Graco Ramírez despilfarró el dinero y Cuauhtémoc Blanco lo solapó. Los últimos dos gobernadores del estado de Morelos, por comisión u omisión, generaron un daño patrimonial a las arcas públicas en la construcción de un inmueble en el poblado de Zacatepec, donde apenas viven 36 mil personas. Mucho estadio y ningún equipo de élite que lo utilice y justifique la millonaria remodelación. El último inquilino, el Atlante, tendrá un paso efímero ahí porque está a punto de regresar a la Primera División.
El monumental estadio de futbol en Zacatepec, Morelos, el famoso Coruco Díaz, fue reconstruido en 2014 a sobreprecio y con argumentos inverosímiles, que durante 12 años sólo ha tenido ocupantes temporales y no el tan cacareado equipo de la Liga MX que prometió el exgobernador perredista Graco Ramírez.
Ese inmueble, un elefante blanco cuya remodelación costó casi mil millones de pesos que salieron de las arcas federales y estatales, fue planeado para que, supuestamente, ahí jugara un equipo de Primera División, pero hasta hoy los huéspedes han sido sólo de la Liga de Expansión y otras categorías inferiores. Se trata de una innecesaria mole en el centro de una pequeña población, que en unos meses se quedará nuevamente vacía porque su actual ocupante, el Atlante, regresará a la Ciudad de México.
El Coruco es un estadio que se llama así en honor a un jugador de los originales Cañeros de Zacapetec, Agustín Díaz, cuando se cimentó la tradición futbolera de ese municipio gracias a los dos títulos que obtuvo en la Primera División, el último en 1958.
De eso ya pasaron 68 años y el estadio lleva otros 40 sin un equipo de la Primera División. Pese a ello, desde 2013, durante los inicios de la gubernatura de Graco Ramírez en Morelos, se planteó la reconstrucción como necesaria a partir de un entramado burocrático lleno de pretextos fantasiosos que justificaran el derroche.
Lo que no fue una fantasía fue el gasto y su subutilización durante más de una década. De 486 millones de pesos presupuestados originalmente, el inmueble terminó costando 857 millones, casi el doble, además de que afectó de varias formas a la comunidad morelense de Zacatepec, que sigue sin encontrarle sentido a la obra que le quitó tres cuartas partes del zócalo a su comunidad y es objeto de señalamientos de corrupción y opacidad en las finanzas de un municipio que no tiene equipo ni condiciones para sostenerlo.
“Para la reactivación económica de la zona sur es este proyecto, porque vamos a construir el estadio que nos va a permitir llevar a nuestro equipo a Primera División”, dijo Graco Ramírez en uno de sus últimos actos de campaña en 2012.
La mayor utilidad que le han dado al Coruco Díaz han sido de manera intermitente los equipos de la otrora llamada Liga de Ascenso, principalmente, categoría cuyas mejores entradas rondan los cinco mil aficionados, cifra muy lejana al aforo de 24 mil personas que tiene el estadio. Por ejemplo, el último partido del Atlante como local en la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 tuvo apenas tres mil 918 asistentes.
Como no todos los años ha habido futbol en el inmueble por el rondín de franquicias que van y vienen, durante el gobierno del hoy morenista Cuauhtémoc Blanco fue convertido en un gimnasio improvisado para los trabajadores de Morelos.
Desde la sociedad civil, instituciones como la Asociación Morelos Rinde Cuentas han intentado fiscalizar los recursos erogados, pero lo único que han encontrado es un sistema que promueve la opacidad con fiscales anticorrupción y auditores afines al sistema de gobierno estatal.
“Desde entonces, 2014 o 2015, tenemos una Auditoría que no funciona, una Auditoría que está controlada por los diputados y por las personas que gobiernan en turno”, asegura Roberto Salinas, presidente de la mencionada asociación en referencia a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.
ESTADIO SIN PROBLEMAS
Zacatepec tiene poco más de 36 mil habitantes. Es decir, en el estadio cabe 67% de la población del municipio. La desproporción es tal que, para comparar, en el Estadio Azteca cabría apenas 0.8% de los habitantes de la Ciudad de México.
Incluso, el aforo del Coruco Díaz es superior al promedio de las asistencias de la Primera División durante el Torneo Apertura 2025, que fue de 22 mil personas por juego. La desproporción no es sólo arquitectónica sino política. Simplemente no era necesaria una obra de esa magnitud. A los pocos días de iniciar su mandato, Graco Ramírez confirmó el proyecto.
“¿Quién va a ganar? Van a ganar los jóvenes, va a ganar nuestro estado, porque va a venir gente a ver futbol, vamos a dar una imagen positiva de Morelos”, prometió el gobernador en julio de 2013.
Diez años después, en 2023, Cuauhtémoc Blanco, quien tuvo varios encontronazos políticos con Graco Ramírez, llegó a decir, en la inopia, que el estadio se estaba cayendo y que requerirían alrededor de 100 millones de pesos para arreglarlo. Una semana después se retractó.
