miércoles 18 de noviembre de 2026

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Un equipo de agencias estadunidenses y mexicanas ha identificado un entramado delincuencial del tráfico de hidrocarburos al que llaman Muerte Líquida y en el que participan los cárteles Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Sinaloa y La Familia Michoacana, los cuales operan, aliados o en guerra, en las entidades con mayor robo de combustible, de las cuales Hidalgo ocupa el primer lugar. El combustible hurtado a Pemex no sólo se vende en el mercado negro en México y Estados Unidos, sino que también es enviado a Centroamérica.

PACHUCA, Hgo.– Dentro de la zanja, como si sujetaran el cuerpo de una enorme serpiente metálica, están dos ordeñadores; más adelante, el piquetero que abrirá el ducto con la perforación.

Los sicarios miran desde las camionetas el cuadro que se ha formado, todos inmóviles, como si fuera una fotografía. Silba el silencio y al hoyo cavado en el suelo lo alumbran seis luces blanquecinas, los faros de las camionetas estaquitas.

Este escenario está en un pueblo perdido en el Valle del Mezquital, controlado por huachicoleros. Nadie se mueve. Esperan el último aviso desde la refinería. Hoy tampoco va a rondar la policía. Sólo falta escuchar la voz del “contacto”; una llamada suya bastará para empezar a ordeñar.

Agencias federales y estatales estadunidenses, tanto policiales como reguladoras, han identificado a una red de organizaciones involucrada en el contrabando de metanfetamina, heroína, hidrocarburos y gas a través de la frontera entre Texas y México.

Dicha red, de acuerdo con las pesquisas, está conformada por los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo (CDG), Sinaloa (CDS) y La Familia Michoacana (LFM).

Estas organizaciones se encuentran, aliadas o en guerra, en las entidades con mayor incidencia de robo de combustible en el país, financiándose mediante este delito, que sólo en el primer cuatrimestre de 2025 dejó tres mil 699 tomas clandestinas.

Esa cantidad se suma a las 10 mil 393 localizadas en 2024 y a las 11 mil 989 de 2023, de acuerdo con la Dirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A este entramado delictivo las autoridades estadunidenses lo han llamado “Muerte Líquida”, que consiste en robar petróleo crudo, que es contrabandeado a Estados Unidos, donde lo compran compañías americanas del mismo giro, por medio de un esquema de lavado de dinero basado en el comercio. Los hidrocarburos se etiquetan como “aceite usado” u otro material peligroso para evitar el escrutinio, evadir impuestos y regulaciones.

En el rastreo de esta red trasnacional de huachicol participan la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Este equipo ha detectado que el combustible robado vía perforaciones a ductos, hurtos en refinerías, secuestro de camiones cisterna y sobornos a empleados de Pemex no sólo se vende en el mercado negro en México y Estados Unidos, sino que también es enviado a Centroamérica, y después las ganancias de toda esta trama logística son absorbidas por los cárteles involucrados.

El entramado lleva al “paraíso” de la ordeña en México: Hidalgo, el estado en el centro del país con más incidencia en el robo de hidrocarburos desde 2018, cuando era gobernado por el hoy embajador en Noruega, Omar Fayad Meneses.

Pero la ruta se extiende a las entidades aledañas, desde Querétaro hasta Tamaulipas, en un nuevo corredor del gasotráfico.

La UIF y las agencias de Estados Unidos lo detectaron mediante el ala del huachicol del Cártel Jalisco: los Primitos. El nombre es por el alias del principal líder, César Morfín Morfín, el Primito, antes miembro del Cártel del Golfo y después líder de la célula del CJNG en Tamaulipas, por su cercanía con Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.

La facción del Primito la integran sus dos hermanos: el mayor, Álvaro Noé, y el menor, Remigio, quien desde Hidalgo envía el crudo robado de municipios aledaños a la refinería de Tula; desde ahí supervisa a los jefes de plaza en los estados y reporta directamente a César, quien a su vez lo hace a Oseguera Cervantes, todo con base en informes de ambos países sobre el seguimiento a esta red trasnacional.

Además de la corrupción al interior de Pemex, hay amenazas y ataques contra trabajadores de la empresa petrolera por parte de las organizaciones criminales.

Uno de los más brutales fue en el que Miguel Ángel, agente de Seguridad Física de Pemex, de 50 años, fue calcinado en Cuautepec, Hidalgo, el 1 de julio de 2018. Las llamas consumieron toda la piel y gran parte de sus huesos, pero fue reconocido por la camioneta donde quemaron su cuerpo: la misma en la que viajaba cuando lo secuestraron.

