domingo 15 de noviembre de 2026

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PUEBLA, Pue.- La Fiscalía General del Estado acumula quejas por omisiones en la investigación de casos de violencia de género y feminicidio; también aparece como la peor evaluada en el Índice Estatal de Desem­peño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021, elaborado por la organización Impunidad Cero.

Además, 59 funcionarios de dicha institución de justicia están señalados en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos local por actos que obstaculizan la justicia para las víctimas.

De acuerdo con el IEDF, la fiscalía poblana no sólo tiene un porcentaje bajo de confianza, 6.2%, también la eficacia está por los suelos; la posibilidad de que se esclarezca un delito es inferior a 1% y la impunidad en los casos de homicidios dolosos es de las más altas a nivel nacional: 96.6%.

El estudio abunda que es la cuarta institución con el menor presupuesto de México, con menos agentes del Ministerio Público por 100 mil habitantes y con altos tiempos de espera.

En estas condiciones el estado de Puebla enfrenta una persistente violencia feminicida, que suma 151 casos, así como 2 mil 186 desapariciones de mujeres entre 2019 y 2021, según cifras de la propia dependencia estatal.

En su recomendación 32/202, dirigida al fiscal general Gilberto Higuera Bernal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acreditó irregularidades en la investigación e integración de las carpetas de investigación (CDI) por delitos con apariencia de feminicidio; registró que la fiscalía omitió informar sobre diligencias ministeriales, que están obligados a realizar, y confirmó la violación del derecho humano a la verdad por insuficiencia en la aplicación del protocolo de feminicidio. También se comprobó la nula atención para víctimas secundarias o para la reparación integral del daño.

Ante estos hechos, la CEDH emitió nueve recomendaciones: la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas de feminicidio; garantizar que los familiares obtengan justicia pronta, expedita e imparcial; que se genere un comité interno que investigue los casos de feminicidio, para lo cual se deberán asignar recursos presupuestales suficientes; colaborar para la formulación de la denuncia por faltas administrativas y hasta penales en las que incurrió el personal de la fiscalía, e investigar las carpetas abiertas y reabrir las archivadas que integran la recomendación.

Además solicitó que se diseñen e impartan cursos de capacitación sobre el protocolo actualizado de feminicidio, así como el procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos.

La CEDH pidió investigar toda muerte violenta de mujer como feminicidio, mejorar los procesos del sistema estadístico de violencia y designar a un funcionario de alto nivel como enlace para el seguimiento de la recomendación.

Por si fuera poco, la comisión de derechos humanos denuncia que hubo “falta de información y no contestación por parte de la FGE, así como la obstaculización en la consulta de las CDI”. Es decir, mientras algunos medios de comunicación obtienen datos de las carpetas de investigación de fuentes extraoficiales, a la instancia encargada de velar por los derechos humanos en la entidad se le negó información de manera oficial.

Revictimización

Las filtraciones de información sobre los casos o de las víctimas de desaparición y feminicidio son una constante, mientras las familias denuncian que las investigaciones no avanzan.

Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Instituto de Justicia Procesal Penal, las filtraciones tendrían el propósito de disminuir la presión social sobre los casos, sin importar el daño ocasionado a las familias.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido con Liliana Lozada de Jesús, de 33 años, reportada como desaparecida el 4 de enero último y hallada sin vida 17 días después. Personal de la fiscalía del estado de Puebla brindó información al medio local Diario Cambio respecto de la carpeta de investigación y datos sensibles sobre la víctima.

Las filtraciones son una violación el debido proceso judicial, un acto de corrupción e impunidad que perjudica la dignidad de las víctimas y sus familias, refirieron en entrevista miembros de organizaciones civiles, como el Instituto de Justicia Procesal Penal y el OCNF.

Pese a ello, 40% de la información sobre feminicidios que circula en medios digitales de la entidad utilizaría fuentes extraoficiales para obtener datos, según el estudio Seguimiento al Diagnóstico Feminicidio en Medios Digitales, del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla.

Para María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, las filtraciones son graves porque “la autoridad casi justifica el riesgo de las mujeres porque dice que ellas se ponen en riesgo, sus prácticas, sus acciones son las que las están poniendo en riesgo y por eso les pasa”.

Expuso que las filtraciones, como en el caso de Liliana Lozada, revelan varias omisiones: que se haya dejado libre a un posible sospechoso y que, en lugar de seguir investigando, las autoridades den a conocer información que confunde y desvirtúa el caso.

Investigaciones contaminadas

Carlos Humberto Olvera González, abogado del OCNF, expuso que las filtraciones de información, además de ser una violación al debido proceso y una violación a los derechos de las víctimas, evidencian que no hay perspectiva de género en las fiscalías.

“Hay un tema que no es jurídico, donde las fiscalías hacen estas filtraciones para estigmatizar a víctimas, desestimar o desin­centivar la exigencia de la sociedad, y voltear la responsabilidad hacia las víctimas”, dice el abogado.

Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, alertó que las filtraciones pueden contaminar el propio proceso, afectan la neutralidad de las autoridades cuando toman las decisiones y generan impunidad.

“Cuando pasa a la luz pública, cuando aún no se inicia el proceso, puede crear un sentido de impunidad, (pues) se señala a una persona culpable y, si no se le comprueba el hecho, sale absuelta”, agregó.

Es por ello que, desde su punto de vista, una de las maneras de prevenir estas situaciones es que quienes difunden la información, servidores públicos, medios y periodistas, tengan consecuencias.

De acuerdo con el especialista, se pueden aplicar sanciones por la vía civil, con demandas por daño moral; o por la vía administrativa, interponiendo quejas ante órganos de control internos.