martes 17 de noviembre de 2026

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El esquema de pensiones para servidores públicos en Morelos exhibe un patrón de corrupción institucionalizada. Mientras familiares de políticos y funcionarios se retiran con rentas vitalicias en cuestión de semanas, policías y burócratas enfrentan años de trámites, gastos en abogados y amparos para obtener jubilaciones que resultan insuficientes. Ese sistema, sostenido por lagunas legales y decretos exprés, ha normalizado la desigualdad y corrupción dejando al Estado sin recursos para salud y obra pública. La pensión, que debería ser un derecho, se ha convertido en un privilegio reservado para pocos.

CUERNAVACA, Mor.– Jubilarse a los 35 años y asegurar de por vida un ingreso mensual, que la mayoría de los trabajadores no percibe ni en activo, es un sueño que pocos pueden disfrutar. Sólo familiares, allegados o recomendados de algún personaje con poder pueden acceder en cuestión de días a una jubilación jugosa en el último tramo de su servicio público.
Ese privilegio dorado se encuentra en Morelos donde no es una excepción, es un sistema que tiene nombre y opera en silencio: las jubilaciones VIP, que cada año dejan al Estado con menos recursos para obra pública y salud.
​Trabajadores de base, como policías, burócratas y personal operativo, pasan años en trámites interminables, pagan abogados de su bolsillo –muchos de estos, ligados a cuestionables despachos– y terminan con pensiones raquíticas que apenas permiten sobrevivir.
​Sin embargo, entre las excepciones están casos como el de Diana Hernández Reyes, a quien a los 35 años le “llegó la oportunidad” de jubilarse, tras presuntamente acreditar 21 años de servicio en el sector público, la mayoría de ese tiempo en el Poder Legislativo, aparentemente iniciados a los 16 años, cuando aún era menor de edad.
​La resolución le concedió una pensión vitalicia de 65% de su último salario: 21 mil 847 pesos mensuales, actualizables conforme al salario mínimo y transferibles a su cónyuge.
​Al aprobarse la jubilación, su pareja, César Betancourt, ya ocupaba el cargo de secretario de Servicios Legislativos, que mantiene hasta hoy.
​Otro ejemplo es de Anahí Bahena López, ella se jubiló en agosto de 2018, a los 37 años, como directora general de Consultoría en Asuntos Administrativos del Poder Ejecutivo, cargo que ocupó 19 meses; su trámite se resolvió en 41 días, cuando su esposo, Ángel Colín, era secretario de Gobierno de Graco Ramírez. Para acreditar 20 años de servicio reportó un empleo en el ayuntamiento de Ayala iniciado en 1998, cuando tenía 16 años, y obtuvo una jubilación de 60% de su salario: 42 mil 704 pesos mensuales. En noviembre de 2023 Bahena fue designada magistrada del Tribunal Superior de Justicia, con un sueldo neto de 100 mil pesos. La reforma judicial podría permitirle un retiro anticipado con haber vitalicio del mismo monto. Ella ahora tiene 44 años.

​Situación contraria es la de Lidia “N”, policía de custodia asesinada el 2 de octubre de 2018. Sus dos hijos, Jesús y Adolfo, ambos menores de edad, pudieron acceder a la pensión por orfandad el 21 de diciembre de 2022, cuatro años después del asesinato. Con 50% del sueldo de Lidia apenas reciben dos mil 690 pesos al mes cada uno para su manutención.
​Las jubilaciones expuestas están registradas en los decretos 1197 (30 de agosto de 2023) y 3424 (15 de agosto de 2018), publicados en el periódico oficial Tierra y Libertad; el caso de Lidia se omite para proteger datos de los menores de edad.

