El poder que han acumulado los militares mexicanos en los últimos años tiene una dimensión política que el alto mando de la Sedena puede administrar de dos maneras: desde las sombras, como garante del proyecto de la 4T, o, eventualmente, cruzando la puerta de la participación política directa. Así, las elecciones intermedias de 2027, donde se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de alcaldías, podrían marcar el punto de inflexión para los uniformados, fortalecidos por reformas recientes.
En febrero de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador había entregado a los militares el manejo de la seguridad pública y de los enormes presupuestos de sus obras emblemáticas, la experta venezolana en asuntos de defensa Rocío San Miguel, advirtió:
“México –dijo a Proceso– debería de verse en el espejo de Venezuela, donde el involucramiento de los militares en la política y en labores de civiles terminó por afectar un principio básico de la democracia: la subordinación del poder militar al poder civil”.
Cuatro años y medio después de expresar esas palabras, San Miguel es una prisionera política de Nicolás Maduro y del exjefe de la contrainteligencia militar, el general Iván Hernández Dala; y los militares mexicanos tienen más poder que nunca luego de que la Guardia Nacional –un cuerpo de seguridad pública– se convirtiera en un componente más de las Fuerzas Armadas y sus 130 mil integrantes quedaran sujetos a un régimen castrense.
El sociólogo y activista de derechos humanos venezolano Rafael Uzcátegui dice que hay un paralelismo entre la enorme influencia que alcanzaron los militares en Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, y la preponderancia que les asignó López Obrador a los militares mexicanos durante su gobierno (2018-2014), aunque se trate de procesos diferentes y con sus propias particularidades.
Uzcátegui, quien el año pasado se refugió en México ante la inminencia de su detención por parte de la policía política de Maduro, afirma que, como venezolano que presenció los estragos de la militarización de la gestión pública en su país que ha causado a la democracia y a la transparencia, le parece “preocupante” lo que observa en la coyuntura mexicana.
En junio último, la mayoría legislativa de Morena y sus aliados aprobó sin mayor debate la reforma a la Ley de la Guardia Nacional que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum para sellar la militarización de ese cuerpo de seguridad pública. Uno de los artículos autoriza a los integrantes de ese cuerpo militar contender a cargos de elección popular y ejercer cargos públicos civiles aun cuando no se hayan retirado.
Esto lo podrán hacer con una “licencia especial” otorgada por la persona titular del Ejecutivo o de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), algo que, en los hechos, ocurre en Venezuela pese a que no lo contempla la Constitución.
La nueva prerrogativa que otorgó la mayoría legislativa de Morena y sus aliados a la Guardia Nacional es sólo una homologación con la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, que desde 1986 contempla la “licencia especial” para militares que quieran desempeñar cargos de elección popular u ocupar cargos en los gobiernos federal y locales.
Expertos en temas militares consultados por Proceso alertan, sin embargo, que la puerta que abre la legislación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de su nuevo componente, la Guardia Nacional (GN), para incursionar en política, constituye “un incentivo muy peligroso” en el contexto de creciente poder que han adquirido las instituciones castrenses mexicanas.
Empoderamiento político
La maestra en ciencia política de la Universidad de Paris I, Lisa Sánchez, expone que ampliar ese beneficio a la GN “es preocupante” porque le está dando la posibilidad de hacer política electoral y desde un cargo público a un universo adicional de más de 100 mil efectivos que ahora forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Eso es, afirma la directora de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), “una profundización de la militarización, ya no sólo de la seguridad pública, sino de la conducción de los asuntos públicos en el país”.
Y si bien la disposición que permite hacer política electoral a militares activos, con un permiso especial, ya cobija al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea desde 1986, su ampliación a la GN ocurre “en un momento en el que el empoderamiento político y económico de los militares no tiene precedentes”, indica Sánchez.
Sostiene que, “por eso, es tremendamente peligroso”.
La experta en seguridad, políticas públicas y derechos humanos señala que el papel de los militares en 1986, cuando se aprobó la ley orgánica que les facilitó postularse a cargos de elección popular, estaba apegado al de sus funciones como garantes de la defensa nacional, “pero hoy se están haciendo más presentes en cuestiones políticas”.
El extitular de la Sedena Luis Crescencio Sandoval, por ejemplo, fue el secretario de Estado que más veces asistió a las conferencias mañaneras de López Obrador el sexenio pasado, y con Sheinbaum es recurrente la presencia en esos espacios y en las giras de la presidenta el general Ricardo Trevilla Trejo, actual secretario de la Defensa Nacional.
Y quién puede dudar de la influencia política del general Trevilla Trejo y de la cúpula militar mexicana luego de las reformas que aprobó la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso para darle a la GN más facultades –como intervenir comunicaciones privadas y realizar operaciones encubiertas–, lo que en los hechos significa ampliar el poder de las Fuerzas Armadas.
Proyecto político con blindaje militar
La directora del centro de pensamiento Global Thought, Daira Arana, una especialista en temas militares, considera que la pregunta que hay que hacerse es por qué les interesa a las Fuerzas Armadas dejar sentado en la ley de la GN que sus miembros pueden contender con un permiso por un cargo de elección popular o ser nombrados funcionarios públicos.
