Creado para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y lograr la autosuficiencia alimentaria del país, Segalmex no cuenta con indicadores para medir su impacto en la población rural y la FGR investiga presuntos actos de corrupción por poco más de 9 mil millones de pesos, que casi equivalen al presupuesto que ejerció durante el primer año de su existencia. En medio del escándalo, su titular, Ignacio Ovalle Fernández –viejo cuadro priista que fue secretario particular de Luis Echeverría y jefe de López Obrador cuando éste era joven– fue removido el pasado 14 de abril… sin que su nombre fuera incluido en las investigaciones.
Por las carreteras que convergen en la comarca Lagunera, campesinos con vehículos repletos de melones y sandías pasan las horas bajo el sol del desierto resistiendo tolvaneras y temperaturas de 40 grados en espera de vender algo de su producción.
Jesús Contreras Pacheco, presidente del comisariado del ejido El Coyote, explica la angustia que los mantiene ahí:
El precio de ambos productos cayó de 14 a cinco pesos el kilo respecto del ciclo anterior; las heladas perjudicaron la cosecha de los “tempraneros”, reduciendo el peso del producto y, por si eso no fuera bastante, los fertilizantes, importados de Ucrania, se incrementaron hasta 300% en los últimos meses, por lo que nada bueno pueden esperar del ciclo por venir.
Entonces acusa el abandono: “Al campo, desde que entró el presidente López Obrador, no se le ha apoyado absolutamente con nada. Se tenía antes el Procampo, todavía con Peña Nieto se recibían 90 pesos por hectárea, cuando en la Laguna se siembra hectárea y media, o sea, 135 pesos de apoyo. Era una burla. Ahora ni eso”.
Contreras Pacheco recuerda el compromiso incumplido que López Obrador hizo con él y un grupo de ejidatarios en Bermejillo, Durango, durante la campaña de 2018: crear una instancia revisora de programas y de la problemática agraria. Y refrenda la convicción que comparten los productores de la región: que los programas se fueron al sureste del país dejando en el abandono al resto del campesinado.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), nombre de este sexenio para la dependencia del ramo, concentró 15 programas de apoyo al agro, los más importantes a nivel social los operó Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dependencia que mediante la fusión de Diconsa y Liconsa se anunció con doble propósito: mejorar las condiciones de los campesinos y lograr la autosuficiencia alimentaria. Para conseguirlo, López Obrador nombró a un veterano de los regímenes priistas, antiguo jefe de sus primeros empleos: Ignacio Ovalle Fernández.
El objetivo, en el discurso presidencial, era rescatar el campo y la ganadería mediante la producción de fertilizantes, la compra de cabezas de ganado y el establecimiento de precios de garantía; además se fortalecería la canasta básica mediante la compra de 36 productos que estarían disponibles en Segalmex. “Que coman los que nos dan de comer”, fue la siembra discursiva de aquella jornada cuya cosecha sigue pendiente.
A mitad del sexenio, Segalmex no presenta indicadores para medir el impacto que ha tenido en la población rural; la corrupción en el manejo de sus recursos se ha calculado en más de 9 mil millones de pesos, con una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR), tras una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otra de la Secretaría de la Función Pública (SFP), presentadas en el primer trimestre de este año.
Ovalle fue removido el pasado 19 de abril de Segalmex para asumir la titularidad del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, instancia inoperante de la Secretaría de Gobernación, mientras que su relevo en Segalmex es el exgobernador experredista de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño.
Un hombre del sistema
La escalinata de “la Casa de Transición”, antigua edificación de la colonia Roma que hoy es sede de Morena, tuvo el 16 de agosto de 2018 una presentación del equipo que encabezaría la Sader, el nuevo nombre de la dependencia a cargo del campo mexicano: Víctor Manuel Villalobos, titular de esa secretaría, de amplia trayectoria en la alta burocracia nacional e internacional del sector desde los ochenta; David Monreal, coordinador de Ganadería, con una carrera política ligada a su hermano Ricardo; Miguel García Winder, subsecretario de Agricultura, hombre con experiencia en la agroindustria y una carrera opuesta a la de Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, con currículum destacado en trabajo con pequeños productores y organizaciones sociales.
Entre ellos destacaba un hombre de edad avanzada, poco conocido excepto por reporteros veteranos: Ignacio Ovalle Fernández, anunciado como titular de Segalmex, el nuevo organismo desconcentrado que el presidente preconizaba y que estaría cargo de la política social enfocada al campo.
Venía de tiempos y ámbitos oscuros: en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz fue secretario particular del titular de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, quien lo llevó en el mismo cargo a la campaña presidencial de 1970; permaneció en el equipo presidencial hasta ser secretario de la Presidencia, precedente de lo que más tarde sería Jefatura de la Oficina de Presidencia.
