lunes 16 de noviembre de 2026

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El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propone en entrevista una reforma constitucional para transformar la Auditoría Superior de la Federación. Respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca impedir la reelección de David Colmenares, a quien acusa de haber convertido al órgano fiscalizador en un espacio comprometido con intereses políticos. La iniciativa plantea mayor vigilancia ciudadana y órganos colegiados que garanticen auditorías efectivas, en contraste con la opacidad que “protege a las cámaras y congresos locales”.

Para el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar la supervivencia de Morena depende de la lucha contra la corrupción, la erradicación de la impunidad y el combate al mal uso de los recursos públicos, a los que considera una “deuda pendiente” de la llamada Cuarta Transformación. Para saldar esta deuda, el político zacatecano, quien reivindica su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa una reforma para realizar una “cirugía de caballo” al sistema de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Nosotros aprendimos con mucha fuerza la lección de los regímenes priistas y panistas que cayeron por la corrupción, por el despilfarro, por la arbitrariedad. Y Morena no va a cometer ese mismo error”, sostiene el diputado en entrevista con Proceso.

–¿Lo afirma o lo desea? –se le pregunta.

–Lo afirmo, lo deseo y voy a luchar por ello. La doctora Claudia tiene la simpatía de ocho de cada diez mexicanos, y ellos quieren que profundice los cambios, que vaya más a fondo en la lucha contra la corrupción.

En septiembre último Ramírez Cuéllar presentó una iniciativa de reforma constitucional, validada por la presidenta Sheinbaum, que busca impulsar cambios de fondo en la ASF, y sobre todo impedir la reelección de su titular, el oaxaqueño David Colmenares Páramo, quien confirmó públicamente su deseo de postularse por otro mandato de ocho años al frente del órgano fiscalizador.

“El titular de la ASF ha sido una gran decepción nacional”, califica el diputado. “El país no se merece las auditorías y la fiscalización que actualmente tenemos”, deplora Ramírez Cuéllar; opina que las auditorías superiores —de la federación y las 32 estatales— “son organismos prácticamente capturados por redes de intereses que impiden el funcionamiento adecuado del sistema de auditorías y fiscalización”, las cuales “abusan de los tiempos para generar prescripciones, que generan también perdones y complicidades.

“El poder de la ASF es inmenso, por esto tiene que estar sujeto a órganos colegiados y a una mayor vigilancia ciudadana”, recalca el político, quien considera que “México no puede, y menos el gobierno de la doctora Claudia, darse el lujo de carecer de un verdadero sistema de auditorías y fiscalización a escala federal y tampoco a nivel de las entidades federativas”.

Auditorías a modo

David Colmenares lleva ocho años al frente de la ASF, y en los últimos seis auditó las cuentas públicas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En febrero 2021, el entonces mandatario regañó públicamente a la ASF por señalar, de manera equivocada, que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) había costado un 232% más que lo previsto por el gobierno.

Acto seguido, Colmenares se deslindó del informe y suspendió al auditor. En las entregas siguientes, la ASF dejó de jugar un papel de escrutinio incómodo para el tabasqueño. Así, a lo largo del sexenio pasado, la ASF realizó 11 mil 815 revisiones, de las cuales ocho mil 715 se enfocaron en gobiernos estatales y municipales; durante el mismo lapso el ente fiscalizador determinó 459 mil millones de pesos en presuntas irregularidades, de las cuales 301 mil 630 millones de pesos (65%) tenía que ver con el gasto federalizado.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la misma ASF –dirigida en la mayor parte del tiempo por Juan Manuel Portal Martínez– había realizado menos auditorías, solamente 10 mil 97, pero registró irregularidades por 828 mil 594 millones de pesos, un 180% más que el equipo de Colmenares.

Bajo la gestión de Colmenares, la ASF se negó a auditar a fondo los megaproyectos impulsados por López Obrador: de los más de 140 mil millones de pesos invertidos en el Tren Maya, la ASF determinó siete mil 123 millones de pesos de presuntas irregularidades; en la refinería Olmeca de Dos Bocas determinó montos por aclarar de 607 millones de pesos (0.014% de los 412 mil 309 millones de pesos que costó); y en el caso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y sus más de 90 mil millones de pesos en contrataciones determinó solamente 176 millones de pesos por aclarar.

Aparte, nueve de cada 10 denuncias presentadas por la ASF ante la Fiscalía General de la República a lo largo de los ocho años de gestión de Colmenares apuntaron a conductas irregulares perpetradas durante el sexenio de Peña Nieto, y que habían sido detectadas por el equipo de Portal. En contraste, de las 262 denuncias atribuibles a la ASF de Colmenares –de las cuales 136 fueron presentadas por Gerardo Lozano Dubernard, otrora fiscal especial de Cumplimiento Financiero, quien se volvió muy crítico de Colmenares–, solamente 29 tuvieron que ver con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

A lo largo del año pasado, Proceso documentó la gestión turbia de Colmenares al frente de la ASF, quien ha sido denunciado por algunos de sus excolaboradores como un personaje que concentró muchas facultades en su propia figura –como la de presentar denuncias– y utilizó su cargo para negociar favores a cambio de auditorías “a modo”, es decir, informes en los que se eliminan las irregularidades más graves.

