A fin de preservar su segundo mercado mundial, que es el mexicano, la Coca-Cola pagó estudios que la exoneraban de la incidencia de obesidad en el país, pero sobre todo se acercó a funcionarios de la Cofepris en el sexenio pasado, quienes intervinieron en el etiquetado blando para alimentos y bebidas ultraprocesados y después se integraron a la trasnacional o crearon consultorías en temas regulatorios.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, funcionarios de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), encabezada por Mikel Arriola Peñalosa, establecieron vínculos cercanos con personal de Coca-Cola México sobre políticas de salud y procedimientos legales que la refresquera interpuso ante el etiquetado para bebidas y alimentos.
Algunos de estos exfuncionarios no solamente han sido contratados por la trasnacional; también crearon empresas que ofertan servicios de gestoría en temas regulatorios de salud y alimentos. En al menos una de ellas se les cita como “un exgrupo de altos funcionarios de la Cofepris”.
Uno de ellos es el abogado Patricio Caso Prado, un colaborador muy cercano a Arriola Peñalosa, quien ocupó distintos cargos en la Cofepris de 2011 hasta 2016 y jugó un papel en la elaboración de un polémico etiquetado para alimentos y bebidas ultraprocesadas que desde la Secretaría de Salud impulsó la entonces titular Mercedes Juan López, quien había sido consejera de Coca-Cola.
En 2016 Mikel Arriola dejó el órgano regulador para asumir como director general del IMSS, cargo al que renunció en diciembre de 2017 para postularse como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2018. Caso Prado lo siguió fielmente en todas sus encomiendas, hasta que, en diciembre de 2020, Arriola fue nombrado presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX de futbol.
Ese mismo mes Caso Prado fue sumado a las filas de Coca-Cola como senior director of Government Affairs.
Además, según consta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Caso participó en la formación de seis compañías entre marzo de 2019 y marzo de 2021. En dos de estas empresas es socio el propio Arriola Peñalosa y en tres de ellas figuran también otros tres exfuncionarios de Cofepris: Aldo Heladio Verver y Vargas Duarte, Antonio Grimaldo Monroy y Álvaro Israel Pérez Vega.
Todas las empresas tienen un amplio objeto social que incluye servicios de gestoría en temas regulatorios de salud y
alimentos.
Como funcionario de Cofepris, Patricio Caso también participó en las audiencias públicas para regularizar la mariguana en México, un tema que consideraba “de la mayor relevancia”.
En una operación llevada a cabo el 18 de febrero de 2018 ante la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos se menciona a Caso Prado como director de Xebra Brands, una empresa canadiense que busca comercializar bebidas infusionadas con cannabis.
Para esa misma empresa, Antonio Grimaldo ha realizado trámites en calidad de director. Esta compañía, asimismo, tiene una subsidiaria mexicana, la empresa Desart MX, en la cual Aldo Verver y Vargas es administrador único desde 2018; en octubre de 2019 se sumaron como socios Arriola, Caso y Grimaldo, pero en 2020 dejaron de fungir como apoderados.
En diciembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Desart MX para poder sembrar, cultivar y cosechar cannabis con fines industriales. En un comunicado de prensa, Xebra Brands destaca que Desart MX es “controlada por un exgrupo de altos funcionarios de la Cofepris”, el cual “identificó una oportunidad para impugnar la Constitución de México por una orden judicial para comercializar canabinoides derivados del cáñamo como CBD y CBG”.
Patricio Caso negó a POPLab la existencia de “cualquier conflicto de interés o investigación” sobre su persona: “Tengo varios años de no ser funcionario público y no tengo interacción con Cofepris desde hace mucho más”.
Al cierre del reportaje, Mikel Arriola no respondió a los mensajes que se le enviaron para solicitar su postura sobre el tema. En tanto que la Cofepris adujo que por motivos de la veda electoral tampoco daría una respuesta.
