lunes 16 de noviembre de 2026

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Formada en la izquierda comunista tras la Revolución cubana, Lenia Batres Guadarrama pasó de la protesta social al máximo tribunal del país. Desde su llegada a la Suprema Corte en 2023, impulsada por López Obrador, ha mantenido distancia con otros ministros y ha defendido con radicalidad la agenda de la Cuarta Transformación, incluso a costa de aislarse. Identificada como parte del “bloque negro”, Batres ha tensado las relaciones internas y proyecta un estilo de liderazgo que combina militancia, confrontación y ambición de poder.

Formada en la izquierda comunista tras el triunfo de la Revolución cubana, la ministra Lenia Batres Guadarrama pasó de la protesta social al máximo tribunal del país, donde ha compensado su falta de experiencia jurisdiccional con la agenda política antineoliberal de la llamada Cuarta Transformación.

Batres creció y se desarrolló en un entorno familiar marxista leninista de los setenta, con los ecos del triunfo de la revolución castrista y la derrota de Estados Unidos en Vietnam. A sus 56 años su horizonte está en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir del 1 de septiembre de 2027. Pero desde ahora ejerce ya como factor de poder en la cabeza del Poder Judicial de la Federación.

Tras una carrera más política que administrativa, por decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en 2023 en la última ministra de la anterior Corte, y como resultado de la cuestionada reforma judicial pasó a ser una de las llamadas “ministras del acordeón”, como se conoció a la lista impulsada por el oficialismo en la elección de los ministros de la reformada Suprema Corte y en la que participó sólo entre 12 y 13% del padrón electoral.

En esa elección fue superada por el actual ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, pero hasta el último momento buscó ser la cabeza de la nueva Corte. Se tuvo que ajustar a lo establecido en la propia reforma: la presidencia se turnará cada dos años de acuerdo con el número de votos, por lo que será hasta el siguiente año cuando la autodenominada “ministra del pueblo” jure como la presidenta del más alto tribunal del país.

En 1990 ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM, pero dejó truncos sus estudios profesionales para ser madre. Hasta 2008, 20 años después de iniciar su vida política, logró titularse de la Licenciatura en Derecho, ya no en la UNAM, sino en la Universidad Humanitas.

Desde su ingreso a la vida política del país, en los ochenta, ha pertenecido a organizaciones de izquierda de las que surgieron diversas figuras que hoy encabezan el oficialismo en México.

De acuerdo con la propia Batres, su inquietud por los problemas sociales y el Derecho surgió a partir del sismo de 1985 en la Ciudad de México, cuando ella y su hermano Martí, hoy director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se involucraron en distintos movimientos vecinales que surgieron tras el desastre. Ahí los hermanos Batres coincidieron con René Bejarano y Dolores Padierna.

Lenia Batres fue integrante del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y el Partido de la Revolución Socialista, de 1986 a 1990. Cuando aún cursaba la preparatoria en la UNAM se unió al movimiento estudiantil que buscaba garantizar la gratuidad de la educación superior.

Fue representante de la Preparatoria 6 ante el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), se afilió al PRD y de 1989 a 1996 fue consejera del partido en el Distrito 7 del entonces Distrito Federal, que abarcaba las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Cuando ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM fundó el Grupo Nave, pero abandonó sus estudios porque tuvo a su hijo, Emiliano Batres Guadarrama, quien, según datos públicos, trabaja desde 2024 en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) como profesional ejecutivo adscrito a la Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Información y Transparencia, donde gana 12 mil 426 pesos mensuales, pues apenas cursa la licenciatura en Derecho, también en la Universidad Humanitas.

De 1994 a 1997 fue asesora del grupo parlamentario del PRD en la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, lo que le sirvió como preparación para ocupar una curul en 1997. En la LVII Legislatura formó parte de las comisiones de Justicia, Seguridad Pública del Distrito Federal y de Estudios Legislativos.

Según la semblanza que ella misma publicó en su canal de YouTube, propuso el sistema de justicia penal para adolescentes que actualmente se encuentra en vigor. Sin embargo, la primera legislación en la materia fue emitida en 2005, con la reforma al artículo 18 constitucional. En aquel entonces, Batres era directora general de Regulación al Transporte en la Secretaría de Transportes y Vialidad. En 2016 se creó el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, época en la que la ahora ministra era asesora en la Delegación Tlalpan, entonces encabezada por Claudia Sheinbaum.

