martes 17 de noviembre de 2026

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Los mitos –esos relatos sagrados que crean creencias– no han dejado de habitar la modernidad. El de la soberanía –el poder político ilimitado que confiere a cada Estado el derecho de gobernarse a sí mismo y tomar decisiones autónomas– ha estado en boca de Claudia Sheinbaum desde que la administración de Donald Trump amenazó con intervenir en México para acabar con los cárteles de la droga. Recientemente ha ocupado la discusión pública internacional con la captura estadunidense de Nicolás Maduro en Venezuela.
Pese a su prestigio, la soberanía es en realidad una estructura criminal que nació junto con el mito moderno del Estado-nación. Desde que Jean Bodin la definió en el siglo XVI y Hobbes le dio forma bajo la figura del Leviatán, los Estados la han usado para auspiciar crímenes, violar derechos humanos e invadir otras naciones.
Las atrocidades del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial llevaron a los Estados a crear en 1945 un órgano supranacional, la ONU, para limitar sus propios abusos. En 2005 los constantes fracasos de ese organismo lo obligaron a crear la doctrina de la Responsabilidad de Proteger: “La soberanía –dice esa doctrina– implica una doble responsabilidad: externamente, respetar la soberanía de otros Estados, e internamente, respetar la dignidad y los derechos básicos de todas las personas dentro del Estado”. Lejos de funcionar, la doctrina de la Responsabilidad, la ONU y tantos otros mecanismos internacionales creados para limitar las atribuciones de la soberanía, han sido inoperantes. Como en la Alemania nazi y en la Rusia soviética, los Estados, bajo su amparo, han continuado violando derechos humanos –México, Venezuela, Estados Unidos son ejemplos– e interviniendo en otras naciones –el Estado de Israel de Netanyahu, la Rusia de Putin o los Estados Unidos de Trump, por nombrar a algunos.
Este estado de cosas que parece irrefrenable, al mismo tiempo que anuncia el desfondamiento del Estado-nación, pone de manifiesto el carácter criminal del mito de la soberanía que lo ha acompañado, una noción típicamente Occidental.
La idea se remonta a Roma. Según Giorgio Agamben, en el antiguo derecho romano, la “vida” no era un concepto jurídico. Indicaba simplemente “el hecho de vivir o un modo de vida particular”. Había sólo un caso en el que el término adquiría un significado jurídico. Se encontraba en la fórmula vitae necisque potestas: el poder –traduce Agamben– del pater sobre la vida y la muerte del hijo varón. Lo que era sólo válido para el pater, adquirió con el imperium (poder supremo) un carácter nacional: el imperio se arrogó el derecho jurídico de la vida y la muerte de sus ciudadanos y de los pueblos sometidos a su administración. ​
El Estado moderno y la idea de nación dieron a la soberanía una forma distinta. Dejaron de concebir la “vida” como el simple hecho de vivir o de hacerlo de un modo particular, y la vieron como algo incondicionalmente expuesto a una amenaza de muerte (la violencia de todos contra todos o el derecho ilimitado de todos sobre todo). Para evitarlo, el Estado se constituyó en un monstruo protector que puso la vida expuesta a la muerte bajo su poder. Sólo él, en su condición de soberano que posee la legitimidad de la violencia, tiene, como el pater del antiguo derecho romano sobre el hijo varón, el poder de decidir quién vive y quién muere; quién es susceptible de protección y quién no. Así, “el poder absoluto y perpetuo de la República”, como Bodin definió la soberanía, lejos de fundarse sobre una voluntad política, como el Estado moderno nos hace creer, se erige sobre esa vida desnuda y amenazada que, dice Agamben, “sólo es protegida en la medida en que se somete al derecho de vida y muerte del soberano o de la ley”. Todo aquel que no pertenece a la civitas, a la comunidad de ciudadanos del Estado; o bien, todo aquel que el soberano considera ajeno al Estado, carece de protección y adquiere el estatuto de una vida abandonada a la muerte.
El refugiado –hoy, el migrante–, el judío –una especie de apátrida en la lógica antisemita–, el gitano –un outsider– o el adversario pertenecen a la categoría de los que no gozan de la protección del Estado, y está consagrado a la muerte, a espacios de encierro donde no rige ninguna ley y todo, bajo la brutalidad sin límite del soberano, es decir, del Estado, es posible.
Los primeros campos de internamiento –recuerda Agamben– se construyeron durante la Primera Guerra Mundial en Europa “como espacios de control para refugiados”. Las diferentes formas que, a partir de entonces, ese tipo de recintos adquirieron –campos de internamiento, campos de concentración, campos de exterminio, casas de seguridad– son metáforas del derecho de muerte que posee la soberanía de una nación. Son también metáforas que ponen al descubierto la criminalidad en la que se funda el mito de la soberanía y del Estado moderno.
Hoy esas metáforas se han extendido a todos. Cuando bajo el argumento de la soberanía se cometen en México crímenes de lesa humanidad; cuando, bajo ese mismo argumento se violan derechos humanos en Venezuela, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo; cuando en nombre de ella se invaden y se intervienen naciones, es señal de que todos nos volvimos refugiados, migrantes, judíos y gitanos, y que los territorios del Estado-nación se volvieron campos de concentración y de extermino al aire libre. Nada que no sea la brutalidad del puro poder soberano rige hoy la vida de la gente. Eso, que pone al desnudo la criminalidad originaria de la soberanía, es ya en sí mismo insoportable. Pero más insoportable es ver cómo muchos continúan creyendo en la sacralidad del mito y defendiendo el campo de exterminio al que el poder soberano nos ha entregado.
Es allí, sin embargo, dice Agamben, donde, como lo ha mostrado el zapatismo, puede surgir algo nuevo. Saber que no podemos y no queremos ser ya parte de la protección del Estado y, sin embargo, formar comunidad y una vida común es quizá el camino de la política que venga cuando el mito del Estado y su soberanía termine al fin por colapsar.
Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.