La determinación del gobierno de EU de considerar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas empieza a afectar a empresas y sectores productivos, ya que los tentáculos del narco han penetrado de una u otra manera industrias lícitas. Un estudio al que tuvo acceso Proceso revela que al menos diez estados del país enfrentan un alto riesgo de que sus empresas de comercio y servicios sean señaladas por autoridades estadunidenses de colaborar voluntaria o forzosamente con grupos del crimen organizado, lo que habilitaría sanciones, congelamiento de activos y restricción de operaciones financieras.
El escenario es el puerto de Acapulco. Aún no se cierran las heridas que dejaron los huracanes y ya se avecina otra tormenta, una que no viene del cielo, sino del subsuelo del dinero sucio y el narcotráfico.
En uno de los hoteles enclavados a unos pasos del Parque Papagayo los dueños recibieron un aviso con un documento: el Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero ha activado un protocolo de prevención. ¿La razón?, dos bancos y una casa de cambio han sido señalados por el gobierno de Donald Trump por narcolavado. La acusación se sustenta en la nueva clasificación que coloca a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas.
El dueño del hotel, con el celular temblando entre las manos, lee en voz alta el mensaje que acaba de llegar de sus compañeros, y advierte: “Debes ponerle atención, mucho cuidado”. En la pantalla, un archivo PDF con el protocolo de prevención aparece listo para ser abierto, como si se tratara de un parte de guerra.
CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tres instituciones del sistema financiero mexicano, fueron señaladas en la última semana de junio de 2025 por lavado de dinero para los cárteles. La reacción de sus clientes y aliados internacionales fue inmediata: fuga de capitales, cancelación de servicios y cierres de cuentas por parte de socios globales.
Para los siguientes meses perderán su capacidad de operar en territorio estadunidense, una sanción devastadora para cualquier institución financiera con vocación internacional.
No obstante, lo más preocupante no es lo que ya ocurrió, sino lo que está por venir…
Documentos elaborados por el sector privado obtenidos por Proceso, así como entrevistas con especialistas y empresarios, señalan que las implicaciones ya están alcanzando a empresas, empresarios y sectores productivos completos.
De hecho, de acuerdo con la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, tras la declaratoria que clasifica a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, su gobierno tiene identificado que los grupos criminales en México lavan aproximadamente 44 mil millones de dólares anuales.
Parte de los giros comerciales señalados por narcolavado, se fundamentan en el marco legal que habilita al gobierno estadunidense a actuar más allá de sus fronteras, la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), junto con la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Ambas normativas permiten clasificar a individuos, entidades e incluso actividades económicas asociadas con el narcotráfico como amenazas terroristas, lo que habilita sanciones, congelamiento de activos y restricción de operaciones financieras.
“Hay una diversificación, y eso es una forma linda de decir que los tentáculos de los cárteles se han extendido hacia esas industrias o se van a extender más de lo que ya están”, dice en entrevista el abogado Michel Levien, especialista en anticorrupción, prevención de lavado de dinero y transparencia financiera.
Criptomonedas, el primer impacto
Para el jurista, el impacto ya está en sectores tecnológicos, particularmente en plataformas de criptomonedas y tecnologías blockchain.
No es una hipótesis sin fundamento. El 15 de julio último el gobierno de Estados Unidos informó sobre la incautación de más de 10 millones de dólares en criptoactivos vinculados al Cártel de Sinaloa.
“También estamos desmantelando la logística y las redes financieras del cártel. Hace poco, agentes de la DEA en Miami incautaron más de 10 millones de criptomonedas ligadas al Cártel de Sinaloa”, explicó en conferencia de prensa Robert Murphy, director interino de la oficina antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés).
Luis Miguel Dena, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), auguró desde principios de año que el objetivo de los estadunidenses será controlar la forma en que circula el dinero sucio dentro de México.
“En el sector financiero (…) los grupos criminales pasan miles de millones de dólares que vienen de Estados Unidos, de la venta de fentanilo y de otros servicios (…) Aquí se está lavando y ese dinero entra en la economía de México”, explica.
Pero la cadena de impactos no termina en bancos o billeteras virtuales. Michel Levien sostiene que el siguiente foco será todo tipo de empresas, lo que pondrá en peligro la economía en México.
“Lo que va a suceder es que, tanto en industrias alternativas como alternativas ilegales, como el huachicol, o también en las que sí son lícitas, que sí son legales, como la ganadería, la agricultura, las del sector pesquero serán las siguientes, las señaladas”, advierte.
Por su parte, Dena ejemplifica cómo ya existen zonas del país donde el narcotráfico ha tomado el control de sectores económicos estratégicos.
En Michoacán, detalla, el cultivo del limón y del aguacate se ha visto interferido por grupos como La Familia Michoacana, que utilizan estos productos tanto para extorsión como para blanqueo de capitales.
Así, productos que llegan todos los días a los supermercados y mesas de los hogares estadunidenses pueden estar indirectamente vinculados con estructuras criminales que ahora son tratadas legalmente como terroristas.
