miércoles 18 de noviembre de 2026

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La presidenta Sheinbaum ha encargado a Operadora CICSA, ICA, Mota Engil e INDI el megaproyecto de su administración: la construcción y rehabilitación de tres mil 839 kilómetros de vías férreas para transportar pasajeros a una velocidad de hasta 130 kilómetros por hora. Las empresas son las mismas que López Obrador contrató para el Tren Maya… y que incumplieron con los plazos y montos que plantearon en sus propuestas; así, pasó de costar 120 mil millones de pesos a más de 470 mil millones de pesos. CICSA, de Carlos Slim, se ha llevado los contratos más rentables.
En materia de política de seguridad o de combate a la corrupción el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha marcado una distancia, a veces una ruptura, con su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Pero en cuanto a obra pública, la mandataria ha mantenido la confianza que su mentor tenía en cuatro empresas, a las que entregó los primeros contratos de megaproyectos de su sexenio, relacionados con el objetivo de reconstruir una red de tren de pasajeros que conectará la Ciudad de México con el norte del país.
Entre agosto y octubre últimos la administración de Sheinbaum ha entregado los principales contratos de obra pública a Operadora CICSA, de Carlos Slim Helú; la constructora ICA, de David Martínez Guzmán, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega; Mota-Engil, operada por José Miguel Bejos, y Grupo INDI, de la familia Muñozcano Castro.
Son las mismas cuatro empresas que, en conjunto, recibieron contratos por más de 735 mil 679 millones de pesos a lo largo del sexenio pasado, un monto equivalente a uno de cada siete pesos que el gobierno de López Obrador erogó en contrataciones públicas, como lo documentó Proceso en enero último.
La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), encabezada por Andrés Lajous Loaeza, un incondicional de Sheinbaum, ha entregado los primeros cinco contratos para construir tramos de tren en las rutas Querétaro- Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo; de éstos, CICSA recibió el más cuantioso, por 31 mil 843 millones de pesos; Mota-Engil obtuvo dos por 26 mil 783 millones de pesos, ICA tuvo uno por 14 mil 676 millones de pesos y Grupo INDI tuvo otro por 12 mil 669 millones de pesos.
En todos los procesos de licitación al menos dos de estas cuatro empresas enviaron propuestas, y el equipo de la ARTF a veces dio calificaciones distintas a la misma empresa. Así, en la licitación que ganó, CICSA recibió una calificación de 44.14 puntos en la propuesta técnica; en otra, que ganó Mota-Engil, la ARTF le dio una calificación de 39.46.
Aunque compitieron por los contratos del tren de pasajeros, las cuatro empresas están aliadas en una empresa llamada Desarrolladora Multimodal Istmo de Tehuantepec, a la que la administración de López Obrador encargó la construcción de los tres principales Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis) –es decir, nuevos centros industriales– del Corredor Interoceánico, ubicados en los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y de Salina Cruz, en Oaxaca.
La presidenta Sheinbaum entregó las obras de construcción del Tren México-Querétaro y del Tren México-Pachuca a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que López Obrador convirtió en una de las principales constructoras de obra pública del país.
De hecho, el tabasqueño encargó la construcción de los mil 500 kilómetros de vía férrea del Tren Maya a las mismas cuatro empresas y a la Sedena. Tanto las empresas y la Sedena incumplieron con los plazos y montos que plantearon en sus propuestas –es decir, los compromisos por los que fueron contratados–, y el Tren Maya pasó de costar 120 mil millones de pesos a más de 470 mil millones de pesos.
Mediante convenios modificatorios, las empresas terminaron embolsando dos o tres veces los montos por los que fueron contratados en un primer momento: ICA pasó de tener un contrato para el Tramo 4 por 29 mil 985 millones de pesos a conseguir un convenio modificatorio y otro contrato por un monto total de 71 mil 698 millones de pesos en 2023; Mota-Engil había sido contratada para el Tramo 1 por 15 mil 538 millones de pesos y terminó recibiendo convenios y más contratos, que elevaron el monto contratado a 78 mil 711 millones de pesos a finales de 2023.
Aparte, en sus poco menos de dos años de funcionamiento, el Tren Maya ya sufrió dos descarrilamientos: uno, el 30 de enero último en las inmediaciones de la estación Limones, en el municipio de Bacalar –un tramo a cargo de la Sedena–, y el 19 de agosto en la estación de Izamal, en un tramo que fue construido por Grupo INDI.
