Interjet nació con la promesa de modernizar la aviación mexicana con tarifas bajas y expansión internacional. Sin embargo, detrás del discurso de éxito se tejió una red de negocios opacos: deudas fiscales millonarias, vínculos con empresas de combustible y operaciones ligadas al huachicol fiscal. La aerolínea de los Alemán, que llegó a operar 85 aviones y transportar a casi 90 millones de pasajeros en 2018, terminó atrapada entre el desastre financiero, el crimen organizado y convertido en símbolo de corrupción y fracaso empresarial.
Es el año 2010. Sudáfrica recibe a todos con el Mundial de la FIFA y en México aparece un comercial de Interjet. Una voz en off sostiene que la empresa cree “en revolucionar la aviación” y presenta una frase a fin de generar esperanza futbolística nacional.
“Interjet no cree en el quinto partido y en ganarle a Argentina, sino en que México saldrá campeón”, pregonaba desafiante.
Interjet se vendía como una aerolínea que cambiaría las reglas del juego. Sin embargo, detrás de la ilusión, el desenlace fue otro, no hubo campeonato e Interjet no vería más Mundiales, como el de 2026.
Ésta es la historia de cómo Interjet, en su ambición por las ganancias fáciles en el mercado aéreo mexicano, se relacionó con esquemas de huachicol fiscal, sobre todo con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y transfirió recursos a una empresa creada en Irlanda por los Alemán.
Al mismo tiempo el mal manejo financiero de la empresa derivó en adeudos con el fisco por Impuesto sobre la Renta, IVA y retención de derechos cobrados a pasajeros extranjeros y una deuda acumulada de 40 mil millones de pesos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
La historia está documentada en procesos judiciales, registros mercantiles y expedientes administrativos en poder de Proceso.
La élite empresarial y un sueño posible
De acuerdo con su acta constitutiva, Interjet fue fundada en 2005 por Miguel Alemán Magnani bajo el nombre de ABC Aerolíneas, SA de CV.
Era un empresario vinculado toda su vida al poder político y económico: nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés e hijo del exgobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco.
Y en tiempos recientes, Alemán Velasco y Alemán Magnani formaron parte del Consejo Asesor Empresarial del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que les permitió impulsar un discurso empresarial de modernidad y expansión.
Alemán Velasco y Alemán Magnani se movían dentro del mismo círculo de los empresarios más influyentes del país. Ahí coincidían con Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas; Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Televisa; Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles (hoy, Grupo Vazol); Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte; Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta; Miguel Rincón, presidente ejecutivo de Bio Pappel, y Sergio Gutiérrez Muguerza, presidente de DeAcero. Todos sugerían y generaban planes en “beneficio” del sector privado.
El 1 de diciembre de 2005 se presentó Interjet como una aerolínea de bajo costo. No era sólo un lanzamiento más en el sector, la empresa llegaba con la propuesta de ofrecer tarifas hasta 40% por debajo de la competencia y con la promesa de generar 800 empleos directos en un mercado dominado por pocas aerolíneas y con precios elevados.
El proyecto arrancó con una inyección de capital de más de 260 millones de dólares. De ese monto, 200 millones se destinaron al arrendamiento de aviones, con el objetivo de transportar a cerca de dos millones de pasajeros.
Hasta el corte de caja de 2015, Miguel Alemán Magnani no dejaba de presumir a la aerolínea.
En sus discursos y eventos para inaugurar más rutas ofertaba la misma idea: Interjet había conquistado los cielos y se había posicionado como la favorita de los mexicanos.
Se respaldaba con una numeralia de éxito con la operación de 85 aeronaves y la oferta de servicio a 53 destinos, de los cuales 32 estaban en México y 21 en el extranjero, con rutas hacia Estados Unidos, Canadá y toda América Latina.
Para 2018, la aerolínea alcanzó uno de sus puntos más altos. Transportó un acumulado de 89.5 millones de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y generó cinco mil empleos.
La vida, en ese momento, les sonreía.
Diversificación de operaciones
A la par de ese discurso de éxito, los dueños de Interjet apostaron por la diversificación, con un énfasis particular en el negocio del combustible aéreo.
El punto de partida fue en 2013, cuando se constituyó en Jalisco la empresa Impulsora de Productos Sustentables, SAPI de CV (IPS), cuyo objeto social principal era la elaboración, distribución y “comercialización de toda clase de combustibles”. El papel de esta empresa tomaría forma años después.
A mediados de 2018 también crearon la empresa Galem Energy, SA de CV. De acuerdo con su acta constitutiva, revisada por Proceso, la empresa quedó en propiedad de Miguel Alemán Magnani, quien participó con 650 acciones, mientras que el segundo suscriptor es José Luis Ramírez Magnani, quien quedó con 350 acciones.
