lunes 16 de noviembre de 2026

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Si bien especialistas de la ONU reconocen el compromiso del gobierno lopezobradorista para atender la crisis humanitaria de las desapariciones –con un número de víctimas que se aproxima a las 100 mil desde 2006–, advierten que aún falta mucho por hacer, como por ejemplo abatir los índices de impunidad y, sobre todo, desmilitarizar la seguridad pública, por no hablar del riesgo permanente que corren periodistas y defensores de los derechos humanos.

Ante la proximidad de la presentación del informe sobre la visita a México del Comité contra las Desa-pariciones Forzadas (CED) de la ONU, a realizarse el 8 de abril en Ginebra, expertos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, de Naciones Unidas (GTDFI), hacen un balance de la evolución de la crisis de desapariciones en el país, que se acercan a las 100 mil víctimas.

A 10 años de que el GTDFI publicara un amplio informe sobre este problema, luego de realizar una visita a México, Gabriella Citroni y Luciano Hazan reconocen el posicionamiento que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de reconocer la crisis humanitaria que representan las desapariciones en el país, de aceptar la competencia del CED para investigar casos individuales y la visita de sus integrantes, pero alertan sobre pendientes para abordar la tragedia.

En entrevista virtual desde sus países de origen, Italia y Argentina, los expertos coinciden en su valoración positiva de las acciones encaminadas desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la creación de las comisiones de justicia y verdad para los casos de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la destinada a atender las violaciones a derechos humanos cometidos entre 1964 y 1990, así como la instalación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, encaminado a enfrentar la crisis que representa la existencia de al menos 52 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de diversas fiscalías del país.

Sin embargo, a 10 años del informe del GTDFI, ambos expertos advierten deudas pendientes, recomendaciones no abordadas e incluso pasadas por alto, como abatir los índices de impunidad y desmilitarizar la seguridad pública, y que podrían ser parte de los diversos factores que explicarían la “escalofriante” cifra de desaparecidos: 99 mil 435 personas, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), al corte del jueves 24.

“Mi indicador, que es el de los familiares, dice que hay una total impunidad, y eso es un viático para que las desapariciones se repitan”, alerta Citroni, profesora de derecho internacional en derechos humanos de la Universidad de Milán-Bicocca y de la Academia de Ginebra de Derecho Humanitario y Derechos Humanos, en Suiza.

Consultora de organismos de derechos humanos de Europa y la ONU, y colaboradora de organizaciones no gubernamentales de varios países en el litigio de casos de desaparición forzada, Citroni resalta que una de las evidencias de agravamiento de la impunidad en los últimos 10 años tiene que ver con “el clima de acoso a familiares y colectivos, que ha empeorado en algunos estados del país”.

Agrega que el acoso a familiares “se suma a un clima difícil para defensores de derechos humanos y periodistas, que cabe destacarlo e identificarlo como problema; un país donde sea un riesgo ejercer tu derecho a buscar como madre o como hermana o esposa o lo que sea de una persona desaparecida, ha empeorado y es una fuente de preocupación muy honda”.

Guerra calderonista

Luciano Hazan reflexiona que lo que “distingue a México de otras geografías es el periodo: el proceso de desapariciones masivas se viene arrastrando desde hace muchísimos años”, tomando solamente como punto de referencia la declaratoria de “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón en 2006.

“Han sido 16 años de guerra contra las drogas con desapariciones forzadas, persistentes en el tiempo y no ha habido ningún tipo de sanción a los responsables, o ha habido muy poco avance, incluso hablando de sentencias, como muchas veces se hace en México, son 35 sentencias (…) tampoco hay información de avances concretos en materia de persecución penal”, reflexiona Hazan, quien ha sido miembro del CED y coordinador del equipo legal de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo.

Al recordar que según los parámetros internacionales sólo investigaciones contundentes “nos van a decir si hay o no crímenes de Estado”, el experto advierte que estando por llegar “al número escalofriante de las 100 mil desapariciones”, acumuladas en su mayoría desde 2006, “es muy difícil pensar que el Estado no esté actuando con aquiescencia, es decir, dejando que esto ocurra”.

