lunes 16 de noviembre de 2026

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La FGR ha disminuido de manera constante la investigación de casos relacionados con el crimen organizado, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción, lo que ha provocado que en ellos exista 95% de impunidad, afirma un reporte realizado por organizaciones de la sociedad civil. Más aún, señala que su titular, Alejandro Gertz Manero, se ha escudado en la autonomía de la Fiscalía para evitar la rendición de cuentas y –como lo muestran los audios filtrados el viernes 4– ha utilizado los recursos de la institución para litigar sus asuntos personales.

La actuación de Gertz Manero desde la Fiscalía General de la República (FGR) en sus asuntos personales, incluido su litigio para convertirse en investigador del Conacyt –institución que la semana pasada lo exoneró de plagio–, ha llevado a organizaciones sociales a poner la mirada en su desempeño como el primer fiscal general, cargo para el que fue nombrado por el Senado en enero de 2019 para un periodo de nueve años, y en condición de autonomía de la institución.

En los audios filtrados a la plataforma de YouTube, Gertz Manero exhibe su intromisión en el proceso contra su excuñada, Laura Morán, y la hija de ésta, Alejandra Cuevas, de 69 años, presa desde octubre de 2020, a quienes acusa de la muerte de su hermano Federico por “negligencia”.

De acuerdo con los audios, Gertz tiene en su poder el proyecto que el ministro Alberto Pérez Dayán presentaría al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y revela que se había coordinado con el ministro presidente Arturo Zaldívar para maniobrar a su favor.

“La independencia judicial está en entredicho. Está generando una falta de certeza jurídica de cualquier proceso judicial, tanto en procuración de justicia como de impartición de justicia. La actuación de los dos (Gertz y Zaldívar) sugiere que éste no es el único caso en que las dos instituciones se han compartido información que vulnera los derechos de las personas, generando una ventaja, en este caso para Gertz Manero.

“De hecho, gran parte de las condiciones que permiten que la criminalidad aumente (ejecuciones, desaparición, feminicidio, crimen organizado, narcotráfico y corrupción) tienen que ver con la falta de actuación de la Fiscalía. Y esto lleva a una impunidad.”

El análisis lo hacen 32 organizaciones de la sociedad civil, siete colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y 14 personas a título individual, y lo plasmaron en un documento titulado Tres años de retrocesos y falta de rendición de cuentas en la gestión de Gertz Manero al frente de la FGR.

Exponen: la FGR continúa procesando judicialmente, mayormente, casos de criminalidad común y no de criminalidad compleja: en 2020, 58.37% son delitos relacionados con portación de armas de fuego; 2.25% corresponden a delitos fiscales; 1.97% a delitos contra el patrimonio y 1.25% a los relacionados con robo de hidrocarburos; el 24.6% restante son delitos no determinados.

Durante el paso de Gertz por la FGR sus propias cifras hablan de una ausencia constante de investigación criminal que en 2020 colocó el nivel de impunidad en 95.6%; o sea que sólo tiene éxito en 4.4% de los casos.

Los números muestran que la Fiscalía no enfrenta la criminalidad, afirman.

Bajo su mando, la FGR ha aplicado una justicia penal de manera selectiva, lo que es evidente en casos como el del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, quien en una investigación de sólo tres días fue exonerado; o el caso de Emilio Lozoya Austín, a quien le otorgó un criterio de oportunidad a cambio de información que no condujo a nada. En su caso, la Fiscalía no ha logrado integrar elementos de prueba y no ha dejado en claro cuál es su estrategia de litigio. No se ve que avance la investigación.

Afirman que la autonomía ha sido empleada por Gertz Manero como excusa para blindar a la Fiscalía contra la rendición de cuentas, la participación ciudadana y para negarse a colaborar con otras autoridades, como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fiscalías locales, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Alianza para el Gobierno Abierto.

Déficits

En entrevista, Christel Rosales, investigadora senior de México Evalúa, quien forma parte del grupo de organismos no gubernamentales y colectivos, enumera los “déficits” del fiscal:

No existe una definición clara de objetivos prioritarios, lo que ha llevado a que la mayoría de las acciones se haya centrado en delitos de bagatela (de bajo impacto), mientras que otros delitos vinculados con graves violaciones de derechos humanos y corrupción permanecen en la impunidad, la cual se ubica en 95.1% en casos de tortura y en desaparición roza el 100%.

No existe evidencia de que el Plan de Persecución Penal esté siendo implementado por la FGR, toda vez que sus resoluciones muestran un comportamiento inercial al de años previos.

