lunes 16 de noviembre de 2026

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Quien forjó su identidad política como líder estudiantil del 68 y preso político luchando contra un Estado autoritario, Pablo Gómez ahora encabeza la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. El contraste es evidente: el hombre que exigía la apertura del sistema y el fin del partido único es hoy el encargado de diseñar una reforma que, de acuerdo con críticos, busca centralizar el poder electoral y reducir el pluralismo político que él mismo ayudó a construir.

Asus casi 80 años Pablo Gómez Álvarez se ha convertido en el símbolo de la contradicción de la izquierda mexicana y en un actor incómodo como titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, principal proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De su participación activa en el movimiento estudiantil de 1968, que exigió la apertura democrática durante el régimen del PRI, busca ahora la restitución de un sistema político de partido hegemónico.

Desde la arrogancia que sus críticos identifican como uno de sus principales rasgos, de-sestima los reclamos de congruencia entre sus exigencias de apertura democrática de hace medio siglo con su actual desempeño, pues dice que ahora “son otros tiempos”.

Incluso, en una declaración que generó un amplio rechazó, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE), “no puede ser autónomo”. En una reunión con nueve de los 11 consejeros del INE durante la segunda semana de enero, les dijo: “Un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo, pero debe tener independencia en sus resoluciones”. Además, al igual que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca una reducción significativa del Instituto.

Gómez formó parte en 1979 del primer grupo opositor de izquierda de cien diputados que se benefició de la reforma electoral de dos años antes. Más aún, fue uno de los 18 diputados plurinominales que tuvo el Partido Comunista de México (PCM).

A partir de entonces, durante casi dos décadas, formó parte de la oposición legislativa, incluidas dos ocasiones como diputado plurinominal, figura que ahora pretende reducir.

Senador también de oposición por el PRD, la llegada de Morena al poder lo colocó por primera vez, en 2018, como diputado oficialista y al término de su periodo ocupó por primera vez un cargo de gobierno cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo designó titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Después de casi cuatro años de una gestión partidaria en esa instancia –cuestionan sus opositores–, la presidenta Sheinbaum lo designó al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral (CPRE) que busca remodelar el sistema político mexicano.

En octubre de 2025, dos meses después de que Sheinbaum lo nombrara titular la CPRE, Gómez fue entrevistado en la Cámara de Diputados. Ahí jugueteó con las palabras y con suficiencia buscaba justificar los fines de su nueva encomienda.

En sus respuestas se notó su bagaje como parlamentario, parafraseó ideas y sonrió sarcásticamente ante la pregunta incómoda. También, a medias, explicó uno de los fines de la reforma electoral: la disminución y probable elección de legisladores plurinominales. Argumentó que esa representación ya no está vinculada al voto, sino a las direcciones de los partidos.

La explicación representó una bofetada al partido en el poder, cuya cúpula parlamentaria está integrada por legisladores de representación proporcional: el excoordinador de bancada en el Senado Adán Augusto López; el coordinador en San Lázaro, Ricardo Monreal, y su coordinador de Operación Política en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba.

Pablo Gómez justificó: “Hay argumentos muy fuertes para cambiar el sistema de representación que tenemos en este momento y no sólo fuertes sino cimentados, porque este sistema se hizo para otra situación, no para la actual situación.

“Entonces hay necesidades de representación popular que han crecido, hay mucha más gente que quiere estar representada directamente, que quiere que la representación esté vinculada a su voto (directo) y no a través de las direcciones de los partidos que (están) bastante alejadas de los electores”, explicó.

Ley Televisa y otras pifias

Gómez Álvarez fue electo por primera vez por representación proporcional por el PCM en la tercera circunscripción. En las otras dos fueron elegidos figuras de izquierda de ese entonces, como el líder sindical Ferrocarrilero Valentín Campa, el maestro normalista en Guerrero Othón Salazar Ramírez y el líder de izquierda Arnoldo Martínez Verdugo.

Durante los setenta Gómez militó en el PCM, registrado oficialmente como partido en 1978, que después se fusionó con otras fuerzas de izquierda para crear el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) en 1981, partido en el que Gómez militó desde su creación hasta 1989. Tras otra fusión izquierdista con disidentes del PRI, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, se creó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que Gómez llegó a ser su presidente nacional. Después, en 2014 pasó a militar a Morena.

En su carrera parlamentaria ha sido legislador en seis ocasiones, cinco de ellas como diputado: 1979 (PCM), 1988 (PSUM), 1997 (PRD), 2003 (PRD) y 2018 (Morena); y en una ocasión, senador de 2006 a 2012 (PRD). En dos ocasiones como legislador fue diputado plurinominal en 1979 por el PCM y en 1988 con el PSUM.