De acuerdo con un informe de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de la empresa petrolera, sólo entre 2018 y 2022 trabajadores de Pemex notificaron 723 amenazas de muerte por combatir el robo de combustibles.

Mensajes de poder y pactos

La disputa territorial por el control de las válvulas se ensaña también con los cuerpos, como un mensaje de poder: “O sea, no los matan a balazos, los empiezan a descuartizar, les quitan sus caras”, dijo una vez Acarreador, uno de los menores reclutados por el crimen organizado para drenar los ductos de Pemex en Hidalgo y Querétaro.

Así, hasta el exterminio o absorción de grupos locales; posteriormente, las alianzas.

En Hidalgo, un estado donde los gobiernos históricamente han negado la presencia de organizaciones criminales, la DEA ubicó en su Evaluación Nacional sobre la Amenaza de Drogas (NDTA) 2025 a los cárteles de Sinaloa y del Noreste, además, la presencia significativa del CJNG. Y a partir de ahí, basado en informes de seguridad binacional, se pueden observar los acuerdos y el porqué del asentamiento de grupos en territorios donde anteriormente no se encontraban.

Con base en los análisis de inteligencia nacional y estadunidense, anteriormente el huachicol era un delito que controlaban el Cártel del Golfo y sus escisiones, así como los grupos que surgieron de la fragmentación de Los Zetas. Después, el CJNG y organizaciones que nacieron con el dominio local de ductos en territorios específicos, como el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato.

Pero en los últimos años Sinaloa entró a disputar el tráfico de gasolina no sólo en el Triángulo Dorado, sino en estados del centro-norte del país, como San Luis Potosí y Zacatecas, al igual que en el sur, entre Tabasco y Chiapas, lo que ha incrementado el fuego cruzado y las rivalidades locales.

En zonas de influencia histórica del CDS también ha incrementado el huachicol: en Chihuahua, las tomas clandestinas pasaron de 124 en 2023 a 154 el último año, mientras que en Baja California el aumento fue 391 a 469 en el mismo periodo.

En el norte, en Nuevo León –en disputa la facción de Ismael el Mayo Zambada contra el CJNG y el Cártel del Golfo, pero aliados los Chapitos con el Mencho–, los piquetes a los ductos pasaron de 532 a 773 en 12 meses.

En todos los casos, la disputa a fuego por la gasolina robada ha dejado una estela de muerte.

Para la DEA, se debe a que, aunado al pleito interno que libra el Cártel de Sinaloa, mediante el asesinato, tortura y secuestro intimidan a civiles, funcionarios y periodistas que les son incómodos, además de que Mayos y Chapos están peleando otras carteras criminales para financiarse: lavado de dinero, extorsión, tráfico de armas y de personas, prostitución, comercio ilegal de vida silvestre y, sobre todo, huachicol.

OJO DISEÑO: AQUÍ DEBE IR LA INFOGRAFÍA

Dos reacomodos, fentanilo y huachicol

A partir de 2025 el Golfo dejó de ser un cártel unificado y se dividió en múltiples facciones. Las dos más poderosas, Los Metros y Los Escorpiones, se disputan las rutas de tráfico y el territorio, especialmente el Puerto de Altamira, así como el control total de la organización.

La DEA ve a Los Metros aliados con el CJNG para protegerse de Los Mayos, del Cártel del Noreste y de otras facciones del propio CDG. A cambio, Jalisco Nueva Generación accede a los puertos de entrada en la frontera entre Estados Unidos y México, así como al de Altamira, utilizado para importar precursores químicos.

Los Escorpiones luchan contra el CDN y otras facciones del Golfo por controlar Reynosa, mientras que un tercer grupo, menos prominente, Los Ciclones, combate al CDN y a Los Metros. En ese territorio, inteligencia de Estados Unidos detectó que Los Mayos suministran fentanilo, metanfetamina, cristal y cocaína al Cártel del Noreste, que luego contrabandea hacia la frontera norte.

Aunque el Cártel del Golfo se dedica principalmente a transportar migrantes y cargamentos de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína al sur de Texas, también blanquea dinero a través de casas de cambio en toda el área de Brownsville.

Es por este mecanismo de lavado que Estados Unidos lo ubica como aliado del trasiego de combustibles, además de que los Primitos, antes del CDG, son ahora ordeñadores del Mencho.

