miércoles 18 de noviembre de 2026

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BOGOTÁ.– Al general colombiano Óscar Naranjo no le sorprende “para nada” el caso del huachicol fiscal que involucra a marinos y soldados en un gigantesco desfalco a las arcas públicas de México.
“Esa situación era totalmente previsible”, afirma el general sobre el escándalo de corrupción que tiene como sus protagonistas más mediáticos al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y a su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
De acuerdo con Naranjo, quien se mantiene muy al tanto de lo que ocurre en México en el ámbito de la seguridad, no le sorprende que la corrupción haya alcanzado a militares de alto nivel porque, “lo que prueba la historia, es que cuando las instituciones militares se empiezan a desnaturalizar por asumir roles y responsabilidades que no son de tipo castrense, entran a un mundo desconocido en el que tienen el altísimo riesgo de corromperse”.
Para el exdirector de la Policía Nacional de Colombia, el escándalo del huachicol fiscal revela que, cuando se desnaturaliza la esencia de los militares, “cuando los ponen a hacer otras cosas diferentes a su misionalidad, se incurre en un error que se paga, y se paga a un precio muy alto”.
El costo, afirma, es político y también social en términos de reputación de las instituciones militares “porque las huellas que dejan esos hechos de corrupción tardan mucho tiempo en borrarse y acaban minando la confianza que debe de inspirar un cuerpo militar, policial, frente a los ciudadanos”.
Naranjo, un consultor internacional en asuntos de seguridad y gobernanza, siempre criticó el proceso de militarización de las instituciones de seguridad pública que impulsó Andrés Manuel López Obrador durante su gobierno (2018-2024).
El expresidente mexicano no sólo creó una Guardia Nacional militarizada, sino que acabó entregando esa institución a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y puso a los militares a construir obras con presupuestos de miles de millones de dólares, como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Corredor interoceánico.
López Obrador le dio a la Marina el control de aeropuertos, los puertos marítimos y aduanas. Su argumento fue que en esas instituciones civiles imperaba la corrupción y que los militares son “incorruptibles”.
Naranjo, un general retirado de la policía colombiana que fue asesor de seguridad en el gobierno del presidente Enrique Peña (2012-2018), señala que tan previsible era un caso como el huachicol fiscal, como previsible es que los militares que reciben responsabilidades de seguridad pública “tengan una alta posibilidad también de caer en violaciones de los derechos humanos”.
En las democracias, señala, las Fuerzas Armadas “son la reserva moral de la nación, y en ese sentido hay que protegerla al máximo, llevándolas a que cumpla la misión esencial, la que da vida a esos cuerpos, que es la defensa de la soberanía y asegurar la integridad territorial” del país.
Una investigación publicada en la revista Proceso de octubre último indica que unos 200 elementos de la Marina y 150 del Ejército se encuentran bajo investigación, entre ellos 15 mandos de ambas fuerzas que tuvieron cargos en aduanas marítimas y terrestres durante la segunda mitad del sexenio de López Obrador. También hay empresarios y funcionarios involucrados en el masivo contrabando de combustibles.
Naranjo asegura que los militares mexicanos son profesionales responsables que sirven a su país y que, por lo mismo, el poder político no debe desnaturalizar sus funciones.
Falla de la contrainteligencia
Para el exjefe policiaco, el caso de huachicol fiscal revela una falla de los servicios de contrainteligencia del Estado, que son los encargados de investigar a los militares, a los policías y a los funcionarios públicos para prevenir que se involucren en prácticas corruptas.
Por eso recomienda “verificar cuál es la capacidad de contrainteligencia que hoy tiene el Estado mexicano para asegurar, justamente, que los funcionarios cumplan con la ley y no queden incursos en temas de corrupción”.
Dice que un buen servicio de contrainteligencia es la mejor manera de prevenir hechos como éstos.
“La pregunta que hay que hacer –asegura– es: si eso estaba pasando, ¿dónde estaba la contrainteligencia?, que no detectó este caso de corrupción a tiempo, y ¿cómo están funcionando los mecanismos disuasivos?”.
De acuerdo con Naranjo, cuando desaparece la noción disuasiva de la ley y los funcionarios civiles y militares no tienen certeza de la sanción penal, hay un desbordamiento de la corrupción.
Desmilitarizar o no
El general colombiano prefiere no pronunciarse sobre si México, a raíz del megacaso de corrupción militar develado en el escándalo del huachicol fiscal, debiera revertir la militarización de los organismos de seguridad pública heredada a Sheinbaum por López Obrador.
“No me atrevería a emitir un concepto específico –indica–, pero lo que es claro es que los modelos de seguridad en Estados democráticos, en Estados sociales de derecho, el liderazgo corresponde de manera nítida y transparente a la autoridad civil, y las fuerzas institucionales de seguridad obedecen a esos mandatos”.
En cambio, agrega, “cuando las fuerzas militares, institucionales, policiales, desbordan ese mandato o se hacen a un lado de ese mandato, se rompe el equilibrio constitucional y democrático”.
–¿Usted cree –se le pregunta al general– que la militarización en México ha llevado también a militarizar la relación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico? Porque lo que se observa es un desplazamiento de la DEA y un papel más relevante del Comando Norte frente a autoridades mexicanas.
–Puede ser un factor, pero hay muchos otros que han llevado a esa situación. Lo importante es preguntarse cuál es el desafío y la amenaza que tenemos al frente. Y lo que tenemos es un crimen transnacional al que hay que responder de manera transnacional. Pensar que un país en solitario puede enfrentar estos fenómenos es un gran error.
Dicho esto, Naranjo plantea que “si estamos enfrentando estructuras de crimen organizado que si bien tienen procedimientos y modus operandi muy violentos y radicales, no son unos ejércitos, el enfoque principal para desmantelarlos debe ser un enfoque judicial”.
Y en ese sentido “hay que recurrir a las instituciones que han acumulado la mayor experiencia justamente combatiendo a esas organizaciones, y ahí aparecen DEA, el FBI, el Departamento de Justicia y la Policía Fiscal de Italia, que es una policía antimafia, probablemente la más experta en Europa para perseguir patrimonios y el lavado de activos”.
El general señala que “en esto probablemente no soy objetivo, porque en mis años de servicio activo tuve una relación cercana de cooperación, de colaboración, de entendimiento, con instituciones como la DEA y con otras instituciones judiciales del mundo entero”.
Lo que es necesario, afirma, es que se establezca una alianza trasnacional, que sea multisectorial y que obedezca a la naturaleza del fenómeno criminal que se enfrenta.
Los abrazos de AMLO
El general colombiano ha defendido siempre la conducción civil de la estrategia de seguridad de un país, y en ese sentido valora como positivo el papel que cumple el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como la cabeza del sector de seguridad pública.
“Aunque operacionalmente la seguridad está en manos de militares, de la Guardia Nacional, hay un direccionamiento político desde lo civil, encabezado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, y por su secretario de Seguridad, y ahí empieza a lograrse un cierto equilibrio entre lo civil y lo militar”, señala.
También valora el fin de la política “de apaciguamiento” que desarrolló López Obrador durante su sexenio (los famosos “abrazos, no balazos” frente a la delincuencia organizada) y su reemplazo “por una política integral de prevención y represión del crimen”.
Pero Naranjo cree que, en general, el gobierno de Sheinbaum ha actuado “con inteligencia” en el ámbito de la seguridad, y destaca que “muy a pesar de la política norteamericana (como denomina al estilo de presión del presidente Donald Trump), no ha habido una ruptura o una tensión que inmovilice las acciones contra el crimen”.