En su desempeño como legislador quedó registrado su voto en favor de la Ley Televisa y de la creación de Guardia Nacional para militarizar la seguridad, así como la polémica conclusión de la Comisión Investigadora del 68 de la que formó parte y, según la cual, el día de la represión estudiantil en Tlatelolco “no hubo francotiradores”.

El primero de diciembre de 2005, cuando era diputado del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, aprobó por la vía rápida, junto a todo su grupo parlamentario, la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) de México, conocida como Ley Televisa.

La reforma que consagró la desregulación del espectro digital en favor del duopolio Televisa y TV Azteca, fue aprobada por unanimidad del Pleno por 327 votos en favor y ninguno en contra.

Gómez aprobó el dictamen sin siquiera leerlo. Justificó esa pifia legislativa con el argumento de un descuido: “No me di cuenta de que el refrendo de las concesiones, con el cambio de la tecnología, implicaba ampliar las concesiones a quienes ya tienen concesión”.

Tres meses después, el 31 de marzo, cuando la reforma fue aprobada en el Senado, afirmó que, aunque su partido y él hayan cometido un error, la iniciativa hubiera sido aprobada por los senadores; sin embargo, reconoció que los errores no se lavan, “y ése no se borrará nunca, quedará ahí para siempre”.

Guardia Nacional y francotiradores

Gómez, quien fue preso político de 1968 a 1971 por su participación en el movimiento estudiantil, como diputado morenista aprobó la creación de la Guardia Nacional en febrero de 2019, propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con la promesa de que sería de carácter civil.

Licenciado en Economía por la UNAM, grado que obtuvo en 1975, y donde dio clases, su condición de preso político como dirigente estudiantil le dio el estatus de líder izquierdista y de voz autorizada para hablar sobre los hechos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco.

En 1997 fue parte de la Comisión Especial Investigadora del 68, que recopiló información de entidades públicas e internacionales durante un año.

En entrevista, Ángeles Magdaleno, historiadora y especialista en el Movimiento del 68, afirmó que los archivos, que en su momento fueron recopilados en un CD-ROM, no fueron puestos a disposición al público, ni es posible consultarlos en la biblioteca del Congreso.

Aseguró que la comisión buscó alterar hechos documentados por diversos historiadores y periodistas sobre la presencia de francotiradores en la Plaza de la Tres Culturas, los cuales fueron negados en la investigación de la comisión.

De acuerdo con la historiadora, Pablo Gómez manipuló la información recabada de los 55 mil documentos, ya que de manera autoritaria buscó sesgar la información obtenida de las comparecencias de los involucrados en estos hechos.

Citó el caso de la comparecencia de Jorge Poo Hurtado ante la Comisión del 68 de la Cámara de Diputados, quien como estudiante del Instituto Politécnico Nacional acudió armado a la marcha del 2 de octubre.

“Pablo Gómez intentó por todos los medios evitar ese testimonial, en actitud inquisidora quiso que se retractara y dijo que ningún estudiante iba armado. Poo Hurtado, molesto, continuó su relato, no sin antes señalarle a Gómez que no era Ministerio Público ni podía decirle lo que había hecho cada uno de los asistentes al mitin”, explica la historiadora.

Ángeles Magdaleno también informó que Gómez Álvarez se quedó con el tomo de indagatoria original del 2 de octubre de 1968, número 272-68, que fue integrada por Julio Sánchez Vargas, titular de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República.

La historiadora acusó que la información recopilada por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados fue usada por Gómez para su libro 1968. La Historia también está hecha de derrotas, que salió a la venta diez años después de la investigación de la Comisión, en octubre de 2008.

Disputa con AMLO y Ebrard

En dos ocasiones Gómez Álvarez quiso ser jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y aunque tuvo el apoyo de algunos líderes perredistas sus intentos fracasaron.

En la primera ocasión, por vías legales, impugnó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador bajo el alegato de que el tabasqueño no cumplía con el requisito legal de cinco años de residencia en la capital.

En 1999, junto con el entonces perredista Demetrio Sodi, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD para que López Obrador no fuera candidato de la coalición Alianza, conformada por el PRD, el PT, Convergencia por la Democracia, el Partido de la Sociedad Nacionalista y el Partido Alianza Social para la jefatura de Gobierno al Distrito Federal en las elecciones del año 2000.

Ante la negativa de esa comisión, Pablo Gómez arremetió: si López Obrador gana la candidatura a la Jefatura del Gobierno capitalino, “se vuelve una catástrofe porque no se puede demostrar lo indemostrable”.