Su proximidad a Echeverría, sin embargo, no lo hizo un político fugaz. En el sexenio siguiente, José López Portillo lo colocó al frente del Instituto Nacional Indigenista y en 1977 asumió la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, el extinto Coplamar, un organismo con el que ese gobierno prometía reducir la pobreza… En esas dos dependencias, durante esos periodos, fue donde tuvo sus primeros empleos el joven tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.
Con De la Madrid, Ovalle Fernández se fue a la congeladora: embajador en Cuba y luego en Argentina. Regresó con Carlos Salinas de Gortari por todo lo alto: fue designado titular de la Conasupo, empresa tan parecida a lo que en este sexenio se pretendía fuera Segalmex. Paradójico encargo: su función entonces fue desmantelar Conasupo; la de 2018, reconstruir su similar. Encargado de la extinción; 20 años después, encargado de la reedición.
Creador del programa Tortibono, salió del cargo en medio de un escándalo por uso electoral del programa en esa dependencia donde su “subordinado” era Raúl Salinas de Gortari y desde la cual este último habría realizado actos de corrupción, principalmente en agronegocios.
En 1990 Ovalle se fue al Comité Nacional del PRI. Hombre del sistema, formó parte del equipo de Luis Donaldo Colosio y en 1994 quedó como diputado federal plurinominal, cuyo período terminó en 1997. Entonces se fue a retiro hasta aquel 16 de agosto de 2018.
El pasado 19 de abril fue removido de Segalmex en medio del escándalo de corrupción que denunció la SFP ante la FGR; la denuncia no incluyó a Ovalle Fernández, sólo a sus subalternos.
“Modus operandi”
El interior de las trojes de San Marcos de la Loma, en el Estado de México, luce semivacío. Los campesinos de la zona aspiran a un bono por llevar el maíz desde sus parcelas a la instalación, donde su límite de entrega se anuncia por 20 toneladas cada uno a precio de garantía… pero dicen que no se las reciben porque la compra “está acaparada”.
–¿A qué se refiere con acaparamiento?
–A que aquí sabemos que se les compra sólo a los grandes productores. Tienen un listado en el que un mismo productor se mete con diferentes nombres y así agarran el precio de garantía y el bono. Es un robo hormiga… –dice un campesino temporalero de la zona que pide no ser identificado, esperanzado aún en que le compren su cosecha.
Hoy el escándalo es por un desfalco de al menos 9 mil 36 millones de pesos. Prácticamente no hay ámbito de operación en Segalmex que se haya visto exento de corrupción. El modus operandi descrito por los campesinos mexiquenses encaja en la situación a gran escala.
Desde julio de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda inició el rastreo de cuentas de Segalmex y de funcionarios de la dependencia por compras simuladas, subsidios desviados de su objeto, e inclusive asignaciones contractuales a empresas fantasma.
La SFP presentó en enero pasado una denuncia por irregularidades que abarcan hasta 2021. Tres altos funcionarios fueron destituidos, hasta donde se ha revelado, por la adjudicación directa de contratos superiores a 4 mil millones de pesos en beneficio de empresas fachada.
La ASF ha entregado información desde marzo a la FGR, en particular de las auditorías 339-DE y 286-DE, relativas a los ejercicios 2018-2019, así como la 330-DE, correspondiente a 2020.
Esta última es la que presenta un resultado alarmante por los mencionados 9 mil millones de pesos implicados. Para dimensionar la cifra, es preciso observar que en 2019 el presupuesto de Segalmex fue de poco más de 9 mil 400 millones, esto es que el monto irregular equivale a casi el total de lo que la dependencia ejerció en su primer año de existencia.
En cuanto a la auditoría 330-DE, destaca que unos 2 mil 854 millones de pesos se erogaron por operaciones que encuadran en la descripción de los campesinos mexiquenses en lo relativo a los precios de garantía: 2 mil 854 millones fueron observados por inexistencia de boletas de recepción y liquidación a productores; es decir, no existe forma de acreditar la entrada de granos a los centros de acopio ni hay evidencia de las trasferencias bancarias.
Cerca de mil 500 millones fueron erogados para pequeños productores de leche y una cantidad similar para productores de maíz y frijol, cuya existencia física en ambos casos no fue acreditada.
En síntesis: de los poco más de 9 mil millones, se considera que hay un daño patrimonial por 2 mil 31 millones pendientes de resarcir y unos 7 mil 500 millones aun susceptibles de aclarar o solventar.
La FGR ha concentrado su atención inclusive en operaciones bancarias. De hecho, una de las líneas de investigación, según pudo confirmar Proceso, se refiere a un contrato de intermediación bursátil con CI Casa de Bolsa, luego de integrar a la carpeta de investigación 109 fojas del contrato con sus 11 anexos.
Pero las auditorías a Diconsa, Liconsa, o bien, Segalmex, no son todo. Hay auditorías que implican a la dependencia durante la gestión de Ovalle que pasan inclusive por aspectos de la operación complejos por su condición técnica, pero que forman parte central de la situación actual de Segalmex.
