miércoles 18 de noviembre de 2026

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El gobierno morenista de Miguel Ángel Navarro ha convertido el llamado Megaoperativo Nuevo Nayarit en un sistema de extorsión institucional. Bajo la consigna de “recuperar” terrenos turísticos en Bahía de Banderas, se fabrican carpetas de investigación, se ejecutan órdenes de aprehensión y se aplica prisión preventiva como herramienta de intimidación. Heredero del Fideicomiso Bahía de Banderas, el esquema (integrado por funcionarios estatales ligados al grupo del senador Adán Augusto) favorece a nuevos socios inmobiliarios y políticos ligados al “clan chilango.

La estrategia del gobierno morenista de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, para “recuperar” terrenos en la zona de Bahía de Banderas o Riviera Nayarit se ha convertido en un mecanismo institucionalizado de extorsión y despojo.
El objetivo es apropiarse de bienes de alto valor y futura explotación turística sin indemnización, mediante fabricación de carpetas de investigación, aseguramientos ilegales, órdenes de aprehensión arbitrarias y prisión preventiva como herramienta de intimidación y hostigamiento a propietarios y abogados.
Navarro Quintero se ha embarcado en ese objetivo mediante un ejercicio pleno del poder: uso faccioso e irregular del aparato gubernamental, de la Fiscalía estatal y de funcionarios judiciales, con presiones a jueces y magistrados, elaboración de una ley de expropiación a modo y creación de un fondo inmobiliario en el que participan nuevos jugadores privados denominado Fondo Soberano Nuevo Nayarit (Fosonn). Todo bajo el contexto del llamado Megaoperativo Nuevo Nayarit.
Las costas paradisíacas de Nayarit, con un vasto potencial turístico, son la manzana codiciada. Desde hace más de dos décadas, y a lo largo de administraciones de distintos partidos políticos, persiste un esquema de desposesión institucional y continuada. Durante al menos 16 años, este mecanismo benefició a políticos del PRI y a sus aliados –empresarios y desarrolladores– y en el actual gobierno de Morena continúa con el llamado “clan chilango” y sus socios inmobiliarios.
El “clan”, denuncian los afectados, está integrado por funcionarios del gobierno del estado que forman parte del grupo del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández.
De 2005 a 2021 la apropiación forzada de bienes se realizó vía el Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA), un instrumento jurídico-financiero del gobierno nayarita creado para administrar terrenos de origen ejidal o estatal. Bajo ese esquema se aplicó una estrategia de desposesión basada en amedrentamientos y extorsiones para retirar tierras a ejidatarios y comuneros y transferirlas a desarrolladores inmobiliarios a precios muy por debajo de su valor real o comercial: entre 50 y 150 pesos por metro cuadrado, incluso en terrenos frente al mar o a pocas cuadras de las playas. Despojos ocurridos a partir de la administración del exgobernador del PRI Ney González Sánchez, hoy prófugo.
A partir de 2021, con el llamado Megaoperativo Nuevo Nayarit, estas prácticas continuaron, aunque con otros beneficiarios. El gobierno impulsó nuevas figuras legales para asumir el control de bienes y redistribuir suelo turístico, sin romper del todo con los mecanismos anteriores, con el objetivo de retomar la posesión de propiedades o de obtener recursos en efectivo destinados a nutrir tanto el Fondo Soberano Nuevo Nayarit como el Fondo de Ahorro Nayarit (FAN).
Un nombre que aparece tanto en la validación de algunas cesiones de propiedad del Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA) como en el actual Megaoperativo Nuevo Nayarit es el del exfiscal general del estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano. En su calidad de notario público número 32, firmó al menos dos escrituras vinculadas al fideicomiso: las escrituras públicas número 4,809 y 2,135. Cuando estuvo al frente de la Fiscalía estatal, encabezó procesos penales –contra compradores de predios vendidos por el FIBBA y otros– en los que cuestionó operaciones similares a las que previamente validó como notario.
