domingo 15 de noviembre de 2026

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En el contexto del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este martes 8, organizaciones civiles exponen la situación del país en materia de seguridad pública y en sus reflexiones lanzan la advertencia: “Tenemos leyes, fiscalías especializadas, protocolos, sentencias de la Corte… pero en realidad es como si todo eso no existiera”, pues –denuncian– aún las familias de las víctimas luchan por tener justicia y contra la resistencia de las autoridades ministeriales para reconocer los feminicidios.

Amenazada y desplazada de su ciudad de origen por exigir justicia para su hija, Flora Marcelo describe con detalle el calvario que ha vivido desde que el 15 de octubre de 2020 no encontró a Ayelin Gutiérrez, de 13 años, en su vivienda, en el municipio de Tixtla, Guerrero.

Ante la exigencia de encontrarla, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Guerrero le soltó la cantaleta de que, seguramente, “se fue con el novio o anda con sus amigas”; y en un momento de exaltación la misma persona le dijo: “¡No tengo una bola de cristal para adivinar dónde está su hija!”.

Cinco días después, familiares de Flora encontraron en una barranca algunos restos del cuerpo de la adolescente; fue víctima de abuso. A su búsqueda se habían sumado vecinos y alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

“Si las autoridades hicieron búsquedas o no, no me dí cuenta; sólo sé que, cuando encontraron a mi hija, llegaron para hacer el levantamiento y me hicieron firmar unos papeles. Después me enteré –por mis familiares que identificaron el cadáver– que su cuerpo no estaba completo, y fue por eso que exigí a la fiscalía que se hiciera una nueva búsqueda para localizar lo que faltaba”, explica.

El 21 de octubre de ese año un grupo de encapuchados, armados, a bordo de una camioneta, se llevó a la pareja de Flora que estaba afuera de las instalaciones de la fiscalía estatal. Lo torturaron para que se declarara culpable por el homicidio de Ayelin, pero al no aceptar la responsabilidad por el crimen lo dejaron en libertad con la exigencia de que la madre de la víctima tendría que dejar de pedir justicia, de lo contrario, amenazaron, ahora irían por ella.

Horas después, la mujer y sus otras dos hijas abandonaron el estado de Guerrero.

“Creo que fueron miembros de la delincuencia organizada los que se llevaron a mi pareja. Para mí era claro que estaban coludidos con las autoridades, pero aún así, con miedo, busqué ayuda porque estaba segura de que el caso de mi hija no podía quedar así, no podía permitir que los delincuentes hicieran más daño a otras niñas”, dice Flora en entrevista con Proceso.

Después de un año y cuatro meses del crimen, con ayuda del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y de colectivos de búsqueda de desaparecidos, y después de interponer quejas en las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, Flora regresó a Tixtla entre el 7 y el 10 de febrero último para realizar una nueva búsqueda de los 89 huesos que le faltan al cuerpo de Ayelin.

Al término de la jornada, acompañada de activistas y familiares, Flora colocó una “Antimonumenta” en el centro de Tixtla, una cruz rosada de tres metros en memoria de Ayelin.

“La justicia para Ayelin todavía no ha llegado, aunque haya cuatro hombres detenidos, para quienes pido la máxima condena. Deseo que sea un ejemplo para que no le ocurra a nadie más lo que le pasó a mi hija, y que ninguna madre sufra lo que yo he sufrido al saber que mi niña no estaba completa cuando la encontraron”, agrega Flora Marcelo.

Cada vez más violencia

En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la tragedia de Flora ilustra lo que han sufrido los familiares de 11 mil 327 mujeres y niñas asesinadas entre 2019 y 2021, de las cuales sólo 2 mil 979 casos están siendo investigados como feminicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La misma dependencia revela que el último año ha sido uno de los más violentos, con 69 mil 500 carpetas de investigación abiertas por delitos sexuales, 15 mil 213 por violaciones y 253 mil 736 denuncias de violencia familiar.

“Esos son los episodios que a diario encontramos en México, y lo que sorprende es la saña contra niñas y mujeres, cada vez más grave; ya no encontramos cuerpos completos, a veces sólo trocitos”, alerta María de la Luz Estrada, directora del OCNF.

Con la experiencia de ser defensora de derechos humanos desde hace más de 20 años, y litigante en casos de feminicidio durante los últimos 12, Luz Estrada denuncia que “sigue habiendo resistencias” de las autoridades ministeriales para reconocer los feminicidios. “Se prefiere tener cifras altas en homicidios dolosos que reconocer que se mata a una persona por discriminación”.

La defensora advierte que, ante una “violencia generalizada” y la presencia del crimen organizado en prácticamente todo el territorio nacional, desde 2010 las agresiones contra las mujeres han ido en aumento, sin que hasta ahora en “ninguno de los poderes, Ejecutivo, Legislativo o Judicial”, se hayan realizado acciones para “romper las cadenas de impunidad” en casos de muertes violentas y desapariciones de mujeres.