El control de la compañía quedó concentrado en la familia Alemán, la misma que encabezaba Interjet.
El objeto social de la compañía, como consta en el documento, es amplio y abarca prácticamente cualquier operación comercial y de servicios, desde “la producción, comercialización, compra, venta, arrendamiento, importación y exportación de toda clase de productos, ya sean nacionales o extranjeros, por cuenta propia o de terceros; fungir como intermediario y/o comisionista en la prestación de todo tipo de servicios y proporcionar toda clase de servicios técnicos y administrativos en el país o en el extranjero y recibir dichos servicios”.
En ese 2018 también se constituyó una asociación de negocios entre Galem Energy, SA de CV, e Impulsora de Productos Sustentables, SAPI de CV, de acuerdo con documentos y contratos consultados.
La asociación se hizo mediante una compra de acciones quedando la participación accionaria de Impulsora de Productos Sustentables, de la siguiente manera: Galem Energy con 51% y Edgar Marín Meza con 49 por ciento.
El negocio consistía en algo concreto: facilitar el suministro de combustible a Interjet. Particularmente turbosina, pero también diésel y gasolina, derivados de un contrato de distribución con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Marín Meza, con los años, quedó como apoderado de la SAPI consolidando el control operativo.
“Esto con la finalidad de dirigir los negocios derivados del Contrato de Distribución de Turbosina y Gasavión con Pemex Transformación Industrial, empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos”, se lee en el contrato.
Este esquema tenía como propósito aprovechar los permisos de distribución de Impulsora de Productos Sustentables otorgados por la Secretaría de Energía y la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como utilizar el permiso de importación de hidrocarburos vigente para integrar una cadena de suministro que alimentara directamente a Interjet.
Durante la vigencia de esta asociación, Impulsora de Productos Sustentables realizó importaciones de diésel bajo permisos otorgados por la Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las operaciones se realizaron vía marítima por el puerto de Tuxpan, Veracruz, con proveedores internacionales como Valero y Gunvor.
En apariencia, todo operaba con una operación legal, estructurada y respaldada por permisos.
Vuelos con huachicol
Sin embargo, detrás de ese discurso de éxito hay una historia oscura. Los documentos muestran que, en esos mismos años, Miguel Alemán Magnani habría tejido, mediante Interjet, Galem Energy e Impulsora de Productos Sustentables (IPS), vínculos dentro de una red de huachicol al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Uno de los documentos es la causa penal 325/2025. Se trata de una orden de aprehensión por delincuencia organizada relacionada con huachicol. Es el mismo expediente en el que se acusa a Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.
En ese documento, la Fiscalía General de la República (FGR) identificó a Grupo Potesta como un nodo clave de la operación. Mediante esta empresa, según la autoridad, se articulaba un mecanismo de relación con Interjet, Galem Energy e Impulsora de Productos Sustentables.
“Grupo Potesta tiene vínculos comerciales con la empresa Impulsora de Productos Sustentables”, indicó la Fiscalía General de la República (FGR) en sus indagatorias por el caso de los sobrinos del almirante en retiro Rafael Ojeda Durante, secretario de Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La FGR sostiene que estas compañías realizaban operaciones de huachicol que iban desde el robo y contrabando de hidrocarburos hasta el ocultamiento de recursos financieros, además de emplear prácticas comerciales desleales para encubrir el origen de los productos.
“Impulsora de Productos Sustentables, SAPI de CV, e Importadora, Galem Energy, propietaria… opera bajo una red comercial con empresas como ABC Aerolíneas (Interjet)”, se lee en la causa penal.
En la orden de aprehensión solicitada por la FGR, y concedida por la justicia federal, se profundiza en el mecanismo de operación: de acuerdo con la investigación, las empresas utilizaban permisos de la Comisión Reguladora de Energía, pero en la práctica operaban con documentación irregular: sin número ni fecha de pedimento aduanero, sin claridad en los montos pagados y sin evidencia de las contribuciones correspondientes.
“De las conductas descritas en las notas en comento, se advierte la existencia de una segunda forma de operar identificada, la cual consiste en que diversas empresas del rubro gasolinero, de manera ilegal se dedican a exportar, importar, distribuir, transportar o comercializar hidrocarburos, sin que para ello presenten los documentos que acrediten el origen legal de dichos productos, sin embargo, son descargados principalmente en el puerto de Veracruz”.
El esquema, según la autoridad, no terminaba ahí. Cuando las embarcaciones no lograban descargar el combustible, regresaban a mar abierto para intentar nuevamente la operación con documentación distinta y falsa, hasta concretarla. Todo bajo supervisión del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En otros casos, los cargamentos eran redirigidos al puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, como parte de una estrategia para evadir controles.
Estas irregularidades no pasaron inadvertidas. En 2021 la Comisión Reguladora de Energía canceló los permisos de comercialización y logística de combustible de Impulsora de productos sustentables, SAPI de CV.
