pasos sustanciales, como el reconocimiento de la competencia del CED para recibir y examinar casos individuales en 2020, e invitar a México a los miembros del Comité, en 2021, como era solicitado desde varios años atrás, ejercicio que devino en un informe que ya daba visos de que en el país se registraban desapariciones de manera generalizada que quedaban en la absoluta impunidad.
La reciente resolución de los expertos independientes, divulgada el 2 de abril último, logró establecer que existen “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”.
El artículo 34
En aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (mecanismo extraordinario de la ONU que se activa ante indicios de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas en un Estado parte), los expertos remitieron su informe al secretario General de la ONU, António Guterres, para ponerlo a consideración de la Asamblea General a fin de “brindar cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado”.
Asimismo recomendaron “establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.
La decisión del CED, responsable de la supervisión de la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, significa un tropiezo para la diplomacia mexicana, que durante un año intentó presionar a los diez expertos independientes que componen el órgano
colegiado.
De acuerdo con versiones recabadas por Proceso de fuentes diplomáticas en México y en Ginebra, que solicitaron el anonimato, la Cancillería echó mano de la relación cercana que existe entre Enrique Javier Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Volker Türk, titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), para tratar de evitar que la crisis de desapariciones llegase a la Asamblea General de la ONU.
De hecho, la visita del austriaco Volker Türk a México, del 19 al 22 de abril últimos, fue vista con recelo por algunos familiares de víctimas y organizaciones sociales, enterados en una conferencia matutina del 14 de abril de que el funcionario se reuniría con la mandataria, antes de considerar a los colectivos de víctimas en su agenda, situación que generó indignación porque sería la primera ocasión en que un representante de ACNUDH no conversara con ellos.
Los familiares de víctimas se enteraron desde Ginebra que Türk programó incluso un viaje a Oaxaca y que su oficina en México, dirigida por Humberto Henderson, solicitó a autoridades mexicanas que el austriaco fuera recibido por 100 indígenas, porque “ésa sería la foto de la visita”.
Se sugirió la presencia en esa entidad del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, quien declinó debido a sus sesiones en la Corte. Al final, esa reunión tuvo que ser cancelada, de acuerdo con información recabada.
Jorge Verástegui González, hermano y tío de Antonio y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos en Parras, Coahuila, en 2009, y quien coordina actividades en la Glorieta de las y los Desaparecidos, sostiene en entrevista que una visita del máximo representante de la ACNUDH sin considerar a las familias de las víctimas de este flagelo “enturbia la discusión”.
Expone: “Nosotros nos enteramos de que (Türk) tenía programada la visita antes de la decisión del Comité (contra la Desaparición Forzada) y que venía con una agenda amplia, pero extrañamente no se convocó a las familias de desaparecidos, a los colectivos y redes.
“Supimos que se iba a reunir con la presidenta porque ella misma lo mencionó en su mañanera, y después advertimos que iba a tener reuniones con organizaciones de la sociedad civil (el domingo 19), pero no con las familias de desaparecidos, algo muy, muy raro, que enturbia la discusión que se está teniendo a nivel de la internacional sobre el tema y México y su relación con Naciones Unidas”, explica Verástegui, abogado especializado en los derechos de desaparecidos.
Aunque al final la insistencia de los colectivos ayudó a que Türk modificara su agenda para reunirse con los familiares de desaparecidos el martes 21 de abril, para Verástegui la intención primaria de dejar fuera a esos sectores de la sociedad generó “mucha suspicacia” sobre el objetivo de su visita, si se trataba de “mediar” la relación entre México y el Sistema de Naciones Unidas, “aunque eso implique tolerar la impunidad que hay en el país”, o si era respaldar el informe del CED, como esperaban las familias y las organizaciones que las acompañan.
“No hacerlo, con todos los matices que sea, confirmaría que hay un contubernio entre el Alto Comisionado, no así Naciones Unidas, pero al menos del funcionario de la ONU con el gobierno de México”, denuncia Verástegui.
Al término de su visita, en conferencia de prensa a la que asistió el subsecretario Ochoa Martínez, Volker Türk se mostró cauto en su pronunciamiento sobre la crisis de desapariciones, tema que calificó como “una tragedia contra la que hay que
luchar”.