El empresario que siempre gana
Mientras sus empresas resultaban ganadoras de los principales contratos públicos en los sexenios de Peña Nieto y López Obrador, Carlos Slim Helú diversificaba sus negocios hacia la construcción, con la adquisición de la cementera Elementia, y el sector energético, mediante la compra de campos petroleros a Grupo Bal y a Talos Energy.
Este paso adelante en el negocio del oro negro lo catapultó como uno de los actores más importantes del sector energético en México en el sexenio pasado, y a la par se convirtió en uno de los mayores acreedores de Pemex: la empresa pública debe más de 700 millones de dólares a sus empresas. Sin embargo, el magnate cuenta con la seguridad de recuperar su dinero, pues el gobierno de Sheinbaum se hizo garante de las deudas de la petrolera.
Las transiciones entre gobiernos no han implicado turbulencias para el magnate y su imperio: inició el sexenio de Peña Nieto con 69 mil millones de dólares, según la revista Forbes, misma publicación que calculó en octubre último su fortuna en 106 mil 900 millones de dólares, lo que lo colocaba en el lugar 17 entre los hombres más ricos del planeta y, de lejos, el hombre más rico del país.
Grupo Carso y América Móvil, por su parte, reportaron ventas de un billón 72 mil millones de pesos y utilidades de más de 200 mil millones de pesos en 2024. Pese a su cabal salud financiera, en su informe del segundo trimestre de 2025 Grupo Carso reconoció una caída de 29% en los proyectos de infraestructura y construcción, “debido a menores proyectos y conclusión de obras mayores”.
“Operadora CICSA ha reducido su actividad en obra pública, pero está muy activa en diversos proyectos de edificación privada”, informó el conglomerado, que además de la constructora CICSA opera las tiendas Sanborns, la energética Carso Energy, la cementera Elementia, la proveedora de cables y tuberías Condumex y la empresa de hidrocarburos Zamajal.
La escasez de grandes obras públicas se resolvió el 15 de septiembre, cuando la ARTF decretó a Operadora CICSA ganadora del contrato para la construcción de las vías del tren de pasajeros que unirá Saltillo a Santa Catarina, en Monterrey, con una oferta de 31 mil 843 millones de pesos, con la cual competía con la constructora ICA, pues el gobierno desechó las otras tres propuestas por argumentos técnicos.
Tan sólo con este fallo la empresa de Slim ganó el mayor contrato de obra pública del primer año de gobierno de Sheinbaum y se convirtió en el principal contratista de la administración federal.
Además de este megaproyecto, otras compañías del magnate han amasado contratos multimillonarios en estos primeros 12 meses de la administración de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México: Triara.com obtuvo más de cuatro mil 664 millones de pesos en contratos, Teléfonos de México otros mil 903 millones de pesos, Seguros Inbursa recibió mil 371 millones de pesos del gobierno federal y Condumex ganó tres adjudicaciones por más de mil millones de pesos para la compra de cables.
Y ello sin contar con el contrato de cerca de dos mil millones de dólares que Pemex acaba de entregar a la empresa GSM-Bronco para perforar pozos en el campo Ixachi, o los contratos y concesiones de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para operar pozos geotérmicos en Baja California y Guanajuato.
Megaproyecto
Claudia Sheinbaum heredó de López Obrador una administración con una situación fiscal apretada, lo que la obligó a recortar los gastos en prácticamente todos los sectores; aparte, la mandataria ordenó que el gobierno federal se hiciera cargo de una parte de la deuda de Pemex, por lo que por primera vez en la historia del país la petrolera recibirá en 2026 una cantidad de recursos públicos que rebasarán sus aportaciones al erario.
Pese al escaso margen financiero con el que opera, Sheinbaum lanzó el megaproyecto de su administración: la construcción y rehabilitación de tres mil 839 kilómetros de vías férreas para transportar pasajeros a una velocidad de hasta 130 kilómetros por hora. Dividido en cuatro fases, el megaproyecto contempla dos grandes rutas que unirán la capital con la frontera con Estados Unidos, y otra más pequeña conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Pachuca.
De las dos líneas principales, una primera llegará a Nuevo Laredo, pasando por Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey, y la segunda terminará en Nogales, cruzando por Querétaro, Irapuato, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Los Mochis, Guaymas y Hermosillo.
El gobierno de Sheinbaum no tiene muy claros los costos de los dos proyectos: para el tren Saltillo-Nuevo Laredo, la ARTF indicó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que se invertirían 109 mil 928 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) evalúa que se erogarán 138 mil 60 millones de pesos en él, repartidos entre 2025 y 2029. Para el tren de pasajeros de Querétaro a Irapuato la ARTF planea invertir 98 mil 749 millones de pesos.
