miércoles 18 de noviembre de 2026

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En medio de magros resultados en la compra y distribución de medicamentos y equipo médico, de opacidad en la entrega de contratos y de irregularidades en el manejo de sus millonarios recursos, el Insabi es mutilado por su propio creador, el presidente López Obrador, quien en marzo pasado anunció que le quitará una de sus tareas esenciales: encabezar la atención médica en los estados para las más de 70 millones de personas que no están cubiertas por instituciones de seguridad social.

En 2020, durante su primer año de existencia, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) gastó alrededor de 18 mil 810 millones de pesos en contratos públicos que otorgó de manera opaca a diversas empresas farmacéuticas, incluyendo a Laboratorios Pisa, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador vetó en el arranque de su sexenio con acusaciones de corrupción.

La iniciativa #ComprasPúblicasMx, impulsada por el Instituto Mexicano por la Competitividad (Imco), documentó que 75% de los cerca de 17 mil millones de pesos gastados por el Insabi en 2020 se asignó a través de adjudicaciones directas, y que ningún proceso de adquisición está respaldado por todos los documentos en la plataforma de contrataciones públicas Compranet, operada por la Secretaría de Hacienda.

En un informe adelantado a Proceso, el Imco recalcó que en 2020 –el primer año de la pandemia de covid-19–, el gobierno mexicano facultó a seis instituciones de salud para realizar compras de emergencia mediante adjudicaciones directas, las cuales “mostraron importantes deficiencias, ya que carecen de planeación, publicación oportuna de la documentación, transparencia en el gasto y condiciones de calidad y precio”.

En un caso documentado por Proceso en febrero pasado, el Insabi perdió 920 millones de pesos porque pagó por adelantado mil respiradores a una empresa basada en Londres, Viva Enterprises Limited, la cual sólo le entregó 50 equipos, a destiempo. La dependencia tuvo que contratar a un despacho británico para demandar a la empresa, y se negó a transparentar los contratos con la empresa y el despacho, que este semanario le pidió a través de la plataforma nacional de transparencia (Proceso 2365)

El Imco realiza una ponderación sobre la opacidad de las instituciones en materia de compras públicas, con la cual elabora su Índice de Riesgos de Corrupción (IRC).

En el caso del Insabi, dirigido por el político tabasqueño Juan Antonio Ferrer Aguilar, el IRC lo coloca entre 20% de entes públicos federales peor calificados.

De hecho, el Imco subrayó que siete de cada 10 instituciones de salud empeoraron en el IRC en 2020, sobre todo en la parte correspondiente al cumplimiento de la ley.

Para 2021 la opacidad del Insabi se agudizó: una revisión realizada por Proceso en Compranet muestra que la dependencia adjudicó directamente 714 de los 720 contratos públicos disponibles en la plataforma; de los restantes, licitó apenas dos, tuvo tres convenios con entes públicos y registró “otra contratación”. En términos de recursos, el Insabi adjudicó directamente 98.7% de los 13 mil 205 millones de pesos que erogó en contratos el año pasado.

Según el Imco, en 2020 el Insabi violó la Ley de Adquisiciones de manera reiterada, pues en 76% de los procesos de contratación subió la información a Compranet después del inicio de los servicios, y aparte contrató en dos ocasiones a la empresa Dibiter, a pesar de que ésa estaba sujeta a una inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En el Insabi los responsables de las adquisiciones fueron Alejandro Antonio Calderón Alipi, coordinador nacional de Abasto de Medicamentos y Equipamiento, y Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, titular de la Coordinación Nacional de Administración y Finanzas.

Previo a incorporarse al Insabi, Calderón tenía escasa experiencia en la administración federal, que se limitaba a un año en la ayudantía de López Obrador.

En la última década Lamoyi alternó cargos en la administración federal y en las administraciones tabasqueñas de Arturo Núñez Jiménez, del PRD, y de Adán Agusto López. Encabezó el área administrativa del Insabi entre 2020 y 2021, y en diciembre del año pasado fue nombrado por López Obrador al frente del Banco del Bienestar.

Para sustituirlo en las riendas de los asuntos financieros del Insabi, el presidente colocó a la también tabasqueña Martha Patricia Jiménez Oropeza, una mujer de muchas conexiones en la llamada Cuarta Transformación: es prima del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y en 2012 fue suplente en el Senado de Rosalinda López Hernández, administradora general de Auditoría Fiscal Federal en el Servicio de Administración Tributaria, hermana del actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y esposa del gobernador morenista de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

Deficiencias

Las advertencias del Imco sobre la opacidad del Insabi se suman a una serie de deficiencias que han marcado la operación de la dependencia desde su creación, a finales del primer año del sexenio de López Obrador y sobre todo cuando el mandatario le encargó las compras consolidadas de medicamentos para el Sector Salud.

Junto con la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS) –que le cobra 27 millones de dólares al año–, el Insabi ha llevado a cabo los procesos de licitación internacional a destiempo, dejando a la mitad de las claves de medicamentos fuera –las tuvo que comprar de manera independiente a la UNOPS–, sin capacidad de distribución y con retrasos en los pagos a los proveedores (Proceso 2353).

