El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar comenzó acciones penales contra José Manuel Cruz Castellanos, exsecretario de Salud y actual senador, ligado al Grupo Tabasco de Adán Augusto López Hernández. La Fiscalía Anticorrupción investiga irregularidades en el sistema de salud chiapaneco, entre ellas medicamentos caducos, insumos de baja calidad, hospitales inconclusos y plazas laborales otorgadas masivamente a trabajadores foráneos. Es la primera vez que un gobierno morenista confronta judicialmente al poderoso clan político del exsecretario de Gobernación.
TUXTLA GUTIÉRREZ.– El gobernador morenista Eduardo Ramírez Aguilar procedió penalmente contra uno de los más prominentes integrantes del Grupo Tabasco que lidera el senador Adán Augusto López Hernández, el actual senador José Manuel Cruz Castellanos. La Fiscalía Anticorrupción estatal ya lo investiga por presuntos actos de corrupción durante su gestión como secretario de Salud en la gubernatura de Rutilio Escandón.
Las indagatorias implican al menos cinco mil millones de pesos por anomalías como medicamentos por caducar, pagos de obras no terminadas, pagos en efectivo, materiales de baja calidad pagados como de primera, finiquitos sin comprobación, empresas y compras fantasma y compra de vehículos usados, pero pagados como nuevos a la firma FMedical, dedicada a la venta de medicamentos y que obtuvo millonarios contratos con otros gobiernos morenistas.
Es la primera vez que un gobierno de Morena toma acciones legales contra el poderoso clan político que encabeza López Hernández, cuñado de Escandón, quien ahora es cónsul en Miami.
José Manuel Cruz fue aspirante a la gubernatura en el pasado proceso electoral, con la pretensión de que sucediera en el cargo a Rutilio Escandón, quien lo impulsó infructuosamente, pues la candidatura recayó en Eduardo Ramírez, actual gobernador.
Proceso tuvo acceso a diversos documentos de las investigaciones y revisiones efectuadas por el actual gobierno de Eduardo Ramírez al ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud durante la gestión de José Manuel Cruz, incluyendo una denuncia que interpuso la coordinación Jurídica de la propia secretaría en el actual sexenio en la Fiscalía del estado por anomalías en la realización de obras y construcción de 105 unidades médicas y centros hospitalarios, que se pagaron en la mayor parte con recursos de un “fondo alterno” cuyo origen se desconoce, por lo que no existen expedientes técnicos ni comprobaciones.
Ese recurso, que de acuerdo con la denuncia se operó por un grupo de funcionarios en una “oficina alterna” ubicada en un domicilio particular en Tuxtla Gutiérrez, rebasó los 245 millones de pesos.
Aunque de manera específica la actual administración no menciona el nombre del exsecretario Cruz Castellanos en la denuncia, de manera textual refiere que tal como lo señalaron testigos (trabajadores) en declaraciones, para la “regularización de los expedientes de las obras”, los gastos y para evitar posibles observaciones en auditorías “el entonces Secretario de Salud; el Dr. José del Carmen Toledo Alejandro, en ese entonces Director del INSABI y el Dr. Aureliano de Jesús Gómez Toledo, ex Titular de la Dirección de Infraestructura en Salud, instalaron una Mesa de Integración de Cuenta Pública correspondientes a los ejercicios 2019-2022 y para los ejercicios 2023-2024”, es decir, la oficina alterna en el domicilio particular ya mencionado.
Por ello, la dependencia acusa a dichos excolaboradores directos de Cruz Castellanos “y a quienes resulten responsables” como presuntos autores de varios ilícitos que configuran robo agravado de documentos, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos.
En la documentación también está una auditoría de cumplimiento del ejercicio fiscal 2024 realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASECH), bajo el número ASE/OAC/017/2025, en la que se detallan las irregularidades observadas, que no fueron solventadas, y que representan un monto de poco más de cinco mil millones de pesos.
La auditoría incluye un apartado que precisa que las anomalías observadas involucran no solamente recursos del estado, sino también federales para distintos rubros, como la adquisición y abasto de medicamentos que se adquirieron cerca de la fecha de su caducidad o insumos que no fueron entregados, y que representan un posible daño al erario por 389.5 millones de pesos.
La denuncia evidencia también la contratación de un grupo de 178 trabajadores, todos originarios y provenientes de Tabasco, el mismo día, 16 de octubre de 2023, a los cuales se les otorgó su base laboral en esa misma fecha, una situación atípica en la administración pública y para la que tampoco se cuenta con justificación o explicación alguna.
