Embarazos tempranos, anticoncepción forzada y violencia obstétrica son algunas de las prácticas “normalizadas” en las familias y en las instituciones de salud mexicanas contra niñas y adolescentes, quienes carecen de educación sexual y de garantías para sus derechos. Datos oficiales y estudios especializados coinciden en que esa vulnerabilidad de las adolescentes es consecuencia del abandono del Estado, especialmente en lo que va de la presente administración.
CUERNAVACA, MOR.– Guadalupe es una de las miles de adolescentes que terminan con sus planes de vida para convertirse en madres, ante el abandono de la familia y del Estado, limitando y violando sus derechos y normalizando prácticas violentas en su vida.
Guadalupe, cuyo nombre verdadero se reserva, tenía 15 años cuando quedó embarazada, a mediados de 2020. Nunca recibió educación sexual, sus padres la abandonaron y su tía, que hacía las veces de tutora, no se comunicaba con ella, aunque vivían juntas. En la décima semana del embarazo comenzó a sentir malestares y sufrió un aborto espontáneo.
Su tía la llevó de inmediato al hospital comunitario de Temixco, a 20 minutos de Cuernavaca. Allí comenzó a padecer la violencia obstétrica. Todas las enfermeras y los doctores la regañaban y pronto llegó la revictimización: “No te quejes, así hubieras hecho cuando le abriste las piernas”, le dijo una enfermera.
“Ustedes, escuinclas, ni siquiera saben lavarse los calzones, pero bien que andan ahí acostándose con el novio”, le dijo una doctora mientras le realizaba un procedimiento que no entendía bien, en la piel del brazo y la espalda. Unas horas después la dieron de alta y se fue a su casa, sin saber siquiera el nombre de la doctora que la maltrató.
Días después comenzó a sentir malestares en todo el cuerpo. Su tía la llevó con un médico, quien escuchó lo que había vivido Guadalupe en el hospital y sobre los “procedimientos” que le hicieron en la piel. El médico sospechó y comenzó a revisarla, encontró que le habían puesto un implante hormonal subdérmico, un método anticonceptivo sobre el que nunca la consultaron, ni a ella ni a su tía. Simplemente lo pusieron ahí. Pero en cuanto se lo retiró, el médico se dio cuenta que había algo más. Le habían colocado dos implantes, algo inusual y peligroso para la salud.
Anticoncepción forzada
Médicos y enfermeras de hospitales públicos mexicanos llevan a cabo, como conducta normalizada, no sólo la contracepción sin consultar, también la violencia obstétrica, práctica racista y violatoria de los derechos humanos, contra mujeres jóvenes, indígenas, pobres y marginadas.
El tema es abordado por Rosario Valdez Santiago y otras investigadoras del Instituto Nacional de Salud Pública en el estudio “Si estamos aquí es sólo porque no tenemos dinero”. Discriminación y violencia obstétrica en México, publicado en 2018.
Debido a las constantes quejas y denuncias, la mayoría de las cuales se focaliza en los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación general para eliminar la violencia obstétrica y las prácticas que vulneren los derechos de las mujeres en instituciones de salud pública.
En 2020, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en México 153 mil 485 mujeres entre 12 y 17 años habían tenido al menos un hijo nacido vivo.
Juan Martín Pérez García, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, dice que México se encuentra entre los países con mayor incidencia en embarazo adolescente en la región y que el retroceso en materia de políticas públicas para atender el problema en este sexenio nos coloca en niveles de 2012.
“Durante los gobiernos panistas el país retrocedió en la atención a esos problemas; con Peña Nieto se creó el Sistema Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pero en el actual gobierno hemos retrocedido a niveles de hace 10 años”, lamenta Pérez García.
Proceso solicitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en mayo pasado, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, una copia de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), dado que la que estaba en internet correspondía al gobierno pasado.
La respuesta del Consejo Nacional de Población (Conapo) fue, para el 31 de mayo de 2021, 30 meses después de iniciado el sexenio: “Aún no se cuenta con un documento aprobado en versión pública”, aunque aclara que “nunca se suspendió” y que durante los primeros tres años de gobierno se aplicó la de la administración de Peña Nieto.
No fue sino hasta septiembre de 2021 cuando el gobierno de la 4T subió la estrategia a su página en internet, aunque el documento está incompleto. Proceso solicitó de nueva cuenta una copia de la estrategia, la cual fue entregada en noviembre de 2021.
El documento se titula “Segunda Fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente 2021-2024”, es decir, se presenta como una continuidad de la estrategia de Peña Nieto.
Los apartados 7.2. Objetivos prioritarios, 7.3. Estrategias prioritarias y acciones puntuales, así como 8. Metas e indicadores (2020-2024), no tienen contenido, sólo tienen la leyenda: “Éstos se desarrollarán en la Matriz elaborada por la Mesa Técnica, para garantizar que el trabajo que emane de los GT (Grupos de Trabajo) sea articulado e intersectorial”. Pero no se establecen plazos. Apenas se construirán, mientras el tiempo avanza y se rebasa la mitad del actual sexenio.