Esta cadena de problemas provocó desabasto de medicamentos en el sistema de salud pública, lo que causó el enojo de López Obrador y llevó a los más altos responsables, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, a elevar la voz contra el organismo creado por la llamada Cuarta Transformación.

Durante una sesión del Comité Técnico del IMSS, llevada a cabo en agosto pasado, sus integrantes, incluido Robledo, se quejaron “por la falta de medicamentos para atender de manera oportuna a los derechohabientes” y sugirieron que el IMSS retomara las riendas de la compra, dejando fuera a la UNOPS, “en virtud de que el IMSS cuenta con la experiencia histórica de hacerlo de manera eficiente”.

A principios de marzo pasado el presidente anunció que el IMSS-Bienestar –un programa nacido hace cuatro décadas para atender a la población más pobre del país– se haría cargo de los servicios de salud en los estados, con atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población.

Con esa decisión, el presidente le quitó al Insabi su propósito principal y se lo entregó directamente al IMSS-Bienestar, cuyos recursos provenían en parte del Insabi.

De hecho, en el discurso que ofreció el pasado martes 12 con motivo del informe de “100 días” de su cuarto año de gobierno, López Obrador no mencionó en una ocasión al Insabi, y tras reconocer que el “desafío mayor” de su administración “consiste en hacer realidad el derecho a la salud”, sostuvo que “el modelo que estamos aplicando es el del IMSS-Bienestar”.

Enredo administrativo

Desde el nacimiento del Insabi, que se oficializó el 1 de enero de 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado las deficiencias en su gestión y su operación, que impiden a la dependencia cumplir con su propósito: sustituir el otrora Seguro Popular y garantizar el derecho a la salud a las más de 70 millones de personas que no están cubiertas por la seguridad social, así como “lograr una adecuada integración de las instituciones públicas de Salud”. Para ello, el gobierno federal le entregó el control del otrora Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, que rebautizó Fondo de Salud para el Bienestar y lo dotó de 40 mil millones de pesos.

En su revisión a la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó una serie de “inobservancias a la normativa” en materia de contrataciones y de dispersión de recursos a los servicios estatales de salud, de “transferencia de los recursos, registro e información financiera y de transparencia”, de “operación y supervisión de la aplicación de los recursos”, y de “control interno”.

En un informe de auditoría, observó por ejemplo que la dependencia no tenía registro de abasto en sus centros nacionales, y le exigió aclarar el destino de 5 mil 334 millones de pesos en adquisición de medicamentos; en otro informe, relativo a la compra de insumos para atender la pandemia de covid-19, la ASF estimó que el Insabi debía aclarar otros 2 mil 561 millones de pesos.

En ese reporte, la ASF determinó que, además de la estafa de los mil respiradores, el Insabi no fue capaz de comprobar la recepción de 1 millón de mascarillas KN95 –que adquirió por 40 millones 505 mil pesos– y tampoco pudo repartir 8 millones 370 mil insumos, como “batas, mascarillas, guantes”, a las diversas dependencias federales y a los servicios de salud, pues “no contó con el control de la distribución de éstos”.

En cuanto a la atención sanitaria de la pandemia y la celebración de 152 convenios con otras dependencias –las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional o de la Marina, entre otros–, la ASF detectó “áreas de oportunidad para que la dependencia implemente mecanismos de control que le aseguren disponer instrumentos jurídicos debidamente integrados y formalizados”, y estimó que el Insabi debería esclarecer la transferencia de mil 264 millones de pesos.

En otro informe de auditoría, la ASF señaló que en 2020 el Insabi sólo fue capaz de surtir 59.6% de los medicamentos que le solicitaron los gobiernos estatales, con lo que provocó un desabasto en cuatro de cada 10 cajas o frascos de fármacos requeridos.

Respecto a la coordinación con los sistemas estatales de salud, la ASF también determinó que el Insabi “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, pues no transfirió 771 millones 698 mil pesos y dejó por aclarar 33 millones de pesos.

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) –todavía durante la gestión de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros– auditó el año pasado el proceso de compra consolidada del año 2020, y determinó “varias irregularidades”, entre ellas, la “licitación, adjudicación y contratación indebida de bienes y servicios”, la “carencia o desactualización de manuales y/o normatividad interna” o la “inadecuada o inoportuna operación de Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”.

Entre sus hallazgos, entregados el 15 de junio de 2021 a Víctor Manuel ­Lamoyi Bocanegra mediante el oficio UACP-AA-009-2020 –seis meses antes que López Obrador lo nombrara al frente del Banco de Bienestar–, la SFP determinó que el Insabi se tardó 11 meses en instalar un Comité de Adquisición, y sencillamente no publicó su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para ese año.

En otras palabras: durante su primer año de funcionamiento, el Insabi operó a ciegas, sin comité ni programa de adquisiciones, lo que se sumó a la opacidad documentada por el Imco.