INJUSTIFICADA ARGUMENTACIÓN
A partir de la declaración de intenciones de Graco Ramírez en 2013 comenzó una cascada de argumentos inverosímiles para que existiera una petición “legítima” de remodelación.
La Promotora Deportiva Zacatepec, cuyo equipo militaba en la Tercera División Profesional (TDP), le pidió formalmente al gobernador, en febrero de 2013, ampliar y remodelar el inmueble, pese a que ese club no tenía la más mínima posibilidad de jugar en la Liga de Ascenso.
Aun así se echó a andar la maquinaria burocrática y en una sesión del Comité de Obras Públicas morelense, realizada en septiembre del mismo año, se enumeraron varios “antecedentes” para plantear la reconstrucción. Entre los argumentos que mencionó la Promotora Deportiva Zacatepec estaba que el estadio no cumplía con el “cuaderno de cargos” exigido por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).
A esa petición se sumó la Dirección de Protección Civil estatal con el argumento de que el estadio representaba un riesgo por su vieja estructura. También la presidencia municipal pidió la reconstrucción “con carácter de urgente” y en el mismo tenor se pronunció el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, entonces dirigido por Jacqueline Guerra Olivares.
Además, como justificación fue invocado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, pese a que éste no mencionaba ningún proyecto concreto sobre el estadio ni sus necesidades ni beneficios económicos, sino ambigüedades que aludían al bienestar de la población y el combate a la violencia mediante la práctica del deporte.
La Secretaría de Hacienda estatal no tardó en aprobar un presupuesto inicial de 400 millones de pesos. Sin embargo, ante la imposibilidad de que el Zacatepec de la Tercera División jugara en la entonces Primera A, el gobernador tuvo a bien encargarle a un distribuidor de medicamentos que llevara una franquicia a Morelos.
Se trata del empresario Víctor Sánchez Ayala, propietario de la farmacéutica Distribuidroa Disur, SA de CV, quien tenía varios contratos en el estado, pero no antecedentes en el deporte. Su única relación con el futbol es que había sido seleccionado a nivel amateur en su juventud.
HABÍA ESTADIO, PERO NO EQUIPO
La paradoja acompañó al Coruco Díaz desde el inicio, porque primero se remodeló el estadio y luego se buscó al equipo que lo usara como consecuencia del modelo de franquicias del futbol mexicano, que permite comprarlas y luego cambiarlas de ciudad a conveniencia de sus dueños.
De manera todavía más absurda, Sánchez Ayala tuvo que comprar dos franquicias porque la primera descendió unos días antes de la inauguración del estadio.
Originalmente el empresario farmacéutico había comprado al Irapuato para convertirlo en el Zacatepec 1948, que se vio obligado a jugar en la capital, Cuernavaca, durante los meses que tardó la remodelación del Coruco. El equipo perdió la categoría y cayó a la Segunda División al término del Torneo Clausura 2014.
El Torneo Apertura de ese mismo año ya estaba a la vuelta de la esquina, de manera que Víctor Sánchez Ayala adquirió apresuradamente al Cruz Azul Hidalgo para convertirlo en el Zacatepec Siglo XXI, con el que finalmente se reinauguró el estadio en un partido amistoso contra las Chivas el 27 de agosto de 2014. El equipo local perdió 2-0.
Tres años después, en 2017, Víctor Sánchez Ayala abandonó la plaza morelense, pero reapareció en 2019 con un nuevo proyecto: se convirtió en el flamante dueño de los Alebrijes de Oaxaca, un equipo de la Liga de Ascenso.
Tras la salida de Sánchez Ayala y su Zacatepec, la franquicia de Coras Tepic se convirtió en el nuevo inquilino del Coruco Díaz bajo el mote de Club Atlético Zacatepec, la tercera versión de los Cañeros desde que Graco Ramírez llegó al gobierno de Morelos.
Dicha franquicia estaba dirigida por dos empresarios en ese entonces cercanos a Jorge Vergara, dueño de las Chivas: Víctor Arana y José Luis Higuera, exdirector general de Grupo Omnilife y del club Guadalajara, quienes lo renombraron como Atlético Zacatepec y al poco tiempo se lo llevaron a la capital de estado de Michoacán, donde le cambiaron el nombre a Atlético Morelia, equipo de la Liga de Expansión que se quedó en la entidad tras la salida de Monarcas, que se convirtieron en el
Mazatlán FC.
Ese movimiento también fue criticado, pues mientras era legislador federal, el diputado panista Javier Bolaños denunció que se estaba entregando un patrimonio de los morelenses a una empresa privada por un lapso que podía ser de hasta 15 años.
Sin estabilidad, el proyecto de Arana e Higuera también se diluyó. Dos años después de su llegada, Arana se quedó solo en la sociedad y al frente del equipo con el respaldo del gobernador Cuauhtémoc Blanco. En 2020, como ya se dijo, Arana se llevó la franquicia y Zacatepec volvió a quedarse sin futbol profesional.
Fue en ese momento cuando el gobierno estatal emitió un comunicado en el que autorizó que el Coruco Díaz se convirtiera en un deportivo improvisado para los empleados.
