El tercer informe del GIEI desnuda la operación coordinada del gobierno de Enrique Peña Nieto para ocultar las omisiones criminales de funcionarios, militares y policías, además de revelar los actos de espionaje y la manipulación de datos, documentos, testimonios y evidencias a fin de apuntalar el cuento de la “verdad histórica” con el que se intentó dar carpetazo a la investigación.
Más de 1 millón de fojas de expedientes por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos forman parte de la información a la que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por fin tuvo acceso para elaborar su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa.
Ahí están las denuncias de tortura y por las imputaciones y consignaciones, bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR); documentos y videos archivados en más de dos terabites en posesión de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como la Guardia Nacional, y la entrega de 180 carpetas de información de la Guardia Nacional y 5 mil fojas entregadas por la Sedena,
Ese cúmulo de información analizada fue posible sólo por la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador pese a la existencia de un decreto presidencial que ordenaba la entrega a la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj). Éste no fue suficiente para responder a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos hace más de 90 meses dónde están los jóvenes.
El documento de 234 páginas, elaborado por los expertos Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain –éste de forma honoraria– termina de desmontar la “verdad histórica” del sexenio de Enrique Peña Nieto y reconoce obstáculos, sobre todo en el ámbito castrense, para abrir sus archivos y entregarlos a la Unidad Especializada en la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) para su efectiva judicialización.
Algunos de los hallazgos que permiten al GIEI concluir que la estrategia diseñada para cerrar el caso “no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior”, son los videos que demuestran actos de tortura contra 50 detenidos; llamadas anónimas fabricadas por personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “para dar cobertura” a las detenciones que sostendrían la “verdad histórica”.
De igual forma se utilizó la irrupción irregular de personal de la Semar en el basurero de Cocula, escenario de la versión oficial, el 27 de octubre a las seis de la mañana; y la creación del espacio interinstitucional “Caso Ayotzinapa. War Room”, coordinado por quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón,
En el entramado para la construcción de la “verdad histórica”, el grupo de expertos encontró participación de servidores públicos de la Sedena, Semar, SEIDO, AIC, Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
“Todo esto permite afirmar que se llevó a cabo una operación coordinada por parte de una multiplicidad de actores, muchos de los cuales no sólo realizaron parte de una actuación ilegal, sino que conocían en distintos niveles las actuaciones que se llevaban a cabo.
“Funcionarios, que participaron en las torturas, las conocieron, legalizaron las capturas o no denunciaron. Otros llevaron a cabo actuaciones irregulares en el basurero de Cocula y el río San Juan por fuera de la legalidad, y realizaron prácticas para dotar de cobertura esas acciones”, puntualizan los expertos en el documento presentado el 28 de marzo.
El acceso a los documentos castrenses, a cuentagotas, a partir de abril del año pasado, ha dado luz sobre la participación del Ejército antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes.
Es así como en su tercer reporte el GIEI incluye datos sobre la vigilancia del Ejército y del Cisen sobre las movilizaciones de los estudiantes y los grupos del crimen organizado que operan en Guerrero, así como de la infiltración de militares en la Normal de Ayotzinapa, uno de ellos entre los 43 desaparecidos, como lo reveló Proceso en su edición 2349.
De los documentos a los que tuvo acceso el GIEI resaltan las transcripciones de mensajes de texto a partir de intervenciones telefónicas, en tiempo real, a presuntos integrantes de Guerreros Unidos y un funcionario estatal, captados la misma noche del 26 de septiembre y el 4 de octubre; revelan la colusión de autoridades municipales y criminales en la desaparición forzada, así como negociaciones entre autoridades ministeriales para recuperar al menos a 10 estudiantes. Estos documentos fueron hechos públicos, sin contexto, por órdenes del presidente López Obrador, el l de octubre de 2021, a través de la Covaj.