Etiquetado amistoso
Ante el crecimiento de las enfermedades crónicas, el gobierno de Peña Nieto implementó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Al frente se encontraba la entonces secretaria de Salud, Mercedes Juan López, quien había sido presidenta ejecutiva de Funsalud, organización patrocinada por las principales empresas farmacéuticas, hospitalarias, de alimentos y bebidas en México; también había sido consejera de Coca-Cola. Como funcionaria se opuso a que se estableciera un impuesto a las bebidas azucaradas.
En 2015 Mercedes Juan anunció que se implementaría un etiquetado para alimentos y bebidas ultraprocesados. La Organización Mundial de la Salud recomendó que no lo hiciera, porque había “riesgo de mal informar al consumidor”, ya que promovía el consumo de azúcares añadidos. Incluso, ofreció apoyo técnico de especialistas para el diseño de dichas etiquetas. La funcionaria rechazó la propuesta y encargó el trabajo a los abogados Patricio Caso Prado y Leonardo Menes Solís, así como a la maestra en ciencias ambientales Mariana Ramírez Aguilar, todos empleados de la Cofepris en ese momento.
“Les dijimos que era un sistema hecho por la industria, que estaba basado en criterios engañosos”, recuerda Simón Barquera, director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Ante las críticas, Caso defendió el etiquetado y, en la Cofepris, excluyeron a los académicos y únicamente se permitió la participación de gente de la industria, acusa Barquera.
El asunto no se limitó a la implementación del cuestionado etiquetado, según consta en una serie de correos electrónicos –obtenidos por la organización El Poder del Consumidor mediante estatuto del Foreign Legal Assistance, un recurso que permite solicitar datos y testimonios de cortes federales de Estados Unidos– que intercambiaron funcionarios de la Cofepris y directivos de la empresa en mayo de 2016. El asunto de esos emails era “amparo vs NOM 051”, es decir, la Norma Oficial Mexicana que establece las especificaciones del etiquetado.
En dichos mensajes el vicepresidente jurídico de Coca-Cola México, cuyo nombre se encuentra testado, le pregunta a Itzel Karim Vargas Robledo, subdirectora del área jurídica de la Cofepris, si había habido un avance de “los asuntos de referencia” para coadyuvar “con información relevante”.
Vargas contesta horas después y le agradece “mucho el apoyo” que les “han brindado” y le informa que hay que esperar a que se lleven a cabo las audiencias constitucionales.
En esos mensajes también se habla de reuniones entre Caso y la persona empleada de Coca-Cola para discutir la NOM 051. En uno de esos correos, alguien de Coca-Cola le solicita a Menes Solís, quien en ese entonces era coordinador general jurídico y consultivo de la Cofepris, una reunión para “dar seguimiento” al tema de los amparos, pues ha recibido una tercera notificación del recurso para jugos Del Valle y la refresquera.
En otras misivas se identificó la participación de Mónica Téllez Estrada, quien hasta hace unas semanas era titular de la Unidad de Transparencia.
Para esta investigación periodística se solicitó copia del expediente de modificación de la NOM 051, pero la dependencia dijo no contar con él. Tampoco ha sido posible saber más sobre las conversaciones entre funcionarios de la Cofepris y trabajadores de la refresquera ni de la bitácora de reuniones, porque la institución aseguró no tener información.
Información privilegiada
En Happy Botanicals, S.A. de C.V., y VCGABIAL Consortium, S.A. de C.V. (que luego cambiaría su nombre a VCGA Consortium), aparecen como socios Caso, Arriola Peñalosa, así como Antonio Grimaldo Monroy, Aldo Heladio Verver y Vargas Duarte y Álvaro Israel Pérez Vega, todos exfuncionarios de la Cofepris.
VCGA Consultores se especializa en temas regulatorios y ha logrado convenios con firmas internacionales, como LLYC, que destaca la trayectoria de sus socios mexicanos: “Estamos entusiasmados de comenzar a trabajar con una consultoría como VCGA que está integrada por reconocidos profesionales que han sido clave en el sector público y privado de México”, dijo el director de la zona norte, Javier Rosado.