Evadió respaldar expresamente el resolutivo del CED encaminado a tomar medidas en la Asamblea General de la ONU para acabar con las desapariciones, aunque reconoció que en el gobierno de Sheinbaum “la voluntad está ahí”.
“Necesitamos un compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas o de un mandato de un gobierno para que pueda darse un proceso de verdad, de reconocimiento del dolor y la labor de las personas buscadoras de transparencia y de compromiso serio del Estado. Hago un llamado para que este esfuerzo no se politice, no se polarice y que ponga en el centro a las víctimas”, puntualizó Volker Türk.
Presiones
Como integrante del Servicio Exterior Mexicano desde 1999, Enrique Javier Ochoa Martínez, en su paso por la representación de México en Ginebra y Nueva York, ha coincidido con Türk, quien se ha forjado en la alta burocracia de Naciones Unidas desde 1991, de acuerdo con fuentes consultadas.
Las fuentes consultadas advierten que esa cercanía fue usada por el gobierno de Claudia Sheinbaum para que los especialistas desistieran de su decisión, prácticamente en el mismo momento en que anunciaron el inicio del procedimiento, en abril de 2025, en voz del entonces presidente del CED, Olivier de Frouville.
Varios testimonios, algunos de ellos procedentes de Ginebra, coincidieron en que Türk reprendió a los expertos por haber aplicado a México el artículo 34 de la Convención, país que es bien visto en Naciones Unidas por ser campeón en la firma de tratados internacionales en materia de derechos humanos, de colaborar en su promoción y de responder a las comunicaciones que los órganos de tratados le envían.
Los expertos defendieron su independencia y le recordaron a Türk que la función del ACNUDH es apoyar el trabajo de los órganos de tratado y relatorías, y que el funcionario no era su superior jerárquico porque fueron nombrados por los estados parte de la Convención.
La presión para que los expertos se desistieran de su decisión de iniciar el procedimiento fue ejercida –de acuerdo con las fuentes consultadas– por la propia Misión Permanente de México en Ginebra, actualmente encabezada por la embajadora Francisca Méndez.
De acuerdo con versiones coincidentes, los expertos fueron llamados a las oficinas de la Misión, uno por uno, para pedirles una explicación por haber votado en favor de aplicar el artículo 34 a México, lo que provocó molestia e indignación.
La presión de la Cancillería se dirigiría al entonces representante adjunto del Alto Comisionado en México (ONU-DH), Jesús Peña Palacios, quien no era bien visto por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador ni por el de Claudia Sheinbuam, por considerarlo demasiado cercano a los colectivos de víctimas y a organizaciones civiles.
El 23 julio de 2025 la ONU-DH informó sobre el nombramiento de Humberto Henderson como representante y a Maia Campbell como representante adjunta. Hasta ahora, Henderson es visto como “aliado” de la Cuarta Transformación, “con más fotos en sus redes sociales con funcionarios de gobierno que con víctimas”, apunta un entrevistado que pidió resguardar su identidad.
El 19 de marzo de 2026, en sesión privada, a unos días del cierre del 30 Periodo de Sesiones, del 9 al 26 de marzo, en Ginebra, los integrantes del CED, presididos por el ecuatoriano Juan Pablo Albán Alencastro, aprobaron por unanimidad el documento titulado “Decisión en virtud del artículo 34 de la Convención: México”, que fue remitido al Estado mexicano mediante su representación en esa sede de Naciones Unidas, y a la Secretaría General de la ONU, con la advertencia de que se daría a conocer en días posteriores.
Una vez más Türk –de acuerdo con testimonios– llamó a los integrantes del CED para que desistieran de hacer público el documento y detener el proceso, lo cual para los expertos fue considerado como ofensivo y otra vez defendieron su independencia, mientras que el Estado mexicano pedía más tiempo para entregar un último reporte, que ya estaba fuera de los plazos
estipulados.
El 27 de marzo último la Cancillería remitió el PowerPoint y la transcripción de la conferencia matutina de la víspera en la que Sheinbaum dio a conocer una reclasificación de los reportes de desaparecidos, documento que no incidió en el reporte final del CED.
