Organizaciones como el Cemda, Comité Cerezo, Artículo 19 y el académico Sergio Aguayo alertan sobre un escenario de violencia y debilitamiento de la sociedad civil debido a los ataques y divisionismo que promueve la 4T. Los defensores ambientales enfrentan homicidios y agresiones sistemáticas, y activistas de derechos humanos sufren desapariciones y detenciones arbitrarias. La cancelación de apoyos financieros ha dejado a colectivos sin recursos. En cambio, el gobierno de Sheinbaum se apuró en autorizar una asociación civil promovida por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para recabar dinero en favor de Cuba.
Con 63 años de actividad académica, en la defensa de los derechos humanos y de la democracia, Sergio Aguayo Quezada alerta sobre el retorno a un México autoritario tras el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, que ha pretendido debilitar y dividir a las organizaciones sociales y al movimiento de víctimas, dos de los sectores que “impulsan o sostienen las instituciones
democráticas”.
Coordinador del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México, y fundador de organizaciones sociales como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Alianza Cívica, Propuesta Cívica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Aguayo Quezada reflexiona sobre “la batalla entre la democracia y el autoritarismo” en tiempos de la Cuarta Transformación,
En entrevista con Proceso, el investigador reconoce que el debilitamiento de instituciones elementales amenaza el desarrollo democrático en todo el mundo, en diferentes niveles, pero del que no se salva México, donde en los años ochenta el “gobierno autoritario del PRI perdió el relato” ante una sociedad que tuvo acceso a “historias de represión y del papel del Ejército y de policías” dadas a conocer por medios de comunicación y organismos civiles de derechos humanos.
“López Obrador es notable porque hace lo que ningún presidente hizo: se compromete a resolver los grandes problemas de verdad y justicia”, dice Aguayo al señalar que es así como crea, a principios de diciembre de 2018, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), la activación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y dos años después, en 2021, crea la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico (Coveh) para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la Guerra Sucia.
Paralelamente, apunta, el expresidente la emprendió contra organizaciones sociales como una de sus primeras acciones de gobierno con la emisión de la circular número uno, del 14 de febrero de 2019, en la que prohíbe a las dependencias gubernamentales destinar fondos para las organizaciones, lo cual “tiene varias consecuencias que no son visibles en el momento”, y además “divide al movimiento de derechos humanos y a los colectivos de víctimas”.
Una prueba de la división fomentada por López Obrador es que se reunió 36 veces con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, lo que no ocurrió con los colectivos de familiares de desaparecidos, a quienes atendió Karla Quintana, extitular de la CNB.
“López Obrador rompe con todos en diferentes momentos y por diferentes razones, y termina peleado con las madres y padres de Ayotzinapa; despide en agosto de 2023 a Karla Quintana, desautorizan el informe de la Comisión de la Verdad (Coveh), lo mismo que ocurrió con el informe de la Femospp (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) en el gobierno de (Vicente) Fox, lo que se publica es por decisión de los comisionados”, explica el investigador del Colmex y profesor de varias universidades en Estados Unidos.
Expone que, pese a los maltratos y ataques a organizaciones civiles y medios de comunicación por parte del gobierno de López Obrador, “sí hubo una purga, una limpieza, pero no destruyó” a esos dos factores de desarrollo democrático que se han convertido en los escrutadores el régimen, ante la debilidad de los partidos opositores a Morena.
Sergio Aguayo reconoce que, como analista desde hace décadas en temas relacionados con seguridad nacional, derechos humanos y democracia, el régimen de Morena “no reprime tanto como el PRI”, pero sin duda, al igual que su antecesor, en el gobierno de Claudia Sheinbaum se pretende acaparar el poder.
“No parecen tener llenadera en su deseo de monopolizar el poder, los temas, el relato, todo, cuando la 4T perdió la legitimidad que tenía como víctima del autoritarismo, de la represión. Ya no se lo creemos, porque ya tiene siete años en el poder y lo que ha demostrado es muy poco respeto hacia varias generaciones de organizaciones y de luchadores que tenemos la legitimidad de haber estado en la brega”, reflexiona.
Tras señalar que la pérdida de legitimidad de Morena radica en decisiones controvertidas del régimen de la Cuarta Transformación, como desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), controlar el Instituto Nacional Electoral (INE), sostener a “esa falsaria de Rosario Piedra Ibarra” en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), o bien mantener en el gabinete a Francisco Garduño (sometido a un proceso penal por la muerte de 40 migrantes en una estancia de Ciudad Juárez), el investigador del Colmex advierte que la resistencia de pueblos enteros en defensa del territorio ante los megaproyectos es un claro ejemplo de que “la vanguardia” está en la sociedad civil.
