A fin de cumplir los plazos ordenados por el presidente para concluir el Tren Maya, Fonatur deja de lado la planeación. La Academia de Ingeniería de México entregó a la SFP un informe donde enumera las graves irregularidades de un contrato adjudicado al consorcio que encabeza la empresa Mota-Engil por 4 mil 667 millones de pesos para construir un libramiento en Campeche, lo que pone en riesgo el proyecto, igual que los retrasos y la elevación de sus costos acumulados en sus primeras etapas.
Las prisas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por terminar el Tren Maya a finales de 2023, como ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, llevaron a la dependencia a adjudicar directamente un contrato de 4 mil 667 millones de pesos a un consorcio encabezado por la empresa Mota-Engil –una de las constructoras consentidas del gobierno federal–, para construir un libramiento ferroviario de 18 kilómetros en Campeche, no contemplado en el trazo inicial.
Ese contrato multimillonario tiene “serias deficiencias desde el punto de vista de la adecuada gestión de proyectos”, las cuales ponen en riesgo los plazos, la calidad e incluso la viabilidad de la obra, advirtió la Academia de Ingeniería de México, que fungió como testigo social en el proceso de contratación, el cual se extendió entre los pasados meses de noviembre y febrero.
Un ejemplo: con tal de ganar tiempo en el papel, Mota-Engil aseguró que terminaría el proyecto ejecutivo –es decir, los estudios previos al arranque de las obras– en apenas seis meses, y que durante los primeros cuatro meses realizaría los estudios geofísicos y geohidrológicos. Los plazos no cuajan, según la Academia de Ingeniería, pues estos estudios son la base del proyecto ejecutivo.
“¿Con qué información trabajarán los ingenieros que están elaborando dicho proyecto ejecutivo, particularmente los trabajos iniciales de movimientos de tierra, cimentaciones o alcantarillas, cuyos trabajos de construcción están programados para los meses tres y cuatro? ¿Con qué información de ingeniería iniciarán dichas obras?”, preguntaron los ingenieros José Francisco Albarrán Núñez y Alfonso Chávez Vasabilbaso, en un informe que entregaron el pasado 8 de febrero al Fonatur y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Esos problemas no son nuevos en el Tren Maya: para cumplir los tiempos políticos de López Obrador, los ingenieros pusieron a funcionar la maquinaria mientras seguían armando los planes y estudios. La mala planeación ya provocó un disparo de 27% en el costo del megaproyecto tan sólo para 2020 y varios cambios en las rutas y retrasos importantes que le costaron a Rogelio Jiménez Pons la dirección del Fonatur.
En su informe de 15 cuartillas sobre el libramiento de Campeche, los ingenieros de la Academia de Ingeniería resaltaron que, por la “necesidad de Fonatur de llevar el proceso de contratación en comento con la mayor celeridad”, sólo pudieron revisar “de forma selectiva la documentación recibida” y elaboraron “el primer testimonio parcial en muy corto tiempo”.
A pesar de las prisas, observaron irregularidades en la forma y en el fondo de la contratación, y advirtieron que el Fonatur está asumiendo “el riesgo de aprobar un proyecto ejecutivo incompleto o bien de retrasar el proyecto”, entre otros. En el contrato, no disponible en plataformas públicas, Mota-Engil se comprometió a entregar el libramiento en 455 días naturales: un año y dos meses.
De acuerdo con los expertos, Mota-Engil dedicó apenas “tres renglones a las descripciones de los trabajos del proyecto ejecutivo” en un plan de trabajo de 211 cuartillas. Según sus cálculos, la empresa sólo contemplaría 111 ingenieros para elaborarlo y le destinaría apenas 2% del presupuesto, ni la mitad del 5% que se recomienda para obras de esta magnitud. “Estas carencias son preocupantes por la evidente falta de importancia que se da al diseño por parte del contratista”, señalaron.
También expresaron dudas sobre la propuesta económica de Mota-Engil, que presentó la misma cotización en dos ocasiones, a pesar de reducir de manera significativa sus “costos indirectos” y cuya oferta es 15.5% inferior a la investigación de mercado, “lo que debería ser materia de preocupación en cuanto a la factibilidad de ejecución conforme a dicho presupuesto y el programa propuesto”.
Por si fuera poco, el Fonatur no invitó a los ingenieros a la celebración del contrato y posfechó ese instrumento al 23 de diciembre de 2021, cuando en realidad el empresario portugués Joao Paulo Vieira Da Silva, presidente de Mota-Engil, vino a México para firmarlo a principios 2022. Estos elementos “son contrarios a los criterios de eficacia y transparencia que rigen el servicio público”, denunciaron.
A pesar de que el libramiento de Campeche se encuentra en el Tramo 2, a cargo de la constructora Cicsa –de Carlos Slim Helú–, el Fonatur adjudicó la obra a la portuguesa Mota-Engil, que ha recibido contratos y proyectos de inversión por al menos 30 mil 349 millones de pesos durante la administración de López Obrador, entre ellos el contrato del Tramo 1 del Tren Maya y otro para construir la autopista al aeropuerto de Santa Lucía.