En noviembre último el entonces fiscal acompañó al gobernador Navarro Quintero a la Ciudad de México. Acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar a la prensa el Megaoperativo Nuevo Nayarit. El gobernador aseguró haber recuperado más de 80 inmuebles y cerca de 9.6 millones de metros cuadrados de terrenos por un valor de 50 mil millones de pesos. La FGR ha abierto carpetas de investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los dos predios de los que dio fe Petronilo Díaz como notario se ubican en Rincón de Guayabitos, dentro de los terrenos expropiados al ejido de La Peñita de Jaltemba, en el municipio de Compostela, Nayarit. Ambos se localizan a 51.84 metros al sureste del derecho de vía de la carretera federal número 200, tramo Tepic-Puerto Vallarta. Cada uno de los terrenos tiene una superficie de 10 mil metros cuadrados y fue vendido en un millón de pesos, lo que equivale a un precio de 100 pesos por metro cuadrado. En ambos casos el comprador fue Abel Alvarado Alvarado.
El terreno correspondiente a la escritura pública número 2,135 es una fracción denominada Limoneros, ubicada en el polígono El Playón del Llano. La escrituración se realizó el 13 de mayo de 2010 y el vendedor fue Pedro Álvarez Hormaeche. La propiedad amparada por la escritura pública número 4,809 se localiza en el fraccionamiento Sol Nuevo, en Rincón de Guayabitos. La formalización del contrato de compraventa ocurrió el 17 de mayo de 2017 y la venta fue realizada por Carlos Rosales Vega. En ambos casos los vendedores actuaron en su carácter de delegados fiduciarios especiales del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), institución fiduciaria del Fideicomiso Bahía de Banderas, y ambos fungieron en su momento como directores generales de dicho fideicomiso.
El exsubfiscal y exmagistrado Rodrigo Benítez Pérez inicialmente fue colaborador de Miguel Ángel Navarro, y tras la ruptura y el pleito con éste, fue acusado de varios delitos estatales y federales, por lo que fue desaforado por el Congreso local. Fue arrestado en octubre de 2025 en Nueva Jersey, Estados Unidos, tras permanecer prófugo.
Extraditado a México en diciembre de 2025, actualmente está detenido en el Penal Federal de El Rincón. Durante su exilio reveló cómo se diseñó y ejecutó el Megaoperativo y el Fondo Soberano, que –según dijo– en un inicio el gobernador ordenó que fueran encabezados por el actual coordinador general jurídico del gobierno de Nayarit, José Gabriel Camarena Morales, y por el propio Rodrigo Benítez.
Durante su exilio, Benítez Pérez reveló, en un extenso texto que publicó en sus redes sociales, cómo evolucionó la estrategia del llamado Megaoperativo para recuperar bienes y generar recursos. Según su relato, ese esquema derivó en una red y un modelo de presuntas prácticas de coerción y extorsión, apoyadas en acciones y análisis jurídicos cuestionables, así como en tácticas ilegales. Entre ellas, mencionó la apertura de carpetas de investigación irregulares, el cierre de carreteras, el aseguramiento de propiedades, expropiaciones controvertidas y presiones sobre el sistema judicial, todo con el objetivo de alimentar el Fondo Soberano. Tras diferencias con integrantes del gobierno local, se produjo una ruptura y Benítez Pérez quedó fuera de estas operaciones.
El exfuncionario sostiene que el operativo quedó en manos del llamado “clan chilango”, encabezado por José Gabriel Camarena Morales, a quien atribuye el diseño y la puesta en marcha de un esquema para apropiarse de bienes de particulares y de personas perseguidas mediante procesos penales fabricados.
En un escrito enviado a Proceso en agosto último, en seguimiento a la cobertura del caso, Rodrigo Escorza Villaseñor, socio director del despacho Altum Legal, aseguró que el director jurídico del gobierno de Nayarit “no ha realizado ni autorizado operaciones inmobiliarias fuera del marco legal”, y que su actuación “se ha limitado a dar seguimiento a procesos judiciales ya iniciados para garantizar la restitución de bienes del Estado”.