La impugnación en el PRD trascendió porque el PRI y el PAN la llevaron al Instituto Electoral del Distrito Federal, al asegurar que López Obrador mintió en su declaración sobre su residencia mínima de cinco años en la capital del país.

“Pablo Gómez tenía razón. Andrés no cumplía los cinco años de residencia en la capital, sino cuatro años y meses. Andrés se vino a la Ciudad de México hasta 1996. Del 96 a 2000 había cuatro años y feria. Estaba trabajando en Tabasco; había sido candidato a gobernador, no había quedado, y luego ya se le ocurrió que pudiera ser presidente nacional del PRD.

“Pablo es muy incongruente, primero se queja y ahora resulta que es muy obradorista”, afirmó en entrevista Guadalupe Acosta Naranjo, quien en 1996 era diputado local del PRD en Nayarit.

Nepotismo

En la segunda ocasión que buscó ser candidato por el Gobierno del Distrito Federal atacó al aspirante a candidato Marcelo Ebrard, por su pasado en el PRI. Afirmó que no se podía tener un candidato que causaría la división del partido y entre los simpatizantes.

Acosta Naranjo, secretario del PRD en ese entonces, afirmó que los perredistas estaban inconformes porque Marcelo Ebrard tuvo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador.

“La queja con Andrés fue que siendo jefe de Gobierno dijo que no iba a meterse para nada, y cuando vio que se juntaron Pablo (Gómez), (Armando) Quintero y Jesús (Ortega) e incluso el ingeniero Cárdenas fue a un mitin a apoyar a Ortega, días antes de la elección interna Andrés da una entrevista en La Jornada llamando a votar por Marcelo. Ellos inclinaron la balanza, cargaron los dados hacia Marcelo”, quien había sido secretario de Seguridad y de Desarrollo Social de López Obrador en la Ciudad de México.

Al final, Marcelo Ebrard tuvo el respaldo mayoritario en las elecciones internas del PRD, dejando en el camino a Jesús Ortega y ganando a Demetrio Sodi la jefatura del Distrito Federal.

En 2025 la bancada morenista aprobó la reforma contra el nepotismo, la cual estableció que en puestos de elección popular no participarán familiares con vínculo directo para las elecciones intermedias de 2030.

El argumento que dio la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsora de la iniciativa, fue que los cargos de elección popular no deben ser heredados entre familiares, perpetuando así en el poder a las élites.

Aunque la reforma no incluye los cargos en el gobierno, Pablo Gómez y varios de sus familiares viven del presupuesto público. Es el caso de su expareja María Elvira Concheiro Bórquez, quien trabaja en la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres, con un sueldo de 131 mil 789 pesos netos mensuales, según registros de la Plataforma Nacional de Transparencia.

También su hijo Argel Gómez Concheiro trabaja en Subsecretaría de Grandes Festivales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con un sueldo de 78 mil 636 pesos.

Asimismo está su sobrina Galia Borja Gómez, subgobernadora del Banco de México (Banxico) y percibe un sueldo neto de 241 mil 206 pesos.

Uso faccioso de la UIF

Designado en 2021 por López Obrador como titular de la UIF, tuvo un sueldo neto de 128 mil 453 pesos mensuales.

De acuerdo con el experto en Seguridad David Saucedo, las investigaciones que emprendió en ese cargo se centraron en figuras opositoras al oficialismo, que fueron exhibidas en la conferencia mañanera del exmandatario, como la investigación en torno de María Amparo Casar, presidenta de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, o la empresa de comunicación Latinus.

Pablo Gómez “nunca fue un funcionario neutro, en el sentido de que litigara con independencia los casos de irregularidades. Se condujo con una perspectiva política para la investigación de los casos. De manera tendenciosa realizó indagatorias con el objeto de fortalecer el proyecto político de Morena”, detalló.

En 2008 publicó México 1988. Disputa por la Presidencia y lucha parlamentaria, en el que se refirió al fraude electoral del PRI contra Cuauhtémoc Cárdenas, candidato presidencial del entonces PRD.

En su publicación cuestionó la resistencia de ese régimen para reconocer los triunfos de la oposición y el control de los órganos electorales en beneficio del oficialismo.

Aunque ninguno de los consultados dice abiertamente que con la reforma electoral Morena busca “quedarse con todo” (mayoría en el Congreso, control del INE y Tribunal Electoral), la principal crítica al proyecto que defiende Pablo Gómez es la construcción de un sistema electoral que bajo las condiciones actuales de movilización de Morena reducirían la representación de la oposición.

Más todavía, los aliados de Morena consideran innecesario un cambio de esta naturaleza, como lo dijo Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados: “Si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial, ¿habrá necesidad de una reforma?”.