Legalización de privilegios
Mientras el IMSS exige 65 años para pensionarse, en Morelos la Ley del Servicio Civil permite jubilaciones anticipadas –como las de Diana– sin edad mínima y sólo por años de servicio: 18 años para mujeres y 20 para hombres, con 50% del salario; para 100% del salario deben cumplirse de 28 a 30 años de servicio. Además, contempla cesantías desde los 55 años (50% con 10 años y 75% con 15 años) y pensiones por muerte.
​Este esquema coloca a Morelos como la entidad con la peor política de pensiones del país, según el estudio “Cuenta Regresiva: el riesgo financiero de las pensiones en Morelos” (https://morelosrindecuentas.org.mx/el-riesgo-financiero-de-las-pensiones-en-morelos), elaborado por el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, que advierte la falta de reformas al sistema de retiro.
​Morelos y Querétaro son las únicas entidades sin un órgano especializado para autorizar jubilaciones: en Querétaro la facultad recae en las oficialías mayores. y en Morelos en la Comisión de Trabajo del Congreso y los cabildos municipales.
​El estudio analizó 195 procesos de pensión mediante la revisión de decretos e información pública y entrevistas con trabajadores, y detectó que, además de lagunas legales, existen vicios que abren la puerta a actos de corrupción.
​El director de Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas, señala que el análisis detectó tres presuntas irregularidades recurrentes: constancias laborales de entre 17 y 26 años sin sustento, movimientos de personas o familiares y ajustes salariales previos a la jubilación para elevar el beneficio y posibles prácticas de tráfico de influencias o pago de cuotas para agilizar trámites ante la Comisión de Trabajo del Congreso de Morelos.
​“El estudio advierte que los decretos de jubilación contienen información desigual y, en varios casos, omiten datos básicos como la edad de las personas beneficiadas”, dice.
De 195 procesos, 118 se resolvieron en menos de un año. Sobresalen 39 jubilaciones en menos de tres meses, 35 de ellas de personal del Congreso.
“En 31 casos, el primer empleo municipal concentró más de 80% de la trayectoria, con pensiones de 50 a 75%; 21 expedientes se iniciaron antes de los 22 años y hay 10 en menores de edad”, detalla Salinas.
​En contraste, ninguna de las 36 jubilaciones de policías y custodios se resolvió en 60 días, como exige el artículo 54 del reglamento del Congreso: los plazos fueron de 200 a más de dos mil 400 días, y cinco casos tuvieron que llegar al amparo.
​Salinas denuncia que el estudio expone un trato desigual en las jubilaciones de policías y custodios, marcadas por largos tiempos de espera, trámites legales y pensiones bajas.

​“Por ejemplo, un policía de la Comisión Estatal de Seguridad, con 22 años de servicio, obtuvo su jubilación en 289 días, con una pensión de 75% equivalente a ocho mil 532 pesos mensuales en 2024; tras su fallecimiento, la pensión por viudez tardó siete meses más en llegar. Por otro lado, la viudez de un custodio se autorizó tras dos mil 367 días, con siete mil 72 pesos mensuales, mientras un secretario del Congreso resolvió su trámite en 11 días”, aclara.

