El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar perdió 920 millones de pesos en abril de 2020 porque pagó por adelantado mil ventiladores a la empresa británica Viva Enterprises Limited, de los cuales sólo recibió 50 y a destiempo, reveló la Auditoría Superior de la Federación en el informe que dio a conocer el domingo 20. En la adquisición de los aparatos, que se utilizarían para mantener con vida a pacientes de covid-19, también están involucrados un empresario regiomontano, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Hacienda.
En abril de 2020, en medio del alboroto global por conseguir los insumos médicos necesarios para enfrentar la incipiente pandemia por covid-19, el equipo del canciller Marcelo Ebrard viajó por el mundo para comprar de urgencia cubrebocas, guantes de látex y, sobre todo, los ventiladores necesarios para mantener con vida a pacientes contagiados por el entonces poco conocido virus SARS-CoV-2.
Una de estas negociaciones desembocó en una presunta estafa, en la cual el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) perdió 920 millones de pesos porque pagó por adelantado mil ventiladores modelo VG70 a la empresa británica Viva Enterprises Limited, de los cuales sólo recibió 50, y a destiempo.
El 28 de mayo de 2021, el Insabi contrató al despacho jurídico británico Peters & Peters, que se ostenta como una firma de “abogados especializados en disputas entre pesos pesados” y en litigios comerciales, para realizar acciones legales contra la empresa.
Viva Enterprises Limited es representada en México por el joven empresario regiomontano Héctor Gabriel Garza del Fierro, quien es socio de otras dos empresas que también vendieron ventiladores al Insabi durante la emergencia sanitaria, por 603 millones de pesos. De estos ventiladores, la dependencia no tiene contratos ni tampoco actas de entrega.
Una de las empresas de Garza del Fierro cobró 465 millones de pesos al Insabi por mil ventiladores VG70. Se trata de la misma cantidad y del mismo modelo de aparato que el instituto pagó a Viva Enterprises por mil 416 millones de pesos, es decir, un precio 304% superior.
El caso quedó evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe de auditoría 243-DS, publicado el domingo 20. Ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni la Cancillería y ni el Insabi habían informado sobre esta situación, de la cual varios funcionarios en el gobierno estuvieron enterados, incluyendo al entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez.
“No podemos informar del tema porque afectaríamos la diligencia del caso”, indica la encargada de prensa del Insabi a Proceso, en respuesta a una consulta sobre el tema de Viva Enterprises Limited, y agrega que tampoco le sería posible contestar un cuestionario al respecto.
La Cancillería, por su parte, declaró a este semanario que “por instrucciones presidenciales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se dio a la tarea de identificar posibles proveedores en todo el mundo de los diversos insumos que la Secretaría de Salud determinó”, y que, para el abasto de ventiladores, se ubicaron diversas opciones, entre ellas la sociedad Viva Enterprises Limited.
“Tanto de ésta como de otras ofertas disponibles, la SRE proporcionó toda la información solicitada al Insabi, a quien correspondió, a través de sus áreas competentes, su valoración, la decisión de la adquisición y la adquisición en sí misma”, se deslindó la dependencia.
Agregó que, respecto de la demanda en Reino Unido, “únicamente proporcionó las opciones, sin hacer parte de la decisión de proceder a la demanda, y qué despacho o estrategia utilizar”, dado que el Insabi “cuenta con atribuciones para realizar adquisiciones e iniciar y llevar a cabo sus propias acciones legales ante tribunales nacionales y extranjeros”.
Incumplimiento
De acuerdo con la ASF, la Cancillería tuvo un papel más importante que el de simplemente identificar a Viva Enterprises Limited como posible proveedora: también indicó al Insabi los “términos y condiciones para adquirir los bienes”, entre ellos, que el contrato debería celebrarse bajo las leyes de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Las negociaciones se realizaron en medio de una carrera internacional: a medida que el covid-19 se expandía por el planeta y saturaba los hospitales, con personas necesitadas de ayuda respiratoria, los gobiernos buscaron desesperadamente ventiladores al mismo tiempo. La demanda rebasó la oferta, lo que incentivó a algunos vendedores a adoptar las peores prácticas, como inflar precios, cambiar el destino de entrega de último momento o, de plano, estafar a los compradores.
Ebrard levantó la mano ante López Obrador para buscar insumos de salud en el mercado internacional. En lo interno, el canciller pidió a los embajadores que no se involucraran en el tema de los ventiladores, y envió a integrantes de su equipo más cercano, entre ellos, a la subsecretaria Martha Delgado Peralta, para negociar los contratos.
Sobre ese punto, la SRE explicó a este semanario que “proporcionó toda la información” sobre Viva Enterprises al Insabi, el cual celebró con la empresa un “Acuerdo de compra sin número” el 4 de abril de 2020.
La ASF detectó varios puntos débiles en ese contrato: “No consideró, entre otros, el lugar y condiciones de entrega, los casos en que podrían otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que se debían observar, las condiciones, y los términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes por causas imputables al proveedor”.
El Insabi se tardó una semana para emitir el oficio justificativo de la excepción a la licitación pública, y el 13 de abril de 2020 realizó el pago completo de mil 416 millones de pesos por los mil ventiladores.
De acuerdo con el calendario pactado, la empresa debió entregar los primeros 200 ventiladores el 14 de abril de ese año, y enviar lotes de 100 ventiladores a México cada tres días hasta el 4 de mayo de 2020.
Para la ASF, las cosas no salieron: el 19 de junio la empresa aún no había entregado un solo aparato y reembolsó 17 millones 760 mil dólares al Insabi, equivalente a 300 ventiladores, debido a “demoras en las cadenas de suministro, derivadas de la pandemia por parte del fabricante y del distribuidor”, subrayó la SRE.
