lunes 16 de noviembre de 2026

x

Analistas del sector económico advierten que la estrategia federal para contener el alza en los precios de las gasolinas causará un impacto negativo para las finanzas del país, “sacrificando recursos que pudieron haberse invertido en programas sociales u otros proyectos”. Explican por qué este subsidio beneficia menos a los que menos tienen y –de cara a la revocación de mandato– señalan su aire populista y electoral.

El subsidio que aplica el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) en las gasolinas va en sentido contrario a su máxima: “Primero los pobres”.

Además, la medida tiene un tinte “populista” de cara a la consulta de revocación de mandato que se realizará el 10 de abril y a la elección del 5 de junio para renovar seis gubernaturas, advierte la organización México Evalúa.

Elaborado por el centro de pensamiento y análisis, el reporte Política antes que finanzas: estímulos tiran al IEPS de combustibles a su peor nivel expone sobre el enfoque populista del esquema aplicado por la 4T: “No hay que olvidar que en 2022 están en juego las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Hay que remarcar que este tipo de apoyos son totalmente regresivos, pues beneficia más a los que más tienen y consumen”.

México Evalúa recuerda que, con el mecanismo anterior de IEPS aplicado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calculó que 20% de la población de mayores ingresos obtenía 62% del subsidio, mientras que el 20% más pobre, sólo 2.8%.

Antes de 2015 el IEPS funcionaba más como un subsidio que como un impuesto. El gobierno federal determinaba el precio de venta al público de las gasolinas y el diesel, y si éste era menor a los costos de Pemex (transporte, almacenamiento, distribución y comercialización), la petrolera generaba un IEPS negativo. Sólo en el caso contrario se cobraba el IEPS.

El nuevo sistema del impuesto especial permitió un deslizamiento gradual en el precio de los combustibles hasta 2021.

De esa manera la gasolina Magna aumentó entre 2% y 9% de 2015 a 2021, y el diesel pasó de 2% a 10%, que son “incrementos todavía manejables políticamente”, dice el reporte.

Sin embargo, el nuevo mecanismo nunca se enfrentó a precios promedio anuales superiores a 65 dólares por barril, de manera que el viernes 4 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece estímulos complementarios a los combustibles automotrices.

El mecanismo es el siguiente: cada semana la SHCP publicará el monto de estímulos complementarios por litro, que fue de 0.87 pesos para la Magna y 0.6 para el diesel en su primera ocasión. Los vendedores de combustibles podrán acreditar hasta esa cantidad por cada litro –si venden por debajo de su precio de compra– contra sus pagos provisionales de ISR mensuales.

Si después de acreditar el ISR existiera una diferencia en favor del contribuyente, éste lo podrá acreditar contra el IVA, según el decreto.

“Es decir, se podrían llegar a empeñar dos tributos distintos, con tal de mantener los precios de los combustibles a raya. Esto es un claro retorno al pasado, cuando se utilizaban otros tributos para subsidiar a los combustibles”, considera México Evalúa.

Lectura similar sobre lo que ocurre con el IEPS en las gasolinas es la del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). En uno de sus últimos análisis señaló que “evitar o mitigar el incremento del precio de las gasolinas puede ser acertado para la popularidad del régimen, pero ciertamente es poco eficiente desde el punto de vista económico y va contra los objetivos de control del cambio climático”.

Prospectiva

El manejo político que el presidente López Obrador ha dado al tema del precio de las gasolinas escaló a la recomendación que le hizo a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, de imponer precios máximos del combustible en su país.

“Es que nosotros no tenemos este problema porque producimos el petróleo y lo distribuimos, o mejor dicho, procesamos la gasolina… Pemex distribuye 90% de la gasolina y nosotros tenemos más capacidad para control de estos energéticos, que son estratégicos, y allá (en EU) no, pero sí pueden tener control si establecen un precio máximo”, dijo el tabasqueño en su habitual rueda de prensa, el jueves 17.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano ha presumido que la gasolina de México es la más barata en comparación con otras economías.