Al cierre del jueves 3, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 98 mil 527 casos, de las cuales 24 mil 472 corresponden a mujeres; 6 mil 978 de ellas desaparecidas en la actual administración.

“Lo grave es que hay fiscalías especializadas, unidades especializadas, comisiones de búsqueda, fiscalías de desa­parición, fiscalía de género, legislación, protocolos de investigación, sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenan investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidios, pero en la realidad todo eso es como si no existiera”, lamenta.

Estrada explica que, para evadir la tipificación de feminicidio, autoridades ministeriales clasifican las muertes de mujeres vejadas y mutiladas expuestas en vía pública como delitos del fuero federal por considerar que las cometió el crimen organizado, “y así dejarlas en el olvido”; o bien, a las mujeres que fueron ahorcadas las declaran como suicidas.

“Pese a que hay una Ley General de Víctimas, las familias siguen sin tener copias de las carpetas de investigación, hay que interponer recursos de amparo y se les va la vida peleando por justicia para que las autoridades actúen.

“Cuando no teníamos el tipo penal, peleábamos por que los casos no quedaran en la impunidad. Hoy peleamos por lo mismo y por que también se reconozcan las razones de género, porque de lo contrario estás invisibilizando los contextos de violencia que viven las mujeres, que son diversos en un México donde el crimen organizado tiene una cuota por temas de trata u obliga a las mujeres a vender droga, sin olvidar la violencia familiar a la cual se le atribuye 40% de los feminicidios.”

Presupuesto sin

perspectiva de género

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), advierte que, pese a avances como la sentencia de la SCJN dirigida a despenalizar el aborto, “persisten las violencias estructurales y sistémicas de las instituciones, la no credibilidad a las voces de las mujeres, la administración de la violencia que dista mucho de acciones integrales intersectoriales garantes para construir políticas que realmente se centren en la eliminación de las violencias y desigualdades que vivimos las mujeres”.

Al resaltar que en 2021 la RNR atendió a más de 45 mil mujeres, niñas y niños, Figueroa indica que, una vez más, en el Presupuesto de Egresos de la Federación las mujeres no fueron consideradas, “se incrementó sí en los programas insignia presidenciales que no van dirigidos específicamente a eliminar la discriminación, las desigualdades ni la violencia contra las mujeres”.

De acuerdo con una análisis del Anexo Transversal de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Anexo 13), realizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, de los 232 mil 284 millones de pesos aprobados para 2022, 139 mil 945 millones de pesos fueron asignados a la Secretaría del Bienestar, que destinará 91% de sus recursos a la pensión de los adultos mayores, mientras que la SEP recibió un monto de 54 mil 829 millones, de los cuales 80% son para las Becas Benito Juárez.

Fundar destaca que, para este año, “hubo reducciones a acciones clave, como el programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, operado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), adscrita a la Secretaría de Gobernación, al pasar de 311 millones de pesos a 310 millones en 2022, reducción que ya se venía dando desde 2020, luego de que un año anterior ese programa contó con 330.8 millones de pesos.

Las partidas que se verán impactadas son “Acciones de Coadyuvancia para las Alertas de Género” , “Construcción y Equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres” y “Recursos Transferibles para la Implementación de Medidas que Atiendan los Estados y Municipios que cuenten con la Declaratoria de Violencia de Género”.

Wendy Figueroa advierte que los fondos públicos destinados a refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos también tendrán ajustes considerables.

“El año pasado tuvimos 405 millones de pesos asignados a 72 refugios y 34 centros de atención externa, y en este año se dispusieron 420 millones de pesos. Sin embargo, nos han informado que hay más refugios que presentaron proyectos, por lo que nos están pidiendo que nos ajustemos a los presupuestos de 2021, cuando estamos en 2022 y tenemos una inflación de 6 a 7%.

“No se están priorizando en el presupuesto y en su designación los derechos de las mujeres, cuando la democracia y la igualdad que se garantiza en un país está totalmente reflejada o no en su presupuesto”, dice Figueroa.

La defensora denuncia que los ajustes que se les pide a los refugios no corresponden con la realidad, el SESNSP “nos habla que en el primer mes de 2022 se incrementaron en 12.6% los delitos por violación (simple y equiparada), y cada 24 horas se hicieron más de 700 llamadas al 911 por violencias contra las mujeres.

“Nos piden que nos ajustemos al recurso del año pasado, cuando estamos hablando de prevención de feminicidios y restitución de derechos. En realidad no estamos hablando de una garantía de derechos humanos y urge que dejen de administrar la violencia en estas cuestiones”, sentencia Figueroa.