El uso de los hijos para dañar a sus madres por distintos métodos, incluidos los juicios amañados y la corrupción de autoridades, es una práctica que atenta contra los derechos de las mujeres, pero no se ha legislado en el nivel federal. Al respecto, las activistas del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria describen ese tipo de agresiones, que con frecuencia aplican exparejas contra mujeres para separarlas de sus vástagos y devastarlas emocionalmente.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.– A las violencias física, psicológica, patrimonial y digital que viven las mujeres, se suma otra también ejercida contra ellas desde años atrás: la violencia vicaria, cuya definición y sanción buscan definir y sancionar desde las políticas públicas y los marcos legislativos en los estados y el Congreso federal.
Se trata de “aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento utilizando como objetos a las hijas o hijos para dañarla”, según la definió en 2012 la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro.
El jueves 10, un incidente ocurrido en el Juzgado Tercero de Morelos por un proceso de restitución internacional reveló en toda su dimensión el tema, cuando la jueza Laura Galván Salgado determinó autorizar la salida del país de dos menores de edad que se encontraban viviendo con su madre, la mexicana Carolina Medina López, para viajar a Israel con su padre, pese a que Carolina tiene la guardia y custodia de ellas en ambos países.
En el video que circuló de ese momento, la jueza anuncia su decisión e ignora el rechazo expreso de una de las menores, quien llorando y a gritos se niega a dejar a su mamá.
Lo sucedido se difundió profusamente con ayuda del cineasta Guillermo del Toro, quien públicamente respaldó a la hermana del productor Nicolás Celis cuando éste denunció a la titular del Juzgado Tercero de Morelos por autorizar la salida de sus hijas a Israel con su padre.
Carolina contó cómo su expareja ha pagado a jueces y otras autoridades mexicanas; incluso dijo que en una audiencia anterior de un proceso que ha durado dos años, se destituyó a un juez porque se demostró que aceptó un soborno para favorecer al padre de las niñas. “Ha sido una pesadilla”, narró en otros videos.
Ambas menores fueron separadas de su madre minutos después de la audiencia. El gobierno federal reaccionó al llamado de Guillermo del Toro y emitió una alerta para que no pudieran salir en el vuelo hacia Israel, mientras que un juez de distrito dejó sin efecto la sentencia de la jueza Galván Salgado. Pero al cierre de esta edición las menores no habían sido recuperadas por su madre.
Mujeres mexicanas que han vivido ese tipo de agresión se han agrupado en los últimos años y constituyeron el Frente Nacional Contra Violencia Vicaria, que actualmente tiene unas 600 integrantes de todo el país.
“La justicia es machista y es patriarcal”, dicen desde Chiapas Micaela Giacobone y Mayté López, dos de las mujeres que encabezan el frente.
“Empezamos a vernos, a coincidir, que el mismo patrón legal se impone contra nosotras, nos despojan de nuestros hijos”, dice Micaela Giacobone, quien explica que para eso se recurre al abuso del poder, tráfico de influencias, abogados especialistas para apoyar en toda su estrategia legal a las exparejas, con jueces y actuarios que se especializan en actuar contra las mujeres y carecen de la mínima perspectiva de género para administrar e impartir justicia.
Fue así como se definió ampliamente el término “violencia vicaria”, sus alcances e impactos. La página del frente (https://www.fncvv.com) precisa que se trata de “aquella violencia contra mujer que ejerce el hombre por sí o por interpósita persona, utilizando como medio a las hijas o hijos producto de la relación, de pareja, expareja, concubino, exconcubino, cónyuge, excónyuge para herir, manipular y controlar a la madre generando un daño psicoemocional a ella y a sus hijas e hijos.
“Antes, durante y después de la sustracción existe una manipulación psicológica constante de parte del agresor hacia sus hijas e hijos, en contra de su madre. Estos sustraen a sus hijos e hijas de sus madres, amenazándolas con nunca volver a verlos, promoviendo procesos con base en simulaciones jurídicas, dilatando procesos existentes con la intención de romper el vínculo materno filial, lo cual provoca daños irreversibles y es la acumulación de varios tipos y modalidades de violencia, las cuales en su máxima expresión puede ocasionar la muerte y/o suicidio de la madre y/o de sus propios hijos e hijas.”
Tras ser escuchadas por la diputada federal de Morena Claudia Hernández Sáenz, las integrantes del frente lograron que ésta ingresara una iniciativa de ley para adicionar la figura en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como medidas para prevenirla y sancionarla. La iniciativa acaba de ser ingresada a la Cámara y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 3 de marzo.
Algunas propuestas son: la revisión de los casos judiciales por guardia y custodia, así como por sustracción de menores, priorizando el interés superior de éstos, o incluso creando alertas especiales en casos de sustracción, así como exámenes periciales profundos a los padres antes de otorgar la guardia y custodia de los hijos para saber si son psicológicamente aptos.
En entrevista con Proceso, Hernández Sáenz dijo que presentará la iniciativa en el pleno en una próxima sesión para que pueda ser turnada a dictamen, discutida y analizada.
La legisladora morenista expresó que con esta reforma se pretende visibilizar y establecer sanciones a este tipo de violencia. “Lo primero es definir lo que es la violencia vicaria, pues es un tema que no tiene antecedente en nuestra legislación nacional en México”. Hernández Sáenz pugnará por un parlamento abierto para la consulta de esta iniciativa.