Estrategia de papel
Detrás del fenómeno del embarazo adolescente o temprano, indica Pérez García, está la falta de una educación sexual integral, la cultura machista muy arraigada y la falta de una respuesta del Estado integral y con servicios de salud que acompañe el inicio de la vida sexual de las personas adolescentes.
Datos del Instituto Nacional de las Mujeres muestran que México tiene una de las prevalencias más importantes del fenómeno en América Latina y es el número uno entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eso tiene fuertes repercusiones en la vida de las mujeres adolescentes, pues “trunca proyectos de vida”, señala Pérez García.
Según la información de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, las personas adolescentes inician su vida sexual alrededor de los 16 años, en promedio, y alrededor de 8% quedan embarazadas.
“En muchos casos los embarazos ocurren en una relación entre la adolescente y adultos que les llevan 10 años. Esto somete a las jóvenes a vidas con violencia y truncadas. Y aunque no existen datos de cuántos de estos embarazos son provocados por abuso sexual, las adolescentes terminan atrapadas en una dinámica de desigualdad de poderes.”
Pérez García dice que, si bien se ha prohibido ya oficialmente el matrimonio infantil, esto “es simbólico, porque ya no se casan, pero sí viven en uniones tempranas con otra persona adolescente o con adultos”. Según el Inegi, 237 mil 175 mujeres entre 12 y 17 años se encontraban casadas o unidas en 2020, lo que representa 3.7% de las mujeres en ese rango de edad.
Pérez García enfatiza que en estos tres años el Estado ha ido abandonando a diversos sectores, entre ellos la infancia. Observa que los integrantes de la 4T “son más moralistas que los gobiernos panistas”, además de que hubo recortes “criminales” de hasta 30% en todas las dependencias, lo que ha tenido un efecto demoledor en las políticas públicas del país.
A ello hay que sumarle el confinamiento por la pandemia, durante el cual se incrementó más de 50% el número de casos de abuso sexual contra menores en los hogares –dice el experto–, pero también el hecho de que la mayoría de las instituciones de salud se haya concentrado en el coronavirus produjo “abandono de todos los otros servicios”, incluyendo los de salud sexual y reproductiva.
Además, comenta, el Conapo ha adelantado que se esperan unos 300 mil embarazos no deseados, “muchos de los cuales los vivirán adolescentes”.
Con el actual gobierno, insiste Pérez García, las políticas públicas sufren un proceso de desmantelamiento que ha provocado la “fragilización del Estado”, sin que nadie le haga contrapeso al presidente, “ni sus seguidores ni la inexistente oposición”. Y frente a esa fragilidad del Estado, “en lugar de políticas públicas surgen delitos, y ante la ausencia del Estado otros poderes, otros intereses, se van apropiando de todo, incluidos los cuerpos de niñas y mujeres”.
Respecto a la Enapea, señala que “la estrategia no es tal”, en realidad “es la misma que hizo Peña Nieto”, pero el gran problema es que no se aplica. “Cualquier estrategia de ese tipo, nueva o revolcada, tendría un efecto importante en la vida de miles de adolescentes, reduciría el embarazo temprano significativamente si se aplicara”.
El problema es que “una estrategia sin presupuesto es un pedazo de papel. Se ha profundizado la fragmentación de los actos del Estado, del gobierno federal con los gobiernos de los estados, y no se está trabajando con las poblaciones. Si no despliegas una estrategia con las personas, con las poblaciones, cualquier cosa que hagas será discurso, será papel”.
Concluye que en los primeros tres años del actual gobierno “los retrocesos que se van acumulando nos llevan a indicadores de 2012. En tres años retrocedimos una década en el avance de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto es muy grave porque a este gobierno le faltan dos años y medio, y si no se toman otros caminos, esos indicadores van a ir profundizándose más, además de que recuperar las políticas de Estado va a ser muy complicado”.
Advierte que el gobierno federal se ha caracterizado como “neoliberal-ideológico-moralista”, lo que ha ido permeando en el aparato público debido a la impunidad y va normalizando prácticas violatorias de derechos humanos. Y quienes padecen más esta falta de fortaleza del Estado son las mujeres adolescentes, pobres, indígenas, adictas, con discapacidad, sobre todo porque quienes violan derechos humanos saben que no hay denuncias, que no queda rastro de lo que han hecho.
“Niñas y adolescentes que tienen un embarazo temprano ven roto su proyecto de futuro. Por eso es importante luchar contra la cultura machista, que haya educación sexual integral y un aparato estatal que les brinde herramientas para iniciar y llevar bien su vida sexual”, reitera.
Guadalupe pronto cumplirá 17 años. Se está preparando para emigrar a Estados Unidos, donde su abuela materna se hará cargo de ella. Su familia explicó a Proceso que no quiso denunciar la violencia obstétrica de que fue objeto porque quiere dejar atrás esa experiencia. Quienes violaron sus derechos están impunes y tienen la posibilidad de continuar haciéndolo con otras jóvenes.