La gestión de José Manuel Cruz les asignó plazas en unidades médicas de distintos municipios, como Reforma, Chapultenango, Pichucalco y Palenque; las asignaciones se hicieron de esta manera: 60 personas en enfermería, nueve en trabajo social, 13 técnicos radiólogos, 71 médicos especialistas y generales, seis psicólogos, seis químicos clínicos, un oftalmólogo, dos estomatólogos, tres nutricionistas, una auxiliar de enfermería, así como cuatro cocineros y dos camilleros.
En todos aparece señalado como estado de nacimiento el mismo: Tabasco.
Aunque trabajadores locales han presentado inconformidades, una fuente allegada a la secretaría dijo a Proceso que las designaciones se consideran injustas pero legales, por lo que los empleados foráneos continúan laborando.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción confirmó a reporteros que el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca continúa integrando nuevos bloques documentales y revisando la información entregada hasta el momento, por lo que la indagatoria sigue adelante.
Operaciones ilícitas, la sospecha
La Fiscalía General de Chiapas integró un expediente de casi diez mil fojas como parte de una denuncia penal que documenta las presuntas irregularidades administrativas y financieras detectadas.
De acuerdo con el escrito de denuncia fechado el 25 de agosto de 2025 y recibido por la Fiscalía Anticorrupción al día siguiente, entregado por la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, dos de los exfuncionarios señalados como presuntos implicados en los hechos son el exdirector de Infraestructura en salud, Aureliano de Jesús Gómez Cordero, y José del Carmen Toledo Alejandro, quien fungió como titular del Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi) del estado en la pasada administración.
La información remitida a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, de la cual Proceso tiene copias, precisa que se trata del “primer bloque” de un expediente aún en proceso de integración, según el oficio número IS/DAF/2025159/2025, fechado el 10 de octubre de este año.
La denuncia quedó registrada bajo el número de atención 0566-101-1303-2005 e incluye, entre otros delitos, robo agravado de documentos, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Algunas de las anomalías comenzaron a detectarse cuando funcionarios de la actual administración estatal en Salud fueron designados y recibieron solicitudes de rehabilitación de espacios médicos que, en teoría, ya habían sido intervenidos con recursos públicos, pero que presentaban fallas y deficiencias.
Las indagatorias se robustecieron con testimonios del propio personal de la dependencia que fueron recabados y que forman parte de la propia denuncia. Varios trabajadores fueron ya citados posteriormente por el Ministerio Público para rendir declaración sobre los hechos denunciados.
El expediente documenta presuntas irregularidades en al menos 105 unidades médicas del estado, relacionadas con el uso de más de 245 millones de pesos en “recursos alternos” durante 2023 y 2024 para pagar obras de mantenimiento, reconversión, equipamiento, conservación y rehabilitación.
Los pagos, dice la denuncia, fueron hechos en efectivo, “lo que hace presumir que se trata de un recurso de procedencia ilícita, toda vez que no se conoce la partida presupuestal, proyecto o fuente de financiamiento”, lo que no fue hecho saber por el extitular de Infraestructura, Aureliano de Jesús Gómez, en la entrega-recepción de la administración estatal cuando Eduardo Ramírez asumió la gubernatura.
En dicha entrega-recepción tampoco se dio cuenta de los expedientes técnicos ni documentos relacionados con las obras.
La relación total de las intervenciones de obra en 105 unidades médicas realizadas en 2023 y 2024 precisa que en ellas se invirtieron 278 millones 915 mil 472 pesos, pero de éstos, solamente 30 millones 291 mil 777 pesos de aportación estatal y 4.6 millones del Insabi 2021. Del “recurso alterno” se pagaron 245 millones 444 mil pesos.
La denuncia también enlista a las empresas constructoras o contratistas que participaron en las obras y que recibieron los pagos del “recurso alterno”, y se solicita a la Fiscalía Anticorrupción que llame a sus representantes para que determinen el origen de los recursos que les fueron entregados, y que en varios casos presentaron domicilios fiscales inexistentes.
Entre las anomalías figuran obras inconclusas pagadas como terminadas, contratos finiquitados sin comprobación, materiales de baja calidad facturados como de primera, pagos en efectivo, favoritismo a constructoras y empresas con domicilios fiscales irregulares o inexistentes.
Por ejemplo, un informe de mayo de 2024 señala deficiencias graves en instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria de Villaflores, como filtraciones, plafones mal colocados, sistemas de aire acondicionado inservibles y pintura de mala calidad, irregularidades documentadas con evidencia fotográfica.
En los testimonios de varios trabajadores recabados e integrados a la denuncia, éstos señalaron que recibieron listas de pagos pendientes a contratistas por obras en unidades médicas, pero a quienes se les pagó “por medio de un recurso alterno”, además de que “todo el trato con los contratistas era verbal, ya que no había contrato”.
Algunos de los materiales que se consignaban se pagaban como de primera calidad, pero cuando personal de Salud acudía a revisar se daba cuenta de que era más barato.