Cuando fue diputada federal se opuso a diversas reformas impulsadas por el presidente Ernesto Zedillo en materia de seguridad y justicia, como la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP), al considerarla un retroceso para el federalismo, la procuración de justicia y los derechos humanos; y fue parte del grupo que se opuso a la transferencia de la deuda privada del Fobaproa al presupuesto nacional, que calificó como “la más grande abominación” aprobada por el Congreso.

Ruptura con Padierna

En el año 2000, al término de su periodo como diputada federal y sin tener título de licenciada en Derecho, Lenia Batres se convirtió en directora general Jurídica y de Gobierno en la delegación Cuauhtémoc, entonces encabezada por Dolores Padierna.

En aquel momento Batres era pareja de Mario Zepeda, director del Sistema de Transportes Eléctricos durante la administración de López Obrador en el entonces Distrito Federal. Zepeda fue despedido por el accidente del Tren Ligero en Taxqueña del año 2001, cuando dos convoyes chocaron de frente a menos de un kilómetro de la terminal.

Personas que conocieron la relación entre ambas políticas aseguraron a Proceso que Lenia Batres estaba considerada para suceder a Padierna al frente de la delegación Cuauhtémoc. Pero los conflictos entre ellas se interpusieron. Padierna se quejaba de que Batres no le consultaba la toma de decisiones y había dejado de ser una colaboradora aliada en la oficina.

En agosto de 2002 policías capitalinos detuvieron a Héctor Netzahualcóyotl Luna Ruiz, director de Gobierno, acusado de poseer marihuana y cocaína y quien, para evitar la captura, se ostentó como familiar de la jefa delegacional.

El funcionario fue destituido y Padierna declaró a medios de comunicación que no conocía a Luna, pues llegó a su equipo por recomendación de Lenia Batres.

Ese gesto molestó a la hoy ministra, quien presentó su renuncia al cargo y denunció que la detención de su colaborador se debió a una “trampa” para hacerlo pasar como un delincuente.

“Hasta este momento todo parece indicar que se montó una trampa contra el exfuncionario, con el fin de hacerlo aparecer arbitrario, abusivo, desmesurado, delincuente. Desconozco el móvil, el origen y la finalidad de la intriga. Se debe investigar”, indicó Batres en la carta de renuncia que entregó a Padierna en aquel momento y que fue publicada por diversos medios de comunicación.

Batres fue más allá y acudió a la Jefatura de Gobierno a presentar una copia de su renuncia a López Obrador, en la que también reprochaba las declaraciones de Padierna.

El entonces jefe de Gobierno la sumó a su equipo como asesora, cargo que ocupó hasta 2004, en el que surgieron los videoescándalos de René Bejarano, entonces coordinador de la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa del DF, lo que causó que los hermanos Batres se distanciaran definitivamente de él y de Dolores Padierna.

Posteriormente Lenia Batres fue designada directora general de Regulación al Transporte en la Secretaría de Transportes y Vialidad, cargo que ocupó hasta diciembre de 2006.

Después del desencuentro con Padierna, la relación entre Batres y López Obrador se estrechó y más durante el desafuero del entonces jefe de Gobierno. La ahora ministra participó en las protestas contra los resultados de la elección del año 2006 que dieron el triunfo a Felipe Calderón, lo que desató el plantón encabezado por López Obrador en la avenida Paseo de la Reforma, que duró más de un mes.

Fue en 2008 cuando la ministra se echó al bolsillo a López Obrador al ofrecerse voluntariamente a coordinar una de las brigadas de mujeres conocidas como Las Adelitas para realizar actos públicos de protesta contra la reforma energética impulsada por Calderón. Esa iniciativa de manifestación fue encabezada por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. Ambas acompañaron a López Obrador en la fundación de Morena.

Electa Sheinbaum como jefa delegacional en Tlalpan, Lenia Batres se unió a su equipo como asesora jurídica y en 2019, cuando la hoy presidenta fue electa jefa de Gobierno de la CDMX, Sheinbaum la designó secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la capital.

En 2021 Batres dejó el cargo para incorporarse a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con López Obrador como consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos. Desde ese cargo, en diciembre de 2023, López Obrador la designó directamente ministra de la Corte.