En México, la filial de Mota-Engil opera de la mano con el grupo Prodi y es presidida por José Miguel Bejos, un amigo y contratista del expresidente Enrique Peña Nieto que hizo negocios con la llamada Cuarta Transformación: sus empresas recién creadas Opex Perforadora y Perforadora Profesional Akal-I recibieron contratos por 17 mil 114 millones de pesos de Pemex.
Deficiencias en serie
El contrato a Mota-Engil es un ejemplo más de mala planeación en el Tren Maya, proyecto que absorbe 95.5% del presupuesto federal destinado al sector Turismo desde el arranque del sexenio y tiene 62 mil 942 millones de pesos etiquetados para este año.
El Tren Maya iba a ser financiado por el sector privado, y finalmente 100% de los recursos proviene del gobierno federal; iba a ser eléctrico, pero se moverá con diésel en 60% de su recorrido de mil 500 kilómetros; iba a ser operado por una concesión y en realidad lo administrará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que cobrará los ingresos sin pasar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En los planes iniciales, el Tramo 2 del Tren Maya debía conectar Escárcega y Calkiní, en Campeche, con dos estaciones de por medio: una en el sitio arqueológico de Edzná y otra en el centro de la capital de Campeche. Fonatur entregó el contrato a empresas de Carlos Slim sin tener el derecho de vía de toda la ruta, particularmente en el centro de ese estado.
Un movimiento de resistencia nació en la ciudad de Campeche, donde 300 familias se opusieron a ceder sus casas y reubicarse para dejar el paso al tren. En agosto pasado Jiménez Pons, entonces director del Fonatur, anunció que el Tren Maya ya no entraría a esa capital sino que la rodearía por el suroriente. “Nos sale más barato”, dijo.
Asimismo Fonatur abandonó la idea de construir estaciones en los centros de Mérida y Playa del Carmen para tener un “uso eficiente de tiempo y recursos”, dijo Jiménez Pons. Y el tren ya no pasará en el municipio de Cobá después que los geólogos encontraran una caverna subterránea de 90 metros de diámetro bajo el trazo.
El Tramo 5, de Cancún a Tulum, ha sido el más atropellado: al principio se pensó como un solo tramo que pasaría por el medio de la carretera federal 307, pero Fonatur declaró desierta la licitación y dividió el tramo en dos; otorgó uno, el tramo 5 Sur, a un consorcio encabezado por Grupo México –del magnate Germán Larrea Mota Velasco–, y después de posponer dos veces el fallo del tramo 5 Norte, decidió entregarlo a la Sedena.
Un día después de darse a conocer que los ingenieros militares se harían cargo de esa parte, López Obrador anunció que los 50 kilómetros del tramo se recorrerían en un viaducto elevado, “como un segundo piso”. Una vez más, la idea no estaba basada en estudios y, meses después de arrancar la construcción, los militares se enfrentaron a la dificultad y al costo de erigir mil 200 columnas en un suelo inestable lleno de cavernas, según declaró Raúl Manzano Vélez, ingeniero militar a cargo del Tren Maya, a La Jornada.
En un enésimo cambio anunciado el pasado 19 de enero, se informó que el Tramo 5 Norte pasaría a ras de tierra, en una ruta paralela a la carretera 307 y sobre terrenos expropiados, lo que implicaría un costo adicional. La tala de 20 mil árboles en Playa del Carmen para colocar las columnas fue en vano.
Además de los cambios de ruta, la mala planeación tuvo consecuencias financieras. Tan sólo entre 2019 y 2020, año de arranque de las obras en los primeros tramos, el costo del megaproyecto se disparó 26.9% –de 141 mil millones de pesos a 178 mil 984 millones– y el valor neto estimado del proyecto cayó 8%: de 206 mil 558 millones de pesos a 189 mil 956 millones, según reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el pasado 20 de febrero.
En el mismo lapso la construcción sufrió retrasos importantes: el Tren Maya en su conjunto reportó un avance de 20.9% respecto a lo planeado para 2019 y 2020: el Tramo 1 tuvo un avance de 38.4%; el 2 reportó un avance de apenas 3.2% y el 3 tuvo un avance de 10.8%, retrasos que el Fonatur justificó por “la contingencia sanitaria por la pandemia del SARS-CoV2”.
La ASF ya ha señalado en varias ocasiones que Fonatur inició el Tren Maya sin contar con los estudios técnicos, financieros y ambientales necesarios, lo que pone en vilo la viabilidad social del proyecto. El Fonatur reconoció que no cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el megaproyecto y ha continuado con las obras de los primeros tres tramos a pesar de una suspensión que le ordenó la justicia en abril de 2021.
De los ocho estudios planeados para 2019 y 2020, Fonatur sólo finalizó cinco, observó la ASF, que en un informe publicado el año pasado puso en dudas las cifras y estimaciones usadas en los documentos que la dependencia le entregó. En mayo de 2020 Proceso reveló que la dependencia había reservado por cinco años los estudios básicos del Tren Maya con el pretexto de que su divulgación generaría especulaciones respecto a “la viabilidad del proyecto”.