Durante el proceso de intercambio de información, el Estado mexicano pidió al CED reservar la información enviada el 16 de enero de 2026, que fue liberada el 2 de abril, una vez que los expertos autorizaron que se divulgara toda la documentación que sustentaba su decisión de enviar la situación de México al secretario general, para que éste sometiera su informe a la Asamblea General de la ONU.
Entre la información enviada por el Estado mexicano se incluye la cifra de 133 mil 226 desaparecidos y no localizados, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al cierre el 10 de septiembre de 2025; resalta el reconocimiento de que en materia de identificación forense sólo se habían resuelto 522 casos, y en materia de justicia, frente a la magnitud de la tragedia, sólo 357 personas se encontraban imputadas en el ámbito federal por desaparición forzada, de las cuales “26 cuentan con sentencia, dos obtuvieron sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado, siete obtuvieron una sentencia condenatoria obtenida mediante audiencia de juicio y 17 cuentan con una sentencia absolutoria”.
Aclaración del CED
En las conferencias matutinas del 6 y 7 de abril últimos, Sheinbaum Pardo desvinculó al CED de Naciones Unidas; equivocadamente sostuvo que el documento sería revisado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, previo a la Asamblea de las Naciones Unidas, y descalificó el informe del mecanismo por considerar que “tiene una orientación, que es criticar al gobierno de México”, expresión reprobatoria que fue replicada por las voces del régimen, entre ellas la de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
Ante las imprecisiones de Sheinbaum, en su cuenta de X Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), dio respuesta puntual reivindicando su pertenencia a la ONU como un órgano independiente, resguardado por los principios de Addis Abeba, que establece que sus integrantes “no podrán estar sometidos a ningún tipo de dirección o influencia ni presiones del Estado del que sean nacional ni de ningún otro estado o de sus organismos”, y descartó que el artículo 34 de la Convención considere la intervención del Alto Comisionado en el proceso.
“Nuestra decisión publicada el pasado jueves (2 de abril) no es una remisión o informe dirigido al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), sino al máximo órgano deliberante de la ONU”, aclaró.
Al ser el de México el primer caso en que el CED aplica el artículo 34 de la Convención, la expectativa del gobierno de Claudia Sheinbaum sería apoyarse en Volker Türk, por lo menos hasta el final de su mandato, en agosto de este año, antes de que se designe a un nuevo secretario General de la ONU. Por razones de competencia, Türk no podría evitar que el tema llegue a la Asamblea General.
Santiago Corcuera, exintegrante y expresidente del CED, reflexiona que, por el contenido del informe, el temor de México es que llame la atención de la Corte Penal Internacional.
“Eso es lo que les preocupa, que diga La Haya ¡ah caray!, si ya un comité de Ginebra dijo esto, pues déjame explorar esta situación de las desapariciones en México. Y en una de esas, además de desapariciones, investiga la cuestión del reclutamiento forzado, y además del desplazamiento forzado de tanta gente que huye de Guanajuato y se va a Querétaro y así, por la violencia terrible. Y voy a ver el tema de la tortura, a ver si es cierto que ya bajó, y las ejecuciones, etc. Y en una de esas dice, ah, pues ok, yo creo que sí, ya es tiempo de abrir una especie de expediente de una investigación preliminar”, explica el experto.
Evalúa que, por la respuesta del gobierno de Sheinbaum frente a resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos, “la misma actitud de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón”, en caso de que la Asamblea General vea el caso de México, la representación “va a estar pegando de brincos ahí diciendo ‘¡no, no, no lo agendes, no lo agendes!”.
Corcuera, quien ha reconocido que la reciente resolución del CED es “un triunfo de las familias, como todo lo que se ha hecho en el país –leyes, protocolos, instituciones, registros– para encontrar a los desaparecidos”, considera que la Cancillería mexicana va a hacer todo para evitar el escrutinio internacional.
“La diplomacia mexicana en Nueva York va a estar haciendo todo lo posible por bombardear el proceso para que el caso nunca llegue a la atención, que nunca se agende para ser conocido y resuelto por la Asamblea General. Eso, téngalo por seguro”, advierte Santiago Corcuera.








