La diversidad lingüística en el país está en riesgo ante la falta de una política multilingüe sólida y articulada. La transferencia de funciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, impulsada por el gobierno federal en aras de la austeridad, sólo profundiza la brecha del lenguaje que prevalece en gran parte del país. A las comunidades se les ha despojado de todo, incluso del idioma.
Los pueblos indígenas ordenan su realidad bajo el régimen del lenguaje; sin embargo, el asedio del crimen organizado y el desdén gubernamental les ha impedido conservar sus lenguas y transmitirlas a los más jóvenes.
Selene Galindo, antropóloga originaria del pueblo O’dam korian kam, de Mezquital, Durango, alerta ante el despojo y la violencia que sufren algunas comunidades indígenas que tratan de preservar su lengua, pero sobre todo la vida.
–¿Existe la construcción de una política lingüística multilingüe?
–Hablar de política lingüística implica hablar de las personas que hablan, de los pueblos indígenas, que en el caso de Durango los pueblos o’dam han sufrido todos los contextos de violencia que ha atravesado el país.
“Esa política lingüística multilingüe no se ha dado y tampoco creo que se vaya a dar, justamente por lo que está pasando con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). Tendríamos que pensar en Estados multiculturales, en que el acceso a los servicios sea el mismo en la ciudad y en los pueblos, pero estamos muy lejos de que pase.”
–¿Está garantizado el futuro de las lenguas indígenas?
–Estamos en pandemia y estamos en guerra. Las lenguas no se pueden pensar por sí solas, sino por quienes viven esas lenguas. La mayoría de los pueblos indígenas están siendo atacados por el narcotráfico. Sus territorios están completamente controlados en todo el país.
“Por otro lado, tienen el problema de los megaproyectos. Que estemos viviendo en situación de violencia provoca el desplazamiento, que implica dejar de hablar tu lengua y de ser quien eres.
“La prioridad para las personas no es debatir sobre las políticas lingüísticas cuando estás tratando de sobrevivir; tampoco pensamos en las consecuencias de morir o desaparecer. El escenario actual implica que en algún momento van a acabar con todos los pueblos.”
–¿Qué otros problemas atraviesa el lenguaje?
–La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que tendrías que poder ser atendido en tu lengua cuando vas al médico, cuando haces un trámite, en los juzgados; pero todo eso es una ficción, los derechos no se ejecutan.
“La lengua atraviesa muchos de los aspectos de la vida cotidiana. Tendríamos que tener a médicos, profesores, personal de las instituciones que hablen nuestras lenguas, y eso no pasa en nuestro día a día. La mayoría de la gente o’dam vive en la Sierra de Durango, y allí ni siquiera hay luz, ni hablemos de internet. No puedes decir que te importa la gente que habla en una lengua si son desechables.”
“Lingüicidio”
En 2003 –durante el sexenio foxista y por presión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional– se creó la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que contemplaba la creación del Inali, que opera desde 2005.
De las 68 lenguas originarias en el país, 31 se encuentran en alto riesgo de desaparecer, según el Inali, que pasó de recibir 68 millones de pesos en 2021, a 71 millones en 2022, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
En diciembre pasado la Consejería Jurídica de Presidencia anunció un proyecto de decreto para transferir las funciones del Inali al INPI. “La infraestructura comunitaria con que cuenta el INPI permitiría un mayor alcance e impacto de las acciones de estudio, institucionalización y salvaguarda de las lenguas indígenas nacionales”, justificó en un comunicado.
A principios de año, Yásnaya Elena A. Gil publicó en el diario El País una crítica a dicha iniciativa. “La desaparición del Inali es elocuente: no es que se deje de hacer política lingüística, es que seguirá siendo la misma, esa misma política que durante décadas ha condenado a los hablantes de lenguas indígenas a la violencia cotidiana que sufren como castigo por negarse a dejar de hablar las lenguas con las que piensan y comunican el mundo”, escribió en el texto donde se refería al ‘lingüicidio’ de las lenguas indígenas como producto de una detallada estrategia estatal.
Para Tajëëw Díaz Robles, integrante del Colectivo Mixe y maestra en antropología social, la propuesta de “fusión” muestra un “desinterés” y un “desconocimiento” de la lengua. “Lingüicidio es una palabra muy fuerte. Te transmite a la imagen de alguien acuchillando una lengua. Suscribo la idea, porque la política lingüística exitosa en el Estado mexicano ha sido la castellanización a través de una política monolingüe. Ha habido un lingüicidio y ha sido exitoso durante 200 años”, explica.
“No hay un cambio por parte del Estado de cómo están siendo tratadas las lenguas; el planteamiento va a seguir viniendo desde las comunidades. Las lenguas se mueven con sus hablantes, no existe la construcción de una política multilingüe. Prevalece la folclorización y no se materializa la garantía de que esas lenguas tengan vida después”, afirma Díaz Robles.
“En los más jóvenes, la lengua se está desplazando gravemente”, asegura Díaz, quien forma parte del Colectivo Activismo Digital de Lenguas Indígenas.
“El Estado viola los derechos lingüísticos. Necesitamos que los deje de violar para poder seguir transmitiendo la lengua. Para que la transmisión sea algo natural necesitas que la percepción de quien va a transmitir esa lengua, sea buena. Sentirte segura de que cuando hablas tu lengua en el espacio en el que estés no te van a discriminar, no te van a negar un servicio. El hecho de que te discriminen no es tu culpa, no es porque hables mixe, es porque hay un Estado que ha propiciado que eso pase”, sostiene.
“La brecha es grande y necesitamos reducirla. Se necesita voluntad política del Estado, que en el sistema educativo exista posibilidad de que los pueblos tengan autonomía sobre su educación, para que los mismos hablantes cubran esos espacios”, asevera.
“Si el Estado no cambia sus prácticas, que por lo menos deje de atentar contra las lenguas”, concluye.
