lunes 16 de noviembre de 2026

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El hallazgo del GIEI de evidencia alterada por la Marina pero no registrada en las investigaciones del caso Ayotzinapa en el sexenio pasado, reveló que la Unidad de Operaciones Especiales, bajo el mando del entonces vicealmirante Marco Antonio Ortega Siu, intervino el basurero de Cocula, presunta escena del crimen. Esa unidad, señalada por el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo de participar en decenas de desapariciones forzadas en Tamaulipas, respondía directamente al entonces titular de la Semar, Vidal Francisco Soberón.

Enterado de la existencia de un video en manos de la Secretaría de Marina (Semar), que durante años se mantuvo en secreto y presuntamente revela el involucramiento de la dependencia en la construcción de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó abrir de inmediato una investigación, antes de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo hiciera público en el “Informe Ayotzinapa III”, que presentó el lunes 28 de marzo en instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

La instrucción presidencial fue transmitida enseguida a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), encabezada por Omar Gómez Trejo, la cual tuvo indicios de que las actividades detectadas por un dron de la Semar el 27 de octubre de 2014, en el basurero de Cocula, habrían sido realizadas por personal de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes), comandada por el entonces vicealmirante Marco Antonio Ortega Siu, ascendido a almirante un año después de la participación del personal a su cargo en la construcción de la llamada “verdad histórica”.

Con esa certeza, el miércoles 30, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador sostuvo que “los marinos que se ve que están en el basurero y también los mandos superiores” rindieron declaraciones ministeriales, y que esas actuaciones respondieron a “decisiones que se tomaron a nivel central”, desde la Ciudad de México, donde tanto la Semar como la Secretaría de Defensa Nacional “tienen organismos de inteligencia para tareas especiales”.

De acuerdo con información recabada por Proceso, en el primer semestre de este año la UEILCA llamó a Ortega Siu, íntimamente ligado a la guerra contra el narcotráfico durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como comandante de la Unopes e involucrado en graves violaciones a derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada de decenas de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018.

Integrante del Cuerpo de Infantería de Marina, piloto helicopterista y diplomado de Estado Mayor, con el cargo oficial coordinador de Infantería de Marina, Ortega Siu fue promovido en noviembre de 2015 al grado de almirante por el entonces titular de la Marina, Francisco Soberón Sanz, teniendo entre sus “medallas” haber participado en operativos para la captura de capos del narcotráfico como Arturo Beltrán Leyva, Antonio Cárdenas Guillén y Joaquín Guzmán Loera.

En un artículo publicado en el portal Estado Mayor con motivo de los ascensos de ese año, el periodista especializado en información castrense Juan Veledíaz narró que durante el sexenio pasado Ortega Siu fue nombrado “interlocutor” con agencias como la DEA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio de Marshalls.

Esta posición privilegiada en su momento provocó “recelos en las áreas de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación”, que se habría quejado de él ante los altos mandos de la Semar por las actuaciones de la Unopes en la sierra de Durango y Sinaloa, durante la “cacería” de Joaquín Guzmán Loera durante 2015.

“Ortega Siu es un militar que ha tenido conflictos en años recientes con mandos de la Armada de México por su ‘protagonismo’, ya que suele ser muy hermético con las instrucciones que recibe de forma directa del secretario de la Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz”, refería Veledíaz en su texto del 23 de noviembre de 2015 en el citado medio digital.

En junio de 2019, como gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa anunció que Ortega Siu sería su secretario de Seguridad, nombramiento que tuvo que desechar un mes después por supuestas “obligaciones” en la Semar.

Desde 2018 Proceso ha dado cuenta de la desaparición de decenas de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, atribuida a personal de la Marina adscrito a la Unopes de Ortega Siu. Esos hechos ocurrieron en los primeros cinco meses de 2018 y dieron lugar a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por detención arbitraria y desaparición forzada en agravio de 27 personas, de las cuales 12 fueron localizadas sin vida.

El papel de la Unopes

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) –la  primera organización en denunciar la ola de desapariciones en la ciudad fronteriza en 2018– tiene registro de unas 50 víctimas que fueron detenidas por marinos adscritos a la Unopes para después ser desaparecidas. Algunas fueron localizadas días después sin vida, semienterradas lejos de la ciudad.

De estos casos, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas 34 averiguaciones previas en las que están integradas 47 víctimas.

En abril del año pasado, 30 marinos de la Unopes fueron consignados por la desaparición de cuatro personas en Nuevo Laredo entre febrero y mayo de 2018. En noviembre 12 de ellos, señalados de participar en la desaparición de dos personas, fueron puestos en libertad tras ganar un amparo.

