Se recrudece la crisis humanitaria causada por los miles de migrantes que se encuentran en la frontera sur del territorio mexicano. Cada vez son más y de diferentes nacionalidades las personas que buscan el libre tránsito hacia su destino: Estados Unidos. Entre la corrupción de las autoridades migratorias, los operativos de captura y el acecho del crimen organizado, los indocumentados comienzan a tomar medidas extremas para ser atendidos y mejorar su situación migratoria en México, decisiones que los colocan en verdaderas rutas de la muerte.
TAPACHULA, Chis.- Exhaustos y desesperados miles de migrantes que permanecen varados, más los que siguen llegando a esta ciudad fronteriza del sur, asumen medidas extremas, como la autoflagelación, para llamar la atención de las autoridades migratorias mexicanas. Marchan, se suturan los labios, se encadenan, se declaran en huelga de hambre… y se enfrentan con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN).
Los miles de indocumentados duermen en la vía pública, ya sea en parques o en las calles vecinas a las oficinas del INM y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). No sólo se trata de hombres y mujeres, también son sus hijos que los acompañan. Es común ver a los migrantes enfermos esperando horas, días, semanas y hasta meses para poder obtener una respuesta que les dé la esperanza de quedarse en México o transitar libremente, como lo desean, hacia Estados Unidos.
Las aglomeraciones de indocumentados procedentes de Centro y Sudamérica, del Caribe y de países tan lejanos de otros continentes forman una Torre de Babel que no para de crecer y desde la cual lanzan un grito de protesta, pero, a la vez, de auxilio: “¡No somos delincuentes, no somos criminales, somos trabajadores internacionales!”.
Son tantos y la necesidad es tanta en esta crisis humana que los hombres indocumentados ofrecen dinero a las mexicanas a cambio de casarse con ellos; con el matrimonio buscan mejorar su situación migratoria y legal en México.
Las migrantes también están desesperadas y buscan embarazarse de inmediato al ver que las autoridades mexicanas atienden con mayor celeridad a quienes llegan con hijos en brazos.
El martes 15 cundió la exasperación en esta ciudad fronteriza: un grupo de diez personas procedentes de Venezuela, Nicaragua, El Congo y Guatemala se declararon en huelga de hambre y se encadenaron. También, uno a uno, se cosieron los labios.
A esta protesta radical se sumaron Josué David González Peña, Gober Eduardo Hernández, Rafael Enrique Hernández Guanina, Jorgelis Primera, José Rafael Colmenares Mancilla, de Venezuela; así como Ricardo Vargas Jarquín y Wilber Cardenal, de Nicaragua; Guylain Lounangou, de El Congo; Patricio Peralta, de Guatemala, y tres más que no se identificaron.
La noche anterior, alrededor de 300 personas que durmieron afuera de las oficinas del INM al sur de Tapachula iniciaron otra protesta.
Quienes se zurcieron los labios lo hicieron para demostrar que la huelga de hambre es real, pues, denuncian, funcionarios del INM los acusan de mentir al respecto.
A más de tres años del inicio de la crisis migratoria en la frontera sur mexicana, decenas de miles de migrantes de diversas nacionalidades han logrado romper el cerco policiaco-militar vía las caravanas y traficantes de personas con quienes arriesgan la vida.
Con la primera caravana, ocurrida en octubre de 2018, se inició en esta región una “severa crisis humanitaria”, así lo identificaron organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de los migrantes; se trata de una emergencia que persiste en el inicio del cuarto año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la Estación Migratoria Modelo Siglo XXI, como la bautizó el gobierno de Vicente Fox, hay un hacinamiento asfixiante de más de mil 200 migrantes. Por mucho su capacidad ha sido rebasada.
En las calles de esta ciudad, en los cuartuchos y pocilgas donde se refugian los migrantes denuncian persecución y represión de las autoridades migratorias que, al estilo del crimen organizado –denuncian–, los torturan y los someten a las “tableadas”, práctica con la cual los narcotraficantes “castigan” a sus víctimas.
El poro de la migración
Los ríos de indocumentados siguen ingresando a México por el Departamento de San Marcos, Guatemala. La mayoría de ellos se sigue concentrando en Tapachula, donde intenta tomar rutas alternas y más peligrosas, pues son asaltados, violados, asesinados y desaparecidos.
Otros miles de migrantes buscan salir de la ciudad mediante los “tráileres de la muerte”, burlando todos los retenes migratorios y de la Guardia Nacional, aunque muchos de ellos resultan atrapados y capturados en zonas de revisión de Veracruz.
Con el inicio de 2022, la primera caravana de migrantes partió de Tapachula el 20 de enero último, pero fue desarticulada al día siguiente por agentes de la GN y del INM, quienes impidieron que se adentraran al centro del país. Cerca de 400 personas fueron interceptadas y llevadas a la Estación Migratoria Siglo 21.
Para el INM se trata de “rescatados” de polleros y traficantes. Es una expresión que acuñó el gobierno federal desde el sexenio de Vicente Fox, para no hablar de capturas.
Cacería y negocio
Desde la noche del 30 de enero pasado la Guardia Nacional y los agentes de migración desataron redadas de migrantes por las calles de Tapachula, para inhibir las protestas que empezaron a organizarse tras la llegada del activista Irineo Mujica Morga, de la organización Pueblos Sin Fronteras.
