13Agentes federales rondan por escuelas, centros de trabajo, iglesias y hospitales en busca de inmigrantes indocumentados, a quienes detienen con violencia; como si fueran criminales, los encarcelan, los incomunican y los deportan. Defensores de derechos civiles y legales, que denuncian que los arrestados pierden de un día a otro familia y bienes, señalan que la política antiinmigrante de Trump es un racismo disfrazado de instrumentación de leyes. Del total de indocumentados que viven en Illinois, se calcula que 70% son mexicanos, señalan organizaciones civiles.
CHICAGO, Illinois.– El pánico entre la población de indocumentados por las redadas y la decisión de Donald Trump de criminalizar la inmigración ha paralizado sectores productivos importantes de ciudades como Chicago.
“Los inmigrantes no quieren ir a trabajar por miedo a las redadas. No salen a las calles como hacían antes, no van a restaurantes e incluso no mandan a sus hijos a la escuela, aunque éstos sean ciudadanos estadunidenses por nacimiento. Es un horror y, obvio, económicamente afecta a sectores productivos aquí en Chicago”, explica a Proceso Artemio Arreola, director político de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés).
Arreola habla del miedo que hay entre los inmigrantes de todo el mundo: mexicanos, latinoamericanos, caribeños, africanos, asiáticos y europeos, ante los crecientes eventos en los que el uso de la violencia es una herramienta para las redadas. Potencialmente cualquier inmigrante es blanco de un arresto por su estatus de residencia y laboral.
En Chicago, una ciudad económicamente importante para la economía de Estados Unidos, hay redadas constantes para capturarlos, son criminalizados por agentes federales de Inmigración y Aduanas (ICE), de la DEA, de los Alguaciles Federales (US Marshall) y del Buró de Alcohol, Tabaco y Explosivos (ATF), todos autorizados por Trump y que infringen el debido proceso marcado como inviolable por la Constitución.
“Aquí en Chicago los agentes de ICE y de las otras agencias federales hacen rondines en lugares de trabajo donde saben que hay inmigrantes o empleados con perfil latino, pero también merodean por escuelas, iglesias y hospitales”, explica también en entrevista Brandon Lee, director de Comunicaciones de la ICIRR.
Los grupos defensores de derechos civiles y legales de los migrantes están saturados de trabajo por las políticas xenófobas del presidente de Estados Unidos.
La ICIRR, por ejemplo, ayuda en la coordinación de asesoría y apoyo legal a los inmigrantes indocumentados de organizaciones no gubernamentales en el sector del estado de Illinois, pero también de otras entidades estadunidenses.
Lee expone que en la ICIRR han formado “equipos” que se desplazan por varios puntos de Chicago y del estado de Illinois para visitar familias que han reportado a alguno de sus miembros como detenido en las redadas antimigratorias, van a centros comunitarios, iglesias y escuelas para orientar e informar sobre derechos legales y cómo localizar a familiares que no han sido deportados todavía, pero que han sido llevados a centros de detención o prisiones en otros estados.
“No te puedo dar el número preciso de las llamadas telefónicas solicitando asistencia e información que recibimos todos los días porque son muchísimas y no podemos con todas”, sostiene Arreola, quien es también presidente de la organización Casa Michoacán.
Ante la saturación de llamadas por parte inmigrantes, la ICIRR recomienda que busquen abogados migratorios, que no cobran por la primera consulta.
“Lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que los migrantes mexicanos, por ejemplo, no acuden a los consulados de México aquí en Estados Unidos, porque en lugar de apoyarlos con información sobre sus derechos y el debido proceso lo que hacen es referirlos a abogados migratorios. Hay muchísimos abogados migratorios que ahora se están llenando los bolsillos de dólares porque la gente está aterrada y el gobierno mexicano no los apoya como debería en materia legal. Los consulados simplemente carecen de una estrategia para contrarrestar esta crisis derivada de las acciones del gobierno de Trump”, subraya Arreola.
Frente a la urgencia y necesidades de los inmigrantes por saber qué hacer en caso de que sean víctimas de las redadas, en la ICIIR se han formado grupos de acción integrados por voluntarios.
A esto se agrega la repartición en las calles, por internet, en casas, escuelas, tiendas e iglesias de un volante con información en español e inglés en casos de emergencia.
El volante cuenta con un número de teléfono designado como Línea Directa de Apoyo familiar. Por medio de la llamada al número 855-435-6693 se puede obtener apoyo legal gratuito o referencias para servicios legales, sociales y para reportar actividades de los agentes de ICE. Cuenta también con otros cuatro apartados que explican:
• Qué hacer en caso de un encuentro con ICE: mantener la calma. Recuerde que usted tiene derecho a guardar silencio. Tiene el derecho de decir “no deseo hablar con usted o contestar a sus preguntas, porque cualquier cosa que diga puede ser utilizada en mi contra”.
• Si sospecha que podría ser arrestado por ICE: tiene el derecho de preguntar “¿estoy bajo arresto?”, “¿soy libre de irme?”. Debe decirles que desea guardar silencio y que quiere hablar con un abogado.