Por ejemplo: la auditoría 272, centrada en tecnologías de información y comunicaciones practicada a Sader, involucra también a Segalmex en aspectos relacionados con los padrones de beneficiarios, que implicaron adjudicaciones directas injustificadas para alojar datos en la nube; es decir, por servicio cloud.
La relevancia del asunto radica en que la auditoría TIC identificó la adjudicación a tres empresas: Compucad, It Era e Infotec. Destaca el caso de It Era porque la adjudicación no consideró otros oferentes y no se delimitaron volumetrías ni aspectos fundamentales en lo contratado. En tanto, Infotec habría participado en la integración del padrón de beneficiarios que, sin embargo, no tuvo evidencia documental de haber realizado.
A través del sistema de transparencia, Proceso solicitó los contratos por servicios cloud, destacando precisamente los casos de It Era e Infotec. Al contrastarlos con las observaciones de la ASF, es claro que las asignaciones contractuales no consideraron experiencia ni servicios reales; el padrón quedaría observado en otro ámbito, por el incumplimiento legal hasta hace unos meses, de integrar un padrón único de beneficiarios; esto es que durante la primera mitad del sexenio no hubo forma de saber ni fue transparente la asignación de beneficios sociales a la población.
Precios de Garantía
El pasado 25 de noviembre López Obrador estuvo en Zacatecas. En su mensaje dijo que había 42 centros de acopio abiertos en el estado, que es el principal productor frijolero del país. El dirigente campesino Fernando Galván le entregó una carpeta denunciando irregularidades y, como suele ocurrir, el documento fue a dar al área de Atención Ciudadana, que lo canalizó a la SFP. No pasó nada.
Semanas después, agricultores de ocho municipios salieron a las calles de Zacatecas capital, acusando que los funcionarios de Segalmex engañaban al presidente, pues siete grandes centros de acopio permanecían cerrados, orillando a los campesinos a vender sus cosechas a coyotes hasta en un tercio del precio de garantía que, de por sí, consideran bajo.
En lo que va de 2022, además de movilizaciones, han denunciado que el precio de los fertilizantes los asfixia desde noviembre, entonces con 250% de aumento, lo que se agravó en semanas recientes.
Zacatecas es emblemático pues, además de su producción frijolera, es la sede de Segalmex; su domicilio se estableció aquí como parte de la descentralización administrativa que intentó infructuosamente el gobierno de López Obrador. En los hechos, líderes campesinos de la entidad han acusado que los funcionarios siempre despachan en la Ciudad de México.
En Tamaulipas y otras entidades se han registrado en meses recientes movilizaciones para que en los precios de garantía se incluyan el sorgo y otros insumos para la producción lechera.
Ambicioso, el programa de Precios de Garantía tiene por objetivo “mejorar el ingreso de pequeños productores agropecuarios para contribuir a mejorar su nivel de vida y aumentar la producción, reduciendo así las importaciones”. Idealmente el apoyo funciona para maíz blanco, frijol, arroz, trigo panificable y leche.
Las superficies susceptibles de apoyo son hasta cinco hectáreas de temporal en maíz blanco; hasta 20 de temporal y hasta cinco de riego en frijol; en el caso de arroz y trigo se apoya a todos los productores con un límite por productor de 120 y 100 toneladas, respectivamente, con un precio garantizado; sin embargo, en la evaluación más reciente del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), por los años 2019 y 2020, el resultado quedó resumido en lo siguiente:
“En la opinión del evaluador los indicadores a nivel de Fin son adecuados, pero no son relevantes, ya que miden el cambio en el volumen de producción apoyada entre un ejercicio y otro, cuando el objetivo requeriría medir el incremento en el ingreso.
“Asimismo, los indicadores a nivel de Propósito son relevantes pues aportan a la medición del objetivo de la mejora del ingreso, pero no son adecuados, dado que su resultado depende exclusivamente del precio de mercado, por lo que no aportan información de desempeño del Programa.”
La falta de datos no es exclusiva. Son 15 los programas destinados al agro evaluados por Coneval por 2019 y 2020, que resultan en la ausencia de información suficiente para evaluar el impacto del programa.
En tanto, en las calles, la disfuncionalidad se ha reflejado en movilizaciones campesinas que inclusive acusan el cierre de trojes de Segalmex.
Y es que la realidad es la misma de siempre: las grandes corporaciones siguen a cargo, por ejemplo, en la Laguna, donde el abandono es visible por ese y otros programas que, en entrevista, el presidente del comisariado ejidal Contreras Pacheco recuerda: ayuda para compra de maquinaria, apoyo a los algodoneros… pero sorgo y maíz forrajero, indispensables para la producción lechera, nunca tuvieron apoyo y el precio es impuesto ahí por Grupo Lala.
“Lo que fue Sagarpa apoyaba algo al campo, pero lo que es ahorita (Sader), nada”, concluye.