Uno de ellos, fechado el 15 de octubre, alerta sobre la “omisión” de quien fuera comandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, “al no ordenar oportunamente la salida de la fuerza de reacción”, una vez que tuvo información de lo que ocurría con los jóvenes, a las 21:47 del 26 de septiembre, “concretándose únicamente a establecer comunicación telefónica con el operador de la Policía Estatal, quien le comunicó que no (negativo) iba a intervenir hasta no recibir instrucciones de sus superiores”.
Los miembros del GIEI rescatan 46 reportes recibidos por la Sedena y relacionados con la noche trágica de Iguala, 20 de ellos “sobre contexto y paradero” de los jóvenes desaparecidos, que no fueron compartidos a autoridades civiles, información que “aún hoy podría analizarse”.
Entre los hallazgos destaca un texto titulado “Antecedentes de los hechos violentos de Iguala”, que delinea una estrategia para desacreditar el primer informe del grupo, de septiembre de 2015, y a sus integrantes, así como a miembros de las organizaciones que acompañan a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
El GIEI tiene indicios de que la Sedena inició procedimientos internos contra algunos de sus elementos ante la Fiscalía de Justicia Militar, que no han sido entregados a la UEILCA y que podrían aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos.
Entre las investigaciones en curso está una contra el capitán José Martínez Crespo, quien no reportó en su parte militar que estaba presente en los separos de la Policía Municipal (barandillas) supuestamente para rescatar una motocicleta, lo que se supo a partir de un reportaje publicado en el número 1989 de Proceso. Martínez Crespo fue consignado en noviembre de 2020 por la FGR por delincuencia organizada al mantener presuntos vínculos con la banda Guerreros Unidos, que operaba en Iguala.
La molestia del presidente
El informe del GIEI se dio a conocer seis meses después del distanciamiento de padres y madres de los 43 normalistas con el presidente López Obrador, quien los recibió por última vez el 23 de septiembre de 2021 en Palacio Nacional.
“No sabemos si el presidente está enojado”, alertó María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galíndez el 29 de marzo, en conferencia de prensa, al explicar junto con sus compañeros la molestia que sentían porque la información castrense que debió conocerse una vez emitido el decreto de creación de la Covaj en diciembre de 2018, se compartió al GIEI tres años después, amén de que persistía la resistencia del Ejército a entregar documentación a la UEILCA para la correcta judicialización del caso.
Guerrero explicó que la última reunión con López Obrador “fue muy fuerte” y personalmente ella le reclamó que, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, “daba órdenes pero (los militares) no lo obedecían”, lo que generó molestia en el mandatario, más cuando los padres y madres de los estudiantes desaparecidos decidieron suspender las reuniones, porque “no era muy grato estar viéndolo cada mes y que no avanzaran las investigaciones”.
Los abogados de los familiares de jóvenes desaparecidos, Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), y Vidulfo Rosales Sierra, litigante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, confirman en entrevista el deterioro de los encuentros en Palacio Nacional, derivado de la opacidad de la Sedena.
Confiaban que el problema sería superado desde el primer día de la emisión del “Decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a la justicia”, firmado el 3 de diciembre de 2018 por López Obrador y, entre otros funcionarios, los titulares de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y de la Semar, Rafael Ojeda Durán.
Pese a sus expectativas, pronto se dieron cuenta de la negativa de la Sedena y de su titular para atender solicitudes de información de la Covaj, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en la que están acreditadas las organizaciones sociales y los familiares de las víctimas. De ahí que, tras el arribo formal del GIEI en marzo de 2020, los familiares pidieran a los expertos focalizarse en conseguir los archivos militares relacionados con el caso.
Opacidad militar
“En un primer momento –relata Rosales Sierra–, en reuniones de la Covaj elaboramos una batería de unos 200 cuestionamientos que se le presentaron a la Sedena. Tuvimos una reunión con el secretario Sandoval y su Estado Mayor, y no hubo respuesta, sólo evasivas, pero confiamos en que por escrito esclarecerían las dudas. No fue así, nos dieron la misma versión que dio Salvador Cienfuegos, el secretario de Peña Nieto, de que los militares no se enteraron qué había pasado la noche del 26 de septiembre, y pura paja.