Camarena Morales fue representante del gobierno de Navarro Quintero en la Ciudad de México y antes de incorporarse a la función pública fue socio del despacho Camarena Compeán Abogados, un bufete de la capital del país. El abogado, que el año pasado buscó ser ministro de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estado rodeado por diversas acusaciones de fraude.
Según la versión de Rodríguez Benítez, abogados de la firma Camarena Compeán han participado en los litigios por los terrenos. Asegura que en ese entramado participan también el empresario Carlos Gutiérrez Andreassen, fundador y accionista principal de Artha Capital, de la Ciudad de México, así como Diana López Zurita, actual jefa del Despacho del Gobernador de Nayarit e integrante también del grupo político de Adán Augusto.
En noviembre de 2022, al inicio del gobierno de Navarro Quintero, Gutiérrez Andreassen anunció una inversión por más de 30 mil millones de pesos en alianza con la cadena hotelera Marriott International, como parte del proyecto NIA Riviera Nayarit, para la construcción de cuatro hoteles de la firma.
Rodrigo Benítez también afirmó que Ludmila Heredia Verdugo, exdirectora del Fideicomiso de Bahía de Banderas y recién designada fiscal general de justicia del estado, opera como colaboradora de Gabriel Camarena. Según su versión, Heredia Verdugo fue denunciante de presuntas afectaciones al FIBBA ante la Fiscalía y, al mismo tiempo, testigo de los hechos. Además, la señala de ocultar y falsificar documentación para facilitar esas acciones y de presionar al personal del fideicomiso para no contabilizar pagos ya realizados. Luego, ya como subfiscal, realizó acciones para integrar la carpeta de investigación.

“Despojo institucionalizado”
Héctor Cárdenas Curiel, accionista y fundador de más de 50 empresas dedicadas a bienes raíces, construcción y comercialización de proyectos, enfrenta actualmente cuatro acusaciones penales en su contra. Sostiene que el Megaoperativo Nuevo Nayarit funciona como una “organización criminal” y un esquema de “despojo institucionalizado”, en el que –según su versión– se extorsiona a propietarios para que cedan sus bienes bajo la amenaza de detenciones y el congelamiento de cuentas.
Cárdenas no es afectado directo del Megaoperativo Nuevo Nayarit; sin embargo, enfrenta un historial de disputas legales derivadas de la adquisición de tierras. Dichos litigios se relacionan con la compra de 825 hectáreas ubicadas entre La Cruz de Huanacaxtle y Punta Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, adquiridas entre 2003 y 2004 por un monto cercano a los 80 millones de dólares. El empresario sostiene que esos bienes no guardan relación con FIBBA.
El gobierno del estado de Nayarit inició un proceso de expropiación sobre 855 hectáreas del predio San Ignacio de la Cruz, bajo el argumento de que la medida es necesaria debido a un laudo arbitral internacional que condena al Estado mexicano a pagar más de 47 millones de dólares a Lion México Consolidated. El fallo determinó una violación al artículo 1105 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al considerar que existió denegación de justicia y un trato no justo ni equitativo, derivado inicialmente de una inversión de capital que luego se asumió como préstamo y que posteriormente fue considerada una deuda no pagada.
No obstante, Cárdenas Curiel y su equipo legal refutan esos argumentos. Sostienen que los terrenos siempre han sido propiedad privada y que fueron adquiridos legalmente por Inmobiliaria Bains –de la cual aseguran que Cárdenas tiene únicamente una participación accionaria de 0.002000%– mediante escritura pública a particulares y con recursos privados documentados. Añaden que Cárdenas propuso personalmente a Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación, cubrir el adeudo con el fin de liberar los terrenos, pero no recibió respuesta.
Cárdenas Curiel sostiene que una “organización criminal” opera dentro del gobierno de Nayarit e incluye al gobernador, al fiscal y al subfiscal, y que utiliza el sistema de justicia para beneficio personal y prácticas de extorsión. Afirma que estas operaciones implican detenciones arbitrarias, cargos fabricados y la entrega forzada de propiedades, acciones que –según su versión– benefician a personas y empresas específicas, entre ellas Artha Capital. Como ejemplo, señala que un predio de esa empresa quedó fuera del proceso de expropiación de las 855 hectáreas, lo que para el denunciante constituye un indicio de trato preferencial.