Puertas abiertas a los abusos
Morelos se colocó entre las seis entidades con mayor percepción de corrupción en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del INEGI.
​Uno de esos casos más escandalosos en Morelos fue la aprobación de 70 jubilaciones doradas, avaladas en julio de 2018 en una sesión nocturna de la LII Legislatura. Los beneficios se otorgaron a colaboradores del entonces gobernador Graco Ramírez, familiares y exasesores de diputados locales sin cumplir los requisitos legales, como documentó Proceso.
​Entre los asuntos más graves figuran las pensiones concedidas a esposas y familiares de diputados y la cónyuge del dirigente de Movimiento Ciudadano.
​Helena Marín Sánchez, esposa del entonces diputado José Manuel Tablas, se jubiló en 86 días mientras fungía como asesora en una Comisión presidida por su esposo. Acreditó más de 18 años de servicio (17 años con constancia del ayuntamiento de Jantetelco) y logró 50% de su salario: 16 mil 674 mensuales, pese a que hoy se desempeña como regidora de Ayala.
​Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, cuñada de Julio Yáñez Moreno, se jubiló cuando tenía nombramiento de asesora de éste como diputado en el Congreso de Morelos. Acreditó 18 años de servicio (1998-2016) en Recursos Humanos del ayuntamiento de Puente de Ixtla. La pensión fue de 50% de su sueldo. Recibe 18 mil 704 pesos mensuales.
​Karina Arteaga Gutiérrez se jubiló en 85 días como directora de Recursos Humanos del Congreso, con una pensión de 95% y 57 mil 427 pesos mensuales. Acreditó 27 años con constancias de Tepalcingo y Atlatlahucan. En ese momento era esposa de Julio César Solís Serrano, dirigente de Movimiento Ciudadano y después diputado local.
​Posteriormente, la LIII Legislatura, con mayoría de Morena y PT, abrogó 24 pensiones doradas e inició procesos legales contra Karina y Zoraida. En ese periodo Solís Serrano ya era diputado local.
​Hubo denuncias formales. Karina fue señalada por elaborar constancias para ayudar a otros servidores públicos. A ambas se les concedió criterio de oportunidad y quedaron exoneradas. Con respaldo de Solís, Karina recuperó su pensión. Zoraida habría devuelto alrededor de 800 mil pesos. Días después también fue diputada e integró la Comisión del Trabajo.
​No obstante, las llamadas pensiones doradas son sólo una muestra de una práctica que por años ha ocurrido y sigue ocurriendo en el Poder Legislativo estatal.
​El estudio Cuenta Regresiva identificó al menos cuatro jubilaciones irregulares ligadas a la Secretaría de Finanzas del Congreso de Morelos: trámites exprés, omisiones en el Periódico Oficial y pensiones elevadas.
​Ariel Cedeño Guerrero obtuvo en 2024 una pensión de 30 mil 653 pesos (65% del sueldo) tras un trámite de 11 días. Se jubiló con 18 años de servicio —la mayoría en Yecapixtla— a los 47 años, cuando era secretario de Administración del Congreso. Su nombramiento lo otorgó Francisco Erick Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva y hermano del alcalde de Yecapixtla, Heladio Rafael Sánchez Zavala.
​El caso de Víctor Aureliano Mercado Salgado, actual senador, ejemplifica más las jubilaciones VIP: su pensión fue la única discutida y aprobada mediante el Decreto 670, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 4420.
​Jubilado en octubre de 2005 con 70 %, hasta 2025 Mercado ha cobrado en total más de 15 millones de pesos; después de su retiro fue secretario de Movilidad y Transporte y coordinador de asesores en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
​Otro caso relevante es el de Jorge Salazar Acosta, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Morelos, área responsable del pago de jubilaciones. En 2021 se le autorizó una pensión de 70% por 24 años de servicio; tras detectarse duplicidad laboral, el beneficio se ajustó a 20 años y a 50%. A los 47 años recibe una jubilación de 39 mil pesos mensuales, adicional a su salario como secretario, que este 2026 podría alcanzar hasta 77 mil pesos al mes.

Para trabajadores, el viacrucis
Roberto dedicó 26 años a la seguridad pública en Morelos. Inició su jubilación en 2022 y la respuesta tardó más de un año; el trámite sólo avanzó tras un amparo. Nadie le informó que podía actualizar su hoja de servicios para aspirar a una mejor pensión. El decreto llegó incompleto: años de trabajo reducidos a cifras mal calculadas.
​Juanita trabajó casi dos décadas en un puesto operativo de alta presión, con jornadas extensas y salario congelado. Su trámite quedó detenido durante meses. Recurrió al amparo y gastó más de 20 mil pesos en abogados. La pensión apenas supera la mitad de su ingreso y errores de cálculo la obligarán a volver a litigar.
​Óscar Aguirre ingresó en 1998 y se retiró en 2024. Su jubilación, prometida en tres meses, tardó más de 15 meses. Tras un amparo, recibió una pensión de 75% de su salario, insuficiente para vivir, por lo que tuvo que buscar otro empleo.
​Rosita cumplió los requisitos para jubilarse en 2022 y esperó más de dos años sin avance. Fue separada del cargo antes de concluir el trámite y quedó sin servicio médico. Hipertensa y prediabética, sólo tras un amparo obtuvo su decreto, también con errores que podrían llevarla a otro proceso legal.
​Lupita, extrabajadora municipal en la zona metropolitana, fue despedida en 2020 en plena pandemia. Su defensa sindical acumuló errores que retrasaron el caso durante años. La pensión llegó en 2024, pero incompleta y requirió un nuevo juicio para corregirse, su proceso aún no termina.
​Todos esos casos tienen un patrón: nadie logró jubilarse sin amparo. En Morelos, jubilarse dejó de ser un derecho automático y se convirtió en un viacrucis legal marcado por desinformación, desgaste económico y en salud, pensiones insuficientes y errores institucionales. En varios casos, la lucha aún no termina.
​Para este reportaje, algunos nombres fueron cambiados a petición de los protagonistas, quienes solicitaron proteger su identidad por temor a represalias.