Al mismo tiempo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Impulsora de Productos Sustentables en el padrón de importadores suspendidos, derivado de inconsistencias en sus actividades.
A esa causa se suma otro expediente que refuerza la situación. El 3 de julio de 2025 la FGR consignó ante un juez federal el proceso contra Edgar Marín Meza Moreno por huachicol fiscal.
Según la autoridad, el empresario declaró en 2019 haber importado 7.2 de los 28.7 millones de litros de diésel que ingresaron a México a bordo del buque Atlantic Bay.
De acuerdo con el SAT, eso causó un daño al fisco por 173 millones de pesos, resultado de derechos no pagados correspondientes a 21.5 millones de litros de diésel que habrían sido comercializados en el mercado negro.
El caso escaló aún más cuando el 18 de marzo de 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el expediente de huachicol fiscal contra Marín Meza.
Crisis financiera y ruptura del esquema
Dos historias ocurrieron al mismo tiempo. Mientras esa red operaba en la sombra y avanzaban las investigaciones, Interjet entraba, casi en paralelo, en su fase más crítica en materia económica.
A partir de documentos en poder de Proceso, se desprende que uno de los primeros signos de que el cuerpo de la empresa ya estaba deteriorado fue el incumplimiento en el pago del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como multas acumuladas en los años 2017, 2018 y 2019.
A ello se sumó la retención de mil 492 millones de pesos de derechos pagados por los viajeros extranjeros, recursos que debían entregarse al Estado.
También se registró una deuda de cerca de 78 millones de pesos por renta, consumo de servicios y servicios aeroportuarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de sus principales centros de operación.
Para 2019 el deterioro ya era inocultable en los estados financieros de la compañía. La declaración fiscal de Interjet reflejó una pérdida de dos mil 803 millones de pesos; es decir, ya no generaba los ingresos suficientes para cubrir sus obligaciones.
Fuentes de la industria aseguraron a Proceso que este capital formaba parte de la cartera de Magnani, utilizada para sostener un estilo de vida de superlujo.
De hecho, documentos empresariales muestran otro flujo de recursos, pagos a una empresa domiciliada en Irlanda, propiedad de los Alemán.
Se trata de Interjet Airlines, que arrendaba a Interjet en México las aeronaves; mientras la empresa acumulaba adeudos en el país, también transfería recursos al extranjero bajo esquemas de arrendamiento.
Más deudas y pandemia
Mientras aumentaban los depósitos hacia Irlanda, también crecían las deudas con el Estado mexicano. Por ejemplo, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) informó que Interjet acumulaba un adeudo de más de 366 millones de pesos en 2019 y 2020 por derechos de uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano.
Para el primer trimestre de 2021 Impulsora de Productos Sustentables adeudaba mil 191 millones de pesos por la adquisición y suministro de turbosina a Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Durante 2020 y 2021 la presión financiera se volvió más severa, agravada por las restricciones de la pandemia. La caída en el tráfico aéreo golpeó directamente los ingresos, pero las obligaciones siguieron acumulándose.
Como consecuencia, Interjet dejó de pagar a IPS, su proveedor principal de turbosina, generando una deuda de más de 40 mil millones de pesos. Impulsora de Productos Sustentables, a su vez, incumplió con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
En diciembre de 2020, en un intento por contener el colapso, se cedió el control al empresario Alejandro del Valle, con la promesa de un rescate respaldado por una inversión de 150 millones de dólares. Era un último intento por mantener la operación a flote.
Pero para 2021 la presión de los acreedores, incluidos proveedores internacionales, ya era insostenible. Proceso cuenta con documentos que muestran que la aerolínea acumuló una deuda de más de 50 millones de dólares en sentencias derivadas de diversas demandas interpuestas entre 2020 y 2021.
Entre ellas destaca el caso de World Fuel Services, con sede en Florida, que sostuvo haber abastecido de turbosina a Interjet durante un semestre y reclamaba el pago de 10.7 millones de dólares.
A ello se sumaba un adeudo con Bank of Utah por 28 millones de dólares, correspondiente a la renta de dos aviones Airbus A320 desde octubre de 2019.
Aterrizaje forzoso
Para 2022 la crisis financiera también venía acompañada de presiones en lo laboral.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó el embargo de los bienes de Interjet, como respuesta a la huelga de trabajadores que denunciaban la falta de pago de salarios durante la pandemia y los años posteriores. Incluso se detectó que no se estaban pagando los impuestos correspondientes como asalariados.
Para 2023 el desenlace fue que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles declaró formalmente la quiebra de Interjet.
Con ello, se ordenó el remate de sus bienes con el propósito de cumplir, en la medida de lo posible, con los acreedores de la compañía.