También acusa que la administración estatal modificó reglas y criterios legales, incluidas reformas que incorporan nuevos delitos, como el de lavado de dinero, y que restringieron el acceso al Registro Público de la Propiedad. Asegura que estas medidas limitaron la defensa jurídica de los afectados y facilitaron la toma de posesión de predios sin compensación. Entre los cambios señalados destacan las reformas a la Ley de Expropiación, aprobadas en 2022, y a la Ley del Registro Público de la Propiedad, en 2024.
Héctor Cárdenas también acusa a Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit durante la administración del priista Roberto Sandoval Castañeda (hoy preso), de haberlo detenido de manera ilegal, golpearlo y someterlo a intentos de extorsión. Sostiene que fue víctima de tortura durante esa detención.
Las acciones contra Cárdenas también alcanzaron a uno de sus abogados, a Joel Marín García, quien fue detenido el 12 de noviembre de 2025 en Jalisco por elementos de la Fiscalía de Nayarit, sin uniforme y sin orden judicial, y posteriormente trasladado a Nayarit.
La acusación en su contra se hizo por el cobro de honorarios profesionales. La Fiscalía sostiene que Marín García mantuvo la posesión y administración de bienes inmuebles mediante la promoción de juicios de amparo, lo que –según esa versión– obstaculiza el proceso de expropiación. No obstante, su defensor, Christian González Puig, afirma que su colega actuó únicamente como apoderado legal, en ejercicio de su labor profesional, sin contrato alguno de posesión o administración de los bienes, y asevera que existe una persecución contra defensores y propietarios.

FOSONN y cuatro nuevos desarrollos inmobiliarios
Las actuales autoridades de Nayarit afirman que el Fondo Soberano Nuevo Nayarit (FOSONN) operará bajo un modelo de economía mixta. Aducen que las propiedades “recuperadas” no se venderán, sino que se aportarán como participación en desarrollos inmobiliarios. De acuerdo con estas declaraciones, el esquema generaría una rentabilidad de 18%, de la cual 51% ingresará al presupuesto estatal y se destinaría a infraestructura social, seguridad pública, hospitales, escuelas y puentes, mientras que 49% restante se canalizará al Fondo de Ahorro Nayarit (FAN), integrado por cuentas individuales de trabajadores al servicio del estado.
Funcionarios estatales de Nayarit informaron que los primeros cuatro desarrollos que se realizarán bajo este esquema de inversión público-privada, utilizando los terrenos recuperados, se ubicarán en: centro de Nuevo Vallarta, en las playas de Las Minitas y Los Venados, así como en Lo de Marcos, en el municipio de Bahía de Banderas; y en El Playón del Llano, localizado en el municipio de Compostela.
En un recorrido que Proceso hizo por la zona costera de Nayarit donde se localizan estas propiedades, se constató que los predios se encuentran listos para su desarrollo. Todos están ubicados en entornos naturales privilegiados, con vistas panorámicas o frente a playas que remiten a una postal turística.
Durante la visita también se observó que el proceso de gentrificación y dolarización de la economía ya comenzó en localidades que hasta hace poco se habían mantenido al margen de este fenómeno, como en Lo de Marcos y en La Peñita. En estas comunidades es cada vez más común la presencia de turistas extranjeros que se desplazan en carritos de golf, menús ofrecidos en inglés y la venta o renta de propiedades cotizadas en dólares. El contraste es evidente frente al deterioro de las calles y la precariedad de los servicios públicos, en particular los de salud.
En el caso de la playa de Las Minitas se corroboró que ya existe acceso para la población local y para los bañistas, situación que se presentó tras la rueda de prensa realizada en la Ciudad de México en la que se dio a conocer el Megaoperativo Nuevo Nayarit. En el sitio se colocaron letreros con la leyenda “Propiedad del Gobierno del Estado de Nayarit” y el área es vigilada por un elemento de la Policía Turística estatal.