“En nuestro país un litro de gasolina de bajo octanaje, ya convertido a pesos mexicanos, cuesta en promedio 22.42 pesos; en Alemania, 45.60; en Estados Unidos, 32.62, y en China, 28.61”, presumió, a su vez, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield.

Lo cierto es que el gobierno ha priorizado absorber el gasto que realizan los automovilistas en gasolinas, sacrificando recursos que pudieron haberse invertido en programas sociales u otros proyectos.

México Evalúa, por ejemplo, señaló que en enero último sólo se cobró 47% del total posible del IEPS, o lo que es lo mismo, se perdieron alrededor de 12.7 mil millones de pesos por “subsidiar” a las gasolinas, que tenían un cobro potencial de 24 mil millones. Dicho monto representa más de 95% del presupuesto anual de los programas prioritarios la Escuela es Nuestra o Producción para el Bienestar.

Grupo Financiero Monex proyectó que, en caso de que el subsidio se mantuviera 100% el resto del año, los ingresos tributarios podrían caer hasta 6% respecto de 2021, lo que implicaría un faltante de cerca de 215 mil millones de pesos, más del triple de lo asignado a la construcción del Tren Maya en el actual ejercicio.

No obstante, el impacto sobre las finanzas públicas podría ser mayor, pues la semana pasada se anunció un estímulo complementario que opera mediante el IVA o el ISR que pagan los importadores de combustibles una vez que se alcanza el estímulo completo del IEPS.

Así, en un peor escenario, la caída de los ingresos tributarios atribuible a los incentivos fiscales podría ser de hasta 8.0% anual o alrededor de 285 mil millones.

Durante los últimos cinco años, el promedio mensual de recaudación del IEPS sobre gasolinas y diesel es de 20.4 mil millones de pesos, lo que ha representado cerca de 8.0% de los ingresos tributarios del periodo.

Mientras que el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) calculó que la aplicación de subsidios, derivado de un incremento en el precio del petróleo, podría generar pérdidas recaudatorias cerca de 554 mil millones de pesos, lo que significa alrededor de 2% del PIB.

Aunque parte de esta pérdida se compensa con ingresos adicionales por la exportación de crudo, la aplicación de este tipo de subsidios puede tener un efecto regresivo en la población.

De acuerdo con las proyecciones del CIEP, si bien la pérdida recaudatoria derivada de los estímulos fiscales al IEPS a las gasolinas y el diesel es de 554 mil 193 millones de pesos, el incremento en los ingresos petroleros, derivado de un mayor precio del petróleo, es de 643 mil 941 millones de pesos. Esto nos da como efecto neto una recaudación adicional de 89 mil 747 millones de pesos.

La mala noticia es que los ingresos petroleros, como ingresos de Pemex, son utilizados para su operación y no para financiar políticas públicas. Esto ocasiona que los recursos disponibles para financiar políticas públicas disminuyan, dejando en niveles muy bajos el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

El CIEP coincide con México Evalúa en que las personas pertenecientes al “decil X” de ingresos, es decir, 10% de la población de mayores ingresos, contribuyen con 38.8% de la recaudación total del IEPS a las gasolinas y diesel.

El decil V, que integra a las personas con ingresos medios, contribuyen con 5.1% de la recaudación, mientras que el decil I contribuye con 1.3%.

“Esto implica que subsidiar este impuesto, como ocurre actualmente, beneficia en mayor medida a los deciles de mayores ingresos, lo que se traduce en una medida regresiva que incrementa la desigualdad de ingresos en el país.”

El CEESP concluye que hay otros factores que, ineludiblemente, presionarán las finanzas públicas de manera negativa en 2022, respecto de lo presupuestado, como la menor recaudación tributaria por menor crecimiento, mayor costo financiero de la deuda pública, y la plataforma de producción de petróleo por debajo.