“Cuando se dio a conocer la versión del testigo Juan (Proceso 2280), que hablaba de que los estudiantes fueron divididos en grupos y que al final fueron ejecutados y sus restos cremados y esparcidos en varios lugares, hubo un fuerte debate porque para los funcionarios, incluido Encinas y el fiscal especial Omar (Gómez Trejo), el testimonio era válido porque gracias a él se localizaron los restos de Jhosivani Guerrero en la Barranca de la Carnicería, pero no aceptaban la parte en que Juan habla de que al menos 25 estudiantes fueron llevados al 27 Batallón para ser torturados y luego entregados al crimen organizado. Eso generó mucha molestia en los padres y madres que les decían que no podían aceptar sólo una parte de la declaración del testigo.”
El desencanto de los padres y madres con López Obrador se acentuó entre julio y septiembre del año pasado, precisamente porque los miembros del GIEI tenían que acudir a él para destrabar la entrega de información, misma que después era negada cuando la solicitaba el fiscal de la UEILCA para su judicialización.
“Entre los documentos que se le han negado al fiscal especial está todo lo relacionado con las llamadas interceptadas por la Sedena la noche del 26 de septiembre, y que ahora dicen que no hay más que lo que se dio al GIEI, lo que nos parece inverosímil. Por eso como coadyuvantes solicitamos 22 acciones de investigación y estamos a la espera de ver qué le responden a la UEILCA”, abunda Rosales Sierra.
A su vez, Aguirre Espinosa explica que la reticencia de la Sedena para entregar información “sólo ha ahondado las sospechas de los padres y madres de que los militares tendrían información del paradero de sus hijos, sospecha que basa en que los muchachos desaparecieron a unos metros del 27 Batallón y que esa noche hubo militares vestidos de civil haciendo labores de recuperación de información”.
El director del Centro Prodh enlista tres ejemplos de acontecimientos que generan conflicto entre los familiares de los normalistas desaparecidos, “por un lado el presidente les dice que esclarecer el caso Ayotzinapa es una prioridad, y por otro, ven obstáculos en la Sedena y en la FGR, que está en un estado muy preocupante, tanto así que la UEILCA es una isla en medio de esa institución”.
Aguirre resalta que para los progenitores de los normalistas desaparecidos resulta “inaudito” que, después de que el fiscal Gómez Trejo obtuvo la orden de aprehensión contra Tomás Zerón, “un área especializada de la FGR se haya tardado más de un año en la traducción del caso para pedir la extradición a Israel, donde está escondido; hay 42 órdenes de aprehensión, obtenidas por el fiscal, que no se han cumplimentado porque le corresponde a la Policía Federal Ministerial; y cuando se ejecutan las órdenes salen mal.
“Fue el caso de Juan Salgado Guzmán, contra quien la UEILCA consiguió una orden de aprehensión y que sería una pieza clave en el esclarecimiento del paradero de los jóvenes, pero en septiembre de 2021, cuando agentes de la FGR acudieron a detenerlo, Salgado terminó muerto con 23 impactos de bala, y eso para los padres y madres es visto como que las autoridades están matando a los testigos.”
Los abogados coinciden en que la desconfianza hacia el Ejército se debe a que hasta ahora no tienen indicios de que sea distinto, que no se infiltre en los movimientos sociales o ya no intervenga llamadas.
“El caso Ayotzinapa nos habla no sólo del pasado, sino del presente de las Fuerzas Armadas, que hoy que están enormemente empoderadas, que continúan con sus mismos patrones de opacidad, de falta de rendición de cuentas a los controles civiles y de no reconocimiento de su pasado en graves violaciones a derechos humanos, y de su presente donde esas violaciones siguen ocurriendo”, puntualiza el director del Centro Prodh.