Como lo hizo el gobierno de López Obrador con el Tren Maya, el equipo de la ARTF cortó las rutas en diferentes tramos, puso los primeros en procesos de licitación pública y los entregó a las mismas empresas contratistas del Tren Maya que resultaron ganadoras.
Así, la ARTF entregó dos contratos por 20 mil 203 millones de pesos y seis mil 579 millones de pesos a Mota-Engil México para construir dos tramos que unirán Querétaro e Irapuato. En la licitación del segundo tramo, 11 consorcios presentaron ofertas para ganar el contrato, pero la SICT eliminó a nueve de ellos por cuestiones técnicas, y dejó a solamente dos en la carrera, y finalmente atribuyó el contrato a Mota-Engil.
Con este contrato, el grupo portugués mantuvo su lugar como uno de los principales contratistas del gobierno mexicano, posición que ocupa desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, sobre todo a partir de 2014, cuando José Miguel Bejos, un amigo del expresidente, tomó las riendas de la operación de Mota-Engil en México.
Durante la gestión de López Obrador, y pese a la estirpe priista de la familia Miguel (Alfredo Miguel Afif, el padre de Miguel Bejos, formó parte del grupo de empresarios cercanos a Carlos Salinas de Gortari), Mota-Engil logró colocarse como una de las principales constructoras de los megaproyectos gubernamentales: entre señalamientos de que “Pepe Miguel” era cercano a los hijos de López Obrador, Mota-Engil obtuvo contratos del Tren Maya, el libramiento de Campeche, la línea FA del Transístmico, el parque Aztlán, en la Ciudad de México, la carretera hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la construcción de una planta de fertilizantes para Pemex.
64 interesados, tres propuestas
La ARTF entregó otro contrato de 14 mil 676 millones de pesos a ICA, para adecuar parte de la vía férrea que va de Saltillo a Nuevo Laredo, más específicamente en los 100 kilómetros que separan Unión San Javier, un poblado ubicado en las afueras de Salinas Victoria, en el norte de Monterrey, al poblado de Arroyo El Sauz.
En un principio la obra suscitó expectación en las grandes empresas constructoras, tanto nacionales como extranjeras: 64 de ellas enviaron un escrito para manifestar su interés en conocer más del megaproyecto, y al menos tres de ellas, incluyendo Caabsa, Operadora Cicsa y la china Communication Construction Company, solicitaron un plazo extra para analizar la obra y entregar sus propuestas, petición que fue rechazada.
Al final, solamente tres de los 64 consorcios enviaron propuestas. La SICT descartó la oferta del consorcio integrado por la empresa catalana COMSA, Regiomontana de Construcción –otra empresa beneficiada en contratos de obra pública durante el sexenio de López Obrador– y Vise, tras determinar que incumplió con los requisitos del procedimiento.
En sus observaciones, el testigo social que acompañó el proceso de contratación, Mario Espartaco López Guerrero, determinó que la licitación fue lícita, aunque señaló que la ARTF licitó “casi simultáneamente” el tramo con el de Pachuca a Querétaro, lo que “orilló a los licitantes a decantarse por presentar una u otra”.
ICA ganó la licitación a Grupo INDI por tener una mayor calificación, aunque su oferta estuvo 900 millones de pesos más alta que la de su rival. El 12 de septiembre, menos de un mes después de la adjudicación del contrato del tren, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó un contrato de tres mil 285 millones de pesos a ICA para construir la presa Tunal II, que busca abastecer de agua potable a la ciudad de Durango.
La constructora histórica, que en 2016 fue adquirida por el multimillonario David Martínez Guzmán de la mano con Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega (los dos copresidentes ejecutivos de Grupo Televisa), también lleva tres sexenios acumulando grandes contratos de obra pública, desde la losa de cimentación y la terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) con Peña Nieto, hasta dos tramos del Tren Maya y la refinería Olmeca de Dos Bocas.
Al igual que las otras, la empresa ha incumplido con los plazos y montos por los cuales fue contratada. ICA recibió varios contratos para la construcción de la refinería, cuyo costo pasó de menos de ocho mil millones de dólares a más de 21 mil millones de dólares.
Aunque no fue la única, tuvo que ver con el precio final de la refinería: un contrato que le fue adjudicado por dos mil 852 millones de pesos en diciembre de 2019 se había disparado a 16 mil 797 millones de pesos en febrero de 2021. Las obras tuvieron tres años de retraso y la refinería enfrenta problemas con regularidad: todavía en agosto último la planta tuvo que entrar en paro debido a un recorte de energía, lo que desplomó su producción 28% respecto de julio.