En cuanto al terreno ubicado entre Punta Mita y La Cruz de Huanacaxtle, se atestiguó que el acceso al predio por el camino viejo permanece cerrado, a un costado de la playa Destiladeras, y que una persona resguarda el lugar. Dentro de la propiedad se encuentra una lona con la leyenda “Inmueble asegurado”. Personas que acuden a zonas aledañas refirieron que en el sitio únicamente se han construido baños y que el espacio es utilizado de manera ocasional para la realización de eventos sociales, como bodas en la playa.

“Ventanas al mar”
La reapertura de la playa Las Minitas –rincón emblemático de la costa de Nayarit–, tras un cierre de casi 20 años, fue recibida con alegría por los habitantes de la región. Para muchos, el regreso del acceso público evocó los años en que la playa funcionó como espacio de encuentro y esparcimiento comunitario. Sin embargo, la celebración convive con la incertidumbre: los pobladores temen que los planes gubernamentales de entregar los terrenos a desarrolladores inmobiliarios como parte de la sociedad los vuelva a dejar fuera del balneario natural.
María Rodríguez Bueno, de 73 años, y Lionel Sánchez Rodríguez, de 56, ambos residentes de la población de Úrsulo Galván, compartieron sus recuerdos y preocupaciones en torno de Las Minitas. María cuenta que comenzó a visitar la playa cuando tenía 30 años, acompañada de sus hijos pequeños. Lionel recuerda llegar desde los 18 años, caminando desde la playa El Atracadero. Ambos coinciden en describirla como “la más bonita de la zona”, por su mar tranquilo, comparable al de Rincón de Guayabitos cuando está en calma.
El cierre de la playa fue abrupto y sin previo aviso para los habitantes de la zona. Durante años, el lugar permaneció resguardado por guardias y perros, lo que impidió el acceso a cualquier persona. Apenas a principios de diciembre se permitió nuevamente el ingreso del público.
Si bien los residentes no se oponen a la llegada de hoteles, su principal exigencia es que se garantice el acceso público a la playa mediante las llamadas “ventanas al mar”, para que las familias puedan seguir disfrutando de estos espacios comunes.
Aun con el anuncio gubernamental del “rescate” de la playa, persiste la preocupación entre los visitantes ante la posibilidad de que los terrenos vuelvan a entregarse a grandes consorcios hoteleros e inmobiliarios, lo que podría derivar en un nuevo cierre. Tanto María como Lionel insisten en que la playa “tiene que ser libre” y “de los nayaritas”, y rechazan cualquier intento de privatización.

Impacto ambiental y urbanístico
El colectivo Red Más Nayarit cuestiona el verdadero propósito de la operación y plantea que podría implicar únicamente la entrega de propiedades confiscadas con fines de lucro, en lugar de responder a un interés público.
Iris Negrete, integrante de la asociación, advierte sobre los riesgos ambientales de construir en estas zonas: posibles impactos ecológicos como la destrucción de manglares, el aumento del riesgo de inundaciones –especialmente en Lo de Marcos, donde ya ocurrió un evento de este tipo años atrás–, así como procesos de gentrificación y una mayor presión sobre los servicios locales derivado del incremento del turismo.
El colectivo recuerda que muchos de estos terrenos tienen origen ejidal y sostiene que el Fideicomiso de Bahía de Banderas se apropió de ellos de manera “poco legal”. Iris Negrete conoce de cerca el tema, tanto por su labor como activista como por su experiencia personal: es hija de una ejidataria que, afirma, fue presionada para ceder el terreno que poseía en Las Minitas, donde tenía instalada una palapa. Desde esa perspectiva, cuestiona si el nuevo operativo representa únicamente un cambio de propietarios –en beneficio de grandes constructoras o particulares–, y no una acción en favor de los ciudadanos y de la población local, como ocurrió en su momento con el FIBBA.
Para la elaboración de este trabajo periodístico Proceso solicitó el 20 de diciembre último la posición del gobierno de Nayarit. La oficina de Comunicación Social respondió que revisarían el tema. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, 29 de diciembre, no hubo más reacción de la administración estatal.