A partir del lunes 28 la Suprema Corte de Justicia resolverá los amparos del caso Cuevas-Morán –que involucra al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero– y las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad sobre dos reformas legales medulares para la 4T: la de la industria eléctrica y la de austeridad republicana. La actuación del máximo tribunal del país estará sometida a un severo escrutinio público debido a filtraciones y determinaciones que han sembrado la sospecha de su falta de independencia respecto del Ejecutivo federal.
A partir de esta semana la política energética del actual gobierno y la Ley Federal de Austeridad Republicana, que impone medidas restrictivas al gasto público, serán sometidas al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comenzará la revisión y el debate sobre dos controversias constitucionales y dos acciones de inconstitucionalidad que impugnan dos de las principales reformas legales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la lista de asuntos que el pleno de la Suprema Corte va a discutir y votar a partir del lunes 28 de marzo, los 11 ministros tendrán que resolver primero los amparos presentados por Laura Morán Servín –excuñada del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero–, y de la hija de ésta, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, ambas acusadas de homicidio en grado de omisión en agravio de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la Fiscalía General de la República, que falleció en septiembre de 2015.
El debate sobre los dos amparos en revisión –en los que es inminente la cancelación de los procesos penales iniciados contra ambas mujeres y la liberación inmediata de Alejandra Cuevas–, así como las siguientes sesiones del pleno de la Corte, estarán marcadas por la vigilancia a la independencia del máximo tribunal debido a una cadena de determinaciones y filtraciones que han puesto la lupa a la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial de la Federación.
La renuncia anticipada del ministro Eduardo Medina Mora, por presiones del gobierno federal que incluyeron la apertura de una investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera debido a un presunto enriquecimiento ilícito, dio a la administración de López Obrador la oportunidad de proponer un ministro adicional de los tres que originalmente le correspondían en función de los tiempos previstos para que algunos de los ministros en funciones pasaran a situación de retiro, luego de 15 años de servicio.
De esta forma, la actual formación del pleno de la Corte tiene cuatro ministros que fueron designados por el Senado de la República, a propuesta de López Obrador.
Esos cuatro votos –que corresponden al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos-Farjat y Loretta Ortiz Ahlf– impiden que el pleno de la Suprema Corte logre una mayoría calificada de ocho votos, requisito para declarar la inconstitucionalidad de una ley o reglamento que haya sido aprobada por el Congreso de la Unión.
Los votos de esos ministros estarán en la mira. Bastaría con que estos cuatro ministros se opongan a una declaratoria de inconstitucionalidad sobre una reforma legal, o para que sean desestimadas cualquier controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad que hayan presentado los órganos autónomos o minorías legislativas.
El efecto de desestimar las impugnaciones es que las normas y leyes federales permanezcan vigentes, por lo que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y a la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), en caso de que no se junten ocho votos para ser consideradas inconstitucionales, seguirán aplicando hasta que no sean derogadas o modificadas en sexenios posteriores.
Austeridad topada
A tres años de su aprobación, la primera reforma legal que el pleno de la Corte deberá examinar es la aprobación y expedición de la LFAR, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019, cuyo proyecto de resolución no se había hecho público hasta el pasado viernes 25.
Impugnada por senadores de oposición a través de una acción de inconstitucionalidad, dicha norma establece los criterios de austeridad que se deben aplicar en el ejercicio del gasto público y una prohibición de hasta 10 años para que los servidores públicos que se separan de su cargo puedan incorporarse a una actividad privada relacionada con la materia de su desempeño, con el fin de prevenir posibles conflictos de interés, tráfico de influencias y uso de información privilegiada en favor del sector privado.
La Comisión Federal de Competencia también impugnó dicha norma con el argumento de que se viola la autonomía del organismo y de que no existe certeza jurídica sobre sus ámbitos de aplicación, según lo dispuesto en los artículos 16, 28 y 49 de la Constitución mexicana, así como de los preceptos 5 y 12 del Estatuto Orgánico de la propia Cofece.
El proyecto de resolución de ambos casos está a cargo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien se negó a suspender la entrada en vigor de la citada ley como lo había solicitado la Cofece, por considerar que no impugnó una afectación particular a su ámbito de atribuciones, sino la aplicación en general de la citada reforma, por lo que no resultaba procedente la petición del organismo autónomo.
La sentencia de este caso dará la pauta para resolver cientos de amparos que fueron presentados por servidores públicos en funciones, argumentando una restricción desproporcionada para poder buscar empleo en el sector privado.
Otras impugnaciones a reformas o decretos promovidos por el gobierno de López Obrador que están pendientes de resolución son la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley de la Guardia Nacional, el decreto que reforma diversas leyes sobre extinción de fideicomisos y las reformas a diversas leyes que facultan a la Secretaría de Marina para operar puertos.
Inmediatamente después de que el pleno de la Corte resuelva las impugnaciones a la LFAR, los 11 ministros comenzarán el debate sobre la constitucionalidad de las reformas a la LIE que entró en vigor el 9 de marzo de 2021, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Se trata de una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en su calidad de minoría legislativa y de dos controversias constitucionales presentadas por el entonces gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, y la Cofece, las cuales impugnan las restricciones que se le imponen al sector privado para la generación y turno de despacho de las llamadas energías renovables, así como la entrega de permisos de autoabastecimiento y certificados de energías limpias al sector privado.
En los tres proyectos a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf se propone al pleno de la Suprema Corte declarar infundadas la mayoría de las impugnaciones y reconocer la constitucionalidad de la reforma eléctrica impulsada por el gobierno de López Obrador, incluyendo la posibilidad de que se revisen permisos ya otorgados y de que estos puedan cancelarse en caso de que se consideren fraudulentos.
Así, en lo que se refiere a los supuestos que establece la nueva norma para la revocación de permisos de autoabastecimiento y revisión obligatoria de los contratos suscritos con productores independientes, la ministra Ortiz Ahlf plantea que los cuestionamientos a los artículos transitorios de la LIE sobre este tema “son infundados” derivado de que la revisión de los contratos obedece “a un interés público que no atenta contra la irretroactividad”.
De igual forma, la ministra plantea que la primera reforma eléctrica aprobada por el gobierno de López Obrador no atenta contra un medio ambiente sano ni contra la competencia económica del sector, por lo que propone declarar infundadas al menos 30 impugnaciones que fueron presentadas contra la LIE.
El proyecto de la ministra Loretta Ortiz requiere sólo tres votos más para que las impugnaciones contra la LIE se mantengan vigentes, ya que no se alcanzaría la mayoría constitucional de ocho ministros para declarar que estas reformas son contrarias a la Constitución mexicana.
La discusión y votación de estos proyectos de sentencia se va a dar de manera casi paralela al debate que se avecina en el Congreso de la Unión para una reforma constitucional en la misma materia, ya que actualmente existen decenas de amparos presentados por el sector privado contra esta primera serie de modificaciones a la LIE, por lo que el resultado de lo que suceda en el pleno de la Corte podría ser definitivo para lo que después suceda en las cámaras de Senadores y de Diputados.