En la razón social Tomahawk Carnes, S.A.P.I. de C.V., son socios Grimaldo, Verver y Caso. Por su parte, Caso Prado se asoció con otras personas en las empresas Emerge Regulation and Health, S.A. de C.V., CBD Management Group y Fondo Casba, S.A. de C.V.
En diciembre de 2021, en un comunicado, la Cofepris alertó sobre la oferta de servicios de exfuncionarios para agilizar trámites. No mencionaba nombres pero decía que se trataba de “personas” que “llevan casi tres años fuera de la institución y, pese a lo que prometen, carecen de atribuciones para proporcionar los bienes y servicios que ofrecen y no tienen acceso a las instalaciones”, señalaba el documento.
Un trabajo periodístico había denunciado presuntas extorsiones de una red de corrupción de exfuncionarios y gestores que ofrecían realizar trámites ante la Cofepris a cambio de dinero. Entre ellos, menciona a Caso, Grimaldo Monroy, Pérez Vega, Verver y Vargas Duarte, además de Carlos Lizardi Álvarez y Gibrán Alejandro de la Torre.
Dos de los socios de Caso –Álvaro Pérez Vega, así como Aldo Verver y Vargas Duarte– también aparecen como destinatarios en la serie de correos sobre el amparo contra la NOM 051 entre funcionarios del órgano regulador y empleados de Coca-Cola, en mayo de 2016.
Refrescos y política
The Coca-Cola Company ha tratado de influir en otras decisiones de salud pública en México, el segundo mercado para la refresquera después de Estados Unidos. En 2014 se aprobó el impuesto de un peso por cada litro de refresco. Para desestimar el gravamen, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas publicó tres estudios realizados en la Universidad Autónoma de Nuevo León, El Colegio de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, los cuales concluían que el consumo de refrescos no era la causa principal de obesidad y que no era efectivo el impuesto.
En un correo electrónico interno la vocera de The Coca-Cola Company, Kerry Tresler, afirma que en esas tres instituciones se realizaron investigaciones con apoyos económicos de la industria refresquera. Y narra cómo difundió dichos estudios a la prensa internacional para desalentar que más países graven ese tipo de bebidas.
Otra de las estrategias comerciales de Coca-Cola ha consistido en difundir la idea de que sus bebidas azucaradas no perjudican la salud y que la obesidad se combate principalmente con “activación física”.
Académicos e instituciones han señalado la falacia en ello, pero las críticas irritan a directivos de la firma refresquera. Así lo demuestra un email de 2014, escrito por Rhona Applebaum, entonces vicepresidenta de la oficina de Ciencia y Salud de Coca-Cola: “No dejaremos que nos detengan los bastardos y la minoría que empuja su agenda”, escribió. “¡No te rindas… sigue en la lucha Coca-Cola!”, les dijo a sus colaboradores.
Un estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health analiza cómo The Coca-Cola Company ha patrocinado conferencias científicas para “moldear la política y la opinión públicas a su favor”.
En 2012 el mismo INSP fue invitado a colaborar en un estudio patrocinado por Coca-Cola; sin embargo, los investigadores se negaron a participar. Enojada por el rechazo, Applebaum escribió un correo electrónico dirigido a investigadores, donde cuestiona: “Y si científicos buenos toman dinero de Coca, ¿qué? ¿Son corruptos? ¿A pesar de que están promoviendo el bien común? Como puedes ver, mi opinión sobre esta gente es muy mala, porque son egoístas”.
Sobre la contratación de exfuncionarios, Coca-Cola México dijo en un posicionamiento que “al ser una empresa multinacional, con estándares y políticas de empleo globales, nos aseguramos de atraer y retener al mejor talento. De -manera permanente cuidamos que -nuestros procesos de selección y contratación de talento sean objetivos e imparciales y de tener una representación diversa, incluyente y equitativa, así como de impulsar el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades, sin importar quiénes sean o de dónde vengan”.
*Este trabajo fue realizado para POPLab y -CONNECTAS dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.