El gobierno también ha ignorado estudios que pagó a la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS): el pasado lunes 7, el periodista Carlos Carabaña reveló en El Universal que el Fonatur no hizo caso a las reiteradas advertencias de la agencia internacional y arrancó las obras de los tramos 4 y 5 sin tener los estudios ambientales.
En mayo de 2021 Reforma reveló que el Fonatur otorgó el megacontrato de 36 mil 563 millones de pesos por los 42 trenes que operarán en la ruta del Tren Maya a un consorcio integrado por la francesa Alstom, la canadiense Bombardier, la española Construcciones Urales y la mexicana Gami Ingeniería, a pesar de que, según la UNOPS, su propuesta debía ser desechada.
El Grupo Tabasco
Con el avance del tiempo y la acumulación de retrasos, López Obrador acentuó su presión para terminar las obras del Tren Maya a tiempo, como lo exigió a las constructoras en el banderazo de las obras, en junio de 2020.
Todavía el pasado 5 de enero el presidente señaló que el megaproyecto tiene “el tiempo encima”, y una semana después refrendó que “llueve, truene o relampaguee” lo inauguraría a finales de 2023. La sanción para Jiménez Pons llegó poco después: el pasado 25 de enero López Obrador lo sustituyó por el político tabasqueño Javier May Rodríguez, hasta entonces secretario de Bienestar.
“Para poder llevar a cabo una obra se requiere un mando y se requiere una supervisión permanente”, declaró el presidente en su conferencia matutina, en una crítica apenas velada a Jiménez Pons. Agregó que los militares a cargo del aeropuerto de Santa Lucía están ahí “día y noche”, y agregó: “Nada de que llovió o no quieren los transportistas trasladar el material, o se nos fue la luz o no tenemos trabajadores suficientes. Nada, nada”.
La llegada de May al Fonatur no necesariamente augura una conducción más eficiente en las obras: sin experiencia en obras públicas, el funcionario entregó cuatro de las seis direcciones de la dependencia a integrantes del grupo político de Tabasco, que ocupa cargos clave en el gobierno de López Obrador.
Uno de los integrantes de ese grupo es Octavio Romero Oropeza, el director general de Pemex, quien es además socio de May y de otros altos funcionarios federales en la empresa ganadera La Mercocha.
En la dirección de Gestión Estratégica y Enlace Institucional, May colocó a Violeta Georgina Abreu González, quien es su socia en La Mercocha y está casada con Marcos Herrería Alamina, director corporativo de Administración y Servicios en Pemex y también socio de la empresa ganadera junto con su jefe y director, Romero.
Como director jurídico May nombró a Rosendo Gómez Piedra, quien fungió como secretario de gobierno en la administración estatal de Arturo Núñez Jiménez en Tabasco y fue nombrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje estatal por el entonces gobernador Adán Augusto López, ahora secretario de Gobernación de López Obrador.
Por cierto, Augusto defendió el nombramiento de May al frente del Tren Maya, al afirmar que “no se necesita que uno sea ingeniero en vías férreas para coordinar los trabajos de construcción y de diseño; lo que se necesita es que haya la capacidad y que se trabaje de manera honesta”.
En la dirección de administración y finanzas, May designó a Reyna María Basilio Ortiz, otrora titular de Administración de Contratos de Proyecto Metro durante el sexenio de Marcelo Ebrard Casaubón y quien fue inhabilitada 15 años en 2014 por las irregularidades detectadas en la Línea 12 del Metro que colapsó en mayo pasado. Durante los primeros dos años de este sexenio encabezó el área de licitaciones en Pemex.
En el nuevo equipo de May en Fonatur, el único director que tiene carrera y experiencia en ingeniería es Luis Francisco Deya Oropeza, primo hermano de Octavio Romero Oropeza. El político tabasqueño fue presidente municipal de Jalapa y ha sido cercano a López Obrador desde hace tres décadas, según medios locales de Tabasco.
Según su perfil de LinkedIn, antes de ocupar la dirección de Desarrollo de Fonatur fungía como asesor técnico en Grupo Indi, una empresa de Manuel Muñozcano Castro, también amigo de larga fecha del presidente. Grupo Indi construyó el segundo piso del Periférico en la Ciudad de México, la obra emblemática del sexenio de López Obrador en la capital.
Al igual que Mota-Engil, Grupo Indi –y su filial GAMI Ingeniería– ha sido una de las constructoras más beneficiadas en la administración actual: en tres años ha recibido contratos, sola o en consorcio, por 58 mil millones de pesos, incluyendo el Tramo 3 del Tren Maya y la venta de los trenes a Fonatur, así como dos carreteras a Santa Lucía, la extensión de la Línea 5 del Metrobús y la Línea 1 del Cablebús, ambas en la Ciudad de México.