Coordinador del Programa contra la Violencia Institucional en la Defensoría General de la Nación, Hazan agrega que teniendo el Estado “resortes en materia de prevención, seguridad, tienen fuerzas de seguridad y a las Fuerzas Armadas participando desde ese momento en materia de seguridad interior (…) es muy difícil pensar en que no haya responsabilidad del Estado frente a un fenómeno tan masivo”, incluso en casos en que las desapariciones sean cometidas por particulares.

Citroni apunta como una de las fallas que en el ámbito institucional se advierten como obstáculos para abordar el problema: la falta de coordinación de los entes encargados de atender las desapariciones, las comisiones de búsqueda y las fiscalías, entre ellas la General de la República.

Al reconocer que México “ha movido una maquinaria pesada con la CNB”, Citroni apunta que ello no ha significado que “esto funcione y arroje resultados” debido a la falta de coordinación y cooperación con las fiscalías, “es como si se tratara de deslindar una de la otra, y es algo preocupante, porque no puede existir verdad sin justicia ni justicia sin verdad”.

Sobre la recomendación del GTDFI de retirar la seguridad pública de responsabilidad de las Fuerzas Armadas, a la que se han sumado mecanismos y órganos de tratado de la ONU, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los especialistas lamentan que no haya variado la visión que impuso Calderón e incluso se haya profundizado.

Al señalar que en Italia se buscó enfrentar a la mafia con el Ejército y que “salió el tiro por la culata”, Citroni resalta que está demostrado que el empleo del Ejército en tareas de seguridad pública “no contribuye a disminuir la violencia ni en el caso específico de las desapariciones forzadas; lamentablemente en México eso no ha cambiado y no es modificando el nombre a quienes igual son fuerzas armadas, que se solucione; aquí la recomendación de 2012 sigue siendo válida”.

Hazan apunta que no se trata de “una cuestión ideológica ni teórica sino de una cuestión práctica: el Grupo de Trabajo existe desde hace más de 40 años y la experiencia ha demostrado que la militarización de la seguridad interior genera violaciones a derechos humanos (…) el resultado se cobra en vidas, en desapariciones y en el sufrimiento no solamente de las personas que desaparecen, sino de todas las personas que rodean a las víctimas”.

Los integrantes del GTDFI admiten la complejidad y el arraigo de desapariciones en México, por los múltiples factores que impactan en el fenómeno, pero dan luces sobre algunos cambios que podrían impulsar hacia una política de prevención que a mediano y largo plazos detengan la incidencia.

Citroni advierte que dos de los problemas evidentes, “que van de la mano uno de otro, son la militarización y la impunidad”, y que con otros factores requieren de “un cambio profundo cultural y social, que realmente sentaría las bases para que esto no siga repitiéndose; pero si estamos en un marco donde el valor de la vida humana es tan poquita cosa, eso genera condiciones para que puedan desaparecer 100 mil personas”.

Para Hazan, “mensajes más cohesivos, poderosos desde las más altas esferas de las autoridades”, para emprender una lucha contra las desapariciones en México, pueden contribuir a detenerlas.

“Que dentro del propio Estado se vislumbre una disputa entre la fiscalía y la unidad de búsqueda, o que eventualmente haya diferencias por colores políticos, todo eso favorece a los perpetradores.

“Es imprescindible que el trabajo cotidiano en la búsqueda de las personas desaparecidas, en la búsqueda por la justicia, esté coordinado desde las más altas esferas. Se convierte en un mensaje que dice mucho, que el Estado está respaldando, que va a proteger lo mismo a un familiar que va a denunciar un caso como a un testigo que tenga información e incluso es un mensaje para los perpetradores”, resalta.

Ante el informe sobre la visita a México que presentará el CED, ambos especialistas confían en que sus recomendaciones sean aceptadas e implementadas por todos los sectores del Estado implicados.

“Si tuviera una palabra para resumir lo que se avecina, es oportunidad, por un lado para tener una fotografía más reciente de la situación de desaparición forzada en México, una oportunidad de un empuje serio para retomar cosas que han estado ahí durante los últimos 10 años, que ya venía diciendo el Grupo de Trabajo, que represente una hoja de ruta, sin atomizaciones, más bien juntando esfuerzos. Es una tarea titánica, sí, pero no imposible”, concluye Citroni.