La FGR no cuenta con un plan público que defina sus prioridades. Esto le deja un margen de discrecionalidad y le permite un uso faccioso y político de esa institución. Por ejemplo, en el caso de la matanza de Camargo, Tamaulipas, ocurrida en enero 2021, la FGR se rehusaba a intervenir en el asunto, a pesar de que 19 personas perdieron la vida (16 guatemaltecas y tres mexicanas).

Del cierre de 2018 al cierre de 2020, el personal de la institución disminuyó 10%, al pasar de 22 mil 825 a 20 mil 720, sin que estos cambios estén relacionados con alguna reestructuración que se haya dado a conocer públicamente. Estos ajustes incluyen una reducción de 37% del personal destinado al desarrollo de mecanismos alternativos para la solución de conflictos. A lo anterior se suman unos mil 500 despidos dados a conocer al final de 2021.

Explica que el fiscal general ha trabajado a puerta cerrada con dos documentos: a uno lo llamó Plan Provisional de Persecución Penal, y al otro, Plan de Persecución Penal; en ambos sugirió que el foco de la institución sería el fortalecimiento de la justicia alternativa; o sea, desahogar gran parte de los casos que le llegan por delitos menores y por montos menores, a través de un acuerdo reparatorio. Sin embargo, el personal que está dispuesto para esa justicia alternativa es el que sufrió una reducción de 37%.

Para Rosales este dato permite entender que la prioridad del fiscal no estaba, como lo sugerían sus documentos, en una justicia alternativa. Esto, asegura, despierta más inquietudes: ¿a qué corresponden esos recortes de personal y cómo está redistribuyendo el que queda en la Fiscalía?

A ello se suma que se inició un menor número de investigaciones, al pasar de 112 mil 635 en 2018 a 78 mil 463 en 2020, lo que representa una reducción de 30%. El rezago institucional se ubicó en 52% en ese último año.

Considera que las cifras muestran que es una Fiscalía que se está viendo sumamente disminuida, aun cuando fenómenos criminales como narcotráfico, delincuencia organizada, corrupción no sólo se están haciendo más complejos, sino que se están multiplicando.

A ello se suma que incrementó el uso de la prisión preventiva como medida cautelar en el ámbito federal, al pasar de 71.1% en 2018 a 83.8% en 2019.

La investigadora señala que la FGR continúa procesando judicialmente, en su mayoría, casos de criminalidad común y no de criminalidad compleja. En 2020, 58.37% fueron delitos relacionados con portación de armas de fuego, 2.25% delitos fiscales, 1.97% delitos contra el patrimonio y 1.25% delitos relacionados con robo de hidrocarburos; el 24.6% restante fue reportado como delitos no determinados.

“¿Qué estamos viendo? Que los delitos que más se judicializan son aquellos que suceden en flagrancia, que no requieren una investigación exhaustiva. Por el contrario, los delitos que tienen que ver con crimen organizado, con hidrocarburos, con medio ambiente o con corrupción, sí requieren investigaciones más complejas y exhaustivas; pero esos pocas veces llegan al terreno judicial, y si llegan, la FGR no sostiene las acusaciones porque los fiscales no están logrando tener solidez en sus elementos de prueba”, indica la investigadora.

En el caso de la tortura, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la FGR consignó en 2020 cinco averiguaciones previas y judicializó sólo una carpeta de un universo de más de 5 mil investigaciones en trámite.

En cuanto a la conclusión de expedientes vinculados con la posible comisión de actos de desaparición, la ASF señala que 868 carpetas de investigación estuvieron en trámite, pero en ningún caso se acreditó la comisión de los delitos investigados ni se buscó el ejercicio de la acción penal mediante su persecución ante los tribunales.

“Asuntos personales”

En el documento realizado por las organizaciones, éstas solicitan, entre otras cosas, que el fiscal rinda un informe público de los resultados de su gestión en estos tres años; que el Senado solicite la comparecencia pública del fiscal general y que agote el procedimiento para la selección y nombramiento del Consejo Ciudadano de la FGR; que el Senado vele por una Fiscalía autónoma que garantice el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.

Rosales habla sobre el retroceso y falta de rendición de cuentas del fiscal Gertz Manero, quien, dice, ha dejado de lado las tareas propias de la FGR por concentrarse en atender, desde dentro, sus asuntos personales, como litigar el caso de la muerte de su hermano Federico o para convertirse en investigador del Conacyt.

Refiere que “el fiscal Gertz Manero llegó a la FGR a asumir un proceso de conducción que implicaba una transformación de gran envergadura. Lograr gestionar el cambio en la institución, a la par de no detener su operación, de ir construyendo áreas nuevas, cambio de mentalidad y de prácticas en los operadores, era un reto grande pero era algo que él sabía que llegaba a asumir”.