Tráfico de influencias
Micaela Giacobone y Mayté López, agraviadas por empresarios y políticos, personajes influyentes chiapanecos, cerraron filas con otras mujeres para contar sus historias, primero entre ellas y luego públicamente para visibilizar esta práctica hasta hace poco innombrable en México, a fin de que se legisle al respecto y que se sancione.
En entrevista, refieren que el problema es más grave de lo que hasta ahora se creía, pues además de que a las madres se les despoja de sus hijos, ante la sociedad y el sistema o aparato judicial ellas pasan de víctimas a ser estigmatizadas como
victimarias.
Mayté López se casó en 2004 con el senador del PRI Noé Fernando Castañón Ramírez. Tras varios años de sufrir violencia se separó, pero empezó el litigio por la custodia de los tres hijos.
López, psicóloga, señala que su expareja “recurrió al tráfico de influencias en el aparato judicial al ser hijo de un influyente político mexicano”, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Noé Castañón León, amigo del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
El 22 de septiembre de 2016 le fueron arrebatados sus hijos de 13, 11 y ocho años, “con actuarios y policías al servicio de mi expareja”.
Desde hace poco más de cinco años ella ha perdido lentamente a sus vástagos. “Es como si te mataran en vida, es sufrir el secuestro de tus hijos; esto provoca una situación psicoemocional grave en las mujeres víctimas de esta violencia”, describe.
Este tipo extremo de “desquite”, dice Micaela Giacobone, es uno de los últimos eslabones de violencia que viven las mujeres antes de ser víctimas del feminicidio, pues en muchos de estos casos estas muertes se dan no sólo de manera directa, sino indirecta, cuando toda la presión social, amenazas, ataques, despojo de los hijos y un sistema legal y judicial en contra las empuja a quitarse la vida.
Las entrevistadas refirieron el caso de Luceli N., de 26 años, quien el 30 de enero se quitó la vida en la colonia Dr. Belisario Domínguez de Comitán, después de que una resolución judicial la despojó de la custodia de sus tres hijos y se la otorgó a su expareja.
La propia Mayté López dice haber caído en una profunda depresión en la que tuvo pensamientos suicidas. Su convicción por recuperar a sus hijos la levantó; y aún no lo consigue, pero pudo salvar su vida con la ayuda de otras mujeres en la misma situación.
La abogada Micaela Giacobone estuvo casada con el empresario chiapaneco Elmar Setzer Pedrero, hijo del exgobernador chiapaneco Elmar Harald Setzer Marseille, de origen alemán y quien sustituyó al gobernador José Patrocinio González Garrido de enero de 1993 a enero de 1994, cuando éste fungió como secretario de Gobernación del entonces presidente Salinas de Gortari.
Cuando ya vivían divorciados y en el contexto de la pandemia, dejó a sus hijos de 18, 12 y nueve años en México para visitar a su madre y sus abuelos en Estados Unidos. Cuando regresó al país ya no pudo tener contacto con ellos.
Su expareja los escondió, le quitó la custodia “con el tráfico de influencias en el aparato de los juzgados civiles de Chiapas”, y aún más: “Me demandó para exigir pensión alimenticia”, pese a que el empresario y su familia son dueños de toda una red de negocios y bienes raíces en San Cristóbal de Las Casas.
Más que para exigirle el dinero de la pensión (“sabía que no tenía”), cuenta Micaela, su expareja la metió “en una dinámica o laberinto judicial para evitar que siguiera buscando a mis hijos”.
Pandemia contra mujeres
En el contexto de la pandemia, la violencia vicaria se agudizó en todo el país y el Frente Nacional creció porque cientos de mujeres se vieron afectadas.
En la encuesta “Reconocimiento de la violencia vicaria en México” aplicada a 200 mujeres víctimas de esta violencia –y que se dio a conocer en febrero pasado– se encontró que la víctima teme revelar situaciones personales o salir del anonimato.
Asimismo se detectó que esta violencia comienza previamente a la separación de la pareja, en un contexto de agresiones psicológicas y patrimoniales. A pesar de que casi 80% de las víctimas entrevistadas generan ingresos por sí mismas, no bastan para solventar sus gastos familiares y los procesos legales contra el agresor.
En la misma proporción, las mujeres fueron separadas de sus hijos con previas amenazas. Durante los procesos, que en promedio duran entre 12 y 18 meses, las mujeres deben ocupar la tercera parte de una jornada laboral a la semana en atender temas legales, juicios y demás procedimientos para recuperar a los menores, lo que les provoca fuerte desgaste emocional y físico.
En la encuesta mencionada, las mujeres dijeron no sentirse protegidas por las autoridades e instancias ante las que denunciaron la sustracción de los hijos y la violencia; por el contrario, son esas mismas autoridades las que demoran los procesos y bloquean el seguimiento de los juicios penales y civiles.
Por eso López y Giacobone consideran urgente que, además de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los congresos estatales armonicen sus leyes contra la violencia de género, así como sus códigos civiles, procesales o penales.
Los estados donde ya hay avances para sancionar esta conducta son Yucatán, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Baja California, que se adelantaron a la iniciativa federal.