“Quienes resistimos somos la sociedad; en la vanguardia no sólo están los medios, están las víctimas, están las universidades y luego la Iglesia”, considera Aguayo.
Como muestra de la continuidad de esa política adversa a las organizaciones civiles, este año el gobierno de Claudia Sheinbaum revocó autorizaciones para que más de cien ONG recabaran donaciones deducibles de impuestos, entre ellas México Evalúa, Centro de Análisis y Políticas Públicas, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Mexicanos Primero, contra quienes el fundador de Morena se confrontó duramente por su posición crítica a su gobierno.
México Evalúa y el IMCO aseguraron en comunicados por separado, el 21 y 22 de marzo últimos, haber comprobado que cumplían con las condiciones para emitir recibos deducibles de impuestos por donaciones, pero el SAT consideró que no reunieron los requisitos para recibir aportaciones deducibles.
La medida impuesta por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se contrapone con la autorización exprés que otorgó a “Humanidad con América Latina, AC”, que obtuvo permiso para recabar fondos deducibles de impuestos el 9 de marzo último, y seis días después su existencia fue publicitada por López Obrador como una asociación civil “abierta por ciudadanos, escritores y periodistas”.
Utilizando su gran influencia, desde su cuenta de X, el exmandatario dijo sentirse herido porque “busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, por lo que invitó a inyectar recursos a esa organización “para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina”.
Por la información pública difundida por el SAT, se sabe que la organización que promueve López Obrador es dirigida por Carlos Pellicer López, sobrino del poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, personaje con quien el exmandatario –ha reconocido– estableció una relación “muy estrecha y definitoria” en su formación política.
Como en otras administraciones, no sólo en el régimen de la 4T, la defensa de los territorios ante megaproyectos gubernamentales y privados, que amenazan el medio ambiente y la cosmovisión, ha costado caro para las comunidades y pueblos indígenas, como lo revelan los más recientes reportes de organismos nacionales e internacionales.
Agresiones a ambientalistas
El último informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) indica que durante los últimos cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros tres meses del de Claudia Sheinbaum, de 2020 a 2024, se registraron mil 428 agresiones a defensores del medio ambiente y del territorio, de las cuales 112 corresponden a homicidios.
En el “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México”, el Cemda sostiene que con López Obrador ha sido el periodo más letal para esos activistas.
El Cemda tiene registrados 189 homicidios de ambientalistas en la última década, de los cuales 112 se cometieron entre 2020 y 2024, relación en la que 25 ocurrieron en el último año de gobierno de López Obrador y los tres primeros meses en el de Sheinbaum Pardo.
En otro documento, “Defender los derechos humanos en México: La esperanza se desmorona”, elaborado por el Comité Cerezo, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh) y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, relacionado con la situación de defensores de derechos humanos entre junio de 2024 y mayo de 2025, se registraron 22 ejecuciones arbitrarias, siete desapariciones forzadas y 86 detenciones arbitrarias.
El documento alerta que sólo contabiliza violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado mexicano contra defensores de derechos humanos, destacando que “los principales perpetradores de estos actos continúan siendo policías de entidades federativas”, lo que habla de una continuidad en esos abusos.
“Es claro que ya no nos encontramos dentro de la vorágine de la estrategia de control social mediante el terror usada en los sexenios del PRIAN; no obstante, los cambios políticos no han sido suficientes para detener las violaciones a derechos humanos, ni para investigar y sancionar a los responsables”, advierte el
documento.
Para organizaciones internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU (GTDFI), México es también paradigma de la intervención del crimen organizado en las agresiones contra defensores del territorio y del medio ambiente, como se establece en su informe “Desaparición forzada en el contexto de la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente”.
“La impunidad actual de las desapariciones en México, junto con la presunta participación del crimen organizado y el aumento de la violencia contra los defensores es muy preocupante, así como la violencia contra los pueblos indígenas que defienden la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente”, se lee en el documento presentado durante el sexagésimo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en octubre último.