Después de los operativos de captura de migrantes “se dio a conocer que realizaríamos protestas, ya que ellos (las autoridades) prometieron atender a toda la población migrante y agilizar los trámites. Sin embargo, no lo hacen, sólo los engañan”, dice Irineo.
El activista denuncia que la Guardia Nacional y el INM reiniciaron este año operativos, patrullajes y redadas en las afueras de los albergues para intimidar y atemorizar a los migrantes, para que no salgan de Tapachula.
A decir de Mujica, la estrategia del gobierno federal los orilla “a buscar polleros y traficantes que les ofrecen, tras cuantiosos pagos, llevarlos a la frontera norte; se trata de criminales que, sin duda, comparten el jugoso negocio con los agentes del INM”.
El INM es una verdadera mafia, denuncia Mujica. “Si no, cómo te explicas todos los tráileres que han sido interceptados en Córdoba y Orizaba u otras regiones del centro y norte del país”.
Todos esos migrantes “rescatados” y esos tráileres salieron de Chiapas y pasaron todos y cada unos de los retenes del INM y de la Guardia Nacional en esta entidad, “no pasaron volando”.
En Tapachula las autoridades posponen a los migrantes sus citas ante la Comar cuando éstas se van acercando; cuando los atrapan y los migrantes exhiben sus documentos, los agentes les rompen los documentos de sus citas y les dicen que son falsos.
Atrapados
Además de hondureños, haitianos, guatemaltecos y cubanos, ahora abundan nicaragüenses y venezolanos que huyen de la crisis económica en sus países.
Peter Romero, Alí Mora Jhonatan Almanza y otro grupo de jóvenes de Venezuela se encadenaron afuera del INM. Dicen que es así como se sienten, atados en una prisión porque no los dejan salir hacia el norte del país para buscar a sus familiares y reencontrarse con ellos en Estados Unidos.
El sacerdote Heyman Vázquez, párroco de la Iglesia de San Francisco de Asís en Huixtla, a 40 kilómetros de Tapachula, es defensor de los derechos de los migrantes; alerta que las redadas y persecuciones empujan a los migrantes a tomar “rutas de la muerte”.
El sacerdote lamenta que el accidente del 9 de diciembre pasado –entre Chiapa de Corzo y Tuxtla–, que mató a 56 migrantes, la mayoría de ellos guatemaltecos, sea ya un referente en la historia de las tragedias de la migración en esa frontera sur, porque en realidad “mueren muchos más en situaciones violentas (…) De muchos más nunca se recuperan sus cuerpos”.
Ante el aumento de migrantes emergen grupos de delincuentes que los asaltan, les quitan sus documentos y dinero y a las mujeres las violan. Muchos son asesinados en caminos y veredas a donde ninguna autoridad llega para rescatar sus cuerpos, describe.
El 23 de enero pasado el padre Vázquez pidió el apoyo del alcalde de Huixtla, Carlos Gam, para poder rescatar a un grupo de migrantes atrapados en manos de un grupo de delincuentes, pero “sospechosamente” el alcalde ignoró su petición.
El clérigo cuenta que fue con el apoyo de la Fiscalía estatal para Migrantes que pudo intervenir y rescatar a una veintena de indocumentados a quienes les despojaron de todo lo que traían encima. La mayoría de ellos eran venezolanos y los que mantuvo por más de dos semanas en su albergue improvisado junto a la parroquia.
Yesenia del Carmen “N” es una viuda migrante venezolana, salió huyendo de las crisis económica y de violencia que hay en su país. Viaja con sus hijos: tres hombres y una mujer. Cuenta que el mayor de ellos desertó del ejército porque se negó a participar en los operativos de represión del gobierno de Nicolás Maduro.
Luego de cruzar la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, donde la mujer vivió una pesadilla porque casi pierde un hijo cuando atravesaban un río con una frágil canoa, la frontera sur mexicana –asegura– ha sido lo más difícil de su doloroso periplo.
En particular, las autoridades migratorias mexicanas le han obstaculizado su derecho a desplazarse, y la amenaza de la deportación le preocupa porque su hijo mayor podría ser encarcelado o, incluso, fusilado por las leyes represivas castrenses de Venezuela.
En todas las fronteras de los países centro y sudamericanos que le tocó pasar no tuvo dificultad alguna, sólo pagando un impuesto, dice Yesenia. Pero en México todo el camino ha sido una pesadilla.
En el contexto de las manifestaciones públicas en Tapachula, el sábado 5 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo una solicitud de medidas cautelares en favor de más de dos mil migrantes.
El organismo público autónomo solicitó al INM y a la Comar “que se generen mesas de trabajo con la finalidad de agilizar los procedimientos de regularización migratoria, o el de reconocimiento de la condición de refugiado para que sean resueltos de conformidad con las leyes en la materia, establezcan los recursos técnicos y humanos para llevarlos a cabo y mantengan informadas a las personas solicitantes sobre el curso de cada uno de sus trámites”.
La CNDH también solicitó al INM que garantice el tránsito libre por territorio nacional, una vez emitidos los documentos de identificación correspondientes.