Esta revista dio cuenta de denuncias ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) que describieron prácticas idénticas en la Auditoría Especial de Gasto Federalizado –con negociaciones con los gobiernos estatales y municipales para modificar informes–, y mostró el uso político de las auditorías forenses, las que analizan en detalle las erogaciones.

Las escasas determinaciones de irregularidades no necesariamente están vinculadas a una gestión más eficiente de los recursos públicos por parte de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Cuando la ASF auditó seriamente a las dependencias de gobierno, encontró situaciones a menudo graves. En su última entrega, por ejemplo, la ASF puso la lupa sobre la gestión de Delfina Gómez Álvarez al frente del Estado de México, y descubrió que el equipo de la gobernadora morenista había realizado “descuentos” injustificados al salario a 53 mil 671 trabajadores, por un monto total de dos mil 160 millones de pesos.

De acuerdo con la lista actualizada de denuncias presentadas, 16 estuvieron vinculadas con los fraudes cometidos con Segalmex, cuatro derivaron de la gestión de Ana Guevara en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y apenas cinco tuvieron que ver con gobiernos locales.

Espejo del poder

Durante el sexenio de López Obrador, la ASF realizó cuatro auditorías a la gestión financiera de la Cámara de Diputados –controlada sucesivamente por Mario Delgado Carrillo y por Ignacio Mier Velazco–; de los 14 mil 191 millones de pesos erogados que revisó, no encontró un solo peso mal gastado.

En una crítica a las cúpulas legislativas, Alfonso Ramírez Cuéllar advierte que la ASF y las auditorías estatales responden a los diputados, lo que otorga una suerte de fuero a las cámaras de diputados en materia de fiscalización. “Hay opacidad en los gastos de las Cámaras del Congreso de la Unión y en los gastos de los congresos locales”.

Agrega: “En la reforma está el objetivo de sacar a los poderes legislativos del paraíso donde nadie los fiscaliza”.

Más allá del combate a la corrupción, el proceso de sucesión en la ASF se convertirá en un indicador para medir la fuerza de Claudia Sheinbaum Pardo en Morena: la designación de la próxima persona en la auditoría recaerá en la Cámara de Diputados, un bastión controlado por Ricardo Monreal Ávila, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien encabeza su propio grupo en el partido guinda y sigue sus intereses, que resultan a menudo antagónicos a los de la presidenta.

De hecho, Ricardo Monreal empezó hace meses a colocar a varios de sus incondicionales en áreas claves de la ASF y de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), el organismo encargado de vigilar al ente fiscalizador. Existe al menos una señal de que el zacatecano no parece dispuesto a ceder el tema de la ASF al grupo de la Sheinbaum: la iniciativa de reforma constitucional al órgano fiscalizador lleva cinco meses en la congeladora legislativa.

Cuestionado sobre las maniobras del diputado zacatecano para influir en la sucesión en la ASF, Ramírez Cuéllar dice que “vamos a decidir todos, creo que hay una gran mayoría que no quiere la reelección”, y añade que “no es el asunto de una persona, es el combate a un fenómeno político, a un problema nacional, y yo no quiero responsabilizar absolutamente a
nadie”.

–En el caso de que la iniciativa no se discuta antes del arranque del proceso de sucesión (el 28 de febrero), ¿querrá decir que hubo un bloqueo?

–No, no –revira–. Vamos a dar nuestros tiempos, es una lucha que vale la pena dar. Tenemos que formar una coalición social, política y ciudadana mucho muy amplia para sacar las reformas democráticas de México.

Anuncia también reformas al sistema aduanero para combatir el huachicol fiscal, una reforma al Código Fiscal de la Federación para luchar contra la facturación falsa y una reforma para combatir la extorsión.

“Son cosas delicadas que requieren mucha valentía y fuerza. Creo que la doctora Claudia lo ha demostrado, y todos en el Congreso la hemos apoyado y ahora vamos a cerrar con broche de oro con un paquete de reformas”, sostiene.

–¿En este “nosotros” entra el grupo de Ricardo Monreal?

–Todos entran.

–Entonces, ¿su iniciativa se va a aprobar antes de finales de febrero?

–Yo la presenté y yo quisiera que se aprobara –rectifica el diputado.

Y redondea con su idea de un riesgo existencial para Morena: “Yo me veo en el espejo de los priistas que perdieron por corruptos, me veo en el espejo de los panistas que sufrieron un rechazo ciudadano por la alta corrupción que generaron. Morena no puede caer en esto: la impunidad no puede ser el cemento que unifique la acción política en ningún partido”.