El documento National Drug Threat Assessment 2025, elaborado por la DEA, reporta que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera más allá del narcotráfico, ha comprendido que su dominio no sólo se libra con violencia armada, sino también con operaciones financieras y empresariales, que se disfrazan de legalidad para multiplicar sus ganancias y protegerlas.
De acuerdo con este informe, el CJNG ha incrementado su participación en actividades no relacionadas con las drogas, tales como el robo de gasolina, esquemas de extorsión, infiltración en industrias legales, cobro de cuotas por tráfico de personas y ejecución de fraudes inmobiliarios, todo con el objetivo de lavar dinero.
“Los integrantes del CJNG participan cada vez más en estas actividades para diversificar sus fuentes de ingresos y proteger los activos derivados del narcotráfico de su posible incautación por parte de las autoridades”, sostiene el informe.
Extorsión, lo que más preocupa
No es casualidad, ni mucho menos una reacción aislada, que en el Congreso mexicano se haya presentado una reforma constitucional para que el delito de extorsión pueda ser perseguido de oficio. Se trata de una pieza dentro de un rompecabezas, la misma lógica que motivó en el Senado la aprobación de la reforma en materia de prevención y combate al lavado de dinero.
En entrevista con Proceso, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano, explicó que existe una presión creciente por parte del gobierno de Estados Unidos.
“La determinación de Estados Unidos de designar a los cárteles como organizaciones terroristas cobra un impulso mayor debido a que estas leyes de combate a la extorsión se llevan a cabo de manera oficiosa. Porque las leyes norteamericanas son extraterritoriales”.
Lo que está en juego, sostiene De la Torre, no es sólo el bienestar de los negocios, sino su existencia misma.
“Al momento de determinar que una organización está involucrada con este tipo de actividades designadas como terroristas, se afecta a toda la cadena. Estés de acuerdo o no en participar en ella, es decir, por acción o por omisión”, dijo.
No se trata únicamente de quienes entregan dinero o acceden al chantaje. También lo están aquellos que operan con la cabeza gacha, entre la indiferencia, el miedo y la resignación.
Desde su oficina y trabajo en campo, De la Torre ha sido testigo de la degradación silenciosa que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. Para él, las mipymes, en especial las del sector comercio, servicios y turismo, están en peligro.
“En México existen, por supuesto, situaciones en las cuales el sector de comercio, servicio y turismo se ve expuesto a ceder a este tipo de prácticas que son un delito. Y obviamente cede porque en la condición de denuncia se exponen a que les arrebaten la vida”, lamenta.
En su más reciente análisis interno, al que Proceso tuvo acceso en materia de cifras, se sostiene que la extorsión es el delito más extendido y normalizado en el sector terciario del país.
El 78% de los agremiados reconoce haber sido directamente afectado por algún tipo de control criminal en su cadena de valor, desde la proveeduría hasta la distribución pasando por los precios, los horarios o las condiciones de operación.
Ese nivel de penetración coloca a muchas empresas bajo sospecha de ser copartícipes involuntarios en operaciones de lavado de dinero vinculadas con los que Estados Unidos ya perfila como grupos terroristas mexicanos.
Este fenómeno no ocurre en los márgenes del país. El diagnóstico elaborado en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) revela que las regiones más afectadas son precisamente aquellas con vocación comercial y turística: el Noreste (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila), el Noroeste (Baja California, Sonora), el Occidente (Jalisco, Michoacán, Guanajuato) y el Centro-Sur (Estado de México, Morelos, Veracruz).
Pero hay más: 89% de las empresas afiliadas reportan haber sido víctimas de alguna modalidad de extorsión, ya sea cobro de piso, derecho de paso, cuotas de protección, secuestro exprés o extorsión telefónica.
Estas formas de violencia económica se han normalizado como parte del “costo operativo”, especialmente en las micro y pequeñas empresas que no cuentan con márgenes ni para resistir ni para denunciar.
De hecho, hay una cifra negra, 96.7% de los casos no llega nunca ante un Ministerio Público.
Nueva arena de la lucha antinarco
Está la playa, es Cancún, Quintana Roo, el paraíso del Caribe mexicano, y se escucha en uno de sus hoteles que es tiempo de cerrarle el paso al dinero sucio del narco.
En medio del calor húmedo y los turistas que pasean con cócteles en la mano, Katie Stana, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, informó que la estrategia más relevante de Washington ya no se limita al uso de policías o la fuerza, sino al ataque frontal a las finanzas del crimen organizado.
“Al crimen organizado no sólo se le enfrenta con policías, investigadores y fiscales. También se le combate rastreando el dinero”, sostuvo durante su participación en la conferencia magistral de la Asamblea LATAM de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).
Explicó que la administración estadunidense está intensificando los esfuerzos conjuntos con bancos, reguladores y especialistas para cerrar el paso a las organizaciones delictivas que, con la misma astucia con la que trafican armas y drogas, intentan infiltrarse en el sistema financiero mexicano e internacional.
El verdadero campo de batalla, hoy, está en las cuentas bancarias, en las empresas, en diez estados. En esos movimientos invisibles que dan vida al narco.