“Yo tengo dos hipótesis –asegura la internacionalista y doctora en política pública del Tecnológico de Monterrey–: la primera es que la redacción de ese artículo (de la reforma a la GN) salió de la Sedena con miras a aspiraciones políticas futuras de algunos grupos dentro de las Fuerzas Armadas”.
Y, la segunda, agrega, “tiene que ver con los propios intereses del partido en el gobierno (Morena), que sigue viendo a las Fuerzas Armadas y al componente militar del Estado como un instrumento para reivindicar y fortalecer su movimiento político, y por eso busca abrir una puerta para su participación electoral bajo sus siglas”.
Esa suerte de “blindaje militar” del partido en el poder comenzó con López Obrador y se ha profundizado en los 10 meses de gobierno de Sheinbaum, quien parece haber asumido como un compromiso ineludible la ruta legislativa que le dejó trazada su antecesor con ese propósito.
Arana dice que, en todo caso, si los militares buscan irrumpir con un aluvión de candidaturas en la arena electoral y acceder a altos cargos de la administración pública civil, o si Morena busca cooptarlos para servir de garantes a su proyecto político, son temas que “deben preocupar” a la sociedad.
La directora de Global Thought considera que cualquiera de esos dos escenarios implicaría “romper ciertos equilibrios” entre el poder civil y el militar pues estos últimos tienen las armas, los servicios de inteligencia, una gran aceptación entre los mexicanos y, también, una gran influencia política tras bambalinas.
“Estos equilibrios –asegura– son importantes para mantener la paz y la seguridad del país, y creo que el estarle dando tantas potestades a los integrantes de las Fuerzas Armadas altera esos equilibrios y también les quita la posibilidad de concentrarse en sus labores sustantivas, que son la defensa nacional y, ahora, la ejecución adecuada de la estrategia de seguridad pública”.
Elecciones de 2027, una señal
Daira Arana sostiene que falta ver cuáles son las reales aspiraciones políticas de los militares, pero ella conoce testimonios de miembros de las Fuerzas Armadas que asumen que ellos son más aptos que los civiles para gobernar y que podrían solucionar de mejor manera los problemas del país por su disciplina, visión estratégica y capacidad de ejecución.
“Esto también es preocupante, porque si los militares se sienten superiores a los civiles y el partido en el poder les da tantos privilegios y tantos incentivos para participar en política, eso irá desencadenando más situaciones como las que estamos viendo hoy”, asegura la experta.
Con todo, Arana cree que a los militares mexicanos les conviene más ejercer su poder político al amparo de la elite política civil, sin tener que asumir ellos los costos de participar en campañas electorales y ejercer cargos públicos en los que no podrán escudarse en las famosas razones “de seguridad nacional” para evitar rendir cuentas sobre su gestión.
Recuerda cómo en el sexenio pasado los militares obstaculizaron la investigación del caso Ayotzinapa prometida por López Obrador y que fue éste, a la postre, quien asumió el costo político de la decisión de la Sedena de ocultar a la Fiscalía Especial y al entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, archivos que podrían ayudar a determinar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Encinas acabó denunciando espionaje telefónico de la Sedena, a cargo entonces del general Luis Crescencio Sandoval, y sin que éste diera la cara, López Obrador salió en su defensa y lo negó.
“La política tiene que ver no sólo con elecciones o con cargos públicos civiles, sino en cómo se ejerce el poder, y los militares mexicanos han adquirido mucho poder, también poder político, y eso les permite influir en el funcionamiento interno del gobierno”, señala Arana.
Y dice que las elecciones intermedias de 2027, cuando serán renovadas la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de presidencias municipales, “nos van a dar muchas luces” sobre qué tanto están dispuestas las Fuerzas Armadas a apostar por el camino electoral como paso natural para afianzar su creciente protagonismo en la vida pública nacional.
Remilitarización en América Latina
La doctora en relaciones internacionales Rut Diamint considera que América Latina vive un proceso de “remilitarización” en el que las Fuerzas Armadas son utilizadas para labores de seguridad pública (México, El Salvador y Ecuador), para sostener a gobernantes cuestionados por sus arbitrariedades e ilegalidades (Venezuela y Nicaragua).
También, para ejecutar y administrar proyectos estratégicos (México y Venezuela) y hasta para manejar ministerios, como en Brasil durante la presidencia del capitán retirado del Ejército, Jair Bolsonaro (2019-2023).
“La remoción de los legados autoritarios en la región ha sido extremadamente compleja, y en la mayoría de los casos, insuficiente –plantea la académica argentina–. Por ello, la herencia de una tradición política autoritaria permea las imperfectas democracias de América Latina”.
Diamint, autora de diferentes trabajos sobre los procesos de remilitarización en Latinoamérica, señala que lo que ocurre en México con el creciente protagonismo de las Fuerzas Armadas hay que observarlo como parte del contexto regional.
El problema de esto, señala, es que “por un lado no se mejoran las policías, sean las que sean y, por otro lado, se desprofesionalizan las Fuerzas Armadas”.
Además, con los procesos de militarización “el progreso democrático queda cuestionado, ya no por los tradicionales golpes militares, sino por la utilización de las fuerzas armadas como recurso político”.