Con un registro mundial de mil 733 asesinatos de defensores de la tierra entre 2012 y 2022, en el que hay indicios de la colusión entre Estado, empresas y grupos criminales, el GTDFI coloca la desaparición de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, ocurrida el 15 de enero de 2023 en la frontera entre Colima y Michoacán, como un ejemplo de defensores que han sido víctimas “de desapariciones forzadas debido a su oposición a actividades extractivas y proyectos de desarrollo que afectan sus tierras y recursos naturales”.
Estigmatización de defensores de territorio
La presidenta del GTDFI, Gabriella Citroni, asegura a Proceso que en la investigación realizada los expertos advirtieron que hay una tendencia mundial a estigmatizar y criminalizar a los defensores de territorio o ambientales, muchos de ellos tildados como “ecoterroristas”, lo que puede “facilitar la desaparición forzada” y generar un efecto amedrentador entre otros defensores.
Citroni reconoce que a las amenazas cotidianas que sortean los defensores se suman el debilitamiento de la sociedad civil por falta de financiamiento, lo que también ocurre con el sistema de Naciones Unidas por los recortes financieros, primordialmente a causa de la cancelación del gobierno de Estados Unidos para solventar a varios programas de la ONU, así como a la sociedad civil en otros países.
“Lo que veo es una combinación, que es muy preocupante, de un sistema como el sistema de Naciones Unidas, debilitado, con crisis de credibilidad, pero también un sistema de sociedad civil debilitado por los recortes de financiación.
“En algunas regiones del mundo, más que en otras, las decisiones de Estados Unidos tuvieron un efecto realmente importante, asociaciones que cerraron, programas que no pueden seguir. Entonces tenemos a la organización que tiene que monitorear, sin recursos o con muy pocos recursos, y a quienes alimentan y traen la información a esa organización, también en amplias dificultades. Es la tormenta perfecta”, comenta la también académica de la Universidad de Milano-Bicocca, en Italia, y de la Academia e Derecho Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, Suiza.
México es uno de los países que resintió el recorte de la ayuda de Estados Unidos por el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), ordenada por el presidente Donald Trump en julio del año pasado.
De acuerdo con los últimos datos de la USAID, correspondientes al año fiscal 2023, la agencia aportó alrededor de 104 millones de dólares para distintos proyectos clasificados como Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza (42 millones de dólares), Paz y Seguridad (32 millones de dólares), Medio Ambiente (16 millones de dólares), Educación (seis millones de dólares) y otras áreas (10 millones de dólares).
Una de las organizaciones que contaban con financiamiento de la USAID es Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en blanco de señalamientos y de estigmatización.
Reducción de operaciones
El director ejecutivo de Artículo 19 para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, reconoce que la desaparición de la USAID redujo sus operaciones, que también se vieron limitadas por “la estigmatización y la política contraria, tanto a los derechos humanos como a las organizaciones” que ha prevalecido en el régimen de la 4T.
En entrevista, reconoce que, si bien la labor de los defensores no fue fácil con los gobiernos del PRI ni el PAN, con los gobiernos de Morena, “por lo menos en lo que toca a defensa de víctimas, a defensa de la libertad de expresión y en general a la defensa del espacio cívico, los canales están rotos”.
Al enlistar una serie de “encontronazos” que tuvieron las organizaciones de la sociedad civil con el gobierno de López Obrador, sobre todo por la defensa de comunidades afectadas por los megaproyectos gubernamentales o bien el maltrato a las víctimas, el defensor alerta que prevalece una tendencia preocupante en el régimen de la 4T.
“Resulta perturbador el negacionismo, que viene desde López Obrador y que se ha incrementado con Claudia Sheinbaum, de la crisis de derechos humanos, de la crisis de desapariciones, de la impunidad y la invisibilización de las víctimas, que en realidad son el núcleo del trabajo que hacemos las organizaciones de derechos humanos, son el centro, pues conlleva también que se rompan esos lazos con quienes nos dedicamos a la defensa de derechos humanos”, apunta.
Al reconocer que las dificultades de obtener financiamiento se sumaron al incremento de “retos y riesgos” en las agendas que llevan las organizaciones civiles, el director de Artículo 19 considera que es también momento de oportunidades.
“La verdad es que sí ha reducido la capacidad de operación; pero hacia adelante lo que debemos plantearnos es trabajar mucho más en coalición, conjugar esfuerzos, conjugar recursos y darnos cuenta de que ya no podemos trabajar como lo hacíamos antes y mirar hacia adelante con un sentido crítico de lo que viene, que no está fácil y que cada vez se están reduciendo más las libertades democráticas”, dice Leopoldo Maldonado.