El 8 de julio la empresa envió finalmente un lote de ventiladores, pero no de 200, como se había comprometido a hacerlo para el 14 de abril, sino de apenas 50. Este lote fue el primero y resultó, a la vez, el último; de acuerdo con la auditoría, el Insabi no tiene evidencia de entregas posteriores. En otras palabras, el instituto pagó mil ventiladores por adelantado, obtuvo un reembolso por 300 ventiladores y recibió solamente 50, dejando 650 ventiladores en el aire, por 920 millones de pesos.
El 4 de enero de 2021, Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del Insabi, envió un oficio a Marcelo Ebrard para alertarle sobre lo sucedido y pedirle el apoyo de la Cancillería, “a efecto de que se inicien acciones para seleccionar algunos de los despachos jurídicos ingleses recomendados para hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor”.
Tres semanas más tarde, el director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería –César García Mondragón, quien en julio pasado pagó para registrar el nombre de Ebrard como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)– reviró a Ferrer que el problema era del Insabi, y que se arreglara con la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, entonces encabezada por Julio Scherer Ibarra.
La versión de la Cancillería diverge de la de la ASF: en una ficha enviada a Proceso, la SRE sostuvo que, “tras realizar los buenos oficios y conocer la propuesta de distintos despachos jurídicos en Reino Unido, comunicó sus datos de contacto directamente al Insabi para que este instituto decidiera la contratación o no de alguno de los mismos, en caso de decidir emprender acciones legales contra Viva Enterprises Limited”.
El Insabi seleccionó el despacho jurídico inglés Peters & Peters, y el 28 de mayo de 2021 lo contrató “para la representación procesal del instituto ante los tribunales del Reino Unido, e iniciar las acciones legales tendientes a hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor”. En el sistema de contrataciones públicas, Compranet, no aparece ningún contrato del Insabi con este u otro despacho jurídico inglés.
El Insabi se negó a informar a Proceso sobre la situación de estas acciones legales en Reino Unido, y la Cancillería indicó que “tuvo conocimiento que el Insabi considera que existe una posible controversia legal (…) al argumentar que, hasta la fecha, esta empresa solamente ha entregado 50 ventiladores”, pero precisó que “se desconoce si se ha iniciado el proceso legal y el estatus del mismo”.
Vendedor consentido
Después de publicar una primera nota sobre el informe de la ASF en la versión digital de Proceso, el domingo 20, este semanario recibió una carta de Viva Enterprises, firmada por Héctor Gabriel Garza del Fierro, quien se ostentó como representante legal de la empresa en México.
En esta carta, la empresa sostuvo que entregó todos los ventiladores pactados –700, precisó– entre el 28 de mayo de 2020 y el 27 de agosto de 2020, y aseveró que las entregas fueron notificadas a las dependencias del gobierno “mediante fes notariales”.
La versión de la empresa contrasta radicalmente con el caso expuesto por la ASF. Mediante la agencia de comunicación que le hizo llegar la carta, Proceso invitó a la empresa a enviar más información para probar sus afirmaciones, como las fes notariales mencionadas, pero no tuvo respuesta.
La carta despertó nuevas dudas: una búsqueda sobre Garza del Fierro arrojó que el empresario regiomontano, de 32 años, es socio de las empresas Diagnostics Solutions y Encore Health, administradas por su padre, Héctor Gabriel Garza Herrera.
Ambas empresas, que proveen material médico a instituciones federales y estatales del Sector Salud, aparecen en el mismo informe 243-DS de la ASF: según el documento, Encore Health vendió mil ventiladores VG70 al Insabi por 465 millones de pesos, monto que la dependencia le depositó el 3 de abril de 2020. Diagnostics Solutions, por su parte, le vendió 250 ventiladores SV300, SV600 y SynoVent E3, por 138 millones 219 mil pesos, que fueron cobrados el 2 de abril de 2020.
Otras dos empresas, llamadas Hospitium Solutions –una creada apenas en mayo de 2019– y Hamilton Medical vendieron ventiladores al Insabi durante la emergencia sanitaria; según la ASF, la primera cobró 997 millones 101 mil pesos por la venta de mil ventiladores SIARETRON 4000, y la segunda facturó 228 millones 194 mil pesos, el 27 de abril, por la venta de 428 unidades más.
El informe de la ASF exhibe presuntas irregularidades en estas transacciones: de los dos mil 678 ventiladores –mil de Encore Health, mil de Hospitium Solutions, 250 de Diagnostics Solutions y 428 de Hamilton Medical–, el Insabi pagó un monto total de mil 828 millones de pesos, pero sólo probó la entrega-recepción de los 428 aparatos de Hamilton Medical.
Para los demás, el Insabi resultó incapaz de presentar a los auditores de la ASF los contratos de adquisición, y tampoco las actas de entrega.
Les proporcionó una tabla de Excel, en la cual afirmó que 2 mil 346 ventiladores fueron distribuidos a centros de salud, 318 siguen en stock y 14 están pendientes de entregar por parte de los proveedores. Sin embargo, en opinión de la ASF, “no se tiene certeza” que correspondieran a los (ventiladores) pagados y referidos anteriormente.
“Por lo anterior, quedó pendiente de aclarar la entrega por parte del proveedor al Insabi de 2 mil 250 ventiladores, de los que se efectuaron pagos por mil 600 millones 320 mil pesos”, sentenció la ASF.
Al sumar este monto a los 920 millones de pesos de Viva Enterprises, y a otros 40 millones 505 mil pesos derivados de la falta de comprobantes de 1 millón de mascarillas KN95, la ASF consideró que el Insabi necesita aclarar 2 mil 561 millones de pesos derivados de su gestión de la crisis de covid-19, durante la cual, determinó, no cumplió con “las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