En ese momento el gobierno de Cuauhtémoc Blanco permitió el arribo de los Lobos Zacatepec, un equipo cuyo origen eran los Lobos BUAP que jugaron en la Liga MX en 2017, de donde fue desafiliado por falta de viabilidad financiera.
Sin embargo, ese equipo ni siquiera disputó un partido en Zacatepec, pues los Lobos se enrolaron en la fallida Liga del Balompié Mexicano, una competencia sin aval de la Federación Mexicana de Futbol que desapareció un año después de su creación y de la cual fueron desafiliados los Lobos por falta de pagos.
De esta manera, entre 2021 y 2024, el único equipo que hizo uso de las instalaciones del Coruco Díaz fueron los Escorpiones Zacatepec, de la Liga Premier, tercera categoría del futbol mexicano, hasta la llegada del Atlante en 2025, pero no por mucho tiempo: su salida está programada para mediados de este año, cuando dejarán la Liga de Expansión para subir a la Liga MX en el lugar del Mazatlán FC.
En diciembre último el comisionado del futbol mexicano, Mikel Arriola, informó que el dueño de los Potros, Emilio Escalante, había llegado a un acuerdo para adquirir el certificado de afiliación del Mazatlán FC, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, para que el Atlante vuelva al máximo circuito.
Esa venta deberá ratificarse en los próximos meses, pero el propio Escalante ha confirmado el interés de regresar al Estadio Azteca después del Mundial 2026, ya que antes de mudarse a Zacatepec jugaban en el Estadio Ciudad de los Deportes, de donde salieron enemistados con los dueños, la familia Cosío.
DEL PRESUPUESTO AL SOBREPRECIO
La millonaria remodelación del Coruco Díaz se hizo con partidas presupuestales que no permitían canalizar recursos a la reconstrucción de un estadio. Los primeros 486 millones de pesos provinieron de fondos federales, concretamente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas que existe para atender rubros de salud, fortalecimiento financiero, infraestructura básica y seguridad pública, pero no para la reconstrucción de un estadio, menos cuando éste sería administrado por particulares.
Los otros millones llegaron de un crédito bancario que el Congreso del Estado le autorizó a Graco Ramírez por dos mil 800 millones de pesos, de los cuales 371 millones fueron destinados a la obra del Coruco Díaz sin considerar que la Ley de Deuda Pública de Morelos establece que los créditos contratados deberán aplicarse sólo a aspectos como vialidades, infraestructura básica y desarrollo agropecuario, entre otros similares.
El incremento del costo nunca fue explicado de manera clara. No existió un “libro blanco” que documentara el proceso completo de la obra, según acusó Gerardo Becerra, el asesor anticorrupción durante la gubernatura de Cuauhtémoc Blanco, quien mandó a hacer una revisión técnica que arrojó que el estadio no tuvo la supervisión adecuada y que debía auditarse con fines legales.
Un mes antes el entonces secretario de Obras Públicas de Morelos, Fidel Giménez-Valdez, aseguró que mucha información de obra pública durante el gobierno de Graco Ramírez había sido sustraída o destruida. Como sea, en ese momento los 857 millones de pesos representaban el presupuesto de diez años para el municipio de Zacatepec.
OBRA SIN CONCURSO
Uno de los puntos más delicados del caso es la manera en que se adjudicó la obra. El gobierno estatal evitó la licitación pública y otorgó el contrato de manera directa a la empresa poblana AYPP Constructores (acrónimo de Armando y Paul Prida), que apenas tenía tres años constituida, bajo el argumento de que contaba con una patente de módulos estructurales que haría más rápida la obra.
La excepción a la licitación pública la solicitó la titular del Instituto del Deporte Morelense, Jacqueline Guerra, mediante una carta dirigida a la Secretaría de Obras Públicas, en la que advertía de manera alarmista que la obra debía concluirse urgentemente.
AYPP fue elegida en septiembre de 2013, apenas un día después de que la Secretaría de Obras Públicas confirmó en un dictamen técnico que se requería una empresa con patente constructiva para acelerar los trabajos.
Para realizar la obra, AYPP se asoció con SEPSA, SA de CV, una constructora que parecía indispensable porque tiene décadas de experiencia. La alianza entre ambas firmas se hizo apenas seis días antes de que las dos firmaran el contrato definitivo de la obra.
Con los cambios en la administración estatal surgieron promesas de revisar la obra. Actores políticos recordaron públicamente que el Coruco Díaz debía ser auditado y fincar responsabilidades. De acuerdo con Roberto Salinas, a lo largo de los años el sistema de gobierno en el estado ha hecho que los funcionarios se cuiden las espaldas, sin importar el partido político al que pertenezcan.
Según un recuento hecho por la asociación que preside, entre 2018 y 2024 se abrieron dos mil 970 carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción, de las cuales sólo 150 (3.9%) tuvieron sentencia condenatoria. Luego entonces, el panorama para que rindan cuentas por los posibles actos de corrupción en el Coruco Díaz no es halagüeño, incluso son delitos que prescribieron.