De comisión legislativa a gestoría
La Comisión de Trabajo del Congreso del Estado, responsable de recibir y turnar al Pleno los trámites de jubilación, está presidida desde 2018 por la diputada del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Con un equipo de alrededor de 12 personas, la comisión atiende expedientes nuevos y rezagados que, en conjunto, superan las dos mil solicitudes, según informó el presidente del Congreso, Isaac Pimentel Mejía.
​Fuentes consultadas señalan que, además de sus funciones oficiales, existen dos líneas extraoficiales. La primera opera como orientación y gestión: los solicitantes reciben información sobre el procedimiento y los plazos, y algunos son informados de que el trámite podría acelerarse mediante un pago de 60 mil pesos, según información obtenida por Proceso.
​La segunda línea es la gestoría o enlace con despachos externos. Una fuente, a quien llamaremos Sofi, fue remitida a José Luis Reyes Macedo, titular del despacho Asesoría Jurídica Integral. En una llamada, atestiguada por esta periodista, Reyes Macedo explicó que el amparo cuesta 40 mil pesos, pagaderos en dos partes, y aseguró que garantiza la jubilación en un máximo de tres meses. También mencionó su experiencia en el Congreso y vínculos con personal de la Comisión y la diputada petista.
​Proceso buscó a Rodríguez Ruíz, quien niega tajantemente que la Comisión opere como gestoría o enlace con despachos externos y pide que quienes detecten irregularidades presenten denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Al ser cuestionada sobre jubilaciones aprobadas fast track, presumiblemente por contacto político, aclara que no es la única que toma decisiones: la Comisión está integrada por representantes de todos los partidos y las resoluciones se toman de manera colegiada. Asegura que su Comisión trabaja de manera correcta, puntual y conforme a la normatividad.
​Sobre el rezago de pensiones de trabajadores de base, explica que la tarea es compleja: “Se debe verificar cada documento, principalmente los que validan los años de servicio. Enviamos oficios a municipios y dependencias, pero tardan mucho en responder, lo que retrasa el proceso. A veces pasan meses o incluso años”. Añade que la Comisión no tiene facultades para sancionar la falta de respuesta, aunque trabaja en iniciativas legales para ello.
​Rodríguez Ruiz recuerda que, a su llegada, impulsó la derogación de las llamadas “pensiones doradas” y ofreció revisar y explicar los casos resueltos en modalidad fast track de 2018 a la fecha, en plazos de entre 11 y 60 días. Al cierre de esta edición, la información seguía pendiente.
​Cuestionado al respecto, el diputado morenista y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, afirma que mientras no exista una denuncia formal no es posible iniciar una investigación sobre lo que ocurre en la Comisión.

Incertidumbre
El estudio Cuenta Regresiva: el riesgo financiero de las pensiones en Morelos advierte que el gasto en jubilaciones reduce recursos para obras y servicios. En 2024 el gobierno estatal destinó 1 mil 607 millones de pesos a pensiones, casi lo mismo que a obra pública (1 mil 694 millones). Entre 2020 y 2022 se gastó más en pensiones que en infraestructura.

El gasto crece a doble dígito: 18 % en 2023 y 11 % en 2024. Para 2027 alcanzará los dos mil 83 millones de pesos, casi igual al pago de sueldos del personal en activo.
​En 2025 el gobierno de Morelos destinó dos mil 37 millones a sueldos y mil 498 millones a jubilaciones; para 2027 ambos montos casi se igualarán. En Cuernavaca el gasto en pensiones subió 45% en 2024, hasta 325 millones de pesos.
​Actualmente hay cinco mil 850 jubilados. La mayoría recibe entre cinco mil y 10 mil pesos mensuales; 35 personas cobran más de 70 mil, casi lo mismo que reciben juntas 513 personas con pensiones menores a cinco mil pesos.
​Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas, dice que el estudio presentado plantea medidas como la creación de un instituto de pensiones, la definición de una edad mínima y años de servicio para jubilarse, y un tope máximo para el pago de pensiones.
​También se incluyen ajustes salariales para trabajadores con ingresos bajos, como policías; la creación de un fideicomiso con aportaciones de los trabajadores y la implementación de procesos transparentes y con participación ciudadana para atender posibles irregularidades.
​Salinas subraya que las recomendaciones buscan sentar bases claras para modificaciones legislativas y administrativas que fortalezcan el sistema de pensiones de manera pública, abierta y transparente.