AMLO impulsó el mote de “ministra del pueblo”, que fue el que la propia Batres dijo que le puso la gente, e incluso intentó registrar como marca ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI).

Discordia en el máximo tribunal

Desde su llegada a la Corte se mantuvo distante de sus demás compañeros en el pleno de ministros y mantuvo su participación en actos públicos criticando el trabajo del Poder Judicial y difundiendo los beneficios de la reforma judicial que impulsaba López Obrador.

En agosto de 2024, durante la discusión de la reforma judicial en el Congreso, los equipos de los ministros de la anterior integración protagonizaron una protesta silenciosa en los pasillos de la Corte para manifestarse contra la elección de juzgadores por voto popular.

En respuesta, durante una sesión de la extinta Segunda Sala, a la que pertenecía Batres, integrantes de su ponencia, organizada por ella misma, se manifestaron en favor de la reforma y convirtieron los pasillos de la Corte en una guerra de porras para demostrar quién alzaba más la voz para defender su posición.

En ese periodo la ministra aprovechaba además que la Segunda Sala estaba incompleta, pues el ministro Luis María Aguilar Morales se retiró en diciembre de 2024, para ausentarse de las sesiones y romper el quórum, con lo que evitó la votación de proyectos contrarios a la agenda política de la 4T.

Batres hizo campaña para quedarse con la Presidencia de la Corte. Recorrió el país para pedir el voto repitiendo las premisas de López Obrador para justificar la reforma judicial: “Que la justicia llegue a la gente”, “que el pueblo debe decidir”, “que se acaben los privilegios del Poder Judicial neoliberal”, entre otras.

Desde Morena Batres fue exhortada a no desgastarse tanto en la campaña, pues su triunfo y la Presidencia de la Corte estaban garantizados. Pero no hizo caso y, pese a ello, los votantes de la elección del 1 de junio de 2025 no le dieron el primer lugar, lo que no fue bien recibido por la propia “ministra del pueblo”.

En la operación para favorecer a los candidatos del acordeón algo falló en cinco estados, donde sólo ganaron dos candidatos oficiales: Hugo Aguilar y Lenia Batres. De acuerdo con cifras revisadas por Proceso, en el Estado de México, Veracruz, Baja California y Morelos –controlados por Morena–, junto con Jalisco (de Movimiento Ciudadano), ambos quedaron en primero y segundo lugar de las votaciones.

Batres superó a Aguilar en la Ciudad de México, donde ella obtuvo 600 mil 663 votos y donde su familia tiene mayor influencia política, basta recordar que su hermano Martí fue jefe de Gobierno y es un hombre cercano a López Obrador.

Todavía el 3 de junio de 2025, en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum afirmó que por paridad de género la Presidencia de la Corte debía ser para la mujer más votada, pero que correspondía al Instituto Nacional Electoral (INE) evaluarlo.

Más tarde, ese mismo día, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tuvo que aclarar que la Presidencia de la Corte le correspondería a quien obtuviera el mayor número de votos y que la paridad se refería a la integración del pleno.

Batres se sintió traicionada. Antes del 1 de junio mantenía comunicación constante y directa con Sheinbaum y, a partir de su frustrado intento por presidir la nueva Corte, la relación se enfrió. La ministra y la mandataria federal no volvieron a hablar más, confiaron a esta reportera integrantes del equipo electoral de la ministra.

Rechazo a la crítica

y purga en su ponencia

Batres es una de las ministras más cuestionadas públicamente, y al interior de la Corte ha optado por aislarse, pero mantiene sus posiciones “radicales”.

Pese a que desde su llegada a la Corte prometió trabajar para la gente, en sus redes sociales la crítica no es bienvenida, pues los moderadores de los comentarios no admiten ninguno que sea contra la ministra. En la red social X sólo pueden comentarle personas a las que ella sigue; es decir, no cualquier ciudadano puede responder sus publicaciones.

En su edición mensual de noviembre de 2025, Proceso informó que la ministra encabeza un grupo al interior de la Corte que tenía como objetivo facilitar las acciones de gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Para enero de este año el grupo ya era identificado en los pasillos del Máximo Tribunal como el “bloque negro”, integrado por Batres, Aguilar Ortiz y Sara Irene Herrerías. Pero la propuesta e insistencia de Batres de reabrir casos con sentencias firmes provocaron la molestia de Sheinbaum.