“En los otros casos, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la FGR no los ha judicializado, aunque hay muchísimos elementos para procesar a los marinos. De la misma manera, no tenemos información de si la CNDH, con motivo de la recomendación, presentó una denuncia penal formal contra las autoridades responsables, como señala la misma resolución”, apunta Raymundo Ramos Vázquez, presidente del CDHNL.

La recomendación 36VG/2020 tiene identificados a 20 integrantes de la Unopes de la Semar como presuntos responsables de las desapariciones forzadas, urgiendo a la FGR para que agote “las líneas e hipótesis de investigación sobre la probable responsabilidad de los elementos de la Semar involucrados”, investigar la cadena de mando y establecer “la autoría material e intelectual de los hechos, con el fin de que no queden en la impunidad”.

Sin embargo, dice Ramos Vázquez, “hasta ahora el tema sigue en la impunidad pese a que está acreditada la responsabilidad de Ortega Siu como comandante de la Unopes, un cuerpo de élite de la Marina cuyo personal sólo responde a órdenes del almirante secretario, por lo que es de suponer que Soberón Sanz estaba enterado de lo que ocurría en Nuevo Laredo”.

Para el defensor no es difícil pensar que, en 2014, como comandante de la Unopes, Ortega Siu tuvo algún tipo de participación en la fabricación de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, por lo que sería “una oportunidad para esclarecer dos casos de desaparición forzada ocurridas en el sexenio pasado, tan graves como son las de los 43 normalistas, como las decenas ocurridas en Nuevo Laredo”.

El video que revela la presunta participación de marinos adscritos a la Unopes fue obtenido luego de que, el 12 de noviembre de 2021, el GIEI tuviera acceso a los archivos de la Semar, “tal y como se había solicitado al presidente AMLO en dos reuniones anteriores”, destaca el documento de 234 páginas, firmado por Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain, éste ad honorem, en exigencia de información relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en cumplimiento de su mandato dentro de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“El acceso a los archivos permitió tener documentos confidenciales, archivados, como ‘secreto’, que hacían referencia a algunas actuaciones de la Marina, especialmente los días 27 y 29 de octubre de 2021. La relevancia de dicha documentación es que se refiere a los escenarios del basurero de Cocula y el río San Juan”, apunta el documento.

El video, de más de dos horas, fue realizado por un dron de la Semar y revela actividades de marinos en el basurero del municipio de Cocula –escenario de una incineración masiva en la “verdad histórica”– no registradas en el expediente por la desaparición integrado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Cabe destacar que la averiguación previa abierta por la desaparición de los estudiantes sí reporta, a partir del 27 de octubre a las 17:40 horas, que se encomendó el resguardo del lugar  a “20 elementos de la Marina Armada de México al mando del capitán de corbeta Fernando López Valenzuela”, según el acta circunstanciada sobre “la búsqueda y recolección de indicios en el basurero municipal de Cocula, Guerrero”.

De acuerdo al análisis del video realizado por el GIEI, durante la madrugada del 27 de octubre “la actividad realizada por los miembros de dicha institución (Semar) no se centró en resguardar el área, sino que intervino en la misma, incluyendo el transporte de material en bolsas, la realización de una fogata al fondo del basurero y otras actividades de las que no existen registro durante 2h (sic), antes de que llegaran las autoridades de la PGR”.

La investigación del GIEI apunta que a las 8:28 horas de esa mañana se aprecia el arribo al basurero de un convoy de seis vehículos de la PGR y la Semar, y que tres minutos después desciende de uno de los vehículos el entonces procurador Murillo Karam. En la conferencia del lunes 28, Ángela Buitrago alertó de la presencia también de quien fuera el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, acusado de tortura y prófugo en Israel.

Sobre otras declaraciones de personal de la Marina ante la UEILCA, el mismo informe del GIEI hace referencia a la entrega de documentos al fiscal especializado en diciembre de 2019, derivando en llamados a comparecer a 25 integrantes del pelotón de la Primera Compañía de Trabajos Submarinos, adscritos a la VIII Región Naval, del que era comandante el actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán.

Los marinos estuvieron en el río San Juan el 28 y el 29  de octubre de 2014 y habrían sido los responsables del rescate de una bolsa negra donde se hallaron restos óseos de Alexander Mora Venancio, sin que hasta ahora haya certeza de cómo se localizó esa evidencia.

En su informe el GIEI alerta que esta participación de los marinos no es ajena a irregularidades, pues “no existe ningún oficio dirigido a la Secretaría de Marina para ese apoyo por parte de la PGR”.