Para todas estas operaciones había una “mesa integradora de los contratos de recurso alterno” (según coincidieron en declarar varios de los trabajadores), en la cual participaban sus superiores, pero que no estaba dentro de las oficinas de la Secretaría de Salud, sino en un inmueble particular ubicado en la colonia Arboledas, que posteriormente se cambió a otra casa en la colonia Residencial de la Hacienda, en la capital del estado.
“Entre los supervisores muchos comentaban que hospitales mandaban solicitudes para conclusión de algunas obras, pero no había soporte documental y que esas obras eran de recurso alterno, pero no sé a qué partidas presupuestales pertenecían…”, dice una de las declaraciones del expediente, consignada en un acta circunstanciada.
Otra declaración similar consignada en un acta levantada en julio de 2025 señala que en una visita al hospital de Venustiano Carranza en enero pasado se encontraron con obra de infraestructura concluida al cien por ciento, pero no ocurrió lo mismo con el equipamiento: “La mayor parte de los equipos estaban sobrepuestos y otros los tenían almacenados en una bodega debido a que no se instalaron; a la fecha las áreas están cerradas porque no se han instalado los equipos y muchas de las instalaciones no coinciden con el equipamiento”.
Por este hospital se conoció que había un contrato de equipamiento por 55 millones de pesos, “pero nunca entregaron ninguna documentación de la obra”.
Entre las unidades médicas aparecen: clínica de parto humanizado Cintalapa, Centro de salud Venustiano Carranza, Cámara Fría de Tonalá, Hospital Básico Comunitario Pijijiapan, Centro de Salud de Villa Comaltitlán, Centro de Salud de Santa Clara en Tapachula, la Cámara Fría en Ocosingo y el Centro de Salud de Emiliano Zapata, entre otras.
Este último se inundó en la pasada temporada de lluvias, y cuando personal de Salud intentó revisar el expediente de las obras allí realizadas se encontró con que “no había ninguno”, porque se habían pagado con “recurso alterno”.
Además, la Auditoría de Cumplimiento ASE/OAC/017/2025, realizada por la ASECH, determinó la existencia de 33 observaciones definitivas que no fueron solventadas por la administración saliente.
Medicinas caducas… y FMedical a escena
Entre los hallazgos destaca un inventario de 133 mil 177 medicamentos y 202 mil 357 insumos médicos caducados, adquiridos entre 2021 y 2023, con fechas de vencimiento menores a un año al momento de su compra.
El quebranto económico por este concepto asciende a más de 28 millones de pesos. La ASECH calificó la observación como “no atendida” y emitió el pliego correspondiente.
Se identificaron compras por 221 millones de pesos en insumos médicos que nunca ingresaron a los almacenes estatales. Entre las empresas involucradas figuran Negocios Alternativos en Comercio y Construcción, SA de CV, y South Tower Corporate, dedicada a servicios de limpieza, pero señalada por vender presuntamente equipo médico.
En ambos casos, los pagos fueron efectuados sin que existan pruebas de la entrega de mercancía.
Otro proceso irregular consignado por la ASECH fue la de una adjudicación directa autorizada en diciembre de 2024 para la compraventa de lotes de medicamentos por 35.2 millones de pesos, que se pagaron, pero al comparar los precios unitarios con los de la adquisición consolidada del IMSS Bienestar y Birmex se vio que en la compra estatal se pagó a sobreprecio.
En las investigaciones salió a relucir el nombre de FMedical, del empresario Fernando Padilla Farfán, socio del senador Adán Augusto López, pues detalla un presunto daño patrimonial por 71.4 millones de pesos por la compra de 99 vehículos usados, pero que fueron adquiridos como nuevos a dicha empresa Fmedical, dedicada a la venta de medicamentos y las conocidas “caravanas de la salud” con clínicas móviles.
En la edición mensual de noviembre último, Proceso publicó que la empresa ha recibido numerosos contratos de gobiernos de estados como Baja California, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas, éstos precisamente durante la gestión de Rutilio Escandón como gobernador y de José Manuel Cruz como secretario de Salud, ambos integrantes del Grupo Tabasco.
Sólo entre 2019 y 2023 FMedical recibió contratos vía adjudicación directa por un monto cercano a los dos mil millones de pesos.
Además se reporta la adquisición irregular de 23 ambulancias a la empresa Autotab, sin registros contables ni fuente de financiamiento clara. Algunos vehículos habrían sido vendidos y, simultáneamente, prestados bajo contratos de comodato.
Ni el senador José Manuel Cruz Castellanos ni el gobierno federal han emitido, hasta ahora, un posicionamiento oficial respecto de las denuncias presentadas.