Lamenta que hoy se vea a un titular que no se ha comprometido ni con el proceso de transformación que todo México esperaba ni con lograr que esa institución dé resultados a la altura de las demandas nacionales. Expone que las condiciones que permiten fenómenos criminales de gran impacto (ejecuciones, desapariciones, feminicidios, crimen organizado, narcotráfico y corrupción) tienen que ver con la falta de actuación de la FGR, lo que, afirma, lleva a la impunidad.

Por lo que deja ver, dice la investigadora, Gertz es un fiscal que emplea la justicia y desvía los recursos a su disposición –de empleados y tiempo–, más para atender fines personales, en lugar de atender la responsabilidad que le fue conferida.

Señala que el derecho de Gertz para acercarse a los ministros, como parte ofendida en el juicio que lleva en contra de la familia política de su hermano, es algo que no se rebate. “Es sólo que al no poder desvincular a Gertz de su investidura como fiscal general, el proceso de acercamiento al Poder Judicial obligaría a una parte de los ministros a ofrecer garantías para evitar alguna presión y que se incurra en un abuso de funciones o tráfico de influencias”.

Pero advierte que, por los dichos del fiscal general en los audios, no se infiere que así haya sido; por el contrario, se habla de compromisos y del sentido del voto que espera de los ministros.

Otro tema distinto, explica, es el que tiene que ver con el potencial uso de recursos públicos en un asunto personal, ya que habla con un funcionario público (Juan Ramos López, fiscal de Control Competencial de la FGR) que lo está asesorando en el “asunto personal” de Gertz y se habla de una tercera persona que también es funcionario de la Fiscalía y que está “litigando” su caso.

Expone que en los audios se aprecia de manera evidente que Gertz tenía en su poder el proyecto que el ministro Alberto Pérez Dayán presentaría al pleno de la SCJN y que se había coordinado con el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para maniobrar a su favor.

Acerca de los delitos en que el fiscal incurre, Christel Rosales señala: “Son distintos. Hay faltas administrativas que tendría que investigar el Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR. El OIC es un organismo autónomo y, por tanto, escapa de la competencia de la Secretaría de la Función Pública, pero sabemos muy bien que los recursos no están dados para que esta área haga su trabajo”.

Recuerda que en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece que incurre en abuso de funciones el funcionario público que se vale de sus atribuciones para generar un beneficio o un perjuicio; o bien para inducir actos.

“Tenemos a un fiscal que está valiéndose de su posición para acceder a información privilegiada –como tener el proyecto del ministro Pérez Dayán antes de ser presentado en el pleno de la Corte–, evitando la igualdad entre las partes. Así, tiene ventajas en un caso que le interesa personalmente. A todas luces esto podría ser una causa grave que justifique su remoción”, afirma.

Por el abuso en sus funciones, indica, en el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía se establece cómo podría darse lugar a un proceso de remoción.

“La verdad es que también deja muy mal parada a la SCJN, en la que tanto hemos depositado nuestras esperanzas de construir una institución judicial que sea independiente, y lo que dejan ver veladamente estos audios es precisamente que la independencia judicial está en entredicho. La injerencia del presidente Arturo Zaldívar está afectando la imagen de su propia institución, porque en realidad está generando una falta de certeza jurídica de cualquier proceso judicial, tanto en procesos de procuración de justicia como de impartición de justicia”.

Más aún, “la actuación del fiscal y la del ministro presidente sugieren que éste no es el único caso en que las dos instituciones se han compartido información que vulnera los derechos de las personas, generando una ventaja, en este caso para Gertz Manero”.

–El presidente López Obrador dijo que no va a remover al fiscal. ¿Cómo puede proceder el Senado?

–El Senado podría iniciar un juicio político y, como lo ha hecho, llamar a comparecer al fiscal. Todas las sociedades esperan un Senado que esté a la altura y que realmente haga un ejercicio de rendición de cuentas, donde le exijan transparentar su gestión. Y demostrar que se resguarda la autonomía e independencia de los poderes. Y, en caso de que esto no suceda, seguir otros procesos para llevar este caso hasta las últimas consecuencias, como en un sistema democrático y de equilibrio de poderes.

“En este caso, integrar un equipo, una comisión específica abocada a analizar la gestión del fiscal general y a identificar si hay supuestos que puedan sugerir que se tenga que remover o bien solicitarle la renuncia.”

–¿Qué opina de la defensa que hizo López Obrador de Gertz Manero?.

–Es grave que el Ejecutivo federal tome una posición de defender ciegamente a un órgano autónomo como la FGR, cuando, por el contenido de los audios, tendría que pedir que se investigue el caso. Pero tomar una postura de defensa y justificar la actuación del fiscal aludiendo a sus intereses personales, nos genera una señal de desesperanza, de impunidad.