Impunidad y costos

En la última década a nivel nacional hubo 94 juicios con sentencia por sustracción de combustible a través de perforaciones a ductos, pero 89 datan del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ya en el periodo de Andrés Manuel López Obrador se dictaron tres sentencias en 2019, una en 2020 y otra en 2023, de acuerdo con la Dirección Jurídica de Pemex, entonces a cargo de Octavio Romero, actual titular de Infonavit en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Por los 94 juicios hubo 241 culpables, pero en el mismo lapso 151 fueron absueltos por irregularidades en los procesos o al desestimarse su responsabilidad en la “ordeña”.

La cifra fue proporcionada antes de las condenas por delincuencia organizada y huachicol a cinco militares exintegrantes de la Dirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex que colaboraron con el general brigadier Eduardo León Trauwitz, en proceso de extradición en Canadá por el mismo caso, aunque por un delito menor.

En todo el sexenio de López Obrador Pemex gastó tres mil 122 millones 536 mil 947 pesos para sellar las perforaciones por medio de las cuales grupos de huachicoleros extraían crudo de los ductos, un delito que, a decir del expresidente, “casi” estaba erradicado. El costo es tres veces mayor que el de la construcción de los hospitales de San Buenaventura y Matamoros; remodelar el de San Quintín en Baja California, y ampliar los de Huajuapan, Oaxaca; Bochil, Chiapas, y Paracho, Michoacán.

En enero último Proceso publicó que durante el gobierno de López Obrador Pemex reconoció un quebranto de tres mil 303 millones 81 mil 348 pesos por robo de combustibles a través de tomas clandestinas; sin embargo, la cifra sólo considera los casos en los que hubo un dictamen de valuación de daños y sólo si se inició una carpeta de investigación. Esto significa que hay miles de ordeñas sin cuantificar.

Una evidencia es que en 2021 Hidalgo lideró el huachicol en el país, con cuatro mil 489 piquetes a ductos y mil 287 denuncias, pero Petróleos Mexicanos sólo reportó una pérdida de 11 mil 309 pesos. El mismo escenario se repitió en el resto del país: ordeñas no cuantificadas que impiden constatar la magnitud del daño… pero un informe de la OFAC tiene otros datos: 120 mil 169 millones de pesos en pérdidas por tomas clandestinas sólo en 2023.

La plaza está caliente

“La cultura es: le entras o te matan; o tienes que irte a vivir a otro lado. Pierdes tu patrimonio, pones en riesgo a la familia”, dice quien pide omitir su nombre por motivos de seguridad, pues conoce desde la entraña cómo opera el tráfico de huachicol al contar el despojo de parcelas donde pasan ductos.

Luego, suelta: “Todo esto sería más fácil si no hubiese autoridades involucradas”, pues asegura que desde policías municipales hasta el Ejército protegen la salida de cargamentos, a veces aliados con unos, luego con otros, lo que intensifica las pugnas.

Donde él se ubica, la fractura del grupo de Hugo Alberto Muñoz Marmolejo, alias el H, generó una guerra territorial que cada semana deja muertos, con plazas muy “calientes” como Santa Ana Ahuehuepan y San Francisco Bojay, en Tula, pero se agravó más cuando sicarios colombianos y salvadoreños llegaron a pelear la plaza en nombre del CJNG. Otra vertiente de la criminalidad es el reclutamiento de migrantes como asesinos a sueldo.

“Hay otras comunidades cercanas que son las que se ocupan para casas de seguridad (…) hay colaboración de personas dentro de la paraestatal, pues tiene que ser una persona con conocimiento no sólo de cómo perforar un ducto, sino que sepa qué ducto está habilitado, porque cancelan válvulas, y una vez habilitado retoman y se extrae el combustible”, cuenta la fuente a Proceso.

La madrugada del 2 de junio un ducto estalló en Tetepango por una ordeña: calcinó a una persona y dejó ocho heridos, incluido un menor. El 17 de julio una bodega de huachicol explotó en Tepetitlán. Los sucesos se acumulan, pero el entramado de complicidades, disputas y fuegos cruzados continúa.

El 18 de enero de 2019 la explosión de un ducto – que corre del puerto veracruzano de Tuxpan a la ciudad de Tula–, que estaba siendo huachicoleado por habitantes de Tlahuelilpan, dejó un saldo de al menos 137 muertos y decenas de heridos.