• Lo que no debe hacer en caso de un encuentro con ICE: no está obligado a abrir la puerta de su casa sin una orden de cateo firmada por un juez. No está obligado a firmar ningún documento que no entienda. No mienta, no dé explicaciones, excusas o historias. No corra. No está obligado a decir nada, excepto que desea mantener silencio.
• Tarjeta de derechos: deseo ejercer mi derecho a guardar silencio y a negarme a responder cualquier pregunta. Si me arrestan, seguiré ejerciendo mi derecho a guardar silencio y a negarme a responder a sus preguntas. Quiero hablar con un abogado antes de responder a sus preguntas. No doy mi consentimiento para su entrada (a mi hogar) o búsqueda. No firmaré ningún documento que no entienda.
El volante que reparte la ICIRR contiene todo lo que en asesoría a inmigrantes ciudadanos mexicanos deberían obtener en los consulados de México en Estados Unidos, como afirma Arreola.
Los dos entrevistados por esta revista enfatizan que muchos inmigrantes que se encontraban procesando sus casos de residencia o laboral ante cortes migratorias lo han dejado de hacer porque al salir de sus citas son detenidos como criminales por agentes federales, llevados a prisiones donde los tienen incomunicados o a centros de detención migratorios para luego ser deportados.
Sin cifras oficiales
A ciencia cierta no hay estadísticas de cuánta gente ha sido arrestada, criminalizada y deportada en Chicago. Lee no se atreve a soltar una cifra porque asegura que seguramente estaría muy por debajo de la realidad.
Un informe reciente elaborado por la ICIRR calcula en 511 mil el total de la población de indocumentados en Illinois.
En Chicago, de este total, el cálculo que tiene esta organización es de 183 mil personas. En el condado de Cook, 125 mil; entre los condados DuPage, Grundy, Kane, Kendall, Lake, McHenry y Will, 151 mil, y unos 53 mil en los otros 94 condados de Illinois.
“De entre todos los inmigrantes indocumentados que se calcula viven en Illinois, 70% son mexicanos”, explica Lee.
El ambiente de pavor bajo el que vive la comunidad inmigrante, amén de estar causando desajustes macroeconómicos, implica la separación de familias y pérdidas de patrimonio ganado durante años.
Oficialmente el gobierno federal de Estados Unidos asegura que en este país hay entre 11 y 13 millones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales elevan la cifra hasta unos 20 millones. En este universo migrante en Estados Unidos hay varios millones que llevan décadas viviendo y trabajando de manera irregular, y que tienen descendencia estadunidense por nacimiento.
Cientos de miles, si no es que millones de inmigrante indocumentados perseguidos y criminalizados por el gobierno de Trump son dueños de casas e incluso de negocios.
Muchos de ellos, por temor a ser detenidos, encerrados en cárceles o centros migratorios por tiempo indefinido y eventualmente deportados, optan por regresar voluntariamente a sus países de origen.
Hay personas que han sido arrestadas en sus lugares de trabajo y no vuelven a sus hogares, son separados de sus esposas e hijos. Y lo peor, de acuerdo con informes recopilados por organizaciones como la ICIRR, pierden sus casas y otros bienes.
Los migrantes que se autodeportan van en aumento por temor a ser detenidos y quedar en el limbo. Decenas de miles de indocumentados dueños de propiedades se han desecho de sus bienes y el dinero que reciben se lo llevan a sus países de origen.
Los volantes, como los elaborados por la ICIRR, se reparten precisamente para prevenir que la gente, además de ser criminalizada y deportada, pierda su capital ganado por años de arduo trabajo. En Chicago, y con la carencia de cifras oficiales, la ICIRR tiene informes de que integrantes de varias familias fueron capturados durante redadas o en ingresos ilegales de agentes de ICE a por lo menos 20 casas.
“Lo han hecho violando las leyes y el debido proceso porque una gran mayoría de los inmigrantes indocumentados desconoce sus derechos y quedan intimidados por la presencia y acciones de los agentes federales”, dice el director de comunicación de ICIRR.
En grupos formados por inmigrantes se intercambian información por medio de las redes sociales sobre la presencia de agentes migratorios en cualquier lugar para que los migrantes se resguarden. De entre estas aplicaciones se destacan “Watch la migra” y “Eyes on ICE”.
Trump está aferrado a deportar a por lo menos un millón de inmigrantes indocumentados cuando cumpla su primer año de su segundo periodo presidencial: el 20 de enero de 2026.
Para alcanzar este objetivo, el presidente de Estados Unidos exige a los agentes federales que organizan y llevan a cabo las redadas, la captura de tres mil inmigrantes indocumentados cada 24 horas.
Arreola subraya el estado de caos y terror en el que vive la mayoría de la población indocumentada en Estados Unidos.
“No estamos contra el cumplimiento de las leyes de inmigración, estamos contra que el gobierno siga arrestando a personas de manera ilegal, sin reconocerles sus derechos bajo el debido proceso, aunque se encuentren y trabajen en un estado de irregularidad. Esto que hace el presidente Trump no es cumplir con las leyes, es un racismo disfrazado de instrumentación de leyes”, concluye Arreola.