Poco a poco los ministros que usualmente votaban y defendían los puntos de Batres Guadarrama se han apartado de ella, como Aguilar Ortiz, María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías.

Aunque la ministra aclaró a esta revista –en un derecho de réplica– que esto era falso, la opinión general sobre Batres en la Corte es que “de facto” es quien lleva la batuta y Hugo Aguilar es capaz “de tolerarle cualquier rabieta y amoldar” los criterios, con tal de no tener una confrontación con ella.

Cada vez que un medio de comunicación cuestiona a la ministra Batres, ya sea por sus posiciones en el pleno, por las discusiones que ha protagonizado con sus compañeros (como cuando se ha negado a eliminar párrafos pese a que la mayoría se lo solicite), sus errores o cualquier detalle mínimo, ella denuncia la existencia de campañas difamatorias en su contra.

Ante los eventuales efectos adversos en la economía nacional cuando se inicie su Presidencia en la Corte en junio de 2027, expresados en la prensa, ha señalado la existencia de intentos para deponerla.

“Periodistas de la derecha, en nado sincronizado, afirman que constituyo un peligro para la inversión privada y, en ánimo golpista, llaman a evitar que presida la Corte”, publicó en su cuenta de X.

“Mi obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución mexicana. Coadyuvo, en un ámbito colegiado, a su interpretación fiel. Por eso respeto, protejo y aliento la inversión económica. Las normas que regulan su funcionamiento dan certidumbre jurídica. Ahora bien, sobre el relevo en la Presidencia de la Suprema Corte, la Constitución es muy clara. Ya se aplicó. Presidiremos la Corte en orden de votación. Es mandato popular”.

A su llegada a la SCJN, Batres pidió a los integrantes de su ponencia que redujeran sus sueldos y renunciaran a diversas prestaciones para cumplir con el mandato constitucional de que nadie gane más que el presidente de la República.

Eso provocó que prácticamente toda la ponencia, que anteriormente era el equipo del ministro renunciado Arturo Zaldívar, pidiera su cambio de adscripción o definitivamente renunciara a la SCJN.

Además, solicitó que se redujeran los sueldos de todos los trabajadores de la Corte sin importar el rango, lo que fue rechazado por la mayoría de los ministros, incluidas Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, de quienes se distanció a partir de ese momento por sus posiciones contrarias a lo que ella consideraba que era lo correcto.

En las reuniones de los nuevos ministros previo a rendir protesta el 1 de septiembre de 2025, Batres propuso despedir a todos los empleados de la SCJN que ingresaron antes de la llegada de la nueva administración para formar equipos totalmente nuevos aprovechando la desintegración de las Salas y de dos ponencias.

Eso también fue rechazado por quienes serían sus nuevos compañeros y se decidió que los equipos que quedaron sin adscripción por la reforma judicial serían repartidos entre las nueve ponencias.

En ese reparto recibió a tres abogados de la ponencia del ministro en retiro Aguilar Morales, pero en febrero de este año fueron despedidos de manera irregular.

Los abogados, que ocupaban plazas de técnico operativo, recibieron en la primera semana de febrero, vía telefónica, la instrucción de que del 2 al 6 de ese mes trabajarían en la modalidad home office.

A la siguiente semana Claudia Luna Domínguez, profesional operativa con una antigüedad de 27 años en la Corte; Gustavo Octavio Díaz Álvarez, técnico operativo con antigüedad de ocho años, y Luis Alberto Rojas Pérez, técnico operativo con diez años en la Corte, fueron notificados de su despido por faltar una semana sin justificación, “deficiencias” y “falta de aptitudes profesionales”.

“Por así convenir a los intereses de este Alto Tribunal, derivado de los hechos anteriormente expuestos, y sin ninguna responsabilidad para esta ponencia, se hace de su conocimiento que se dan por terminados los efectos de su nombramiento de forma definitiva”, indican los oficios firmados por la ministra Batres y entregados a los tres abogados.

Trabajadores de base acudieron al Sindicato de la Corte, pues la ministra carece de facultades para despedirlos sin un procedimiento administrativo.